Cecilia Hernández Rodríguez
Expediente 1553/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cecilia Hernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mesa III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a Cecilia Hernández Rodríguez; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que se reclamó la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca penal 370/2015, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante la cual se confirmó la determinación de veintiséis de mayo del mismo año, dictada en el expediente 91/2015 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro; por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...
- Principal
Mesa III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Visto el escrito de la parte quejosa Cecilia Hernández Rodríguez, mediante el cual señala a diversos autorizados y domicilio para recibir notificaciones; al efecto se provee: Téngase únicamente por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mauro Francisco Ramos Martínez, Lina Esther Velasco Cruz, Diana Michel Paola Chávez Carvajal y Sheilla Marín Sánchez González, sin que haya lugar a proveer respecto al domicilio y demás autorizados que refiere, toda vez que en auto inicial, ya se proveyó al respecto. Notifíquese...
- Principal
Juárez, Oaxaca, siete de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la sentencia concesoria dictada en este juicio de amparo, sin que hiciera manifestación al respecto; por ende, este órgano de control constitucional se ocupará de resolver lo conducente respecto al exacto cumplimiento de la ejecutoria, con base en las constancias que obran en el expediente y a los datos aportados por la responsable, en la que se examinará si se cumplió con la sentencia o no, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil quince, firmada y autorizada el veinticuatro de febrero de este año (fojas 21 a 35), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Cecilia Hernández Rodríguez, para los efectos siguientes: Autoridad responsable Efectos Los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ANULATORIOS 1.- Dejen sin efecto la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca penal número 370/2015, por la que confirman la determinación de veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, en la causa penal número 91/2015, mediante la cual niega librar orden de aprehensión contra Juan Antonio Vásquez Castellanos, al no haberse acreditado el cuerpo del delito ni su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar. OBLIGACIONES DE HACER 2.- Dicten otra en que estudien los agravios que soslayaron y las pruebas que no valoraron y resuelvan conforme a sus atribuciones en plenitud de jurisdicción, si en el caso de acuerdo a los hechos narrados se actualiza el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de violencia intrafamiliar. Determinación que causó ejecutoria el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (foja 145 y 146) y se requirió el cumplimiento respectivo. En cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional la autoridad responsable realizó las actuaciones siguientes: Mediante oficio número 870 de veintinueve de marzo de este año, la secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Poder Judicial del Estado, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el veintinueve de marzo del año en curso, en el toca penal 370/2015, de su índice, de la que se aprecia lo siguiente: *- Dejaron insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca penal 370/2015, de su índice. Y dictaron una nueva determinación en la que estudiaron los agravios del agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, en el sentido que atendiendo a la naturaleza de los hechos denunciados por la ofendida es imposible que exista testimonial que corrobore fehacientemente todos y cada uno de los hechos manifestados en su escrito de querella, se le dijo que la obligación de la autoridad ministerial es investigar los hechos, lo que se traduce en la obtención de pruebas y ante la imposibilidad de obtener estas, no implica que se tengan por ciertos lo hechos afirmados por la ofendida, ya que admitir lo contrario sería absurdo, pues bastaría manifestar la imposibilidad de la existencia de una prueba como lo manifiesta el recurrente para dar por ciertos los hechos que afirma la ofendida; agrega el recurrente que si bien es cierto no son suficientes las manifestaciones realizadas por la pasivo, para acreditar la probable responsabilidad de persona determinada, en la comisión de un delito, también, en el caso, existen indicios que concatenados entre sí demuestran que la ofendida fue víctima del delito de violencia intrafamiliar por su cónyuge. Respecto de los atestes Leobardo Hernández López y José Leobardo Hernández Rodríguez, determinaron infundada su inconformidad, debido a que genera interés en el asunto, al tratarse del padre y del hermano de la ofendida, por lo que el tratamiento violento de que se queja deba trascender a dichos testigos por el parentesco que los une, situación que no se da entre el imputado y sus testigos de descargo, independientemente de que la simpatía que afirma el recurrente entre el inculpado y sus testigos de descargo no se encuentra justificada. En cuanto a la valoración del acta circunstanciada de hechos de nueve de septiembre del año dos mil trece, levantada ante el ciudadano Agente del Ministerio Público de la Villa de Etla, negaron otorgarle valor probatorio, debido a que se omitió preguntar a la pasivo si la persona contra la que iba a declarar era su esposo, si tenía algún motivo de odio o rencor