Cecilia Morales Ferrer

Expediente 181/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
181/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Morales Ferrer
  • Sindico Municipal de Santa Cruz Mixtepec.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y la interlocutoria donde se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 181/2021, promovido por Cecilia Morales Ferrer por su propio derecho contra los actos de las autoridades que se mencionaran más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos la parte quejosa manifiesta que, a las doce horas del seis de febrero de dos mil veintiuno, el Síndico Municipal, junto con el Comité de Agua Potable y la Policía Municipal, todos de Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca, se presentaron, con macanas, en su domicilio particular ubicado en privada El Sabino, sin número, Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca, diciéndole, la primera responsable, que iban cortar el servicio de agua potable, por lo que dicha responsable, una vez que ubicó la toma de agua dentro del inmueble, procedió a cortar la manguera, llevándosela, así como la llave (válvula o grifo), y le indicó que también habían cortado las tomas de agua que tenían en el cerro aduciendo que "si no quería[n] servir no tendría[n] derecho al acceso al agua potable.". El once de febrero de do mil veintiuno, presentó un escrito (ante las autoridades municipales), donde solicitó que le fuera reconectada la toma de agua potable cortada o bien motivaran y justificaran dicho acto, para que no la dejaran en estado de indefensión, y a la fecha de presentación de la demanda no había recibido respuesta, ni tampoco le había sido reinstalado el servicio de agua potable. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Cecilia Morales Ferrer promovió amparo por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La quejosa señaló como autoridades responsables Síndico Municipal, Comandante de la Policía Municipal y Comité del Agua Potable, todos de Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca, de quienes reclama el corte del servicio de agua potable en su domicilio ubicado en privada El Sabino, sin número, Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca. La quejosa denunció la violación de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19, 20 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 181/2021. Se admitió a trámite mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye al Síndico Municipal, Comandante de la Policía Municipal y Comité del Agua Potable, todos de Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca, de quienes reclama el corte del servicio de agua potable en su domicilio ubicado en privada El Sabino, sin número, Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado el hecho del que el Síndico Municipal de Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca, se llevara la manguera que cortó en su domicilio, así como la llave (válvula o grifo), ambos materiales correspondientes a la toma de agua potable, así como el corte de las tomas de agua que refiere que tenía en el cerro, toda vez que se trata de conceptos de violación, los que no constituyen actos reclamados en sí mismos, tales hechos, derivan de la situación fáctica del corte de agua potable en el domicilio particular de la quejosa, es decir, que en todo caso, constituirían consecuencias del acto reclamado a las autoridades responsables, las cuales son la base del argumento esencial de su causa de pedir. En ese tenor, tampoco ha lugar a tener como acto reclamado destacado la omisión de dar respuesta la petición de reconexión del servicio de agua potable, porque su escrito fue dirigido al Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz Mixtepec, Oaxaca, autoridad que no fue señalada como responsable, a pesar de que la quejosa estuvo en posibilidad de llamarla a la instancia constitucional desde un inicio al conocer los extremos de su petición. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS Al rendir informe justificado el Síndico Municipal, los miembros del Comité de Agua Potable y el Jefe de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca, aceptaron la existencia del acto reclamado y eso basta para tenerlos por ciertos. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- quedó acreditado que las autoridades responsables reinstalaron a la parte quejosa la toma de agua potable en su domicilio particular y suscribieron un acuerdo con arreglo a los usos y costumbres que integran el sistema normativo interno de dicha población, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Se llega a tal conclusión, con base en las constancias exhibidas por las autoridades responsables municipales, las cuales adquieren valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas, expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior, debido a que entre dichas constancias obra el convenio de once de abril de dos mil veintiuno, celebrado entre los integrantes del Comité de Agua Potable, el Síndico Municipal, todos de Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca -autoridades responsables-, entre otras y la aquí quejosa Cecilia Morales Ferrer, por conducto de su esposo Víctor Manuel Armenta Ávila, debido a que para dar solución a su conflicto relativo al agua potable y al servicio que los pobladores deben realizar en dicha comunidad, llegaron a un acuerdo de voluntades con las autoridades municipales en cuestión, por lo cual en sustitución de la quejosa su esposo aceptó un cargo como integrante del Comité de Agua Potable de dicho Ayuntamiento. Por lo que, en el citado convenio se indicó que ya había sido reinstalado el servicio de agua potable que anteriormente estaba suspensión, en relación a la aquí quejosa, sin embargo, tal servicio cambió de usuario, a razón del convenio referido, porque se encuentra a nombre de Víctor Manuel Armenta Ávila, quien firmó de conformidad. Constancias todas, con las cuales se dio vista a la disidente, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a las autoridades responsables, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en el corte del servicio del agua potable, como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por. . . en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables por las razones referidas en apartado VI de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados del Síndico Municipal, de los miembros del Comité de Agua Potable y Jefe de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de Santa Cruz Mixtepec, Zimatlán, Oaxaca y ténganse como pruebas de su parte, las documentales que aportan; con lo anterior, dése vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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