Catarina Durán Pérez y Otros.
Expediente 559/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maclovio Durán Pérez
- Catarina Durán Pérez
- Catarina Durán Pérez y Otros.
- Ernesto Tinoco Ángel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 559/2023-VI, promovido por ********************, ...; y, R E S U L T A N D O: ...y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO...SEGUNDO... TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando anterior, en virtud de que si bien las autoridades responsables indicaron que era cierto el acto reclamado, también se observa que realizaron manifestaciones en el sentido de evidenciar su inexistencia. Lo que acreditaron con las constancias que exhibieron al rendir sus informes justificados, de las que se advierten los oficios números ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, todos de catorce de abril de dos mil veintitrés, por los cuales el Director de Urbanismo de la localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente al municipio de ********************, dio contestación a las solicitudes formuladas por los aquí quejosos y sus respectivas notificaciones llevada a cabo por lista el catorce de abril de dos mil veintitrés. Misivas en las que indicó, de manera idéntica, lo siguiente: "(.) El que suscribe ********************, Director del Departamento de Urbanismo del H. Ayuntamiento de ******************** Michoacán, por este medio me dirijo de la manera más atenta para informarle que respecto de la solicitud de subdivisión, presentada del 8 de marzo de 2023, del predio rústico denominado ********************, ubicado al poniente de ********************actualmente ********************, municipio de ********************, se niega la misma por no justificar los requisitos establecidos en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con las razones siguientes: El artículo 430 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, establece la facultad con que cuenta esta autoridad para negar las solicitudes de subdivisiones cuando no se cumplan las disposiciones del Código de la materia, el cual reza: 'El Ayuntamiento deberá negar la autorización de relotificaciones, fusiones y subdivisiones de áreas y predios, cuando al autorizarse se infrinjan disposiciones de este Código.' Para efectos de una subdivisión deben de contar con frente a vía pública de acuerdo con la inspección realizada por el personal de la Dirección de Urbanismo, lo que usted marca como calle en el plano que exhibe, no es vía pública, siendo un requisito indispensable, lo que usted marcó como calle es una servidumbre de paso, la cual tampoco es factible dado las dimensiones del predio lo cual contraviene las disposiciones establecidas en el Código de la materia, la cual establece que únicamente se puede realizar de acuerdo a los artículos 274 y 426, los cuales transcribo a continuación: (.) Por otro lado, de acuerdo con nuestra cartografía únicamente se registran calles en la colonia ********************, siendo que el predio que pretende subdividir es colindante de dicha colonia. Aunado a lo señalado con anterioridad, le requiero para poder apoyar con la subdivisión lo siguiente o bien iniciar nuevamente su trámite con la totalidad de los requisitos marcados por la normativa aplicable, es menester señalar que me presentó una cantidad de 6 solicitudes de subdivisión del mismo previo, por lo que esta autoridad le requiere: PRIMERO. Se solicita visto bueno de lotificación de las vialidades dadas de alta por el H. Ayuntamiento de acuerdo al artículo 344, fracción II, del Código de Desarrollo Urbano de Michoacán. SEGUNDO. Se solicita plano corregido con las medidas de acuerdo a la rectificación de medidas, colindancias y superficie número ********************, ya que las medidas presentadas en el plano topográfico por el Ing. ********************. siendo el error en los vientos, sur colindante con camino y al norte colindante con camino vecinal y en revisión de la superficie, plano que se requiere de acuerdo con el artículo 421, fracción IV, del Código de Desarrollo Urbano de Michoacán. TERCERO. Se solicita modificación de la superficie de las fracciones ********************ya que no cumple con la superficie de un lote en predio rústico, siendo la superficie mínima de ********************m2, de acuerdo con el artículo 321, fracción I, del Código de Desarrollo Urbano de Michoacán. Por lo que se le requiere para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento del presente, acuda a presentar los documentos señalados bajo apercibimiento legal de lo contrario su trámite quedará sin efectos. (.)