CATARINO ARMANDO ZARATE y Otros.
Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 54 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- CATARINO ARMANDO ZARATE y Otros.
- OSCAR DANIEL GARCIA LOPEZ y Otros.
- Oscar Daniel Garcia Lopez
- Catarino Armando Zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que obran las constancias de notificación a las partes de las resoluciones de veintiséis de octubre y diecisiete de noviembre del año en curso, de las cuales, la primera corresponde a la sentencia dictada en estos autos, mientras que, con la segunda, se les corrió traslado con el escrito de expresión de agravios exhibido por los quejosos********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, al haber interpuesto recurso de revisión contra la primera de las mencionadas determinaciones. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, remítase el escrito de interposición de agravios, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que conoció del diverso recurso de revisión remitido en proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno (amparo en revisión 394/2021), para la substanciación del medio de impugnación a que se contrajo la promoción con registro 13211. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, firmado por el autorizado para recibir notificaciones de los quejosos********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, en atención a su contenido se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase el escrito de interposición de agravios al Tribunal que corresponda, para la substanciación del medio de impugnación; y distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios, para los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la tramitación del recurso, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el ad quem tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 496/2020, promovido por ... R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, y ante este Juzgado al día siguiente los quejosos por su propio derecho, en su calidad de trabajadores promovieron juicio de amparo contra los actos y autoridades siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a. Como autoridade ordenadora: El Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa II de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca... b. Como autoridades ejecutoras: i. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. II. Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca... III. Jefe de Recursos Financieros de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca... IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad ordenadora reclamo: la Resolución administrativa de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte, dictada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa II de la Visitaduría General Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. De la autoridad ejecutora reclamo: el cumplimiento que le den a los puntos resolutivos SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte". Actos que estimó violatorio de los artículos 14, 16, y 17, de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de once de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda con el número 496/2020, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; sin que se ordenara emplazar a tercero interesado toda vez que por la naturaleza de los actos reclamados no existe y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante promoción presentada el siete de octubre de dos mil veinte (foja 76 a 87), la quejosa DELFINA JOSÉ SÁNCHES, amplío su demanda inicial contra las autoridades y actos reclamados siguientes: "EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA: a).- Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado. EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA. b).- Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO. Del oficial mayor de la _fiscalía General de Estado de Oaxaca, se reclama: El ilegal oficio FGEO/OM/1912/2020, de siete de septiembre de dos mil veinte, donde me notifica que mi relación administrativa que tengo con la Fiscalía general, concluyó el 30 de septiembre de 2020. Del Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se reclama: a). El ilegal dictamen emitido mediante número FGEO/DAJ/713/2020, dirigido al oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca". Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte (foja 127), los quejosos CATARINO ARMANDO ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MARTÍNEZ CARDOSO, JORGE LUIS GOMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, ampliaron la demanda inicial contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA. a). Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos adscrito a la Visitaduría general de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. EN SU DOBLE ASPECTO, DE ORDENADORA Y EJECUTORA: Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado... Jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO. Del Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos Adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalia General del Estado de Oaxaca: El ilegal acuerdo y/o resolución de conclusión del expediente administrativo de investigación 305(VIS.GRAL)2020 ACUMULADA 306(VIS.FRAL)2020. Del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se reclama: El ilegal oficio que pretende notificarnos donde se indica que nuestra relación administrativa que tenemos con la Fiscalía General ha concluido. Del Jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policíal de la Agencia Estatal de Investigaciones, se reclama: c). El ilegal oficio CGAEI/UACP/A.P./1031/2020, donde se solicita la suspensión de nuestros emulumentos". Mediante escrito de veintitrés de octubre de dos mil veinte (foja 269 a 287), los quejosos CATARINO ARMANDO GARCÍA ZÁRATE, ÓSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO, JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS y DELFINA JOSÉ SANCHES, ampliaron su demanda de amparo, la que se tuvo por admitida en los términos siguientes: "Del Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos Adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: a). El ilegal acuerdo y/o resolución de cancelación de medida cautelar, de nueve de octubre de dos mil veinte, que dictó en el expediente administrativo de investigación 305(VIS.GRAL)2020 ACUMULADA 306(VIS.GRAL)2020, donde se decreta la reactivación de la relación administrativa de CATARINO ARMANDO GARCÍA ZÁRATE y ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO, en términos del artículo 24, fracción XXXVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. b). El ilegal acuerdo y/o resolución de cancelación de medida cautelar, de nueve de octubre de dos mil veinte, que