contra éste, en términos del artículo 415 del Código Local de Procedimientos Penales, lo cual resta valor probatorio a dicha acta. En cuanto al informe psicológico de dos de abril del año dos mil catorce emitido por la psicóloga Patricia de Jesús Cervantes Sánchez, igualmente determinaron que carece de valor probatorio, ya que a dicha perito no le fue designado el cargo por el representante social, por lo que constituye únicamente una opinión presentada por la ofendida al momento de realizar su denuncia. Respecto a la cadena de custodia de los cuatro CD y un DVD, que contienen grabaciones, determinaron que carecen de valor jurídico, ya que únicamente obra en autos la referida cadena sin que se conozca el contenido de tales instrumentos. Por lo que se refiere a la diligencia de separación de cónyuges de veintiocho de marzo del año dos mil catorce, practicada por la jueza Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, de igual manera determinaron que carece de valor probatorio, porque no contiene hechos relacionados con la denuncia de la ofendida. En lo referente a los dictámenes de diez de diciembre del año dos mil catorce y cuatro de marzo del dos mil quince, emitidos por los peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Ricardo Rubiños Ricardez y Alci Mijail Vilanueva Terrazas, aseveraron que carecen de valor probatorio, en términos del artículo 354 del Código de procedimientos Penales vigente en el Estado, porque en dichos dictámenes no se identifican a las personas que entablaron las conversaciones que fueron transcritas. Y concluyeron que al no encontrarse comprobado el cuerpo del delito de violencia intrafamiliar, cometido en agravio de Cecilia Hernández Rodríguez, ni la responsabilidad penal de Juan Antonio Vásquez Castellanos, en su comisión, lo procedente era confirmar la resolución recurrida. Sin embargo, la autoridad responsable nada dijo en relación a la hoja seis del ocurso de agravios, en la que el Ministerio Público expresó que el juez responsable no fundó ni motivó su aseveración para desestimar las declaraciones de los testigos de cargo al considerarlos que no eran dignos de fe, pues incurrieron en circunstancias que lo llevaron a dudar de su veracidad, sosteniendo que no advertía que el inculpado hubiera ejercido algún tipo de violencia al encontrarse en estado de ebriedad, con lo cual, se dijo, pareciera que se estaba tratando de justificar la conducta del imputado; aunado a que el veinticinco de junio de dos mil once, el activo le expresó "eres una interesada y andas coqueteando con mis amigos", "tu no eres nadie, pobretona", "todo es por tu culpa, eres una interesada, te crees muy chingona" "andas de coqueta, interesada"; de igual manera, que el trece de febrero de dos mil catorce, cuando se encontraba con su amiga Cecilia y llegó Juan Antonio Vásquez Castellanos al domicilio conyugal, le gritó "caliéntame la cena hija de tu pinche madre que para eso te casaste conmigo", "me vale madres, tu estas acá para atenderme y no para recibir visitas", "te pasas de pendeja, porque sabes bien que no puedes ver a nadie sin mi consentimiento, ya te dije tú eres mía y no tienes mi permiso, así que dile a esos pendejos que se larguen de mi casa, si no quieres que los mande a la chingada", expresiones en las cuales coincidió con su referida amiga. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que dentro del plazo de tres días, cumplan en sus términos la sentencia concesoria del amparo; esto es, dejen insubsistente la resolución de resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictada en el toca penal número 370/2015, así como la diversa de veintinueve de marzo del año en curso, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicten una nueva resolución en la que reiterando lo que en esta determinación se ha estimado que cumplen con la ejecutoria de amparo acaten los lineamientos únicamente en relación a la hoja seis del ocurso de agravios, en la que el Ministerio Público expresó que el juez responsable no fundó ni motivó su aseveración para desestimar las declaraciones de los testigos de cargo. Lo anterior, en el entendido que la nueva resolución sólo se constreñirá al punto requerido en párrafos anteriores, y reiterará lo que no fue solicitado, ya que a consideración de este órgano, sólo en esa parte aún no depura los vicios formales que la afectan, lo cual podrá hacer en igual sentido o en sentido diverso, siempre que sea de manera fundada y motivada. Apercíbase a la autoridad responsable que de no cumplir con lo requerido, o de no justificar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta sancionada. Notifíquese personalmente
- Principal
Mesa III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada de catorce de diciembre de dos mil quince, firmada el veinticuatro de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Cecilia Hernández Rodríguez, sin que interpusieran dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para todos los efectos legales. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que cumpla con la sentencia dictada en este juicio dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, al momento en que incurran en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los autos originales del toca penal 37072015 y del expediente penal 91/2015, y al juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro, la copia certificada del aludido proceso penal, que remitieron como apoyo a su informe justificado, con los que se formaron los cuadernos de pruebas relativos a este juicio y que obran por separado. Notifíquese...
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