Cecilia Gómez Castillo
Expediente 643/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cecilia Gómez Castillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto dictado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por la quejosa ************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo, presentada por **********, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 643/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. De los antecedentes narrados en la demanda, se desprende: La quejosa es parte actora en el juicio especial civil sumario hipotecario C-141/2011, radicado ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Llevado el juicio de origen en todas sus etapas, el dieciocho de mayo de dos mil once, se dictó sentencia condenatoria, contra **********. En la etapa de ejecución de sentencia, concretamente, en el procedimiento de remate, el dieciocho de marzo de dos mil quince, la autoridad responsable celebró la audiencia, con relación al inmueble embargado. El siete de septiembre de dos mil dieciséis a petición de la actora -aquí quejosa-, se remitieron los autos del juicio natural, a la Notaría Pública correspondiente, para la protocolización de la escritura, los cuales fueron devueltos el diecisiete de abril pasado, sin llevarse a cabo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso, la quejosa solicitó a la autoridad responsable, la designara como nueva depositaria respecto del inmueble embargado, así como la posesión. Por auto de dos de mayo pasado, la responsable negó la petición, en razón de que tiene el carácter de adjudicataria. Contra éste acuerdo interpuso recurso de revocación, que fue resuelto por la responsable el veintiséis de mayo pasado, confirmando el proveído recurrido. (Éste es el acto reclamado). Al respecto, debe precisarse de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia, concretamente en el procedimiento de remate. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece: El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo que antecede se deduce que tratándose de actos en ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en dicho procedimiento. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Lo que precede, pone de manifiesto que la resolución de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, que confirmó el auto de dos del mismo mes y año (acto reclamado), por el que la autoridad responsable, negó designar a la promovente como depositaria y entregar la posesión del inmueble embargado, fue emitido después de concluido el juicio, específicamente en el procedimiento de remate, y éste no constituye la última resolución dictada en esa fase, lo que puede ser analizado en el amparo que se interponga en contra de la última resolución. En este caso, la resolución definitiva impugnable en la instancia constitucional, es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión del bien. Este Juzgado Octavo de Distrito coincide con el criterio previsto en la jurisprudencias por contradicción de tesis PC.I.C. J/2 K (10ª.) emitida por el Pleno en materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1738, libro 10, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil catorce, de rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria; por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, promovida por **********.Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.
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