dictó en el expediente administrativo de investigación 305(VIS.GRAL)2020 ACUMULADA 306(VIS.GRAL)2020, donde se decreta el sobreseimiento a JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ y JOSE JUAN SIERRA SANTOS . c). La omisión de ordenar reactivar la relación administrativa de JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ y JOSE JUAN SIERRA SANTOS con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al haberse ordenado la cancelación de la medida cautelar que se nos impuso como Agentes Estatales de Investigación pertenecientes al Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General. Del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se reclama: c). El ilegal oficio FGEO/OM/1818/2020, que refiere que JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, causó baja. d). El ilegal oficio FGEO/OM/1819/2020, que refiere que OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, causó baja. e). El ilegal oficio FGEO/OM/1912/2020, que refiere que DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, causó baja. f).El ilegal oficio FGEO/OM/1816/2020, que refiere que AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, causó baja. g). El ilegal oficio FGEO/OM/1914/2020, que refiere que JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, causó baja. Del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se reclama: h). El ilegal oficio FGEO/URH/1976/2020, de 05 de octubre de 2020, donde se informa que JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ y JOSE JUAN SIERRA SANTOS, fuimos dados de baja por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, los quejosos promovieron ampliación de demanda contra los dictámenes emitidos para dar por terminada la relación de trabajo y los instructivos de notificación; ampliación que fue desechada por extemporánea y quedando firme ese desechamiento mediante resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el recurso de queja interpuesto por los propios quejosos. Seguido que fue el trámite del juicio, bajo el esquema de trabajo establecido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los diversos Acuerdos Generales, emitidos con motivo de la pandemia derivada del virus covid- 19, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos conforme al acta que antecede; y, El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 540 a 559). Inconforme con dicha determinación los quejosos interpusieron recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta población, quien el dos de septiembre de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida para los efectos siguientes: "a) En términos de lo dispuesto por el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, recabe de oficio, las actuaciones procesales consistentes en las copias certificadas de los oficios de baja que los impetrantes del amparo reclamaron como actos destacados en su escrito de ampliación de veintitrés de octubre de dos mil veinte, así como las constancias de notificación respectivas para estar en aptitud de analizar su constitucionalidad, así como la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, y las demás que estime necesarias para la resolución del asunto; y, Emita la resolución que en derecho proceda". Seguido el trámite correspondiente en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del citado pleno; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis y en atención a que se trata de un acto dictado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa II, de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien tiene su competencia en jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que los quejosos CATARINO ARMANDO ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MARTÍNEZ CARDOSO, JORGE LUIS GOMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS Y DELFINA JOSÉ SÁNCHES reclaman: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte dictada por el Agente del Ministerio Público de la Mesa II de la Visitaduría General dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y su ejecución. La quejosa DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, reclama en primera ampliación: Del oficial Mayor de la Fiscalía General el oficio FGEO/1912/2020 de siete de septiembre de 2020, (baja) Dictamen FGEO/DAJ/713/2020. Los quejosos CATARINO ARMANDO GARCÍA ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MARTÍNEZ CARDOSO, JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, reclaman en primera ampliación. 1. Acuerdo o resolución de conclusión del expediente administrativo 305(VIS.GRAL)2020 y acumulada 306(VIS.GRAL)2020. 2. Oficio donde dice que la relación de trabajo con la Fiscalía ha concluido. 3. Oficial CGAEI/UACP/A.P./1031/2020, donde se solicita la suspensión de sus emolumentos. Los quejosos CATARINO ARMANDO ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MARTÍNEZ CARDOSO, JORGE LUIS GOMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS Y DELFINA JOSÉ SÁNCHES, reclaman en segunda ampliación. Resolución de cancelación de medida cautelar de nueve de octubre de 2020, en la que se decreta la reactivación de la relación administrativa de CATARINO ARMANDO GARCÍA ZARATE Y ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO; así como el sobreseimiento del juicio a JORGE LUIS GOMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS; como consecuencia la omisión de reactivar a dichos quejosos su relación laboral. Los oficios FGEO/OM/1818/2020, FGEO/OM/1819/2020, FGEO/OM/1912/2020, FGEO/OM/1816/2020, FGEO/OM/1914/2020, que refieren que los quejosos JORGE LUIS GOMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS; han causado baja. Oficio FGEO/URH/1976/2020, de cinco de octubre de dos mil veinte donde se informa que los quejosos JORGE LUIS GOMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, fueron dados de baja por el Oficial Mayor de la Fiscalía Generald el Estado de Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Resultan inexistentes los actos reclamados en primera ampliación (fojas 127 a 137) por CATARINO ARMANDO ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MARQUEZ CARDOSO, JORGE LUIS GOMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS consistentes en: Del Agente del Ministerio Público de la Mesa II, adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el acuerdo o resolución de conclusión del expediente administrativo de investigación 305/VIS(GRAL)2020. Del oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el oficio que pretende notificarlos que su relación laboral con la Fiscalía General concluyó (foja 128). Del Jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, el oficio CGAEI/UACP/A.P./1031/2020, donde se solicita la suspensión de sus emolumentos. Es así, porque de las constancias de autos se advierte que en la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 239 a 243), que existe no se concluyó el procedimiento administrativo, pues al respecto la responsable expresó: ".una medida cautelar no podrá mantenerse durante más de causa imputable al Miembro del Servicio instruido, lo cual actualiza en este momento, en virtud de que en la actualidad no se ha concluido el expediente, pues en la presente época nos encontramos aún en etapa de investigación, lo cual evidentemente no es causa imputable a los investigados.con fundamento en lo previsto en el artículo 274 párrafo segundo última parte del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, se levanta la medida cautelar impuesta." (.) Por otra parte, los ciudadanos Catarino Armando García Zárate y Ernesto Márquez Cardoso, ambos Agentes Estatales de Investigación, posterior a los trámites administrativos.deberán de presentarse ante el titular de la coordinación de la Agencia Estatal de Investigaciones de esta Institución, para efectos de que asigne las funciones que tengan que desempeñar en el cargo que ostentan en la actualidad (Agentes Estatales de Investigación) (foja 242 y vuelta). Lo resaltado no es de origen De igual forma, resulta inexistente el oficio CGAEI/UACP/A.P./1031/2020 (fojas 118) reclamado, en virtud de que en el oficio que reclama no se solicita suspensión de emolumentos, sino está dirigido al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, y se le informa sobre las irregularidades en el servicio por parte de los ahora quejosos; por tanto, no existe el oficio así reclamado (solicitud de suspensión de emolumentos). Como se ve, no existe la resolución y los oficios reclamados; por lo tanto, al no existir los actos a que se refiere este considerando, SE SOBRESEE el juicio respecto de los actos y autoridades citadas. Sirve de apoyo al efecto, la jurisprudencia número 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del año 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Materia Común, página 236. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable a lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." (visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, Tomo XV, Novena Época, Materia Común). En esos términos, SE ACTUALIZA el supuesto establecido en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS REPROCHADOS a las referidas entidades públicas. CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Respecto al acto reclamado en demanda inicial por CATARINO ARMANDO ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MARQUEZ CARDOSO, JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS Y DELFINA JOSÉ SANCHES; consistente en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en que la autoridad responsable determina la suspensión de su empleo sin goce de sueldo. El Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa II, de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado (registro 8383), aceptó la existencia del acto reclamado. El Oficial Mayor (registro 8323) y Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (registro 8322), de la Fiscalía General de Justicia del Estado, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, realizan manifestaciones que evidencian su certeza, por tanto, se tiene como cierta la resolución reclamada. Por otra parte, el Jefe de Recursos Financieros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte (foja 67), por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la mesa II adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, hizo valer la causa de improcedencia prevista la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha causa de improcedencia se torna infundada, dado que dicha autoridad responsable solo se limita a mencionarla sin hacer razonamiento alguno del porqué de actualiza esa causa de improcedencia. Sin embargo, este juzgador advierte de oficio, que en el caso, respecto de los quejosos CATARINO ARMANDO GARCÍA ZARATE Y ERNESTO MARQUEZ CARDOSO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, por cesación de efectos, por sustitución procesal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). En concordancia con lo expuesto, se cita la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 1491 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En relación con el mismo tópico conviene precisar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte a través de la instancia constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Ahora bien, la actualización de la hipótesis de improcedencia en comento, encuadra al caso particular, toda vez que, los quejosos se duelen de la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en la que fueron suspendidos provisionalmente del miembro del Servicio sin goce de sueldo (fojas 88 a 101). Sin embargo, mediante resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el procedimiento de origen, la autoridad responsable determinó en la parte que interesa lo siguiente: "...en base a lo que dispone el artículo 271 del Reglamento del Servicio de Carrera para esta Institución en la que refiere que una medida cautelar puede ser decretada en cualquier etapa de procedimiento, de manera oficiosa mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, en atención a su pertinencia para garantizar la operatividad de la función pública que presta la Fiscalía General, así como la sujeción del Miembro del Servicio al procedimiento, cuya imposición o aplicación no preguzga sobre la responsabilidad del personal a quien se le instruye, por lo tanto, y de igual manera, podrá ordenarse que se levanten mediante acuerdo fundado y motivado y motivado en cualquier etapa del procedimiento, por lo tanto, para efectos de atender lo ordenado por el Juez Octavo de Distrito respecto al considerando segundo, mediante el cual resuelve conceder la suspensión definitiva para efecto de que no se les prive a los quejosos de sus emolumentos como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de veintisiete de agosto del año en curso y notificada el mismo día y sin entrar a los argumentos y fundamentos que aduce en la sentencia, es necesario tomar en consideración lo previsto en el mismo artículo 274 del reglamento(sic) párrafo segundo del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, que dispone que una medida cautelar no podrá mantenerse durante más de noventa días hábiles sin que se concluya el procedimiento y esto no sea causa imputable al Miembro del Servicio instruido, lo cual actualiza en este momento, en virtud de que en la actualidad no se ha concluido el expediente, pues en la presente época nos encontramos aún en etapa de investigación, lo cual evidentemente no es causa imputable a los investigados, en virtud de que a la fecha se encuentran pendientes diligencias por desahogar, por lo tanto con fundamento en lo previsto en el artículo 274 párrafo segundo última parte del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, se levanta la medida cautelar impuesta a los ciudadanos JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, CATARINO ARMANDO GARCÍA ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, DANIEL MENDEZ TRUJILLO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, en su calidad de Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. SEXTO.