Cástulo Bonilla Córdoba
Expediente 1140/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cástulo Bonilla Córdoba
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, Xalapa, Veracruz
- Miguel Ángel Cortés Benítez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por José Roberto Ortega Ramírez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, como lo solicita y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que señala y hágase entrega de las mismas al signante, quien deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, no interpuso el recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a la destrucción del mismo con posterioridad al DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la impetrante de amparo consiste en la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral número 385/IV/2013, del índice de la autoridad Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, la autoridad responsable antes mencionada, al rendir su informe justificado ofreció como prueba de su parte, copia certificada del laudo dictado el treinta de noviembre de esta anualidad, dentro del expediente 385/IV/2016, de su índice. A las anteriores documentales, se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, de la propia ley. Así, es de destacarse que en la demanda de amparo el impetrante de amparo se reclama la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral número 385/IV/2013, del índice de la autoridad Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; sin embargo, de las constancias aportadas se advierte que a la fecha en que se actúa, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho dictó laudo del juicio natural; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, por ende, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama, y resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo anteriormente expuesto se concluye que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En efecto, si el acto que se reclamaba por esta vía era la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral número 385/IV/2013, del índice de la autoridad Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y obra en autos constancia de que la autoridad responsable ya dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, catorce de noviembre de dos mil dieciocho, por tanto, se colige que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que los quejosos Cástulo Bonilla Córdova y Miguel Ángel Cortes Benítez, no hayan sido notificados del laudo de treinta de noviembre del año en curso, dentro del juicio laboral, ya que por auto de once de diciembre del año cursante, este órgano jurisdiccional ordenó notificar a los quejosos el referido proveído, corriéndosele traslado con las constancias relativas al laudo en comento, para lo cual el Actuario judicial adscrito a este juzgado se constituyó en el domicilio de los accionantes de amparo, sin encontrar a los buscados, motivo por el cual dejó fijado en la puerta de acceso al inmueble el aviso de notificación de fecha doce de diciembre, a fin de que la parte interesada compareciera dentro del plazo de dos días hábiles siguientes al de la fecha de notificación, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional para imponerse del contenido del auto de auto de once de diciembre del año en curso, así como de las constancias relativas al multicitado laudo, sin que hayan dado cumplimiento a ello, por lo que quedaron notificados por lista de acuerdos el diecisiete de los cursantes. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, destruyéndose en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante de amparo, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de audiencia; dejándose sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que aún no comienza a transcurrir el término de ocho días que se le dio a la parte quejosa mediante proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, para que esté en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el cual comprenderá del diecinueve al treinta y uno de los cursantes. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma.
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