Carolina Zacarías Romero
Expediente 889/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carolina Zacarías Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-889/2018, promovido por Carolina Zacarías Romero, por su propio derecho, contra actos de la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Carolina Zacarías Romero, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señaló en su escrito de demanda y los actos que precisó en el mismo. Actos que la quejosa consideró violatorios en su perjuicio del derecho humano reconocido por el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Previas prevenciones formuladas en autos, mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se les solicitó a las autoridades responsables su informe justificado respectivo; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos cuya ejecución podría tener verificativo en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables consisten en: La orden de restitución provisional y/o restricción y/o aseguramiento del inmueble consistente en la fracción del predio urbano ubicado en las calles Ignacio Zaragoza, H. Ilustres y Morelos, con casa habitación, en Tarímbaro, Michoacán, registrado bajo el número 24, tomo 5404, en el libro de propiedad correspondiente a este distrito, en el Registro Público de Propiedad Raíz y de Comercio del Estado; así como, La orden de cateo dictada en la carpeta de investigación 1003201832721. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del análisis de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia, Procurador General de Justicia del Estado, Fiscal de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, Coordinador General de Fiscalías Regionales, Fiscal Regional de esta ciudad, Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia, Encargado de la Dirección de Investigación y Análisis región Morelia, Encargada de la Dirección de Protección a Personas de la Agencia de Investigación y Análisis, Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Director de Control de Plataforma México de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Directora de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Subdirector de Registro y Seguimiento de Bienes Asegurador de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Directora de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jefe del Departamento de Resguardo de Bienes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos con residencia en esta ciudad, se obtiene que negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en la orden de restitución provisional y/o restricción y/o aseguramiento del inmueble consistente en la fracción del predio urbano ubicado en las calles Ignacio Zaragoza, H. Ilustres y Morelos, con casa habitación, en Tarímbaro, Michoacán, registrado bajo el número 24, tomo 5404, en el libro de propiedad correspondiente a este distrito, en el Registro Público de Propiedad Raíz y de Comercio del Estado. Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Por tanto, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de las aludidas autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo por lo que ve a los actos reclamados a las referidas autoridades señaladas como responsables. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, tanto la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia, así como el agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, al rendir sus informes justificados respectivos, negaron la existencia de los actos consistentes en la orden de restitución provisional y/o restricción y/o aseguramiento del inmueble consistente en la fracción del predio urbano ubicado en las calles Ignacio Zaragoza, H. Ilustres y Morelos, con casa habitación, en Tarímbaro, Michoacán; no obstante, del contenido íntegro de los mismos se obtiene que el fiscal de referencia solicitó una orden de cateo respecto del inmueble situado en la calle Ignacio Zaragoza, número 3, colonia Centro en Tarímbaro, Michoacán, objeto de la carpeta de investigación 1003201832721, la cual fue autorizada por dicha autoridad jurisdiccional; por tanto, resulta factible considerar que existe el acto combatido por la peticionaria del amparo. Además, tales manifestaciones se corroboran con las constancias que remitieron las autoridades responsables de referencia, junto con sus informes justificados respectivos, relativas al cuaderno de antecedentes 160/2018 del índice del juzgado de origen, así como de la carpeta de investigación 1003-2018-32721, respectivamente; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser documentos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". QUINTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sentado lo anterior, de oficio quien esto provee considera que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. Amparo en revisión 6/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 36/2014. José Luis Medina Camargo. 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Amparo en revisión 39/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 20 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio Solorio Campos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque. Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete." Esto quiere decir, que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos). En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013." Como se observa, en el decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las condicionantes para demostrar el interés jurídico son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Ahora, cuando la afectación se hace depender de una actuación realizada respecto de un bien material (muebles o inmuebles), resulta indispensable que el solicitante de la protección constitucional acredite tanto la titularidad del mencionado derecho, como la identidad entre el bien de su propiedad o que dice poseer y aquél que esté siendo afectado por el acto de autoridad; lo anterior, obedece al hecho de que en ocasiones pueden existir dos o más objetos con características similares, por tanto, se requiere certeza de que los bienes defendidos por los promoventes del amparo sean los mismos que están siendo afectados en el proceso del que emanen los actos combatidos. Así, tratándose de inmuebles resulta indispensable que la persona que promueva el amparo acredite ser titular de un derecho subjetivo respecto del inmueble que pretenda defender, pero no sólo eso, sino que guarda identidad con aquel que esté siendo afectado en el procedimiento de origen o por lo menos que se encuentra total o parcialmente inmerso en el inmueble sujeto al procedimiento de origen; es decir, resulta indispensable que se acredite que realmente fue afectado por virtud del procedimiento de que se trate. Cimientan lo anterior, las tesis que se insertan en seguida: "Época: Novena Época Registro: 203637 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Civil Tesis: VIII.2o.14 C Página: 555 PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Amparo en revisión 363/95. María del Carmen Alejandra Quintanilla de Arredondo. 27 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Camacho Reyes. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez." "Época: Octava Época Registro: 208499 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.646 C Página: 379 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO UN TERCERO RECLAMA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, UNA PARTE DEL CUAL DICE SER DE SU PROPIEDAD. Aun cuando el quejoso, como tercero extraño, para demostrar la afectación de su interés jurídico, ofrezca la instrumental pública para acreditar el extremo de que una parte del bien embargado es de su propiedad, y además de advertirse que la denominación del predio y los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad son los mismos de uno y otro; si de autos no consta la superficie total del inmueble controvertido, es menester que el interesado ofrezca la pericial para demostrar la identidad de los bienes, es decir, para acreditar de esa manera que su terreno se encuentra dentro del bien secuestrado, porque puede darse el caso de que la superficie total del bien sea mayor a la superficie de terreno embargado, y así que el inmueble propiedad del quejoso no haya sido afectado por el embargo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 441/92. Isabel Cristina Rojas Castro. 10 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna." Sentado lo anterior, conviene señalar que el inmueble materia del cuaderno de antecedentes 160/2018, formado con motivo de la carpeta 1003-2018-32721, lo es el ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, número 3, colonia Centro en Tarímbaro, Michoacán; tal como lo precisa el fiscal responsable en su informe con justificación, al referir que el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se realizó un acto de investigación consistente en un acta de cateo. Por su parte, de las constancias exhibidas por la peticionaria del amparo se desprende que mediante contrato de cesión de derechos de copropiedad a título gratuito y división y partición de cosa común, celebrado ante notario público el veinticinco de enero de dos mil dos, Everardo, Misael, Fidelia, Romualdo, Felipe, Carolina, Blanca, Fabiola, María Guadalupe y Carlos todos de apellidos Zacarías Romero, realizaron dicho acuerdo de voluntades respecto al predio urbano: "ubicado en las calles de Ignacio Zaragoza, H. Ilustres y Morelos, en Tarímbaro, Michoacán, con una superficie de ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados". De manera específica, en el citado contrato, se refirió aplicar en favor de la quejosa lo siguiente: "[.] una fracción con la CONSTRUCCIÓN DESTINA (sic) PARA CASA HABITACIÓN, con un porcentaje de acciones en un 7.85 % siete punto ochenta y cinco por ciento de acciones de propiedad, que se contiene dentro de las siguientes medidas y linderos; AL NORTE, once metros cuarenta centímetros y colinda con la señora Fidelia Zacarías Romero; AL SUR, once metros, con veinticinco centímetros, y colinda con el señor Felipe Zacarías Romero, AL ORIENTE, seis metros, y colinda con la calle Ignacio Zaragoza; y AL PONIENTE, seis metros, y colinda con Antonio Solís y una superficie de SESENTA Y SIETE METROS CON NOVENTA Y CINCO CENTÍMETROS [.]". En ese tenor, la propiedad defendida por la promovente del amparo Carolina Zacarías Romero, es respecto al inmueble ubicado en las calles de Ignacio Zaragoza, H. Ilustres y Morelos; mientras que el bien materia del cuaderno de antecedentes 160/2018 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia, así como de la carpeta 1003201832721, lo es el situado en la calle Ignacio Zaragoza, número 3, colonia Centro en Tarímbaro, Michoacán. Tal circunstancia permite suponer que se trata de inmuebles distintos; porque los datos de identificación, tanto del número exterior, como de las calles en que se ubican los bienes inmuebles son distintos, así como la ubicación de uno y otro son diversos; por ende, dicha circunstancia impide que este órgano de control constitucional obtenga certeza respecto de que ambos predios son uno mismo; por el contrario, de la información descrita lo que se desprende es que se trata de inmuebles diversos. Tan es así, que al rendir su informe justificado el agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, manifestó lo siguiente: "[.] hago de su conocimiento que el suscrito tengo a cargo la citada Carpeta de Investigación, dentro de esta se realizó un acto de