Cecilia Martínez Cruz

Expediente 1043/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1043/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
09/02/2015

Partes del expediente

  • Cecilia Martínez Cruz

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana el presente incidente, con esta fecha se decretó que causó estado el auto de siete de enero de este año, en el que se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Cecilia Martínez Cruz; asimismo, que por auto de trece de agosto de dos mil catorce, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el cinco de septiembre siguiente, se concedió la suspensión definitiva; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y la definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deben conservarse tanto el auto de trece de agosto de dos mil catorce y la interlocutoria de cinco de septiembre siguiente, en que se concedieron la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, respectivamente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido del secretario licenciado Juan Martínez Trujillo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para las terceras interesadas Aracely Feliciano García y Leydi Pérez López del doce al treinta de enero de este año, y para la quejosa Cecilia Martínez Cruz del quince de enero al seis de febrero del actual, sin que hayan interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de siete de enero de este año, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud que en la sentencia dictada en este juicio de amparo, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud, que se reclamó el auto de formal prisión dictado en su contra el veinte de julio de dos mil catorce, en la causa penal 160/2013, por la comisión del delito de lesiones cometido en perjuicio de Aracely Feliciano García y Leydi Pérez López. Se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ante el secretario licenciado Juan Martínez Trujillo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de enero de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la quejosa Cecilia Martínez Cruz y a la parte tercera interesada Aracely Feliciano García y Leydi Pérez López, en proveído de veintitrés de diciembre de este año, a efecto de que manifestaran lo que a sus derechos conviniera en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la resolución concesoria dictada por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha resolución. Mediante sentencia dictada en este juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa Cecilia Martínez Cruz, contra el acto que reclamó de la jueza Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Etla, Oaxaca, al detectar los vicios formales siguientes: 1) No fundó su competencia territorial en el Acuerdo General 01/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que aprueba la Redistritación Judicial para la Determinación de la Competencia Territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado, ni invocó precepto legal para apoyar su porción de jurisdicción por razón de la materia, fuero y grado. 2) Omitió hacer saber a la parte quejosa las garantías que establecen las fracciones III y VII, del apartado "A", del numeral 20 Constitucional, esto es, que se le juzgaría en audiencia pública y que le serían facilitados todos los datos que solicitara para su defensa y que constaran en el proceso. 3) No precisó correctamente la denominación del órgano jurisdiccional responsable. 4) No motivó la valoración de la querella de las ofendidas, pues únicamente dijo que reúnen los requisitos previstos en los numerales 8º y 9º del Código de Procedimientos Penales del Estado. 5) No valoró la fe ministerial de lesiones. 6) No estudio el elemento que hizo consistir en que el infractor sea superior al ofendido, por el número de los sujetos activos. 7) Al analizar la probable responsabilidad de la inculpada en la comisión del delito de lesiones en relación con las querellas de las ofendidas incurrió en los mismos vicios de valoración. 8) No dijo porque la declaración emitida por Cecilia Martínez Cruz constituye una confesión calificada divisible. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil catorce (fojas 133 y 134), se declaró que la sentencia dictada en este asunto causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la misma. En cumplimiento a lo anterior, por oficios 5696 y 5863, signado por la jueza Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Etla, Oaxaca, remitió copia certificada del auto de formal prisión de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 18/2014, de su índice y de la diligencia de uno de diciembre de dos mil catorce, por la que se hace del conocimiento de la quejosa el contenido de las garantías constitucionales que establecen las fracciones VI y VII, apartado "A", del numeral 20 Constitucional, consistentes en que se le juzgará en audiencia