- DE LAS CONSECUENCIAS DE LA CANCELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Como consecuencia del apartado que inmediatamente antecede, en términos del artículo 24 fracción XXXVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dese aviso a Oficialía Mayor, para efectos de que establezca las medidas administrativas suficientes y necesarias que permitan reactivar la relación administrativa de los ciudadano Catarino Armando García Zárate y Ernesto Márquez Cardoso, ambos Agentes Estatales de Investigación, dependientes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca." En ese orden de ideas, debe decirse que esta última determinación, emitida el nueve de octubre de dos mil veinte; sustituyó la diversa de veintisiete de agosto de dos mil veinte, que suspendió provisionalmente a los quejosos sin goce de sueldo. Lo anterior, conduce a concluir que la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, no puede ser motivo de análisis en este juicio constitucional, toda vez que, cesó en sus efectos por sustitución procesal, con motivo de la diversa emitida el nueve de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. RESPECTO AL ACTO RECLAMADO por los quejosos OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE Y SU EJECUCIÓN. Se estima ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, por cambio de situación jurídica prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. El cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio compuesto por diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; se presenta cuando habiéndose cumplimentado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En efecto, de las constancias que obran en copia certificada relativas al expediente administrativo 305/VIS/GRAL.)2020, y ACUMULADO 306/GRAL.)2020, de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Visitaduría General dependiente de la Fiscalía General del Estado, se advierte que el nueve de octubre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Visitaduría General dependiente de la Fiscalía General del Estado emitió resolución en la que declaró el sobreseimiento respecto de los quejosos JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, DANIEL MÉNDEZ TRUJILLO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, pues al respecto dijo: ".mediante oficio número FGEO/URH/1976/2020, de fecha 05 de Octubre del 2020, firmado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de ésta Institución y del cual refiere que por lo que hace a los ciudadanos JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, como Agente Estatal de Investigaciones, causó baja a partir del 30 de septiembre del presente año, por término de relación administrativa, mediante oficio número FGEO/OM/1818/2020; OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, como Agente Estatal de Investigaciones, causó baja a partir del 30 de septiembre del presente año, por término de relación administrativa, mediante oficio número FGEO/OM/1819/2020; DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, como Agente Estatal de Investigaciones, causó baja a partir del 30 de septiembre del presente año, por término de relación administrativa, mediante oficio número FGEO/OM/1912/2020; DANIEL MÉNDEZ TRUJILLO, como Agente Estatal de Investigaciones, causó baja a partir del 30 de septiembre de presente año, por término de relación administrativa, mediante oficio número FGEO/OM/1817/2020; AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, como Agente Estatal de Investigaciones, causó baja a partir del 30 de septiembre del presente año, por término de relación administrativa, mediante oficio número FGEO/OM/1816/2020; JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, como Jefe de Grupo, causó baja a partir del 30 de septiembre del presente año, por término de relación administrativa, mediante oficio número FGEO/OM/1914/2020". En las anteriores condiciones, es inconcuso que respecto de los actos reclamados por los quejosos en su escrito inicial de demanda, resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte y su ejecución, han quedado consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, puesto que de resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, se afectaría la nueva situación jurídica surgida con la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, en la que se levantó la suspensión provisional que se había decretado en perjuicio de los quejos y se decretó el sobreseimiento en virtud de que causaron baja el treinta de Septiembre de dos mil veinte, como Agentes Estatales de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese orden de ideas, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de los actos reclamados, quien resuelve se encuentra imposibilitado para abordar el examen de los conceptos de violación expresados; tal como lo establece la jurisprudencia número 509, publicada a fojas 335, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En esas condiciones, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por último, respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada en el expediente administrativo de investigación 305(VIS.GRAL)2020, y su acumulada 306(VIS.GRAL)2020, el nueve de octubre de dos mil veinte, donde se decretó la baja de los quejosos como Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado (fojas 269 a 287). SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, en virtud de que no se trata de la resolución definitiva en el procedimiento administrativo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, de la propia ley. Esto es así, pues los citados preceptos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y" b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del contenido de dichas porciones legales, se advierte: 1) Que la improcedencia del juicio de amparo tiene fuentes distintas a las expresamente previstas en la Ley de Amparo, siendo tales las previstas en la Constitución Federal, e incluso, derivado de la interpretación de dichos cuerpos normativos, la propia jurisprudencia como ejercicio jurídico interpretativo legitimado legalmente para tal fin; 2) Que el juicio de amparo biinstancial se puede enderezar en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es