." Por tanto, si en autos obran las constancias con las cuales se acredita que se emitió una respuesta al escrito de petición de la parte quejosa, la cual también se observa es congruente con lo solicitado, pues niega la subdivisión del predio antes referido y requiere diversas constancias para continuar con el trámite. A más que dicha contestación fue notificada por lista a los quejosos el catorce de abril de dos mil veintitrés, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda y en los estrados que señalaron para ser notificados, lo cual aconteció el ocho de mayo del presente año, de ahí que resulte inconcuso que en la última data citada, la omisión que reclama la parte quejosa no existía. En mérito de lo anterior, ante la inexistencia de la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el ocho de marzo de dos mil veintitrés, atribuida a las autoridades responsables, lo que se impone es sobreseer en el juicio respecto de dicho acto reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 210237 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: II. 1o. C. T. 217 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313 Tipo: Aislada INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." [Énfasis añadido] CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Director de Urbanismo de la localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente al municipio de ********************, Michoacán, toda vez que en su informe hizo manifestaciones en ese sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado, de las que se observa los oficios números ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, todos de catorce de abril de dos mil veintitrés, que recayeron a las peticiones formuladas por la parte quejosa. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Precisión en cuanto al análisis de los restantes actos reclamados. Por técnica jurídica y en atención a que la parte quejosa reclama los oficios por los cuales la autoridad dio contestación a su petición, así como sus respectivas notificaciones, a efecto de determinar la oportunidad de la presentación de la demanda en cuanto al primer acto reclamado, previamente es necesario verificar si la notificación realizada es conforme a derecho. Por tal motivo, primeramente se analizará la constitucionalidad de las notificaciones practicadas por lista el catorce de abril de dos mil veintitrés y, superado lo anterior, se proveerá lo conducente en cuanto a los oficios impugnados. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia, por cuanto ve a las notificaciones practicas por lista el catorce de abril de dos mil veintitrés. Examinada la certeza de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Las partes no hicieron valer planteamientos de improcedencia por cuanto ve a las notificaciones practicas por lista el catorce de abril de dos mil veintitrés y, de oficio, no se observa su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto solo por lo que respecta a dichos actos reclamados. SÉPTIMO. Estudio de fondo de los actos reclamados consistentes en las notificaciones practicas por lista el catorce de abril de dos mil veintitrés. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la ampliación de la demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En tales motivos de disenso, los promoventes del amparo argumentan que la notificación es nula, porque acorde a lo establecido en el numeral 432 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, en concordancia con los diversos 8°, fracción II y 89, fracción I, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la primera notificación deberá realizarse de manera personal, y en caso de desconocer el domicilio del interesado, deberá verificarse en el domicilio que se tenga consignado en Catastro Municipal, según lo dispone el Código de Desarrollo Urbano y la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo. Dichos planteamientos son infundados. Se explica. I. Marco constitucional y legal Derecho de petición Al respecto, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el denominado derecho de petición a favor de los habitantes de la República, el cual consiste en la facultad que tiene el gobernado para dirigirse a la autoridad con la correspondiente obligación de los órganos y servidores que ejercen el poder público, de contestar por escrito y dársela a conocer a los interesados en breve término. Como presupuesto debe concurrir la petición que se formula al servidor público en su calidad de autoridad, es decir, que se le realice una solicitud determinada, lo cual se caracteriza por el reconocimiento de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad ante la cual se dirige la promoción correspondiente. Asimismo, del análisis del precepto constitucional, se observa que la petición que se presente por el gobernado a los funcionarios y servidores públicos debe realizarse con la concurrencia de los siguientes elementos: A. La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo congruente con lo solicitado y en breve término. C. La notificación: implica que debe hacer saber al solicitante la providencia recaída a su solicitud, en forma personal, en el domicilio que señaló para tales efectos. En ese sentido, el deber inherente al derecho de petición que se consagra en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se materializa en dar a conocer al particular que insta a las autoridades su respuesta, con independencia de que sea favorable o no a los intereses o fines que se persiguen en la solicitud formulada por escrito, toda vez que así se tiene