Cecilia Ponce Saldaña

Expediente 702/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
702/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Ponce Saldaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 702/2020; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado, el mismo día, CECILIA PONCE SALDAÑA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, que hizo consistir en la dilación procesal en la tramitación del expediente familiar 397/2018 de esa estadística. SEGUNDO. En auto de once de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le compete; y, continuando con el juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, seguido que fue el trámite del juicio, tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Al rendir su informe justificado, la Juez Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le reclamó (dilación procesal en el expediente familiar 397/2018. Negativa que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 397/2018, promovido por CECILIA PONCE SALDAÑA, en el que denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto René Juárez Morales, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la responsable mediante resolución emitida el diecinueve de marzo de dos mil veinte, se declaró material y jurídicamente imposibilitada para resolver lo concerniente a la Primera Junta de Herederos, ya que la denunciante, aquí quejosa, formuló denuncia y se requirieron los informes de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, del Registrador de la Función Pública de los Distritos Judiciales de Etla y el Centro; con el fin de saber si existe disposición testamentaria a bienes del extinto, solicitando las publicaciones y fijándose los edictos respecto del extinto René Juárez Morales y no en cuanto a "René Juárez". Con posterioridad a esa denuncia y requerimiento de informes, se desahogó la información testimonial en la que se justificó que se trataba de la misma persona, toda vez que ese atestado aconteció el seis de febrero de dos mil veinte. Además con motivo del escrito que dice la quejosa presentó el veintiuno de agosto de dos mil veinte, la que fue registrada con el folio 1870, el veinticinco de agosto de dos mil veinte, mediante fijación de cédula, le fue notificado el acuerdo recaído a esa promoción y la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veinte, donde declaró que se encontraba materialmente imposibilitado para resolver sobre el nombramiento de Albacea Provisional y la primera Junta de Herederos. De lo anterior se concluye que, en el caso, contrario a lo que expresó la parte quejosa, no existe a la dilación procesal que reclama, en virtud de que como lo acredita el juez, no se ha dictado la resolución que manifiesta la quejosa en atención a la denuncia que presentó la misma peticionaria del amparo; pues se solicitaron los informes correspondientes. En esa tesitura, ante la inexistencia de tal acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 12, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, materia común, localizable en la página diez, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que se actualice el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; esto es, que de las constancias de autos se advierta la existencia de una abierta dilación del procedimiento o evidente paralización total, pues es un hecho notorio, por ende de conocimiento público que desde el mes de marzo y hasta la actualidad, la población mundial atraviesa por una emergencia sanitaria, derivado del virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, lo cual ha suspendido el desarrollo ordinario de los procedimientos jurisdiccionales a los asuntos urgentes que tengan una afectación directa y material a derechos sustantivos de modo tal que no pudieran obtener reparación ni con el dictado del fallo que en su momento se emita, lo cual no es el caso que se reclama; pues la imposibilidad que tiene el juez para dictar la resolución se debe a la denuncia presentada por la quejosa y solicitud de los informes correspondientes y como ya se dijo debido al problema de salud que se atraviesa las autoridades no están laborando normalmente. Ciertamente, el hecho notorio por razón de salud pública, excusa a la autoridad responsable a reanudar sus actividades hasta en tanto, las autoridades competentes a ésta, consideren viable el retorno de labores en esa institución. Apoya a lo anterior el criterio jurisprudencial III.3o.T. J/3 (10a.), deducida del Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, registro digital: 2013301, de rubro y texto siguientes: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse. TERCERO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por CECILIA PONCE SALDAÑA. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, quien actúa ante la licenciada Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria de Juzgado que autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de ocho días para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el escrito del licenciado Carlos Ruiz Ramírez, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa y en atención a su contenido, respecto a las copias certificadas que solicita, dígasele que por el momento no ha lugar a expedirle las copias que pide, ello debido a la contingencia sanitaria que con motivo del virus Covid-19 padece el País, ya que de conformidad con los acuerdos generales 21/2020 y 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo se puede realizar la consulta electrónica de los expedientes, mediante el proceso de generación de citas. No obstante lo anterior, se le hace de su conocimiento que de conformidad con los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, puede solicitar la consulta del expediente electrónico de este asunto, para lo cual previamente deberá registrarse, desde el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" en la página web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Por lo que se exhorta al promovente para que continúe promoviendo mediante el esquema de juicio en línea, pues a través de este medio podrá presentar promociones, realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquel mismas que al contar con la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente, de conformidad con el artículo 36, del mencionado Acuerdo General. Asimismo, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el modelo de atención presencial en este órgano jurisdiccional será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", del ya citado Portal de Servicios en Línea, con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del invocado artículo. Para lo cual deberá tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 7 del citado Acuerdo General, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, ya que los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Así, cuando se tenga una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Finalmente, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. NOTIFÍQUESE.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano