Ceberina Pérez Escobar
Expediente 1106/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ceberina Pérez Escobar
- Juez Segundo de Primera Instancia, ciudad
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la quejosa, la determinación que dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa Ceberina Pérez Escobar, mediante el cual da cumplimento al requerimiento que se le hiciera por proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo que presentó contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Al respecto se acuerda: FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número I.6o.C.J/19, sustentada por la Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO. Es pertinente precisar el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional, como enseguida se realiza: Auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se le requiere de pago, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número 1566/2016/X, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. La resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se aprueba la planilla de liquidación de capital e intereses moratorios, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1566/2016/X, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMDO CONSISTENTE EN EL AUTO DE CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE . En la especie, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. (...) .Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo subrayado es propio) La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Por otro lado, el artículo 107, fracción IV, establece que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos supuestos, a saber: 1. Cuando el peticionario del amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional; o bien, 2. Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. Respecto al punto 2 (actos de ejecución de sentencia), el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como esta: a) Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, b) Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Amparo en el que podrá reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". También tiene aplicación por su contenido la jurisprudencia número I.13o.T.J/10 (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." (Lo subrayado es propio) De igual forma, se cita por su contenido la jurisprudencia número PC.XVIII.J/10L (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, de rubro y texto siguiente: AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. (Lo subrayado es propio) Cabe precisar que se han establecido algunas excepciones al criterio general referido, como es el caso de los actos dictados después de concluido el juicio, que tienen autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; verbigracia, dentro de éstos actos se encuentran la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También constituye una excepción la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual forma, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. La amplitud de la norma contenida en la fracción V del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV de dicho precepto, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas encuentran sustento en la tesis I.3o.C.51K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. (Lo subrayado es propio) Con base en el criterio anterior, se puede concluir que el juicio de amparo también procede contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. Expuesta la anterior premisa legal, y antes de analizar lo relativo al acto que en esta vía reclama, resulta necesario destacar los antecedentes de dicho acto, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo a su emisión. 1. Por escrito de presentado en la oficialía de partes el once de noviembre de dos mil catorce, Raúl Martínez Muñoz, en su carácter de administrador único de Impulsora Veracruzana de Materiales y Equipos para la Construcción, sociedad anónima de capital variable, demandó a la aquí quejosa, el pago de la cantidad de $218,103.56 (doscientos dieciocho mil ciento tres pesos 56/100 moneda nacional). 2. Seguida la secuela procesal, en veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se emitió sentencia, causando ejecutoria, aperturándose la sección de ejecución, y por escrito de cuatro de junio del mismo año, exhibieron planilla de liquidación de capital e intereses moratorios, la cual fue aprobada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $577,974.01 (quinientos setenta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 01/100 moneda nacional). 3. Mediante auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a la aquí quejosa de manera personal del pago de la suerte principal y de los intereses moratorios, el cual fue ejecutado el trece de noviembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, resulta inconcuso que el acto reclamado fue emitido dentro de la ejecución de la sentencia condenatoria, ya que como se observa en los antecedentes del ato reclamado, el impetrante manifestó que la autoridad responsable por acuerdo de cinco de febrero del presente año, emitido en la sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil número 1566/2016/X, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, se ordenó requerir de pago de la suerte principal y de los intereses moratorios. Por ende, se concluye que el acto reclamado consistente en el proveído de cinco de febrero del año en curso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número 1566/2016/X, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; no se trata de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el acto impugnado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de ese controvertido, puesto que no es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, sino que se trata de una determinación encaminada a cumplir con la citada resolución. Además de que no es un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues con dicha determinación se busca cumplir con lo que se le condenó a Ceberina Pérez Escobar, aquí quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.389, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito Materia Civil, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo; por lo que SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA QUE SE APRUEBA LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CAPITAL E INTERESES MORATORIOS, EMITIDA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 1566/2016/X, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. En el caso, quien esto juzga estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a). Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b). Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c). Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Ahora, de acuerdo a lo expuesto por quien formula la demanda de amparo, el acto reclamado se emitió dentro de un procedimiento, ya que se dictó en el juicio ejecutivo mercantil 1566/2016, en el que el quejoso fue parte demandada y condenado al pago de la suerte principal y de los intereses moratorios; por tanto, es inconcuso que no se ubica en el supuesto de excepción "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", a que se refiere la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo y tampoco se aprecia que se encuentre en alguna de las hipótesis a que se refiere tal dispositivo legal. En ese tenor, el plazo para la presentación de la demanda de amparo que ahora se intenta, debe obedecer al de quince días. Acotado lo anterior, debe desecharse de plano la demanda de amparo toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que éste no se promovió dentro de los quince días siguientes en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto combatido, como enseguida se explicara. En primer lugar, debe acudirse al contenido del artículo 1075 del Código de Comercio, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1075.- Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido." El artículo transcrito establece cuando surten sus efectos las notificaciones en materia mercantil. Apuntado lo anterior, de las constancias que anexó la parte quejosa, quien es parte en el juicio de origen, se advierte que la resolución combatida, se ordenó notificarse por lista de acuerdos a las partes, efectuándose dicha notificación ese mismo día. De modo que, existe prueba plena de que la quejosa se haya impuesto del acto reclamado, en virtud de que como se advierte de autos, es parte en el juicio natural y fue notificado por lista de acuerdos del acto reclamado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, surtiendo sus efectos el día siguiente, por lo que, el término para presentar la demanda de amparo inició el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Así, resulta inconcuso que el término para promover la demanda de amparo transcurrió en demasía, pues el impetrante de amparo pretendió combatir dicha determinación en amparo hasta el seis de diciembre de dos mil diecinueve; por ende, es indudable que la presentación de la misma resulta en extemporánea, pues el término legal empezó a transcurrir el día diecisiete de septiembre del año próximo pasado, por ende, el término concluyó el cinco de octubre del mismo año, ello considerando como días inhábiles el veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, por ser sábados y domingos. Sirve de apoyo la jurisprudencia VIII.2o. J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que al rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR EXTEMPORÁNEA CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN A PARTIR DE UNA PRIMERA NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO SE HAYA PRACTICADO OTRA POSTERIOR. Cuando se desprenda de autos que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa siguiendo los lineamientos que al efecto establezca la ley adjetiva aplicable, y luego, motu proprio, el actuario respectivo realiza otra notificación, debe desecharse por extemporánea la demanda de amparo que se intenta, si su presentación se realiza fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado tal plazo a partir de la primera notificación puesto que, mientras no se declare su nulidad, surte sus efectos y es desde ese momento cuando empieza a correr el citado término." Igualmente, se cita por sus consideraciones jurídicas la tesis aislada Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido siguiente: "TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL DE 15 DIAS QUE FIJA EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, EMPIEZA A CONTAR A PARTIR DE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DE LA RESOLUCION RECLAMADA, DE ACUERDO CON LA LEY DEL ACTO QUE RIJA LA NOTIFICACION. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de 15 días que establece el propio precepto para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija dicha notificación, y no es aplicable el artículo 24 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, porque se refiere al cómputo de los términos dentro del procedimiento de amparo, y la notificación de la resolución reclamada sin lugar a dudas que se llevó al cabo antes de la iniciación de ese procedimiento, de ahí que debe regularse por disposición legal que rija el acto combatido. En las relatadas condiciones, se afirma que la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige, existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En este contexto, ante la manifiesta e indudable presencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que al no tratarse de un caso de excepción, de los previstos por las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17, de la propia Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por tanto, se desecha de plano la demanda de garantías.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Ceberina Pérez Escobar, contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1106/2019. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción V, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" En ese orden, es obligación del impetrante de amparo indicar bajo protesta de decir verdad los antecedentes que constituyen los actos reclamados, a fin de reunir los requisitos que establecen los mencionados numerales de la ley de la materia. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: "El auto de fecha 05 de Febrero del año en curso y subsecuentes, así como la Resolución donde se aprueban los intereses moratorios, de fecha 12 de Septiembre de 2018, la que con el auto y subsecuentes se me da a conocer en forma personal, dictada por el C. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad..." Ahora, si bien la promovente realizó diversas manifestaciones a título de antecedentes del acto reclamado, lo cierto es que fue omisa en manifestar de manera expresa la "protesta de decir verdad", en relación a los hechos o abstenciones que le constan y que sirven de fundamento a los conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requerir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, exhiban un escrito aclaratorio al que deberán acompañar cinco copias del mismo, ya que en lo particular una es para correr traslado a la autoridad responsable, una para el tercero interesado, dos para la apertura del incidente de suspensión y una más para dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que deberá cumplimentar lo siguiente: ÚNICO. Por tratarse de un requisito personalísimo, deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad" las manifestaciones que a modo de antecedentes del acto reclamado, expone en su demanda de amparo. Es aplicable al caso, por los datos que la informan, la jurisprudencia P./J. 127/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda.
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