decir, aquéllos que sin provenir de una autoridad jurisdiccional con el rigor y las pautas procedimentales que ésta exige; conllevan pautas formales mínimas de debido proceso legal a cargo de la autoridad administrativa (garantía de audiencia, oportunidad de rendir pruebas, alegar, obtener una sentencia y en su caso, impugnarla a través de un recurso accesible, sencillo y efectivo); 3) Que el reclamo de dichos actos se puede verificar en dos oportunidades, a saber: I. Durante el procedimiento, siempre que traigan afectaciones de imposible reparación, entendiéndose como tales las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (parámetro de regularidad constitucional), y II. Al recaer la resolución definitiva, ya sea que se reclamen las violaciones cometidas en ella, o bien, las que se consideren cometidas durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Los artículos 284, 285, 286, 287, y demás relativos del Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, establecen la etapa de investigación, previa al inicio del procedimiento. En el caso en estudio, tenemos que la resolución reclamada de nueve de octubre de dos mil veinte, reclamada por los quejosos CATARINO ARMANDO ZARATE Y ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO, se encuentra en la etapa de investigación, pues así se desprende de la propia resolución: ".una medida cautelar no podrá mantenerse durante más de causa imputable al Miembro del Servicio instruido, lo cual actualiza en este momento, en virtud de que en la actualidad no se ha concluido el expediente, pues en la presente época nos encontramos aún en etapa de investigación, lo cual evidentemente no es causa imputable a los investigados.con fundamento en lo previsto en el artículo 274 párrafo segundo última parte del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, se levanta la medida cautelar impuesta." (.) Por otra parte, los ciudadanos Catarino Armando García Zárate y Ernesto Márquez Cardoso, ambos Agentes Estatales de Investigación, posterior a los trámites administrativos.deberán de presentarse ante el titular de la coordinación de la Agencia Estatal de Investigaciones de esta Institución, para efectos de que asigne las funciones que tengan que desempeñar en el cargo que ostentan en la actualidad (Agentes Estatales de Investigación) Empero como esta etapa se encuentra previa al inicio de procedimiento, dado que no ha determinado si inicia o no procedimiento en contra de los quejosos, resulta improcedente el juicio de garantías contra esta resolución reclamada. Sin que pueda estimarse que la resolución reclamada afecten derechos sustantivos, como lo prevé el propio artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues para determinar la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos de imposible reparación dentro de juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, el Pleno del Máximo Tribunal del País en la Jurisprudencia P./J. 146/2000, de rubro: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, p. 20. IUS. 190661, se basa en la distinción hecha entre derechos sustantivos y derechos adjetivos, siendo los primeros aquellos referentes a la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros, los cuales, de llegar a transgredirse, su afectación no sería susceptible de repararse, aun en la hipótesis de obtener sentencia favorable en el procedimiento de origen, por haberse consumado irreparablemente una violación a esas prerrogativas inherentes a las personas. Por consiguiente, los actos administrativos como el aquí reclamado, inician con la actividad de la autoridad y concluye con la resolución que da inicio al procedimiento, tienen una ejecución de imposible reparación, únicamente cuando afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales indicados, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones; máxime que en el caso, en dicha resolución la autoridad canceló la suspensión temporal que había dictado para que los quejosos fueran suspendidos provisionalmente de su empleo sin goce de sueldo y ordenó que se reincorporaran a sus labores. En ese sentido, como ya se precisó, la emisión y ejecución de la resolución reclamada, no causa perjuicio alguno a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues la misma fue emitida en atención a que les fue concedida a los quejosos la suspensión definitiva para el efecto de que no le fueran descontados sus emolumentos; por tanto, dicha resolución fue emitida para cancelar la suspensión temporal del empleo de los quejosos y dejar de descontarle sus emolumentos; sin que tal actuar ocasione daño o perjuicio alguno a sus derechos sustantivos, sino que contrario a ello, es un actuar por parte de la responsable para dejar sin efectos las actuaciones que sí ocasionaron perjuicio en su esfera jurídica y proceder a subsanarlas, actuando conforme a lo establecido en la legislación aplicable. En abundancia de argumentos, la resolución reclamada encuadra en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa (como sí ocurre con los actos definitivos o resolutorios), sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, será en el presente caso, el inicio del procedimiento de responsabilidad. Ahora, como se mencionó en párrafos precedentes, la irrecurribilidad de dicho acto no constituye un dominio soberano de la responsable que resulte inmune a los medios de defensa legales, o al propio control constitucional, por el contrario, está sujeto a las normas aplicables y al estándar de constitucionalidad, siempre bajo reglas operativas de procedencia, es decir, la inimpugnabilidad a través del juicio de amparo indirecto no se trata de una regla absoluta sino de una regla de orden, pues aquéllas podrán ser impugnables durante el procedimiento y sin necesidad de esperar la resolución definitiva, siempre y cuando los actos lesivos sean de imposible reparación, entendiendo por estos, los que afectan derechos sustantivos en los términos precisados en acápites precedentes. En ese tenor, si se toma en consideración que la resolución reclamada que se controvierte en esta vía constitucional, no contienen afectaciones de imposible reparación, es decir, que vulneren derechos sustantivos de la parte quejosa; es inconcuso que no se surten las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto por lo que hace al acto reclamado en análisis. Es aplicable, la tesis aislada II.1o.4 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la página 2921 del Libro 11, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2014, Décima Época, materia común, con número de registro 2007780, que establece: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la referida Ley de Amparo; se impone SOBRESEER en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Aunado a ello, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es factible verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1028, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 708 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, con número de registro 394984, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." SEXTO.- Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión de este asunto, se tiene los siguientes antecedentes. a). El veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, se inició el expediente de investigación 305(VIS.GRAL)2020, contra CATARINO ARMANDO ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO Y JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, por considerarlos probables infractores al régimen disciplinario. b). El veintidós de agosto de dos mil veinte, se inició el expediente de investigación 306/VIS.GRAL./2020, en contra de DANIEL MÉNDEZ TRUJILLO, por considerar posible quebrantamiento al régimen disciplinario. c). El veintiséis de agosto de dos mil veinte, los expediente señalados fueron acumulados y se siguió la investigación contra JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, CATARINO ARMANDO GARCÍA ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, DANIEL MÉNDEZ TRUJILLO, AHUIZOLT TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, en su calidad de Agentes Estatales de Investigación. d). El veintisiete de agosto de dos mil veinte, la autoridad responsable decretó la medida cautelar dentro del expediente 305/VIS.GRAL/2020 y acumulado 306/VIS.GRAL/2020, consistente en la suspensión de labores sin goce de sueldo. e). En resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, se canceló la medida cautelar impuesta a JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, CATARINO ARMANDO GARCÍA ZARATE, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO MÁRQUEZ CARDOSO, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, DANIEL MÉNDEZ TRUJILLO, AHUIZOLT TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, y se decretó la baja de cada uno de los trabajadores aquí quejosos. Resolución que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: No se les dio la garantía de audiencia, pues no fueron requeridos para que ofrecieran pruebas en el procedimiento. Que corresponde al Consejo Local de Profesionalización del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, inicia, substanciar y resolver el procedimiento administrativo, por infracción al régimen disciplinario para efectos de la imposición de la sanción. Que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación. Que no se le está administrando justicia, sino al contrario se le pretende desposeer de sus bienes. Ahora bien, los impetrantes del amparo en su demanda de garantías alegan en esencia, que se trasgredieron sus derechos fundamentales, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad incompetente; que la resolución carece de fundamentación y motivación, al haber sido separados del cargo que ostentaba sin causa alguna y sin que se le haya instaurado el procedimiento administrativo previsto en la ley, en el que le fueran informados de las causas de dicha separación. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos respecto al acto reclamado por los quejosos JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, DANIEL MÉNDEZ TRUJILLO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS consistente en la resolución dictada en el expediente administrativo de investigación 305(VIS.GRAL)2020, y su acumulada 306(VIS.GRAL)2020, el nueve de octubre de dos mil veinte, donde se decretó la baja de los quejosos como Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Es así, en virtud de que los artículos 21, fracción IX, y 31, fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se advierte que la Visitaduría General tiene competencia, entre otros, para iniciar, investigar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos en contra del personal de confianza y de los miembros del Servicio conforme a las disposiciones aplicables y el Reglamento. En tanto que en el artículo séptimo transitorio del Reglamento del Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General del Estado, se precisa que los procedimientos administrativos tanto de responsabilidad o permanencia que surjan posteriormente de la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán continuar siendo tramitados ante la Visitaduría de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, hasta que lo determine el plan de implementación gradual que acuerde el Consejo. En esas circunstancias, contrariamente a lo que señala el quejoso, a la fecha de la emisión del acto reclamado no existe el plan de implementación gradual citado por lo que de conformidad con el artículo transitorio en cuestión, la competencia corresponde a la Visitaduría; máxime que en el caso, la baja de los aquí quejosos se debió a la culminación de su nombramiento y no debido a un procedimiento de permanencia o responsabilidad. Por otra parte, debe establecerse que la relación de prestación de servicios que mantenían los quejosos del amparo con las autoridades responsables, se rige por las disposiciones en materia administrativa de seguridad pública, de conformidad a la excepción contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: [.] B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. [.]' Como se desprende del texto constitucional, las relaciones laborales de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público y miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; asimismo, dichos elementos podrán ser separados de su cargo, entre otras cuestiones, por no cumplir los requisitos de permanencia, conforme a los requisitos establecidos en las leyes vigentes al momento del acto, o removidos por incurrir en responsabilidad. En esos casos, de estimarse injustificada la separación, remoción, baja o cualquier forma de terminación del servicio, sólo se pagará la indemnización y demás prestaciones, sin que proceda la reincorporación del elemento. De ahí que en relación con la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte en la que tomando en consideración la conclusión de sus nombramientos decretó la baja de los aquí quejosos, es aplicable la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, conforme a la excepción constitucional antes mencionada. Luego, de los artículos 27, 28 y 29 de dicho ordenamiento, se desprende lo siguiente: "Artículo 27. La Fiscalía General contará con agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y facilitadores, así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos de las disposiciones aplicables. Los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación, peritos y facilitadores, podrán ser de designación especial y no ser miembros del Servicio, en términos del capítulo VII del presente Título. Artículo 28. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General, los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación y los peritos que formen parte del Servicio, serán de carácter administrativo y se regirán por lo dispuesto en la fracción XIII apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, en la Ley General, en la presente Ley Orgánica, en el Reglamento del Servicio y en las demás disposiciones aplicables. Si la separación o remoción del Servicio fuera injustificada, la Fiscalía General sólo estará obligada a pagar indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación. En el caso de los facilitadores de la Fiscalía General, formarán parte del Servicio a que alude la presente Ley Orgánica, salvo los que sean nombrados por designación especial. (Artículo reformado mediante decreto número 755, aprobado el 8 de noviembre del 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 24 de enero del 2018) Artículo 29. En atención a la naturaleza de las funciones que tiene a su cargo la Fiscalía General, los demás servidores públicos distintos a los señalados en el artículo 28 de esta Ley Orgánica que presten sus servicios en la misma, incluyendo al personal de designación especial, serán considerados trabajadores de confianza para todos los efectos legales, por lo que únicamente gozarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y el personal a que se refiere este artículo serán de carácter laboral, por lo que cualquier controversia relacionada con la protección al salario y los beneficios de seguridad social que se suscite con motivo de dicha relación será resuelta por las instancias competentes, conforme a las disposiciones aplicables". Artículo 37. En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento por designación especial, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que refiere el Capítulo IX del Título Tercero de esta Ley Orgánica". De lo antes inserto se desprende, que la relación jurídica entre la Fiscalía General del Estado y los quejosos Agente Estales de Investigación es de carácter administrativo. De ello se colige que resulta infundado lo aducido por los quejosos, atinente a que su separación del cargo carece de legalidad al no encontrarse debidamente fundado y motivado, de los oficios por el que se les notificó su baja como Agentes Estatales de Investigación, aunado a ser separados del cargo que ostentaban sin que se le hubiera instaurado procedimiento alguno, y sin que se hubiera emitido una resolución fundada y motivada en que se determinara su baja. Empero, según se desprende de actuaciones, la razón de la no permanencia de los quejosos en el cargo que detentaban, obedece a la culminación de su nombramiento por tiempo determinado, en virtud de que era un nombramiento de confianza por ejemplo el correspondiente a OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ era empleado de confianza interino por seis meses, expedido el veintiocho de febrero de dos mil siete; el de JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, es nombramiento de confianza por designación especial por tres meses y fue expedido el uno de julio de dos mil dieciséis; AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ, es nombramiento interino por dos meses, expedido el uno de noviembre de dos mil quince; JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS, es nombramiento de confianza interino por tres meses; DELFINA JOSÉ SANCHEZ, nombramiento de confianza por designación especial por tres meses, emitido el uno de abril de dos mil veinte; como se acredita con las copias que los propios quejosos anexaron a su demanda; documentos que fueron emitidos por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, autoridad competente para ello, de conformidad con el artículo 24, fracción X, del Reglamento de la Ley Orgánica de citada Fiscalía. Desde esa perspectiva, no puede estimarse injustificada la baja de que fueron objeto los quejosos, pues ello obedeció a la terminación del nombramiento correspondiente, el cual no fue combatido durante su vigencia, pues con exceso está vencido el término para el que se expidieron, ya no genera más derecho alguno, por lo que la autoridad responsable puede no renovar el nombramiento, sin necesidad de instaurar algún procedimiento al respecto. Por tanto, es necesario precisar que con ese tipo de nombramientos, se logra una de las finalidades constitucionales de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, antes citado, como es excluir a los servidores públicos mencionados en dicha fracción de la mayoría de los derechos laborales de los trabajadores del Estado: Derecho a la estabilidad, derecho a la inamovilidad, a la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo, entre otros. Lo anterior, excluye la posibilidad de considerar que la dependencia estatal de seguridad pública debe otorgar obligadamente nombramientos definitivos o de base; y si, por el contrario, el texto de los numerales 27, 28, 28 y 37 citados, lleva imbíbita la facultad de otorgar nombramientos por tiempo determinado. Lo anterior aunado a que en el supuesto previsto por el artículo 37, que es claro en establecer que en cualquier momento se puede dar por terminado el nombramiento sin necesidad de inicio de procedimiento alguno; luego, la conclusión del nombramiento se produce por la "terminación del mismo", pues tiene un factor de temporalidad, lo que implica que el nombramiento por tiempo determinado -por su naturaleza misma de acto administrativo condicionado-, se encuentra revestido de legalidad en cuanto a la facultad de la institución que lo expide en esos términos. Considerar lo contrario, implicaría que ese primer supuesto del numeral 37, carecería de entidad y de razón de ser, al establecer la conclusión de un nombramiento por "terminación" del mismo; puesto que esa terminación presupone, necesariamente, la existencia previa de un nombramiento por tiempo determinado, expedido por el órgano facultado para ello; nombramiento que aceptaron en su momento los quejosos. Sin que para ello sea necesario considerar el resultado de los dictámenes o la instauración o no de un procedimiento administrativo, aplicables a los casos en que el cese es el motivo de separación del cargo, durante la vigencia del nombramiento, ya que ello, no ocurre en el caso en estudio, pues la conclusión de la relación entre las partes, obedece a la terminación del nombramiento de los quejosos. De ahí entonces que a la terminación de un nombramiento por tiempo determinado, no es posible reclamar que a la conclusión de éste, debe otorgarse un nombramiento de base, ya que los policías carecen de varios derechos laborales, entre