Celia Ramos Armenta
Expediente 871/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Celia Ramos Armenta
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Celia Ramos Armenta por propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 871/2023-II-A. ( Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados: La notificación de la sentencia y ejecución de la misma, en el expediente 392/2017, del índice del Juzgado de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; y, La diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinticinco de junio de dos mil veintitrés. En ese contexto, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio constitucional, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, que el indudable aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de los actos reclamado consistentes en: Respecto al acto señalado en el inciso A), se desecha por definitividad. En relación a la notificación de la sentencia y ejecución de la misma, en el expediente 392/2017, del índice del Juzgado de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o se trate de una resolución que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o se afecten a personas terceras extrañas a juicio, o bien, en el supuesto que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1527, Tomo XXII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Septiembre 2005, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la 'Materia(s): Común'." En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto, a fin de acreditar la improcedencia del presente juicio de amparo, en la especie se tiene que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, toda vez que el acto reclamado no es de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de una resolución que afecte la libertad personal del quejoso. Luego, si la parte quejosa reclama la notificación de la sentencia y ejecución de la misma, en el expediente 392/2017, del índice del Juzgado de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por lo que es procedente el incidente de nulidad de actuaciones, pues dicho incidente puede revocar las actuaciones y que estima conculcan sus derechos fundamentales, conforme al artículo 109, fracción VII, que a la letra dice: "(.) Artículo 109.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: VII.- Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones. (.)" De los preceptos legales transcritos se advierte que la parte agraviada por una notificación que se haya practicado en forma distinta a la prevenida por la ley, podrá promover el incidente de nulidad; el cual se tramitara como incidente de previo y especial pronunciamiento. De ahí que la parte agraviada debió promover previamente ante el Juzgado responsable el incidente de nulidad de actuaciones previsto en artículo 109, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. , mediante el cual podía obtener la modificación, revocación o nulificación de la notificación que se le realizó de la sentencia dictada en el expediente 392/2017, del índice del Juzgado de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Por tanto, al no haberlo hecho así, se actualiza la causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de no haberse agotado el principio de definitividad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 430, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Debe indicarse que la parte promovente Celia Ramos Armenta, es parte actora y fue demandada reconvencional en el juicio de origen, por lo que no le asiste el carácter de tercera extraña al mismo; de ahí que, dicha causal de improcedencia se actualiza. Es aplicable a lo anterior, la Tesis: V.3o.C.T.6 K (10a.), aprobada por TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 2397, que dice: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. NO TIENE TAL CARÁCTER QUIEN TILDA DE FALSA SU REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE ORIGEN COMO PARTE ACTORA. El artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En estricto sentido, un extraño a juicio es aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. Ahora bien, esta equiparación entre quien no fue parte en el juicio y quien siéndolo no fue emplazado o lo fue incorrectamente, no puede hacerse extensiva al actor. El juicio de amparo indirecto promovido con el carácter de tercero extraño, solamente tiene como objeto respetar el derecho de posesión sobre bienes indebidamente gravados dentro de un juicio (tercero extraño en estricto sentido), o bien, que se restaure el derecho fundamental de audiencia del demandado que no fue llamado a juicio o fue indebidamente emplazado (tercero extraño por equiparación). En ese sentido, la porción normativa citada no puede servir de fundamento para legitimar a quien tilde de falsa su representación en el juicio de origen como parte actora, pues en estos casos la pretensión de la quejosa implicaría invalidar un juicio que se presume ella promovió, lo cual se aparta de los supuestos en los que conforme a la doctrina jurisprudencial puede configurarse el tercero extraño a juicio. B) No es la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinticinco de junio de dos mil veintitrés, en el expediente 392/2017, del índice del Juez de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV, del numeral 107, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Ahora bien, en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Expuesto lo anterior, es evidente que el acto reclamado consistente en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinticinco de junio de dos mil veintitrés, en el expediente 392/2017, del índice del Juez de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que no procede el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia aunque se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, sino hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución, menos aún podría admitirse la procedencia del amparo contra un acto netamente procesal. Lo anterior lleva a concluir que no procede el amparo indirecto, sino que ésta debe reclamarse a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese periodo, vía conceptos de violación. Aunado a ello, debe decirse que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, en la medida que no atenta por sí mismos y de manera inmediata, contra algún derecho sustantivo constitucional o convencional, por el contrario, es notorio que sus efectos son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son susceptibles de extinguirse sin generar menoscabo alguno al gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo anterior es así, porque como quedó precisado desde el inicio de esta determinación, el solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio natural, de ahí que ésta vinculada a su cumplimentación. Es aplicable al caso, por analogía la tesis II.2o.C.389 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1721 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Por el motivo expuesto, queda evidenciado que los actos reclamados en esta vía de amparo constituyen una actuación intermedia emitida dentro del periodo de ejecución de sentencia; por lo que no puede ser combatidos a través del juicio constitucional, al no constituir la última resolución dentro del mismo, pues no es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, o en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Sin que en el caso se advierta la actualización de una excepción a dicha regla, ya que esta sólo opera en el supuesto de aquellas resoluciones intermedias, dictadas en el procedimiento de ejecución que sí pueden ser combatibles a través del juicio de amparo, en virtud de que, según su naturaleza, no implican la ejecución parcial de lo condenado y poseen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada, sea porque creen o modifiquen un derecho en el procedimiento de ejecución, y por ende, puedan ocasionar un perjuicio inmediato, como a guisa de ejemplo son: la orden de arresto dictada como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes, o la interlocutoria que fija cantidad líquida. Como criterio orientador se cita la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 644 del Apéndice de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Novena Época, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en la demanda de amparo, la peticionaria del amparo se duela como violaciones cometidas en el procedimiento consistentes en en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinticinco de junio de dos mil veintitrés, en el expediente 392/2017, del índice del Juez de lo Civil Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; sin embargo, los actos reclamados son violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución de sentencia y no actos que directamente afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, por lo que tales actos reclamados en forma destacada no constituyen la última resolución para efectos de procedencia del juicio constitucional. En efecto, las determinaciones decretadas durante un procedimiento de ejecución de sentencia, hasta antes de que se dicte la resolución que le pone fin, constituye una resolución intermedia, la cual no puede reclamarse por la vía constitucional, hasta en tanto el juez de origen pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro 163152, emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011, en Materia Común, visible en la Página 6, que al tenor reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales respecto de los citados actos. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte recurrente proporcionando los números telefónicos y el correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.MDAS
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