Casandra Yunuen Leal Guisa

Expediente 1259/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1259/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Casandra Yunuen Leal Guisa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    1. LLEGADA DE AUTOS. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada por ese tribunal en la queja 13/2022, el siete de los corrientes, así como el juicio de amparo 1259/2021, así como. 1.1. ACUSE DE RECIBO. Como lo solicita la Superioridad, acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. 1.2. SE CONFIRMA AUTO. Del oficio de cuenta se advierte que el tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de tres de enero pasado, que desechó de plano la demanda. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 1.3. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.4. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    1. Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de Casandra Yunuén Leal Guisa a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de tres de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso y, en consecuencia, ríndase el informe respectivo. 1.1. Envío la superioridad. En relación con el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el escrito original de agravios así como copia de éste y el póngase a disposición el expediente electrónico de la superioridad, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Para el caso de que la superioridad estime necesarias las constancias físicas del expediente en que se actúa, en su momento se atenderá la petición correspondiente

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Desahoga prevenciones. Visto lo de cuenta y, en atención a su contenido, Casandra Yunuén Leal Guisa en cuanto parte quejosa, desahoga las prevenciones impuestas en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; en esas condiciones se provee lo siguiente: 1.1. Desechamiento. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en el supuesto de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso particular, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Entonces, previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho lo anterior, en principio es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la quejosa, se advierte que reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de falta de personalidad y personería, dentro del juicio sumario civil hipotecario 635/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Ahora, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos después de concluido el juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Estas disposiciones se refieren, entre otras cosas, al juicio de amparo promovido contra actos judiciales dictados fuera de un procedimiento jurisdiccional o después de concluido; además, establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre que sea la última resolución dictada dentro de ésta. Ahora, interpretando en sentido contrario la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución; esto es, cuando el acto combatido no es de aquellas determinaciones que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso concreto, la parte quejosa señala que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, en donde se promovió incidente de falta de personalidad y personería, mismo que determinó entre otras cosas la improcedencia de dicha incidencia. Por tanto, como se dijo, no procede la vía constitucional de amparo indirecto respecto de los actos señalados, pues lo reclamado no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. En efecto, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sin embargo, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución. Dichos razonamientos dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2005, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 178441, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa". Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Claudia Paulina García Ortiz, quien da fe. JaimeTS P- 1259/2021 OFICIO(S) JaimeTS

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Desahoga prevenciones. Visto lo de cuenta y, en atención a su contenido, Casandra Yunuén Leal Guisa en cuanto parte quejosa, desahoga las prevenciones impuestas en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; en esas condiciones se provee lo siguiente: 1.1. Desechamiento. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en el supuesto de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso particular, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Entonces, previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho lo anterior, en principio es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la quejosa, se advierte que reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de falta de personalidad y personería, dentro del juicio sumario civil hipotecario 635/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Ahora, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos después de concluido el juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Estas disposiciones se refieren, entre otras cosas, al juicio de amparo promovido contra actos judiciales dictados fuera de un procedimiento jurisdiccional o después de concluido; además, establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre que sea la última resolución dictada dentro de ésta. Ahora, interpretando en sentido contrario la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución; esto es, cuando el acto combatido no es de aquellas determinaciones que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso concreto, la parte quejosa señala que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, en donde se promovió incidente de falta de personalidad y personería, mismo que determinó entre otras cosas la improcedencia de dicha incidencia. Por tanto, como se dijo, no procede la vía constitucional de amparo indirecto respecto de los actos señalados, pues lo reclamado no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. En efecto, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sin embargo, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución. Dichos razonamientos dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2005, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 178441, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa". Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Claudia Paulina García Ortiz, quien da fe. JaimeTS P- 1259/2021 OFICIO(S) JaimeTS

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