ellos, el de la estabilidad en el empleo, regularmente considerado como adquirido; máxime que en el caso, fue nombramiento por tiempo determinado. En ese orden de ideas, los elementos de las instituciones de seguridad pública del Estado de Oaxaca no pueden reclamar afectación a derechos adquiridos por nombramientos, ya que no les asisten derechos, como la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de éste con motivo de la terminación del plazo para el que fueron designados, máxime que la causa de conclusión del servicio por terminación del nombramiento, se encuentra prevista en el artículo 37 que refiere en cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento por designación especial, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento a que refiere el Capítulo IX del Título Tercero de esta Ley Orgánica. Sirve de apoyo al efecto, por lo que informa, la Tesis aislada III./o. A. 24 A (10ª.), visible en la página 2552, del libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., Décima Época, registro 2016856, que dice: "ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO PUEDEN RECLAMAR AFECTACIÓN AL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la relación jurídica entre un ente estatal y los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, es distinta a la de los trabajadores al servicio del Estado, ya que no es laboral, sino administrativa, lo cual tiene su fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es coincidente con los principios del derecho internacional, el cual se ha ocupado ampliamente del trato innovador que modernamente se dispensa a esos servidores públicos. Ahora, derivado de las reformas a esa disposición constitucional, se plasmó la concepción del acto condición, como aplicable a los nombramientos de estos cuatro grupos de servidores públicos, en cuyo contexto, debe considerarse que los policías carecen de varios derechos laborales, entre ellos, el de la estabilidad en el empleo, regularmente considerado como adquirido. Por tanto, los elementos de las instituciones de seguridad pública del Estado de Jalisco no pueden reclamar afectación a derechos adquiridos en su nombramiento, como lo es la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de éste, con motivo de la terminación del plazo para el que fueron designados, máxime que esta causa de conclusión del servicio se encuentra prevista en el artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para dicha entidad federativa." En las condiciones anotadas, cuando el nombramiento es por tiempo determinado, como en la especie, su conclusión opera por el simple transcurso del término establecido en el nombramiento, lo cual justifica la terminación, sin responsabilidad para el Estado ni para el elemento de seguridad pública, ni es necesaria la instauración de procedimiento alguno, por los motivos especiales que rigen los nombramientos de los elementos de seguridad pública a que se ha hecho referencia. Por tanto, los actos reclamados consistentes, básicamente, en la terminación del nombramiento otorgado el uno de julio del dos mil dieciséis, por el término de seis meses, sin llevar a cabo el procedimiento respectivo, no conculca en perjuicio de los quejosos, derecho humano alguno; sin que la continuidad del nombramiento otorgado, provoque adquisición de derechos o inamovilidad, ya que el nombramiento solo tiene vigencia por la temporalidad especificada en el mismo, debido a las peculiaridades de los nombramientos de los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado; máxime que fue por designación especial. Sirve de apoyo al efecto, la Jurisprudencia 1ª./J. 104/2010, con registro digital 163055, visible en la página 371, del tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Primer Sala, Novena Época, materia administrativa, cuyos rubros y textos son los siguientes: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO "ACTOS CONDICIÓN". Los nombramientos a cargos públicos, como los de Policía Federal Ministerial, representan actos administrativos condicionados, también conocidos como "actos condición", en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato, porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. Por ende, se trata de actos diversos en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del acto administrativo del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, de manera que esta modalidad representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona necesariamente con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordina tanto el valor como la subsistencia del acto. Por tanto, los nombramientos de los agentes policiales, siendo actos condición, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo esa expulsión el fin constitucional perseguido con la introducción de esa regulación, concretada mediante el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, en cuya exposición de motivos se mencionó que era necesario establecer bases constitucionales para un régimen protector de los empleados al servicio del Estado en términos semejantes -no iguales- a los previstos en el apartado A, por una parte, pero con la precisión, por la otra, de que de dicho estatus se haría la exclusión expresa de cuatro grupos: militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, lo que a la fecha permanece a pesar de las reformas constitucionales posteriores." En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación previamente examinados, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados a los quejosos JORGE LUIS GÓMEZ FRANCO, OSCAR DANIEL GARCÍA LÓPEZ, DELFINA JOSÉ SÁNCHEZ, DANIEL MÉNDEZ TRUJILLO, AHUIZOTL TORIBIO LÓPEZ Y JOSÉ JUAN SIERRA SANTOS. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ..., en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra los actos y autoridades señaladas en el considerando sexto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, remite la copia certificada que le fuera requerida en proveído de nueve del mes actual. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. En ese contexto, atento a lo acordado en el presente proveído y a efecto de que las partes se impongan de dicho informe y su anexo, con el objeto de no hacer nugatorios sus derechos, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con ocho minutos del seis de octubre próximo, fijándose las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. ... Finalmente, visto el estado actual de los autos, y advirtiéndose de los mismos que el volumen de las constancias que lo integran ya no permiten su fácil manejo y consulta, por tanto, se ordena formar el tomo II de este juicio de amparo, a partir del próximo acuerdo que recaiga en el mismo. NOTIFÍQUESE.
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