pública y que le serán facilitados todos los datos que solicitó para su defensa y que constaran en el proceso, respectivamente; por tanto, este juzgado procede a examinar de oficio si se acató o no el fallo protector, con base en las constancias que obran en autos. En cuanto al punto 1) cumple con la ejecutoria de amparo ya que fundó su competencia territorial en términos del Acuerdo General 01/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que aprueba la Redistritación Judicial para la Determinación de la Competencia Territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado e invocó preceptos legales para apoyar su porción de jurisdicción por razón de la materia, fuero y grado (139). Cumple con el punto 2) con la sentencia amparatoria, pues mediante diligencia de uno diciembre de dos mil catorce, hizo del conocimiento de la quejosa el contenido de las garantías constitucionales que establecen las fracciones VI y VII, apartado "A", del numeral 20 Constitucional, consistentes en que se le juzgará en audiencia pública y que le serán facilitados todos los datos que solicitó para su defensa y que constaran en el proceso (foja 160). En torno al punto 3) cumple pues precisó correctamente que la denominación del órgano jurisdiccional a su cargo es Juzgado Penal de Etla, Oaxaca (foja 139 vuelta). Cumple con el punto 4) con la sentencia amparatoria, pues motivo la valoración de la querella de las ofendidas a la que confirió valor indiciario, en términos de los artículos 6, 9 y 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado y precisó que dicha querella se presentó ante el ministerio público y reúne los requisitos exigidos por la fracción VI, del artículo 355 del citado ordenamiento legal (foja 141) En cuanto al punto 5) referente a que debía valorar la fe ministerial de lesiones sí cumple con el efecto precisado en la sentencia de amparo, pues le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 354, del Código de Procedimientos Penales del Estado, al reunir los requisitos jurídicos que establecen los artículos 68, 370, 371 y 372 del citado ordenamiento fiscal (foja 142 vuelta). Respecto al punto 6) se advierte que sí cumple con la sentencia amparatoria pues, la responsable eliminó la agravante en el delito de lesiones. En relación al punto 7) relativo a la probable responsabilidad de la inculpada en la comisión del delito de lesiones en relación con las querellas de las ofendidas, cumple con la sentencia amparatoria ya que subsanó los vicios de los que se adolecía la valoración de las querellas, en el capítulo relativo al análisis del cuerpo de delito (foja 144). Relativo al punto 8) cumple al aclarar porque la declaración emitida por Cecilia Martínez Cruz constituye una confesión calificada divisible, pues, manifiesta que la aquí quejosa en ningún momento mencionó a los testigos de descargo, aunado a que de autos no se advierte que a los citados testigos les consten los hechos, pues de la citada declaración de la ofendida no se advierte que hubiere testigos, por lo que se presumió el aleccionamiento de los mismos (foja 146). Atento a las relatadas consideraciones, la tutela constitucional quedó satisfecha, acorde a lo asentado en este proveído; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a la parte quejosa, en términos a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de enero de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la quejosa Cecilia Martínez Cruz y a la parte tercera interesada Aracely Feliciano García y Leydi Pérez López, en proveído de veintitrés de diciembre de este año, a efecto de que manifestaran lo que a sus derechos conviniera en relación con el cumplimiento dado por la responsable a la resolución concesoria dictada por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha resolución. Mediante sentencia dictada en este juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa Cecilia Martínez Cruz, contra el acto que reclamó de la jueza Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Etla, Oaxaca, al detectar los vicios formales siguientes: 1) No fundó su competencia territorial en el Acuerdo General 01/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que aprueba la Redistritación Judicial para la Determinación de la Competencia Territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado, ni invocó precepto legal para apoyar su porción de jurisdicción por razón de la materia, fuero y grado. 2) Omitió hacer saber a la parte quejosa las garantías que establecen las fracciones III y VII, del apartado "A", del numeral 20 Constitucional, esto es, que se le juzgaría en audiencia pública y que le serían facilitados todos los datos que solicitara para su defensa y que constaran en el proceso. 3) No precisó correctamente la denominación del órgano jurisdiccional responsable. 