Celso Cahuantzi Zarate
Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Celso Cahuantzi Zarate
- Comisionado Estatal de Seguridad En el Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 120/2022-Vll, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 43/2022, de su índice, que en su único punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Celso Cahuantzi Zarate, contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo indirecto 120/2022." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Además, comuníquese a la parte quejosa Celso Cahuantzi Zarate, que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós. Se ordena archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Atento a lo anterior, se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número ********************, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Quejoso interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito signado por Celso Cahuantzi Zarate, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintidós. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, a través del cual informa que a las veintidós horas con veinte minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, fue puesto en libertad Celso Cahuantzi Zárate, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Informes suspensión de plano. De igual forma, agréguense los oficios signados por 1) Encargado de la Dirección de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad, 2) Comisario de la Comisaría Regional Área Apetatilán de la Comisión Estatal de Seguridad 3) Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes relativo a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Ratifica demanda. Por otra parte, agréguese el escrito signado por Celso Cahuantzi Zárate y Felipe Muñoz León, en su carácter de defensor particular del directo quejoso, a través del cual manifiestan en primer término que el quejoso directo Celso Cahuantzi Zárate, fue puesto en libertad aproximadamente a las veintidós horas con quince minutos del tres de febrero del año en curso, y por otra parte, manifiestan ratificar la demanda presentada a su favor. En atención a lo anterior, se provee: Desechamiento. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio constitucional, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Para así determinarlo, conviene citar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al precepto legal transcrito, el juzgador que conoce del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y de advertir alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada -que contenía una disposición semejante a la contenida en el artículo 113 de la legislación vigente-, interpretó los términos "manifiesto" e "indudable", concluyendo que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que "indudable" se refiere a que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En consecuencia, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, documentos que han de probar sin lugar a dudas dicha improcedencia, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Los anteriores razonamientos se contienen en la tesis LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, del Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ""manifiesto"" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ""indudable"", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Ahora bien, en el caso se estima que respecto de la demanda de amparo promovida por Florencia Zárate Solís en favor de Celso Cahuantzi Zárate, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos consistentes en la detención, aseguramiento, retención y privación de la libertad ya no existen a la fecha en que se pronuncia el presente proveído. A fin de comprender mejor dicha afirmación, conviene hacer relación de los antecedentes que se desprenden de las constancias e informes que obran en el juicio de amparo, y son los siguientes: Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, Florencia Zárate Solís en favor de Celso Cahuantzi Zárate, demandó el amparo y protección de la justicia federal, por los actos y autoridades siguientes: Del informe rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, se aprecia que a las veintidós horas con veinte minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, fue puesto en libertad Celso Cahuantzi Zárate. Conforme a los antecedentes narrados, se estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, ambas de la Ley de Amparo, pues por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la detención, aseguramiento, retención y privación de la libertad, acontecieron aproximadamente a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del uno de febrero de dos mil veintidós y a las veintidós horas del mismo día y año fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público; luego, si el quejoso presentó su demanda de amparo el dos de febrero siguiente, según la Boleta de Turno, se sigue que para la presentación de la demanda ya habían cesado dichos actos de detención, aseguramiento, retención y privación de la libertad que refiere el quejoso, por lo cual ya no es necesario que la demanda de amparo se admita por los actos de detención, aseguramiento, retención y privación de la libertad que el quejoso refiere fue objeto, pues tales actos son analizables en el juicio de amparo mientras no se ponga a disposición inmediata de la autoridad competente, en este caso, del Ministerio Público o de la autoridad judicial, y en la especie, para cuando se presentó la demanda de amparo tales actos, en caso de existir, se habían consumado, pues el quejoso fue puesto a disposición del Ministerio Público el uno de febrero de dos mil veintidós, de ahí que a nada llevaría dar el trámite correspondiente a la demanda de amparo pues los actos que señala ya no existen en la actualidad. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Finalmente, por lo que hace a su detención, siendo ya puesto a disposición del agente del Ministerio Público, debe decirse que ya se consumó irremediablemente, pues a las veintidós horas con veinte minutos del tres de febrero de dos mil veintidós fue puesto en libertad por el fiscal investigador, lo que se corrobora con el propio dicho del quejoso, por lo que la concesión del amparo no podría volver las cosas al estado en que se encontraban previamente. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Florencia Zárate Solís en favor de Celso Cahuantzi Zárate. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante quien actúa asistido, del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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