Cecilia Alanis Flores
Expediente 1018/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cecilia Alanis Flores
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: SERGIO BAUTISTA GARCÍA, QUIEN SE OSTENTA APODERADO JURÍDICO DE CECILIA ALANÍS FLORES Y ÉSTE EN CUANTO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MENORES DAVID GAEL Y YAHIR EMILIANO, AMBOS DE APELLIDOS MONROY ALANÍS, Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 19 a 27), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Sergio Bautista García, quien se ostenta apoderado jurídico de Cecilia Alanís Flores y ésta en cuanto representante legal de los menores David Gael y Yahir Emiliano, ambos de apellidos Monroy Alanís, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Demanda y radicación Con la demanda de cuenta, se tiene a Sergio Bautista García, quien se ostenta apoderado jurídio de Cecilia Alanís Flores y ésta en cuanto representante legal de los menores David Gael y Yahir Emiliano, ambos de apellidos Monroy Alanís, carácter que se le reconoce en términos de la documental que adjunta, solicitando el amparo y protección de la justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Maravatío de Ocampo, Michoacán (Jaime Dimas Hernández). Fórmese expediente y regístrese con el número V-1018/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son los siguientes: La abstención de prosecución de la denuncia presentada por la quejosa, identificada con el número único de caso 1006201704474 y de expediente 03321/UATP/ZIT/2017 de la estadística de la autoridad responsable. La negativa de darle acceso a dicha carpeta. El no ejercicio de la acción penal. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. Estudio de la improcedencia actualizada Inicialmente, es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tales numerales prevén la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables. En efecto, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, el cual deberá tener como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así pues, la interpretación funcional (teleológica) que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de los preceptos en estudio revela que la actualización de la causa de improcedencia por virtud del principio de definitividad, cuando se trata de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, como en el caso lo es el Ministerio Público Investigador, requiere considerarse lo siguiente: El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. La procedencia del recurso no debe exigir más requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor para tal efecto. Existen excepciones contempladas por el precepto legal en estudio -acotadas por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, a saber, no existe obligación de agotar los medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el caso, Cecilia Alanís Flores, por sí y en cuanto representante legal de los menores David Gael y Yahir Emiliano, ambos de apellidos Monroy Alanís acude a esta instancia constitucional en su calidad de ofendida o víctima, pues, bajo protesta de decir verdad, ésta manifestó haber presentado la querella que originó el inicio de la carpeta de investigación 03321/UATP/ZIT/2017 de la estadística de la autoridad responsable; de ahí que, con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 105, así como por el Libro Primero, Título V, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento penal; y, por ende, es titular de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional establecen con base en el principio de igualdad ante la ley y entre las partes que postulan respectivamente los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador al introducir en el nuevo sistema de Justicia Penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. A través de tales derechos fundamentales se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual, en su artículo 2°, dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: Esclarecer los hechos, Proteger al inocente, Procurar que el culpable no quede impune, Reparar el daño, Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa, puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Para ello, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." La lectura de dicho artículo evidencia que, contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuenta con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En ese orden de ideas, la interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten concluir que, en el desempeño de su labor investigadora, las determinaciones del Ministerio Público deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones y abstenciones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Así pues, la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados en párrafos precedentes permite demostrar que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional referido. Medio de impugnación que resulta idóneo, pues, como se dijo, al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, el juez de control puede determinar que la conducta asumida por quien conduce aquélla es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que reanude la misma y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, ello, para cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2° del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para para el otorgamiento de la suspensión definitiva, precisados por la ley de amparo, pues debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sustenta lo expuesto, lo establecido en la contradicción de tesis 233/2017, la cual fue resuelta el dieciocho de abril pasado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se generó la tesis de jurisprudencia 27/2018 (10ª.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", aprobada el veintitrés de mayo siguiente publicada en el Semanario Judicial de la Federación, por lo cual, resulta inaplicable en el caso de estudio. Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto de la abstención de prosecución de la denuncia presentada por la quejosa, identificada con el número de expediente 03321/UATP/ZIT/2017 de la estadística del Agente del Ministerio Público Investigador de Maravatío, Michoacán (Jaime Dimas Hernández). Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XX, de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Cecilia Alanís Flores, por sí y en cuanto representante legal de los menores David Gael y Yahir Emiliano, ambos de apellidos Monroy Alanís. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Devolución documentos. Por otra parte, no ha lugar acordar de conformidad la petición de devolución de los documentos que menciona ya que si bien puede pedir la devolución de los documentos aportados al juicio, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó dicho numeral en el sentido de que la invocada devolución procederá siempre que haya transcurrido el plazo de la objeción o ésta se haya dirimido definitivamente, ya que en el caso de que esta determinación fuera recurrida a través de la queja, ésta podría declararse fundada por la Superioridad y, como consecuencia se seguiría el trámite del presente juicio y el documento con el que acredita su personalidad podría ser objetado por las partes. Sin embargo, de considerarlo necesario, podrá solicitar copia debidamente certificada de las constancias que requiere, previa petición que formule ante este órgano jurisdiccional, en su caso podrá reiterar su petición al causar firmeza este acuerdo. Domicilio procesal y autorizado Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto a las personas que índica por así expresarlo el promovente. Habilitación de días y horas inhábiles; capturas, anotaciones e integración del expediente electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: SERGIO BAUTISTA GARCÍA, QUIEN SE OSTENTA APODERADO JURÍDICO DE CECILIA ALANÍS FLORES Y ÉSTA EN CUANTO REPRESENTNATE LEGAL DE LOS MENORES DAVID GAEL Y YAHIR EMILIANO, AMBOS DE APELLIDOS MONROY ALANÍS. Demanda y radicación Con la demanda de cuenta, se tiene a Sergio Bautista García, quien se ostenta apoderado jurídio de Cecilia Alanís Flores y ésta en cuanto representante legal de los menores David Gael y Yahir Emiliano, ambos de apellidos Monroy Alanís, carácter que se le reconoce en términos de la documental que adjunta, solicitando el amparo y protección de la justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Maravatío de Ocampo, Michoacán (Jaime Dimas Hernández). Fórmese expediente y regístrese con el número V-1018/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. y DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son los siguientes: La abstención de prosecución de la denuncia presentada por la quejosa, identificada con el número único de caso 1006201704474 y de expediente 03321/UATP/ZIT/2017 de la estadística de la autoridad responsable. La negativa de darle acceso a dicha carpeta. El no ejercicio de la acción penal. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. Estudio de la improcedencia actualizada Inicialmente, es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tales numerales prevén la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables. En efecto, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, el cual deberá tener como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así pues, la interpretación funcional (teleológica) que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de los preceptos en estudio revela que la actualización de la causa de improcedencia por virtud del principio de definitividad, cuando se trata de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, como en el caso lo es el Ministerio Público Investigador, requiere considerarse lo siguiente: El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. La procedencia del recurso no debe exigir más requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor para tal efecto. Existen excepciones contempladas por el precepto legal en estudio -acotadas por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, a saber, no existe obligación de agotar los medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En el caso, Cecilia Alanís Flores, por sí y en cuanto representante legal de los menores David Gael y Yahir Emiliano, ambos de apellidos Monroy Alanís acude a esta instancia constitucional en su calidad de ofendida o víctima, pues, bajo protesta de decir verdad, ésta manifestó haber presentado la querella que originó el inicio de la carpeta de investigación 03321/UATP/ZIT/2017 de la estadística de la autoridad responsable; de ahí que, con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 105, así como por el Libro Primero, Título V, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento penal; y, por ende, es titular de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional establecen con base en el principio de igualdad ante la ley y entre las partes que postulan respectivamente los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador al introducir en el nuevo sistema de Justicia Penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. A través de tales derechos fundamentales se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual, en su artículo 2, dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: Esclarecer los hechos, Proteger al inocente, Procurar que el culpable no quede impune, Reparar el daño, Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa, puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Para ello, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. La lectura de dicho artículo evidencia que, contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuenta con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En ese orden de ideas, la interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten concluir que, en el desempeño de su labor investigadora, las determinaciones del Ministerio Público deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones y abstenciones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Así pues, la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados en párrafos precedentes permite demostrar que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional referido. Medio de impugnación que resulta idóneo, pues, como se dijo, al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, el juez de control puede determinar que la conducta asumida por quien conduce aquélla es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que reanude la misma y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, ello, para cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2° del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para para el otorgamiento de la suspensión definitiva, precisados por la ley de amparo, pues debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sustenta lo expuesto, lo establecido en la contradicción de tesis 233/2017, la cual fue resuelta el dieciocho de abril pasado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se generó la tesis de jurisprudencia 27/2018 (10ª.) de rubro: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES., aprobada el veintitrés de mayo siguiente publicada en el Semanario Judicial de la Federación, por lo cual, resulta inaplicable en el caso de estudio. Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto de la abstención de prosecución de la denuncia presentada por la quejosa, identificada con el número de expediente 03321/UATP/ZIT/2017 de la estadística del Agente del Ministerio Público Investigador de Maravatío, Michoacán Jaime Dimas Hernández. Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XX, de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Cecilia Alanís Flores, por sí y en cuanto representante legal de los menores David Gael y Yahir Emiliano, ambos de apellidos Monroy Alanís. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA y DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Devolución documentos. Por otra parte, no ha lugar acordar de conformidad la petición de devolución de los documentos que menciona ya que si bien puede pedir la devolución de los documentos aportados al juicio, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó dicho numeral en el sentido de que la invocada devolución procederá siempre que haya transcurrido el plazo de la objeción o ésta se haya dirimido definitivamente, ya que en el caso de que esta determinación fuera recurrida a través de la queja, ésta podría declararse fundada por la Superioridad y, como consecuencia se seguiría el trámite del presente juicio y el documento con el que acredita su personalidad podría ser objetado por las partes. Sin embargo, de considerarlo necesario, podrá solicitar copia debidamente certificada de las constancias que requiere, previa petición que formule ante este órgano jurisdiccional, en su caso podrá reiterar su petición al causar firmeza este acuerdo. Domicilio procesal y autorizado Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto a las personas que índica por así expresarlo el promovente. Habilitación de días y horas inhábiles; capturas, anotaciones e integración del expediente electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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