Celerina Muñoz Escalante
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Celerina Muñoz Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintidós en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de derechos, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos ...de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante ... de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Autorizado del quejoso realiza manifestaciones. Agréguese el escrito de cuenta signado por Jesús Antonio Nava Pérez, autorizado por la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; a través del cual solicita que se requiera el informe justificado de forma individual a los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto Sexto, Séptimo y Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; así como a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; en virtud que tanto el Juez Primero de Control y de Juicio Oral de Guridi y Alcocer; como el Juez Cuarto Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, no están facultados por algún acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado, para rendir los informes justificados de los restantes Jueces, en representación. No se acuerda favorable solicitud. Al respecto debe decirse, que no ha lugar a proveer de conformidad la petición que formula, en atención a que, del informe justificado rendido por el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se aprecia que adjuntó a su informe justificado, la constancia de búsqueda realizada por la Asistente de Atención al Público adscrita a dicho juzgado, en los Libros de Gobierno de registro de causas judiciales, así como al turno relativo al conocimiento o asignación de cada causa judicial de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto Sexto, Séptimo y Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, correspondiente a los años dos mil quince a dos mil veintidós, en los que no encontró registrada alguna causa judicial en contra de la quejosa Celerina Muñoz Escalante. Y respecto del Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que rindió el informe justificado en funciones de Juez de Despacho, señaló que previa búsqueda practicada por el Asistente de Atención al Público, en el Libro de Gobierno de causa judiciales de personas adultas y el Libro de causas judiciales de Adolescentes no encontró que los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, hayan librado orden de búsqueda, aprehensión y detención en contra de la citada quejosa. Lo anterior pone de manifiesto que los informes justificados resultan suficientes para tenerlos por rendidos por las autoridades responsables, por sí y en representación de sus homólogos, dado que los Asistentes de Atención al Público adscritos, hicieron constar que no encontraron que se hubiere decretado en contra de la quejosa algún acto restrictivo de la libertad; por ende, resulta innecesario requerir los informes justificados en lo individual de los Jueces de Control y de Juicio Oral, de los Distritos Judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras, en virtud que el resultado sería el mismo, esto es, que negarían los actos que se les reclaman. En otro aspecto, el autorizado refiere que la quejosa desconocía la existencia del Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, ya que se hizo sabedora una vez que el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial aludido, rindió su informe justificado, por lo que la designa como autoridad responsable. En virtud de lo anterior, y toda vez que la designación de una autoridad, constituye como una ampliación de demanda y el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informe justificado y apegado al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, la demanda debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción. Por tanto, la designación de una nueva autoridad trae consigo como una ampliación de la demanda, misma que también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación, por consiguiente; no ha lugar a proveer de conformidad respecto de la designación de una nueva autoridad por el autorizado de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 2011, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Finalmente, dígasele a la parte quejosa que si es su deseo ampliar su demanda de amparo, para designar a una nueva autoridad, el ocurso deberá realizarlo en términos del numeral 108 de la Ley de Amparo, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
único. Se Niega a Celerina Muñoz Escalante, por propio derecho, la suspensión definitiva...
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Señala correo electrónico y teléfonos En otro aspecto, se tiene a la autoridad oficiante señalando el correo electrónico y números telefónicos que indica, los cuales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe.
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