Catalina Gutiérrez Villa

Expediente 173/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
173/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Catalina Gutiérrez Villa

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Catalina Gutiérrez Villa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento hecho en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós y al efecto remite las constancias que le fueron requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía consistente en copia certificada del expediente laboral 3D-120/2018, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.svm

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra informe justificado de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no obstante haber sido notificado del oficio 3465 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias que obran en autos; en consecuencia, teniendo en consideración que ante la omisión de la autoridad en cita, lo que procedería, en su caso, al momento de resolver el juicio de amparo en que se actúa, es el que se presuma cierto el acto que se le atribuye. Por tanto, a efecto de estar en aptitud de analizar la constitucionalidad del acto reclamado requiérase a la autoridad en cita, a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias relativas al juicio ordinario laboral 3D-120/2018. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA. En consecuencia, para dar margen a que obren en autos dichas constancias, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo II-585/2021, promovido por Víctor Hugo Rodríguez Ramos, apoderado jurídico de la Empresa Productiva del Estado denominada Comisión Federal de Electricidad, contra los actos del Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, posteriormente ingresado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Víctor Hugo Rodríguez Ramos, apoderado jurídico de la Empresa Productiva del Estado denominada Comisión Federal de Electricidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que precisó en los siguientes términos: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO ORDENADORAS Y EJECUTORAS: LIC. EDUARDO CASTILLO ROBLES, JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EL ACTO RECLAMADO: A LA AUTORIDAD MARCADA CON EL NÚMERO 1: 1. La resolución de fecha 31 de mayo de 2021, respecto a la audiencia de impugnación número 58/2021, derivado de la ponencia del No. Ejercicio de la Acción Penal dentro de la Carpeta de Investigación FED/MICH/MLM/0000868/2020(.)". Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 al 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1°, 35 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió a este juzgado de Distrito; así, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se ordenó formar el expediente II-585/2021; y una vez solventada la prevención que le fue efectuada, en auto de cinco de julio posterior se ordenó admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación quien formuló pedimento; se reservó el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto se contara con el informe justificado; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en la audiencia de impugnación 58/2021, por la que el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, confirmó -por otras razones- el no ejercicio de la acción penal dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-5 Morelia, Agencia de Casos Transversales del equipo de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0000868/2020. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por lo que su existencia se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias así como el disco compacto relativo a la impugnación 58/2021, que el juez responsable acompañó respectivamente a su informe. Medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.". Ahora, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Estudio del fondo. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías, con atención a tales exigencias. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III, inciso b), del Artículo 79 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de ofendido o víctima; en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor. En el particular no opera la suplencia de que se habla, al tomar en consideración que la ofendida en el juicio de origen ahora quejosa, la constituye una persona moral oficial. Lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO PROMUEVEN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE OFENDIDA DEL DELITO. La creación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, prevista en los artículos 107, fracción II, párrafo antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada y 79, fracción III, inciso b), de la vigente, tuvo el propósito de liberar a los quejosos de la obligación de ser expertos en tecnicismos jurídicos, cuando estuvieran expuestos a perder su libertad o sus derechos patrimoniales: I) por desconocimiento de los rigorismos