Cecilia Perez Velasco

Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
412/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Cecilia Perez Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII ".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 412/2022. PARTE QUEJOSA CECILIA PÉREZ VELASCO, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 2.- Notificador del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. ACTO RECLAMADO I.- De la autoridad responsable ordenadora: La orden y ejecución del auto de treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde se desecha de plano el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del segundo párrafo del acuerdo de veinticinco de marzo del año dos mil veintidós. II.- De la autoridad responsable ejecutora: La ejecución material de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. IMPROCEDENCIA En tales condiciones, con fundamento en los artículos 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que el acto reclamado no afecta intereses jurídicos del justiciable, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y que de actualizarse tal situación, solo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, será procedente el amparo contra actos que sí afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y que carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. En efecto, en el caso se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde desecha de plano el recurso de revocación que interpuso en contra del segundo párrafo del diverso acuerdo de veinticinco de marzo de dos ml veintidós, el cual se considera un acto es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, la quejosa acompañó diversas documentales, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, específicamente copia del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, se advierte, entre otras cuestiones, lo siguiente: El juez de control recibió la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal número JOTPAI/02/2022, de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor público de los imputados Daniel Escalona Cruz y Jesús López Santiago, contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, ambos emitidos el veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno, confirmando el Tribunal de Alzada tanto el auto de vinculación a proceso como la resolución de la medida cautelar indiciada, por la probable participación de éstos, en el hecho que la ley señala como delito CONTRA LA SALUD, en su modalidad de posesión de metanfetamina conocida como cristal, con fines de comercio, en su hipótesis de venta, EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD. En esa misma fecha, recibió los escritos de la licenciada Cecilia Pérez Velasco y de la licenciada Jessica Adriana Vicente Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Nochixtlán, Oaxaca, donde se les tuvo cumpliendo con el requerimiento formulado en diverso auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, consistente en la manifestación del nombre de la víctima directa con su respectivo apercibimiento, determinando la el juzgador, no tenerle el carácter de víctima directa a la licenciada Cecilia Pérez Velasco, porque afirmó que ella no había sufrido ningún tipo de afectación, daño, o menoscabo económico, físico, mental o emocional, derivado de la conducta desplegada por los imputados, confirmándolo así la Fiscalía, por tal motivo no se le tuvo con la calidad de parte en el citado procedimiento penal, no obstante que dijo ser asesora jurídica, pues indebidamente se le había reconocido tal carácter en la causa penal, al celebrarse la audiencia de control. Dicta el Juez de Control que el propio ministerio público manifestó que no existe identificada persona alguna con el carácter de víctima, por ende, no aparece víctima alguna que haya hecho su designación de asesora jurídica, regularizando el procedimiento en el juicio natural, determinando que hasta ese momento, únicamente tienen la calidad de partes el Ministerio Público, defensor e imputados. En ese sentido, la ahora quejosa no tiene la calidad de ofendido o víctima en las conductas que denuncia, dado que no demostró la afectación a un derecho subjetivo o a sus derechos consistentes en: a) un daño físico, b) una pérdida financiera o, c) el menoscabo de sus derechos fundamentales; En efecto, el delito de Contra la Salud, contemplado en el artículo 194 del Código Penal Federal, el bien jurídico tutelado precisamente es la protección de la salud, lo cual no se encuentran dentro de la esfera jurídica de la quejosa, al no ser la víctima directamente, sino más bien la sociedad en general. Resulta menester precisar que, de conformidad con el ordinal 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En esa línea, en el artículo 4° de la Ley General de Víctimas, se destaca que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño, menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia ley, y establece que pueden ser víctimas tanto un sujeto pasivo individual, como colectivo, en el caso de "grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos". En tanto que, el artículo 6, fracción XIX, de la Ley General de Víctimas, establece en términos genéricos, que, víctima es aquella "persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito." Por otro lado, el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido, y que en cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. En esa tesitura, es incuestionable que, si bien a la quejosa se le reconoció indebidamente el carácter de asesora jurídica en la audiencia de control de detención, lo decidido por el juez de Control responsable - no reconocerle como parte en el juicio- no afecta su esfera jurídica o derecho fundamental alguno, ya que el hecho punible en comento, lleva exclusivamente aparejado un resultado de carácter formal, esto es, no tiene materialización fáctica en el entorno y, asimismo, el bien jurídico que protege es la protección a la salud, cuya afectación recaería directamente contra la sociedad en su conjunto, no así contra una persona física en particular, como es el impetrante del amparo, lo que es insuficiente para acreditar el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. ... DESECHAMIENTO En consecuencia, al resultar que la demanda de amparo presentada por CECILIA PÉREZ VELASCO, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso, 5° y 6° de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Vlademir Hernández Hernández, toda vez que existe registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .... De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VII ".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 412/2022. PARTE QUEJOSA CECILIA PÉREZ VELASCO, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 2.- Notificador del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. ACTO RECLAMADO I.- De la autoridad responsable ordenadora: La orden y ejecución del auto de treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde se desecha de plano el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del segundo párrafo del acuerdo de veinticinco de marzo del año dos mil veintidós. II.- De la autoridad responsable ejecutora: La ejecución material de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. IMPROCEDENCIA En tales condiciones, con fundamento en los artículos 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que el acto reclamado no afecta intereses jurídicos del justiciable, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y que de actualizarse tal situación, solo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, será procedente el amparo contra actos que sí afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y que carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. En efecto, en el caso se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde desecha de plano el recurso de revocación que interpuso en contra del segundo párrafo del diverso acuerdo de veinticinco de marzo de dos ml veintidós, el cual se considera un acto es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, la quejosa acompañó diversas documentales, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, específicamente copia del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 412/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, se advierte, entre otras cuestiones, lo siguiente: El juez de control recibió la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal número JOTPAI/02/2022, de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor público de los imputados Daniel Escalona Cruz y Jesús López Santiago, contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, ambos emitidos el veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno, confirmando el Tribunal de Alzada tanto el auto de vinculación a proceso como la resolución de la medida cautelar indiciada, por la probable participación de éstos, en el hecho que la ley señala como delito CONTRA LA SALUD, en su modalidad de posesión de metanfetamina conocida como cristal, con fines de comercio, en su hipótesis de venta, EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD. En esa misma fecha, recibió los escritos de la licenciada Cecilia Pérez Velasco y de la licenciada Jessica Adriana Vicente Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Nochixtlán, Oaxaca, donde se les tuvo cumpliendo con el requerimiento formulado en diverso auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, consistente en la manifestación del nombre de la víctima directa con su respectivo apercibimiento, determinando la el juzgador, no tenerle el carácter de víctima directa a la licenciada Cecilia Pérez Velasco, porque afirmó que ella no había sufrido ningún tipo de afectación, daño, o menoscabo económico, físico, mental o emocional, derivado de la conducta desplegada por los imputados, confirmándolo así la Fiscalía, por tal motivo no se le tuvo con la calidad de parte en el citado procedimiento penal, no obstante que dijo ser asesora jurídica, pues indebidamente se le había reconocido tal carácter en la causa penal, al celebrarse la audiencia de control. Dicta el Juez de Control que el propio ministerio público manifestó que no existe identificada persona alguna con el carácter de víctima, por ende, no aparece víctima alguna que haya hecho su designación de asesora jurídica, regularizando el procedimiento en el juicio natural, determinando que hasta ese momento, únicamente tienen la calidad de partes el Ministerio Público, defensor e imputados. En ese sentido, la ahora quejosa no tiene la calidad de ofendido o víctima en las conductas que denuncia, dado que no demostró la afectación a un derecho subjetivo o a sus derechos consistentes en: a) un daño físico, b) una pérdida financiera o, c) el menoscabo de sus derechos fundamentales; En efecto, el delito de Contra la Salud, contemplado en el artículo 194 del Código Penal Federal, el bien jurídico tutelado precisamente es la protección de la salud, lo cual no se encuentran dentro de la esfera jurídica de la quejosa, al no ser la víctima directamente, sino más bien la sociedad en general. Resulta menester precisar que, de conformidad con el ordinal 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En esa línea, en el artículo 4° de la Ley General de Víctimas, se destaca que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño, menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia ley, y establece que pueden ser víctimas tanto un sujeto pasivo individual, como colectivo, en el caso de "grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos". En tanto que, el artículo 6, fracción XIX, de la Ley General de Víctimas, establece en términos genéricos, que, víctima es aquella "persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito." Por otro lado, el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido, y que en cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. En esa tesitura, es incuestionable que, si bien a la quejosa se le reconoció indebidamente el carácter de asesora jurídica en la audiencia de control de detención, lo decidido por el juez de Control responsable - no reconocerle como parte en el juicio- no afecta su esfera jurídica o derecho fundamental alguno, ya que el hecho punible en comento, lleva exclusivamente aparejado un resultado de carácter formal, esto es, no tiene materialización fáctica en el entorno y, asimismo, el bien jurídico que protege es la protección a la salud, cuya afectación recaería directamente contra la sociedad en su conjunto, no así contra una persona física en particular, como es el impetrante del amparo, lo que es insuficiente para acreditar el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. ... DESECHAMIENTO En consecuencia, al resultar que la demanda de amparo presentada por CECILIA PÉREZ VELASCO, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso, 5° y 6° de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Vlademir Hernández Hernández, toda vez que existe registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .... De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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