investigación consistente en un acta de cateo sobre un bien inmueble ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 3 de la colonia centro en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, diligencia que se practicó en fecha 18 dieciocho de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, de la cual como se aprecia no se presentó persona alguna durante y en el momento de la diligencia, siendo entonces que se trata de dos inmuebles diversos y fechas diferentes de las argumentadas por la quejosa, de igual manera hago de su conocimiento que la quejosa a la fecha no ha comparecido dentro de la carpeta de investigación en comento, por lo tanto no tiene carácter jurídico alguno [.]". Por esa razón, era necesario que la quejosa ofreciera alguna probanza con la que se acreditara la identidad entre ambos inmuebles; o por lo menos que uno se encuentra comprendido total o parcialmente en el otro, como podría ser algún tipo de prueba pericial; sino que simplemente se limitó a ofrecer diversas copias fotostáticas de fotografías, en las que lo único que se observa es una puerta, al parecer, de color blanca, con el aviso de la carpeta de investigación correspondiente; empero, se insiste, no ofreció ningún medio de convicción tendente a demostrar que el inmueble aquí defendido y el afectado en el procedimiento natural son coincidentes en todo o por lo menos en parte. Sobre este tópico resulta ilustrativa la tesis que se invoca a continuación: "Época: Novena Época Registro: 190377 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C. J/13 Página: 1606 PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 289/89. Salomón Guzmán García. 11 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 338/94. Paula Teresa Sosa Sánchez. 28 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Ezequiel Tlecuitl Rojas. Amparo en revisión 434/94. Gregorio Miguel Cuéllar Flores. 27 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 179/96. Irene Montes de Oca Cervantes. 7 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 457/2000. Unión de Crédito General, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, por conducto de su representante legal. 28 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretaria: Verónica Marroquín Arredondo. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, tesis II.1o.C.T.204 C, de rubro: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA." Por lo tanto, la promovente no acreditó que el inmueble consistente en la fracción del predio urbano ubicado en las calles Ignacio Zaragoza, H. Ilustres y Morelos, con casa habitación, en Tarímbaro, Michoacán, fuera el mismo que es materia del procedimiento natural, ni tampoco que alguno de los predios se encuentre inmerso total o parcialmente en el otro. No es óbice el hecho de que la Juez responsable al rendir su informe con justificación, haya referido que de la foto de la puerta que acompañó la quejosa a su escrito de demanda, se desprenda el Número Único de Carpeta 1003-2018-32721, relacionado con el cuaderno de antecedentes 160/2018, formado a partir de la solicitud de la fiscalía para catear el inmueble, dado que posteriormente refiere que dicho bien es el ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 3, colonia Centro de Tarímbaro, Michoacán, propiedad que, como ya se anticipó, no guarda identidad con la que pretende defender la quejosa. Cabe señalar, que no es el caso de suplir la queja deficiente en favor de la peticionaria del amparo, en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que, si bien el procedimiento de origen es en materia penal, la aquí quejosa no figura como inculpada, sentenciada, ofendida o víctima. Precisamente por esa razón, tampoco era el caso de ordenar, de manera oficiosa, el desahogo de alguna prueba técnica que permitiera dilucidar si existía identidad entre el predio que se pretendía defender en la presente instancia y el afectado en el juicio del que emanan los actos reclamados. Lo anterior, a su vez, implica que la aquí quejosa carece de interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo, porque no existe evidencia de que los actos verificados en el proceso natural irroguen algún perjuicio a su esfera jurídica. En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el interés jurídico de la quejosa Carolina Zacarías Romero, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER el presente juicio. Dicha determinación se hace extensiva a los actos tendentes a ejecutar la sentencia dictada en el proceso natural, por no habérseles atribuido vicios propios. SEXTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carolina Zacarías Romero, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
POR LISTA NOTIFICOA LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE 31 DE ENERO DE 2019, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE NARRA: Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carolina Zacarías Romero, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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Morelia, Michoacán, dos de enero de dos mil diecinueve. VISTA CON INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta con el que la autoridad que lo suscribe rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada, en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que se encuentra transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional de Morelia, rinda el informe justificado que le fue requerido en proveído de veinte de los corrientes; para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6638/2018, signado por el Secretario de Apoyo B adscrito a la secretaría técnica, en ausencia del secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy Fe.Dva
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