de la técnica del derecho; II) por no disponer de los medios económicos suficientes para un asesoramiento profesional eficiente; o, III) por tratarse de determinados sectores de la población en desventaja (ejidatarios, comuneros, indígenas, trabajadores, menores de edad, incapaces, acusados por la comisión de delitos o de los sujetos pasivos). Ello, bajo el principio de dar un tratamiento distinto en un asunto a quienes por alguna situación especial no se encuentran en condiciones de hacer valer correctamente sus derechos de aquellos que pueden ejercerlos plenamente, lo que justifica que el Estado acuda en su auxilio para que su defensa se ajuste a las exigencias legales y brindarles una mayor protección, convirtiendo al juicio de amparo en un instrumento más eficaz en el sistema jurídico. Sin embargo, las personas morales oficiales, aun cuando en la causa penal en la que intervienen como parte ofendida del delito, actúan en un plano de coordinación frente a los particulares, no pierden su naturaleza pública, al contar siempre con la estructura jurídica, material y económica para proveerse del asesoramiento profesional que les permite ejercer sus derechos con amplitud, lo que las aparta de alguno de los supuestos de vulnerabilidad indicados, por lo que sería un contrasentido que el Estado se autoaplique la figura referida para suplir sus deficiencias en la tramitación del juicio de amparo, pues ello produciría un desequilibrio procesal y desvirtuaría la teleología de esa institución, al generar una sobreprotección injustificada en detrimento de los derechos del inculpado. En consecuencia, la suplencia de la queja deficiente es improcedente tratándose de personas morales oficiales cuando promueven el juicio de amparo en su carácter de parte ofendida del delito y debe exigírseles el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos correspondientes para hacer valer sus derechos." Solventado lo anterior, del análisis integral de la demanda se desprende que el promovente de la protección constitucional aduce medularmente que la determinación recurrida por una parte, carece de fundamentación y motivación; y, por la otra, vulnera el principio de contradicción, porque el Juez responsable no le permitió "contra argumentar lo manifestado por la fiscalía", con lo que la dejó en estado de indefensión. Tales asertos resultan infundados por los motivos que se exponen a continuación. Para lograr una mejor comprensión del asunto, es pertinente recordar que el acto reclamado es la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en la audiencia de impugnación 58/2021, por la que el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, confirmó -por otras razones- el no ejercicio de la acción penal dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-5 Morelia, Agencia de Casos Transversales del equipo de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, dentro de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0000868/2020. También es oportuno traer a colación los antecedentes procesales que examinó el juez responsable (mismos que obran en el disco que anexó como complemento de su informe justificado), y que le sirvieron como base para el dictado de la determinación impugnada, a saber: El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de impugnación de las determinaciones del Ministerio Público de la Federación derivadas de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0000868/2020, por lo que el Juez de Control explicó a las partes que ésta audiencia tenía su génesis en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Acto seguido, luego de escuchar a las partes sobre la oportunidad y legitimación de la audiencia de impugnación solicitada, e interrogarlos sobre el llamamiento del sujeto investigado, dio el uso de la voz al fiscal federal quien expuso los antecedentes del caso y, señaló medularmente que el treinta de noviembre de dos mil veinte determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar que habían prescrito los hechos denunciados, de conformidad al artículo 105 del Código Penal Federal. Luego, dio la misma oportunidad al asesor jurídico de la Empresa Productiva del Estado quejosa, el que también expuso los antecedentes que consideró relevantes para la solución de la audiencia de impugnación celebrada, esto es, manifestó su inconformidad con la clasificación del delito; precisó que a su parecer, el ilícito debió haberse clasificado en el artículo 217, fracción I, inciso d) del Código Penal Federal -vigente en la época de los hechos- y no en el 214, fracción I, del mismo ordenamiento -vigente en la época de los hechos-, que por tal motivo, el plazo para la prescripción era mayor al considerado por el fiscal, adicionando que resultaba aplicable la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DENUNCIA NO CONSTITUYE UNA ACTUACIÓN IDÓNEA PARA INTERRUMPIRLA. La denuncia no constituye una actuación de autoridad competente que interrumpa la prescripción de