conocimiento pleno y cierto del acuerdo, trámite o resolución que le recayó. De esta manera, se puede concluir que para que exista una notificación personal existe la obligación del peticionario de señalar un domicilio, en el cual la autoridad pueda practicar la notificación personal, de lo contrario, deberá atender a la normatividad de la materia, en cuanto a la forma en que se realizará si el gobernado no señala el lugar en el que recibirá dicha respuesta. Notificación por lista en los casos en que no se señale domicilio en el escrito de petición En esa línea de pensamiento, de la interpretación integral y sistemática de los artículos 425, 426 y 432 del Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán, se obtiene que tratándose de las notificaciones en asuntos relativos a la subdivisión de predios urbanos o rústicos, deberá sujetarse a lo dispuesto por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Así, el numeral 89, fracción IV, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, establece que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y la solicitud de informes o documentos deberán realizarse por lista cuando no se señale domicilio para recibir notificaciones. Lo que es acorde con los elementos que conforman el derecho de petición, en cuanto a que las peticiones formuladas por los gobernados deben señalar un domicilio en el cual se pueda practicar la notificación personal, y se le haga saber la respuesta que al efecto vierta la autoridad a la cual se encuentra dirigida, de lo contrario, ésta deberá realizarlo por lista. II. Caso concreto y decisión Ahora, en el caso concreto se observa lo siguiente: 1. Que cada uno de los quejosos, asociados con ********************, presentó el ocho de marzo de dos mil veintitrés, ante la Dirección de Urbanismo de la localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente al municipio de ********************, Michoacán, diversas solicitudes correspondientes a la subdivisión en diversas fracciones o lotes del predio denominado "********************", ubicado "al poniente de ********************actualmente ********************, perteneciente al Estado de Michoacán, a las que les asignaron los números de lote 2, 5, 6, 7, 9 y 10, respectivamente. Sin embargo, también se advierte que dichos solicitantes fueron omisos en señalar domicilio en el cual pudiera practicarse de manera personal la notificación de la respuesta a dichas peticiones; y, precisaron los "estrados" para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 2. Así, para dar contestación a tal solicitud, la autoridad responsable emitió los oficios números ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, todos de catorce de abril de dos mil veintitrés, en los cuales negó la subdivisión peticionada y requirió a los solicitantes diversa documentación a efecto de continuar con el trámite correspondiente o, en su caso, para que realizaran una diversa solicitud con tales documentos. Determinaciones que se hicieron del conocimiento de los solicitantes del amparo por medio de listas que se fijaron en la puerta de la oficina de la Dirección de Urbanismo citada, a las quince horas del catorce de abril de dos mil veintitrés, acorde al artículo 89, fracción IV, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, todas en los términos siguiente: "(.) Por lista fijada en la puerta de las oficinas que ocupa la Dirección de Urbanismo del Ayuntamiento de ********************, Michoacán. Por medio de presente hago de su conocimiento que derivado de la solicitud de subdivisión presentada el día 8 de marzo de 2023, del de (sic) predio rústico denominado ********************, ubicado al poniente de ********************actualmente ********************, municipio de ********************, se dictó la siguiente prevención a su solicitud, la cual contiene adjunta un tanto en firma autógrafa. Lo que notifico en legal y debida forma por medio de lista fijado en la puerta de esta oficina de Urbanismos, siendo las 15:00 horas del día 14 de abril del año dos mil veintitrés. Doy fe. De conformidad con los artículos 89, fracción IV, 90, 91 y 93 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 432 del Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo. Doy Fe. (.)." De lo anterior se obtiene que es ajustado a derecho que la autoridad responsable practicara la notificación por listas de las respuestas a las solicitudes formuladas por los aquí quejosos, toda vez que estos no señalaron un domicilio específico para tal efecto, sino únicamente los estrados. Ello en atención a lo establecido en los artículos 425, 426 y 432 del Código de Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán, en correlación con el diverso 89, fracción IV del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. A más de que ni el Código de Desarrollo Urbano ni la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Michoacán, establecen que la notificación de la respuesta recaída a una solicitud ante las autoridades administrativas locales en la que no se señaló domicilio para tal efecto, se tenga que realizar en el que obra registrado