Catalina Galindo Sánchez

Expediente 597/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
597/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2019

Partes del expediente

  • Catalina Galindo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2°de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse tenido por no presentada la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha trascurrido el término de cinco días que se le concedió a la parte promovente para que cumpla con lo ordenado en proveído de dos de julio del año en curso, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó al quejoso en el acuerdo de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese personalmente a la promovente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción, inciso b), se notifica a la parte quejosa la siguiente determinación: Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Catalina Galindo Sánchez, en su carácter de madre y en representación de su menor hijo de identidad reservada bajo las iniciales A.G.G., contra actos reclamados al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel Nacional, con residencia en Ciudad de México y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 597/2019-V-B. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112, 114, fracción II y IV, y 108, fracciones I y IV, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de los dispositivos transcritos, es obligación del gobernado indicar con precisión el acto que pretende combatir; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establecen los citados numerales de la ley de la materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para subsane dichas deficiencias. En el caso, del escrito de demanda que se provee, no se advierte un capítulo específico referente al acto que se pretende combatir en esta vía; sin embargo, del apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que la impetrante de amparo pudiera reclamar lo siguiente: 1. La negativa de brindarle atención médica a su menor hijo. 2. El diferimiento de la operación que se encontraba programada para el dos de julio del año en curso y ahora se programó para el siete de julio próximo. 3. El pago del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la atención médica que reciba su hijo en una institución médica privada. 4. La negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social de intervenir quirúrgicamente a su menor hijo. En ese contexto, el suscrito no tiene la certeza del acto o actos que pretende combatir la promovente en esta vía, lo cual resulta indispensable a fin de requerir el informe justificado a las autoridades responsables respecto al acto concreto del que se duele, incluso también resulta necesario para proveer lo que en derecho corresponda respecto a la suspensión que solicita. Por otra lado, señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona 36, municipio de José Cardel, se ha negado a brindarle atención médica a su menor hijo, puesto que reprogramó la operación que se encontraba señalada para el dos de julio del año en curso, programándola para el siete de julio próximo; sin embargo, no precisa en qué lugar se encuentra dicho centro hospitalario, puesto que no existe una ciudad en el Estado de Veracruz, con el nombre José Cardel, por lo que deberá precisar si se refiere a la localidad que pertenece al municipio de la Antigua, Veracruz, lo anterior resulta indispensable precisar en virtud de que es el lugar en el que es fue atendido el menor y en el que -a dicho de la quejosa- se negaron a proporcionarle la atención médica; además de que es necesario precisar dicha localidad, con el objeto de requerirle su informe justificado, puesto que tal instituto fue señalado como autoridad responsable. Por otra parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, establece que el ampro puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su represente legal o apoderado; ahora, el numeral 8 de la ley de la materia, dispone que los menores de edad pueden solicitar el amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin intervención de su legítimo representante cuando éste se hallare ausente; en ese sentido, si la promovente Catalina Galindo Sánchez, en su carácter de madre del menor A.G.G., promueve juicio de amparo, resulta inconcuso que aquella debe acreditar su representación legítima o el vínculo familiar, lo que en el caso no acontece, ya que no exhibió documento alguno del que se desprenda que efectivamente es la progenitora del menor que dice representar, lo cual resulta necesario para el suscrito verificar la legitimación con la que se ostenta la promovente, con la finalidad de establecer que el menor tenga una representación adecuada, o en caso contrario, el suscrito provea las medidas necesarias para tal efecto. En tales condiciones, a fin de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I y IV, 112 y 114, fracción II todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, dentro del término de cinco días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído y bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, precise lo siguiente: PRIMERO. Deberá indicar con precisión cuál es el acto que pretende combatir en esta vía constitucional. SEGUNDO. En virtud de que señala que indica que su menor hijo fue atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona 36, municipio de José Cardel y que dicho centro es el que realizará la intervención quirúrgica que requiere el menor; por tanto, toda vez que del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte que no existe tal municipio, deberá precisar si dicho Instituto es de la Localidad de José Cardel, municipio de La Antigua, Veracruz; lo anterior, para que el suscrito provea lo que en derecho corresponda. TERCERO. Deberá exhibir el original o copia certificada del documento con el que acredite que es la representante legítima del menor de iniciales A.G.G., o en su caso el vínculo familiar, así como las copias necesarias para correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis I.8o.A.10 K (10a.), Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento." Lo anterior, resulta indispensable para el suscrito a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda que se intenta. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo requerido con anterioridad en el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda que se provee, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE OFICIO. Resta decir, que la procedencia o no de la suspensión de oficio que contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, es una atribución exclusiva del Juez de Distrito quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretarla. En el caso, el suscrito juzgador considera que no se encuentra en peligro la vida del menor, puesto que la promovente de amparo indicó bajo protesta de decir verdad que su menor hijo fue valorado y atendido por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona 36, municipio de José Cardel, quienes programaron su intervención quirúrgicamente para el siete de julio próximo y le recetaron medicamento para el dolor del menor respecto a la fractura que presenta, por lo que no se está en el supuesto de conceder la suspensión de plano. Apoya lo anterior la tesis VI.1o.A.19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo124de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. (Lo subrayado es propio) COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de los Ángeles Diana Coq Toscanini y Ana Victoria Mena Neri, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 84645 y 182560. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

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