Cecilia Graciela Mingüer Vargas
Expediente 1287/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cecilia Graciela Mingüer Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1287/2021 promovido por el quejoso CECILIA GRACIELA MINGÜER VARGAS. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado el veintinueve siguiente, la citada quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Miembros de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en la negativa de la responsable de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el desahogo de las mismas, formulación de alegatos, cierre de instrucción y el dictado de laudo en el juicio laboral 292/2021(2)BIS. SEGUNDO. En auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le compete; y, continuando con el juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, seguido que fue el trámite del juicio, tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: - La negativa de la responsable de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el desahogo de las mismas, formulación de alegatos, cierre de instrucción y el dictado de laudo en el juicio laboral 292/2021(2)BIS. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, convino en parte la existencia del acto que se le atribuyó, y al efecto expuso que ante su autoridad se tramita el juicio laboral 292/2021(2)BIS, en el que con fecha tres de enero de dos mil veintidós, dictó acuerdo en el que se señalaron las doce horas del veinticinco de febrero del año en curso para que tenga lugar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que de la constancia remitida por la autoridad responsable, a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que el tres de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se pronunció respecto al acto que la quejosa le reclamó y al efecto, señaló las doce horas del veinticinco de febrero del año en curso para que tenga lugar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que se corrobora con la copia certificada del acuerdo en cita, exhibido por la responsable. Circunstancia que permite inferir que el acto materia de reclamo ha cesado en sus efectos, pues si bien a la fecha de la presentación de la demanda -veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno- la junta responsable no había dictado el acuerdo cuya omisión fue reclamada; cierto es que con posterioridad a ello -como ya se dijo- fue emitido. Se puntualiza, desde luego, que si bien no hay constancia de su notificación, la verdad es que en este punto, el numeral 17 de la Constitución, no impone a la autoridad, tal exigencia, sino que el acuerdo se dicte en los plazos y términos que marca la ley. Por lo tanto, dada la actualización de la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 415, visible en la página 356, de la primera parte del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por supuesto, debe decirse que el juicio de amparo es improcedente respecto de os distintos actos reclamados que se hacen consistir en la dilación del desahogo de las mismas, formulación de alegatos, cierre de instrucción y el dictado de laudo en el juicio laboral 292/2021(2)BIS, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V de la misma ley, pues en este punto, además de que esas dilaciones son de naturaleza intraprocesal al no advertirse una afectación a derechos sustantivos, son futuros de realización incierta, que, de actualizarse, deberán ser reclamadas en la etapa procesal en que emerjan. Se invoca en apoyo la tesis 48/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Décima Época, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. QUINTO. Ley de Transparencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CECILIA GRACIELA MINGÜER VARGAS por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con que da cuenta el secretario, para que surta sus efectos legales correspondientes. Dese vista a las partes por el término continuo y genérico de ocho días. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Miembros de Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, quedó notificada del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se le solicitó su informe justificado el tres de diciembre siguiente, y dado que a partir del dieciséis del presente mes dicha autoridad se encuentra de vacaciones, a la fecha se encuentra trascurriendo el término concedido en el referido auto para que rinda su respectivo informe justificado. En consecuencia, la audiencia constitucional se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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