la acción persecutoria, a que se refiere el artículo 98 del Código Penal del Estado, sino sólo consiste en la exposición de acontecimientos que el supuesto agraviado o el interesado considera configurativos de un delito, para el efecto de que el representante social efectúe las investigaciones necesarias para obtener la comprobación del delito y determine la probable responsabilidad del inculpado para que, en su caso, ejercite la acción penal. En el mismo orden de ideas, la Carta Magna y la legislación penal veracruzana contemplan dos casos, exclusivamente de autoridades con capacidad investigatoria en materia de delitos, el Ministerio Público en la averiguación previa (artículos 21 constitucional, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 del código adjetivo penal del Estado), y la autoridad judicial dentro del plazo constitucional (artículos 19, de la Constitución Federal y 157, 158 y 159 del Código de Procedimientos Penales del Estado), por lo que es claro que la titularidad de quien puede realizar los actos interruptores corresponde únicamente a estas autoridades, con independencia de que el denunciante tenga el carácter de autoridad administrativa y de que haya practicado la investigación relativa a la conducta de quien fungió como titular del Poder Ejecutivo Estatal, toda vez, que como antes quedó precisado, las actuaciones idóneas para interrumpir la prescripción deben ser practicadas por las autoridades competentes a las que se ha hecho mención." Por lo anterior, dicho asesor concluyó que con la determinación sujeta a revisión, el fiscal encargado de la carpeta de investigación violó el artículo 16 Constitucional, debido a la falta de fundamentación y motivación; el 21 Constitucional, en relación con las obligaciones del fiscal; el numeral 212, párrafo II, -en relación a la exhaustividad-, y el precepto 131, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en vinculación con las obligaciones del Ministerio Público dentro de una investigación. Finalmente, siguió el turno del Defensor Público Federal adscrito a dicho Centro, quien manifestó su conformidad con la descripción típica realizada por la fiscalía y, no agregó algún antecedente extra. En ese orden, una vez escuchadas las partes, el juzgador natural de los hechos dio la oportunidad al fiscal de contra replicar las manifestaciones del asesor de la quejosa, quien adujo que esa fiscalía al realizar una lectura de los hechos denunciados, determinó clasificar el ilícito en el tipo penal que asignó, y que no es posible considerar que éste debe clasificarse de otra forma porque la conducta típica del investigado se haya sancionado administrativamente, ya que el procedimiento administrativo y la materia penal son totalmente autónomos; asimismo, destacó que de la propia auditoria que realizó la Comisión Federal de Electricidad, ellos mismos la tipificaron como una conducta no grave, estableciendo que los contratos fueron llevados a cabo por medio de una adjudicación en una licitación pública, que no resultó una afectación económica en perjuicio de la productiva del Estado, motivo por el cual no resulta aplicable el tipo penal destacado por el asesor de la ofendida. Igualmente, refirió que de la auditoria se desprendía que la conducta realizada fue meramente administrativa, ya que el investigado no contaba con la calidad que se requería para autorizar la firma de esos contratos, en atención a su cuantía de los mismos. Ante tales manifestaciones, el Juez pidió al fiscal que precisara si la conducta fue encuadrada en el 214, fracción I, del Código Penal Federal; y, al representante de la Comisión Federal de Electricidad si los contratos fueron adjudicados por licitación pública, a lo que ambas partes respondieron afirmativamente. Ahora, no asiste razón al quejoso cuando aduce que la determinación reclamada en esta sede constitucional carece de fundamentación y motivación. Para evidenciarlo es necesario precisar que el artículo 16 de nuestra Carta Magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.].". El precepto constitucional citado establece la garantía de legalidad consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, que deberá encontrarse fundado y motivado, a efecto de colmar los extremos ahí consignados. Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida y falta de fundamentación y motivación. La indebida fundamentación y motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se exponen motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En cambio, la falta de motivación consiste en la ausencia total de expresión de razonamientos y fundamentos del caso en particular. Asimismo, cabe destacar que la garantía de legalidad, en lo relativo a la fundamentación y motivación, impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos concretos de que se trate, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones al caso concreto. Todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho. En suma, tanto fundar como motivar consisten en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad, dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados, la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen y la adecuación entre ambos. En ese mismo sentido, conviene precisar que el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. En lo que aquí interesa, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la garantía constitucional de referencia se satisface sin necesidad de que se invoquen necesariamente de manera expresa los preceptos que las funden, siempre que de la misma se pueda advertir con claridad el precepto normativo en que se sustente, esto porque los actos jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." (Lo subrayado es propio). De manera que basta con que la autoridad exprese con claridad las razones por las cuales resolvió en la forma en que lo hizo para que pudiera hacer del conocimiento de las partes los preceptos legales que sirvieron de sustento para la resolución combatida. En este sentido, lo cierto es que, en la especie, la autoridad responsable sí fundó y motivó su resolución porque luego de escuchar a las partes y hacer preguntas para aclarar los puntos necesarios, el Juez de la causa señaló a partir del minuto 28 de la grabación lo siguiente: "Desde mi perspectiva, aunque por una razón distinta a la del fiscal de la federación, debe prevalecer el no ejercicio de la acción penal." Posteriormente, expresó que en atención al principio de contradicción resolvería conforme a lo escuchado en la audiencia, para lo cual, dijo que por una parte tiene razón el impugnante en el sentido de que no es libre (arbitraria) y autónoma la calificación jurídica de la fiscalía, ya que ésta desde luego puede ser objeto de revisión cuando el asunto llega a judicializarse; asimismo, que la clasificación jurídica depende de dos elementos centrales, como lo es el aspecto factico y el aspecto normativo, pero es necesario realizar un juicio de tipicidad por el órgano investigador, a través de un razonamiento de subsunción, de forma que no es libre en el sentido de que la conducta podrá encuadrarse en el ilícito que quiera o conozca el fiscal, sino que sólo en aquél que corresponda a la norma y la conducta realizada. Igualmente precisó que el sistema de enjuiciamiento penal es concebido como un método de descubrimiento de lo que sucedió en determinado momento, y que en la medida que se avance en la investigación se podrán contar con mayores o mejores elementos que permitirán ir variando sus teorías fácticas y normativas. Lo que significa que la conducta puede ir encuadrándose a lo largo del procedimiento, siendo esa la razón, por ejemplo, por la cual cuando la fiscalía inicia una investigación por determinados hechos, el Juez de Control puede clasificar de otra forma al vincular a proceso, o incluso la fiscalía puede hasta el momento de los alegatos de clausura solicitar al Juez otra clasificación; lo que no es permisible cambiar, según criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el hecho una vez vinculado a proceso. De ahí que el elemento central no es cómo lo clasifica el fiscal desde sus conocimientos técnicos, sino el hecho en sí mismo, que es necesario para poder hacer un primer juicio de tipicidad y descubrir el núcleo del tipo penal, con la idea de que la clasificación puede cambiar; de esa forma, dijo el juez, que según lo escuchado, el hecho materia de la denuncia es el siguiente: "Rodrigo Fernando Valdés Yslas, Jefe de departamento divisional, adscrito a la división de distribución Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, autorizó dos contratos y uno lo modificó, uno el nueve de julio de dos mil catorce, otro el dieciocho de julio de dos mil catorce, (.) y después realizó un contrato modificatorio de uno de esos dos contratos, y él autorizó esos tres contratos, transgrediendo, no observando el acuerdo de control de facultades, responsabilidades y operación de las oficinas divisionales de los servidores públicos facultados, ya que por su cuantía tendrían que haber sido autorizados por un administrador, un gerente o un subgerente, porque esos contratos eran por un monto mayor a 1´890,000.00 (un millón ochocientos noventa mil pesos 00/100 m.n.), y él no era administrador, gerente o subgerente, sino era un jefe de departamento divisional". En términos sencillos -dijo el juez-, la conducta que se le reprocha es que Rodrigo Fernando Valdés Yslas, siendo Jefe de departamento divisional y, por lo tanto, no detentando el cargo de administrador, gerente o subgerente, autorizó tres contratos y que al hacerlo así, transgredió, vulneró esa disposición interna de la C.F.E., de forma que la fiscalía debía analizar el núcleo del tipo penal, para clasificar el delito denunciado. Por esa razón -siguió explicando el Juez- que lo que debió tenerse presente fue que lo que se atribuyó en la denuncia de la C.F.E. no es que el investigado hubiese ejercido el