ante Catastro Municipal; ni que la autoridad deba realizar la búsqueda de ese domicilio. Lo anterior aunado a que los gobernados se encuentran obligados a señalar el domicilio en el cual la autoridad administrativa pueda practicar la notificación personal de la respuesta que al efecto dé respecto a la solicitud formulada por el gobernado, en atención a su derecho de petición, pues de no hacerlo, de acuerdo con la legislación local aplicable se encuentran obligadas a practicarla por listas. Por tanto, las notificaciones impugnadas fueron correctamente realizadas por lista que se fijaron en la puerta de la Dirección de Desarrollo Urbano de la localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente al municipio de ********************, Michoacán, pues ante ésta presentaron sus solicitudes y así lo pidieron. Además se observa que la referida notificación cuenta con los requisitos de legalidad establecidos en los artículos 215 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, aplicado de manera supletoria al Código de Desarrollo Urbano del Estado en términos del diverso 432, en virtud de que se fijó en un lugar visible del local de la autoridad responsable, contiene el nombre de las personas solicitante, la fecha de las solicitudes formuladas y el predio del cual se solicitó la subdivisión por cada una de las fracciones o lotes, también porque se indicó como síntesis del acuerdo que se realizó una prevención a su petición, incluso, se adjuntó a dicha notificación un tanto de cada uno de los oficios en los cuales emitió su respuesta. De esta manera, se reitera, no es acertado el postulado de la parte quejosa en el sentido que la notificación debió realizarse de manera personal en el domicilio que tenían consignados los quejosos en catastro municipal, si no lo señalaron expresamente en su escrito de petición ni lo solicitaron de esa forma, en términos del artículo 8° constitucional. Lo anterior sumado a que el referido precepto no establece que a fin de que se colme el derecho de petición la notificación a la parte solicitante deba realizarse estrictamente en forma personal, sino que únicamente establece que debe hacerse de su conocimiento, lo cual implica tener en cuenta las normas legales aplicables al caso concreto, lo que así aconteció. De ahí lo infundado de sus argumentos. Se citan como apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "Registro digital: 181149 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 98/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 248 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." "Registro digital: 267719 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Administrativa, Constitucional Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XLI, Tercera Parte, página 89 Tipo: Aislada PETICIÓN. REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN. Es ilegal la interpretación que se hace del artículo 8o. constitucional, en el sentido de que la contestación de que habla el referido dispositivo legal debe constar en oficio debidamente requisitado, además de que tal oficio deba ser notificado y ser de explorado derecho que el acto administrativo perfecto produce sus efectos cuando se cumplen los requisitos necesarios para que el propio acto sea conocido, puesto que en determinados casos hasta es necesaria su publicación, si no se menciona en que ley, reglamento o decreto, se exige que la contestación oficial de las autoridades tenga necesariamente que hacerse por medio de oficio y recabando la constancia de su notificación, ya que esto generalmente se hace en los procedimientos contenciosos administrativos, pero estos requisitos no los exige el artículo 8o. constitucional." En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer, procede negar el amparo solicitado por la parte quejosa en contra de la notificación reclamada. Por ende, deberán subsistir las notificaciones por lista realizadas a los quejosos. Ahora bien, corresponde analizar la procedencia del amparo en cuanto a los diversos actos reclamados. SÉPTIMO. Análisis de las causales de improcedencia por cuanto ve a los oficios reclamados. De las constancias que obran en autos se advierte que respecto a los actos reclamados consistentes en los oficios números ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, todos de catorce de abril de dos mil veintitrés, emitidos por el Director de Urbanismo de la localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente al municipio de ********************, Michoacán, por lo cuales dio respuesta a la solicitud formulada por los quejosos el ocho de marzo de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se explica. Del numeral citado se advierte que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional, resultando improcedente el juicio que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. En este contexto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días hábiles, salvo que se reclame una norma por su carácter autoaplicativo, caso en el cual el inconforme contará con treinta días hábiles. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días hábiles, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente hábil al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; 3. El amparista se hubiere ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Al caso resulta ilustrativa la jurisprudencia siguiente. "Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En la especie, cobra aplicación la primera de las hipótesis en comento para iniciar el cómputo de los quince días hábiles que establece el artículo 17 de la legislación en consulta, es decir, el término para la presentación de la demanda de amparo que aquí se atiende, se debe computar a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos la notificación practicada. En el caso, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de los oficios reclamados el catorce de abril de dos mil veintitrés, data en la que se le notificaron por medio de listas que se fijaron en la puerta de la Dirección de Desarrollo Urbano de la localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente al municipio de ********************, Michoacán. Notificaciones que surtieron efectos al día siguiente hábil de su realización, en términos del numeral 219 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, es decir, el diecisiete de ese mes y año. Así, el plazo para promover su demanda de amparo en contra de los oficios referidos, inició el dieciocho de abril de dos mil veintitrés y feneció el diez de mayo siguiente, descontándose de tal cómputo los días sábados y domingos, así como el uno y cinco de mayo de la presente anualidad, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y el diverso 74, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. De tal suerte que si la ampliación de demanda de amparo en el presente sumario fue presentada hasta el doce de julio de dos mil veintitrés, es evidente que la acción constitucional no se promovió dentro del plazo de quince días hábiles que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes precisado, por lo que su presentación resultó extemporánea, lo que trae como consecuencia el consentimiento tácito de todas y cada una de las misivas reclamadas. De esta manera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en los oficios números ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, todos de catorce de abril de dos mil veintitrés, emitidos por el Director de Urbanismo de la localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente al municipio de ********************, Michoacán, por lo cuales dio respuesta a las solicitudes formuladas por los quejosos el ocho de marzo de dos mil veintitrés, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. OCTAVO. Improcedencia de la afirmativa ficta. Finalmente, en atención a que la parte quejosa refiere en los conceptos de violación que vertió en su ampliación de demanda, que la autoridad responsable al haber emitido respuesta a su solicitud hasta el catorce de abril de dos mil veintitrés, esto es, fuera del plazo de no mayor a siete días, establecido en el artículo 422 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, operó la afirmativa ficta. Sin embargo, se precisa que si la intención de los quejosos es que sea éste órgano jurisdiccional el que realice una certificación o declare que se actualizó la afirmativa ficta por la omisión de la responsable de contestar sus peticiones dentro del plazo indicado en el párrafo anterior o, incluso, de analizarla como acto reclamado, se le dice que en esos supuestos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, ambos de la Ley de Amparo; pues, el juicio de amparo es una instancia de constitucionalidad y no de legalidad. En efecto, debe decirse que de los artículos 61, fracción XXIII y 107 de la ley de la materia, se advierte que no se prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de presunciones legales o en contra de la afirmativa ficta, de ahí que resulte improcedente el juicio cuando, como en la especie, se señala y controvierte por la parte quejosa dicha figura jurídica. Lo anterior debido a que en este caso no rige el principio de litis abierta que se admite en la vía contenciosa administrativa, sino que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en el juicio de amparo no pueden aducirse cuestiones no planteadas ante la autoridad, ni es posible exigir a la autoridad administrativa que produzca la resolución expresa para incorporarla a la litis. Ante ello, el juicio de amparo resulta improcedente contra la figura de la afirmativa ficta o tácita -como lo refiere la parte quejosa-; pues, se insiste, dicha figura solo puede controvertirse a través del juicio contencioso. En tanto que, se reitera, la presente es una instancia de constitucionalidad y no así de legalidad. En efecto, con la finalidad de evitar que la inactividad de la administración enervara el ejercicio del derecho a la tutela judicial, en los sistemas contencioso-administrativos se exigía el acto administrativo previo para acudir a los órganos judiciales. Lo que dio lugar a la tesis del silencio administrativo como una presunción de la denegación de la petición que dejara