4) No motivó la valoración de la querella de las ofendidas, pues únicamente dijo que reúnen los requisitos previstos en los numerales 8º y 9º del Código de Procedimientos Penales del Estado. 5) No valoró la fe ministerial de lesiones. 6) No estudio el elemento que hizo consistir en que el infractor sea superior al ofendido, por el número de los sujetos activos. 7) Al analizar la probable responsabilidad de la inculpada en la comisión del delito de lesiones en relación con las querellas de las ofendidas incurrió en los mismos vicios de valoración. 8) No dijo porque la declaración emitida por Cecilia Martínez Cruz constituye una confesión calificada divisible. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil catorce (fojas 133 y 134), se declaró que la sentencia dictada en este asunto causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la misma. En cumplimiento a lo anterior, por oficios 5696 y 5863, signado por la jueza Penal de Primera Instancia del distrito judicial de Etla, Oaxaca, remitió copia certificada del auto de formal prisión de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 18/2014, de su índice y de la diligencia de uno de diciembre de dos mil catorce, por la que se hace del conocimiento de la quejosa el contenido de las garantías constitucionales que establecen las fracciones VI y VII, apartado "A", del numeral 20 Constitucional, consistentes en que se le juzgará en audiencia pública y que le serán facilitados todos los datos que solicitó para su defensa y que constaran en el proceso, respectivamente; por tanto, este juzgado procede a examinar de oficio si se acató o no el fallo protector, con base en las constancias que obran en autos. En cuanto al punto 1) cumple con la ejecutoria de amparo ya que fundó su competencia territorial en términos del Acuerdo General 01/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que aprueba la Redistritación Judicial para la Determinación de la Competencia Territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado e invocó preceptos legales para apoyar su porción de jurisdicción por razón de la materia, fuero y grado (139). Cumple con el punto 2) con la sentencia amparatoria, pues mediante diligencia de uno diciembre de dos mil catorce, hizo del conocimiento de la quejosa el contenido de las garantías constitucionales que establecen las fracciones VI y VII, apartado "A", del numeral 20 Constitucional, consistentes en que se le juzgará en audiencia pública y que le serán facilitados todos los datos que solicitó para su defensa y que constaran en el proceso (foja 160). En torno al punto 3) cumple pues precisó correctamente que la denominación del órgano jurisdiccional a su cargo es Juzgado Penal de Etla, Oaxaca (foja 139 vuelta). Cumple con el punto 4) con la sentencia amparatoria, pues motivo la valoración de la querella de las ofendidas a la que confirió valor indiciario, en términos de los artículos 6, 9 y 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado y precisó que dicha querella se presentó ante el ministerio público y reúne los requisitos exigidos por la fracción VI, del artículo 355 del citado ordenamiento legal (foja 141) En cuanto al punto 5) referente a que debía valorar la fe ministerial de lesiones sí cumple con el efecto precisado en la sentencia de amparo, pues le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 354, del Código de Procedimientos Penales del Estado, al reunir los requisitos jurídicos que establecen los artículos 68, 370, 371 y 372 del citado ordenamiento fiscal (foja 142 vuelta). Respecto al punto 6) se advierte que sí cumple con la sentencia amparatoria pues, la responsable eliminó la agravante en el delito de lesiones. En relación al punto 7) relativo a la probable responsabilidad de la inculpada en la comisión del delito de lesiones en relación con las querellas de las ofendidas, cumple con la sentencia amparatoria ya que subsanó los vicios de los que se adolecía la valoración de las querellas, en el capítulo relativo al análisis del cuerpo de delito (foja 144). Relativo al punto 8) cumple al aclarar porque la declaración emitida por Cecilia Martínez Cruz constituye una confesión calificada divisible, pues, manifiesta que la aquí quejosa en ningún momento mencionó a los testigos de descargo, aunado a que de autos no se advierte que a los citados testigos les consten los hechos, pues de la citada declaración de la ofendida no se advierte que hubiere testigos, por lo que se presumió el aleccionamiento de los mismos (foja 146). Atento a las relatadas consideraciones, la tutela constitucional quedó satisfecha, acorde a lo asentado en este proveído; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a la parte quejosa, en términos a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos tres, del tomo XIII, febrero de dos mil uno, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.... EN TERMINOS DEL ART 27, F I, C)

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