cargo de administrador, gerente o subgerente, el núcleo del tipo fue que Rodrigo Fernando Valdés Yslas, como Jefe de departamento divisional, hizo algo que no estaba de acuerdo a la normatividad interna de la C.F.E., dentro de las posibilidades de actuar de un Jefe de departamento divisional, pues sólo estaba reservado para un administrador, gerente o subgerente. Por lo anterior, expuso, se puede actualizar la conducta en la fracción I, del artículo 214 del Código Penal Federal, porque la conducta atribuida fue firmar los contratos y el convenio modificatorio como Jefe de departamento divisional, cuando por su monto, esa firma la debió plasmar un administrador, gerente o subgerente. Tampoco, indicó encuadra en el 217, fracción I, inciso d), porque el núcleo de esa conducta, requiere que se "otorgue", "realice" o "contrate", y él no otorgó los contratos, fueron otorgados por licitación pública, él no realizó el proceso de licitación, fue realizado siguiendo un proceso de licitación en el que interviene un comité de obras públicas que analiza a todos los participantes, y él no contrató, sólo fue quien al final del día firmó los convenios como Jefe de departamento divisional, que fueron otorgados en el proceso de licitación pública. Por lo anterior, la conducta atribuida si bien tuvo implicación administrativa, no tiene relevancia jurídica penal, porque el otorgamiento de los contratos obedeció a todo un proceso de licitación, de ahí que a ningún caso práctico lleve revocar la determinación de la fiscalía, si lo que se advierte es que la conducta descrita en la denuncia no tiene relevancia jurídico penal. Esto es, de la anterior precisión, este juzgador constitucional aprecia que el Juez sí expresó los motivos que lo llevaron a resolver en la forma en que lo hizo, con lo que válidamente puede afirmarse que cumplió con la garantía de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime, que la quejosa no manifestó nada en torno a que los preceptos legales invocados y las razones expresadas por la responsable fueran incorrectos. De ahí que resulte infundado el motivo de disenso en estudio. Finalmente, es infundado el concepto de violación en el que arguye se vulneró el principio de contradicción, porque el Juez responsable no le permitió "contra argumentar lo manifestado por la fiscalía" y, dice, la dejó en estado de indefensión. En cuanto al principio de contradicción debe decirse que si bien consagra en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Lo cierto es que del contenido de la audiencia se evidencia claramente que el Juez sí otorgó a las partes la misma oportunidad para exponer antecedentes y los puntos respecto de los cuales no coincidían con la determinación de no ejercicio de la acción penal, los que fueron debidamente analizados por el Juez de Control, de suerte que no se dejó en estado de indefensión a ninguna de las partes, En todo caso, expuso las razones por las cuales confirmaba la determinación materia de la audiencia de impugnación, al sostener que la conducta denunciada sí tenía implicación administrativa, pero no relevancia jurídico penal, lo que no fue rebatido por la promovente de la acción constitucional, ni solicitó el uso de la voz durante la diligencia para exponer argumento en contrario. Máxime que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el principio de igualdad procesal de las partes se encuentra íntimamente relacionado con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra. De ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido. En el caso, esa igualdad de oportunidades quedó patente desde el momento en que el juez responsable otorgó el uso de la voz al apoderado de la quejosa para exponer su disenso con la determinación de la fiscalía, a efecto de que se valoraran sus argumentos; al cuestionarlo sobre el tipo de procedimiento en que se llevó la contratación; al no haber solicitado la ofendida el uso de la voz para exponer mayores contra argumentos; y, finalmente, haber resuelto el juez sobre lo pedido, esto es, si se reitera la improcedencia o no del ejercicio de la acción penal. Orienta lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES. El derecho al debido proceso, reconocido por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. En ese sentido, la igualdad procesal de las partes, inmersa en el derecho al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido." En suma, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Víctor Hugo Rodríguez Ramos, apoderado jurídico de la Empresa Productiva del Estado denominada Comisión Federal de Electricidad, contra los actos del Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Hugo Rodríguez Ramos, apoderado jurídico de la Empresa Productiva del Estado denominada Comisión Federal de Electricidad, contra los actos del Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio Juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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