abiertas las vías procesales administrativas. Así, en nuestra Carta Magna se contemplan, entre otros, los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de entre los cuales destaca el derecho de petición, enarbolado por el artículo 8° de la Constitución Federal; y, por virtud del cual, los funcionarios y empleados públicos se encuentran compelidos a respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que la misma se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. De ahí que surge la obligación para la autoridad, en todos los ámbitos de su actuar, de responder las consultas, peticiones, aclaraciones e incluso recursos, resultando preponderante dicha obligación a ser observada por la autoridad administrativa. Siendo ante esta obligación, que nace la figura de la "afirmativa ficta" que otorga a la autoridad la facultad de no contestar lo pedido. Figura adoptada en la Ley de Justicia Fiscal de veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y seis, siendo el primer paso para la creación de tribunales administrativos autónomos organizando de manera global e integral los servicios hacendarios federales. Ahí apareció la resolución ficta como una alternativa de la resolución expresa y, a la vez, se vio reflejada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, como una figura por la cual la autoridad con fundamento en la ley, estaría afirmando el acto de petición al no contestarlo. Bajo ese contexto, atendiendo a las normas que la contemplan, la afirmativa ficta se configura por el transcurso del tiempo, cuando no se ha emitido resolución escrita, menos si no se han satisfecho las otras formalidades que exige el derecho de legalidad. Se trata de un acto de autoridad irregular que surge a la vida jurídica por disposición de la ley; y así, carente de esos atributos es válido en derecho y eficiente para producir sus consecuencias jurídicas adversas a los intereses del promovente. En la doctrina algunos tratadistas sostienen que la afirmativa ficta goza de la naturaleza de una resolución administrativa y debe surtir sus efectos plenos, para que el particular considere el silencio como una resolución desfavorable a sus intereses impugnable a través del medio ordinario de defensa correspondiente. De manera que la afirmativa ficta es una figura de carácter procesal, ya que el silencio nació como un instrumento para hacer viable la defensa procesal del particular frente a la abstención de la autoridad por dictar una resolución a la petición de aquél, no teniendo otra razón de ser, más que hacer accesible la impartición de justicia por parte de los tribunales competentes. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 81/2001 de rubro: "NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN, EN UN PLAZO DE TRES MESES, A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA Y DEL CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO FORMULADA A LA AUTORIDAD FISCAL, SIENDO IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", estableció que la afirmativa ficta se encuentra conformada por los siguientes requisitos: i. Que exista una instancia o petición formulada a una autoridad administrativa; ii. Que sobre esa instancia recaiga el silencio de la autoridad; y, iii. Que el silencio se prolongue por un lapso mayor de tres meses. Por tanto, una vez que ha trascurrido el plazo con el que cuenta la autoridad administrativa para responder al gobernado, sin que lo haya hecho, los particulares podrán impugnar la afirmativa ficta a través del medio ordinario de defensa correspondiente. Acotado lo anterior, debe decirse que la figura de la afirmativa ficta no coarta el derecho de los gobernados para acudir al juicio de amparo, por considerar violado su derecho de petición, sino que les otorga dos posibilidades: una es promover demanda de nulidad ante el Tribunal contencioso o competente; y, otra, optar por promover juicio de amparo indirecto ante un juez de Distrito. Siendo que, en la primera, una vez integrada la litis con la demanda, contestación a la demanda, ampliación y contestación a la ampliación, el tribunal competente dictará sentencia reconociendo la validez o declarando nulidad de la resolución afirmativa ficta, resolviendo el fondo. Mientras que, en la segunda, si el particular opta por promover juicio de amparo indirecto reclamando el derecho de petición, como así lo realizó la parte quejosa, de ser procedente y concederse, no tendría más objeto que el de obligar a la autoridad responsable a dictar la resolución respectiva pudiéndolo hacer en cualquier sentido según sus consideraciones, pues el juez de Distrito no puede estudiar el fondo del asunto, ni obligar a la autoridad a que se pronuncie en determinado sentido. Bajo ese orden de ideas, se tiene que la figura de la confirmativa o negativa ficta es propia del juicio contencioso, puesto que en dicho procedimiento se establece la posibilidad de que el particular amplíe la demanda en el momento en que conoce los motivos y fundamentos de la autoridad. Lo que no sucede en el juicio de amparo indirecto, pues la autoridad responsable solo está obligada a rendir el informe justificado en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En suma a lo anterior, no debe perderse de vista que el amparo indirecto tampoco procede contra la resolución confirmativa o negativa ficta, porque en aquel no opera el principio de litis abierta que rige en los juicios administrativos, ya que no existe la posibilidad de hacer valer en el amparo cuestiones que no fueron materia en un recurso administrativo. En efecto, el principio de litis abierta que opera en el juicio contencioso no es aplicable en el juicio de amparo, por ser éste un medio extraordinario de control constitucional donde el acto reclamado se debe apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, cuando en el juicio de amparo se reclama una resolución recaída a un recurso administrativo, no puede tenerse como acto destacado la resolución recurrida en sede administrativa, ni que se puedan hacer valer directamente conceptos de violación en contra de esta última, ya que la materia de litis en el amparo lo constituye únicamente aquella resolución, respecto de la cual el quejoso está en posibilidad de hacer valer motivos de inconformidad; pues, de hacerlo contra la resolución impugnada en sede administrativa, los conceptos de violación se calificarán de inoperantes por novedosos o reiterativos, según sea el caso. Por tanto, atendiendo a la naturaleza jurídica del amparo (medio extraordinario de defensa) y al impedimento técnico contenido expresamente en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe analizar el acto como ya está probado y constituido ante la responsable; y, se encuentra imposibilitado jurídicamente a analizar los conceptos de violación que no hayan sido propuestos ante la responsable en el recurso de administrativo. En mérito de lo anterior, como se ha venido anunciando a la parte quejosa, en el juicio de amparo no puede considerase como acto reclamado la resolución afirmativa ficta, menos la certificación o que se declare que se actualizó tal figura, porque el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa cuyo objeto fundamental es el análisis de la constitucionalidad de los actos desplegados por las autoridades responsables, a fin de que en el supuesto de demostrarse que resultan lesivos de derechos humanos, se restituya al gobernado en el goce de estos. En ese orden de ideas, cuando la parte quejosa señala como acto reclamado inicialmente la violación a su derecho de petición por falta de respuesta, y con posterioridad la afirmativa ficta al sostener que elevó una solicitud a la autoridad administrativa y que ésta ha sido omisa en responderle, debe atenderse que la parte quejosa lo que pretende reclamar es una ficción legal, por lo que el juicio de amparo es improcedente al no ser dable la revisión de constitucionalidad de una presunción legal cuya actualización requiere diversos requisitos previstos en leyes ordinarias. Por tanto, se insiste, en el juicio de amparo no puede tenerse como acto reclamado una afirmativa ficta. De ahí que en el juicio de amparo no se puede estudiar la ficción legal de la negativa o confirmativa ficta, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Se citan como apoyo a lo anterior, por identidad jurídica esencial, las tesis siguientes: "Registro digital: 197538 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.1o.A. J/2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 663 Tipo: Jurisprudencia NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra." "Registro digital: 2019372 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: VI.3o.A.58 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3066 Tipo: Aislada NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, las reglas que rigen al juicio contencioso administrativo cuando se impugna una negativa ficta son: en la demanda de nulidad debe exhibirse copia de la instancia no resuelta; en su contestación deben expresarse los fundamentos y motivos en que se apoya la negativa; el actor puede ampliar su escrito inicial contra estos y el tribunal administrativo, al dictar su sentencia, debe resolver el fondo de la pretensión planteada, reconociendo la validez o declarando la nulidad de la resolución ficta. Así, cuando se reclama la negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicha figura es propia del juicio contencioso, ya que en este existe la posibilidad de que el particular amplíe la demanda una vez que en la contestación se le den a conocer las razones que sustentan esa negativa, circunstancia que no sucede en el amparo indirecto, pues la autoridad responsable sólo está obligada a rendir el informe justificado, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del acto reclamado; y si bien es cierto que existe la diversa regla de que cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, para que el quejoso amplíe su demanda contra esa complementación, también lo es que ello sólo opera tratándose de actos materialmente administrativos, no cuando se reclama una resolución recaída a un recurso." "Registro digital: 2019373 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: VI.3o.A.59 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3065 Tipo: Aislada NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, AL NO OPERAR EN ESTE EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, el principio de litis abierta es una institución que permite la libre expresión de argumentos en el juicio contencioso administrativo, inclusive de los no planteados en el recurso administrativo, lo que implica, además, que pueda señalarse como acto impugnado, simultáneamente a la resolución recaída al recurso, la recurrida en sede administrativa. Por tanto, cuando se reclama una negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que en el amparo no cabe aplicar el principio de litis abierta, pues de su regulación se advierte que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en este medio de control constitucional no pueden hacerse valer cuestiones no planteadas ante la responsable y, por ende, no es posible esgrimir conceptos de violación directamente contra la resolución recurrida en sede administrativa, ya que la materia de la litis en el amparo lo es únicamente la resolución recaída al recurso administrativo, no así la impugnada en este, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de nulidad, donde dicho principio sí opera; de ahí que una negativa ficta no puede controvertirse eficazmente en el amparo, ya que en su impugnación se requiere que el gobernado tenga la posibilidad de formular argumentos no planteados en sede administrativa, lo que es propio únicamente del contencioso administrativo." En vista de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, en relación con dicho acto y autoridad. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, Maclovio Ángel Durán, María del Carmen Castro Rangel, Ernesto Tinoco Ángel, Maurilio Durán Ornelas, Elizabeth Ornelas Villegas y Elizabeth Ángel Pedraza en contra del acto y autoridades que quedaron precisadas, en los términos de los considerandos tercero, séptimo y octavo de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara y protege a ********************, Maclovio Ángel Durán, María del Carmen Castro Rangel, Ernesto Tinoco Ángel, Maurilio Durán Ornelas, Elizabeth Ornelas Villegas y Elizabeth Ángel Pedraza contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y para los efectos indicados del sexto considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 559/2023 promovido por ********************, contra actos del Presidente Constitucional del Municipio de Salvador Escalante y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Presidenta Municipal de Salvador Escalante, Michoacán. Director de Urbanismo de la Localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente a aquél municipio. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que las autoridades señaladas como responsables adjuntaron como sustento de su informe diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, la primera de las indicadas responsables, con motivo de la ampliación de demanda, adjuntó a su diverso informe, copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el expediente del que deriva el acto combatido; con la que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado; misma que el director de urbanismo hizo suyas al rendir su respectivo informe. Documentales que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓN.Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Morelia, Michoacán, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. SE DECLARARON DÍAS INHÁBILES Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre del año en curso, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Aunado a lo anterior, de autos se advierte que el seis de noviembre del año en curso, comenzará a trascurrir el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido de los informes que se tuvieron por recibidos en auto de dieciséis de octubre del año en curso. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para la data indicada en el primer párrafo de este proveído, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. SE RECIBEN INFORMES JUSTIFICADOS CON MOTIVO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA Con vista a las partes, agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta, con los que las autoridades que los envían Presidenta Municipal de Salvador Escalante, Michoacán y Director de Urbanismo de la Localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente a aquél municipio, rinden el informe justificado en el presente juicio de amparo, con motivo de la ampliación demanda, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. PRUEBA DOCUMENTAL Así, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las documentales que la primera de las autoridades en mención envía como sustento de su informe justificado, las cuales el director de urbanismo hace suyas; sin perjuicio de hacer relación de las misma en la audiencia constitucional correspondiente; con las que se ordena formar un tomo de pruebas por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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