Carmen Calderón Muñóz

Expediente 562/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
562/2020
Año
2020
Actuaciones
35
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Daniel Gil Mendoza
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
  • Carmen Calderón Muñóz y Otros.
  • Carmen Calderón Muñóz
  • Enrique Chuela Álvarez
  • Gloria Espephanie Martínez Suazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que transcurrió el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Archivo Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, entréguese al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración del amparo Ahora, con base en lo dispuesto en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió la protección constitucional, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es CONSERVABLE. Destino del expediente Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Incidente de suspensión Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General se considera que el original del cuaderno incidental es destruible Duplicado del incidente de suspensión El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Documentos irrecuperables Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de lo informado por la responsable a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, sin que así lo haya hecho; por lo tanto, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. El cinco de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Carmen Calderón Muñoz, Gloria Stephanie Martínez Suazo, Daniel Gil Mendoza, Enrique Chuela Álvarez y Sergio López Ochoa. Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión administrativa 123/2021, el diecisiete de marzo del año en curso, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es improcedente el recurso hecho valer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. SEGUNDO. Se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carmen Calderón Muñoz, Gloria Stephanie Martínez Suazo, Daniel Gil Mendoza, Enrique Chuela Álvarez y Sergio López Ochoa, en contra de los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial, ambos con sede en la Ciudad de México; consistente en la omisión de señalar el número de publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria. Asimismo, se sobresee respecto del acto reclamado del Secretario de la Defensa Nacional, consistente en la emisión o promulgación del decreto reclamado. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carmen Calderón Muñoz, Gloria Stephanie Martínez Suazo, Daniel Gil Mendoza, Enrique Chuela Álvarez y Sergio López Ochoa en contra del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, emitido el ocho de mayo de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once del citado mes y año". Por tanto, en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables Presidente de la República, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretario de Marina, todos con sede en la Ciudad de México, para que en un plazo de tres días dieran cumplimiento con el fallo protector, es decir, para que realizaran lo siguiente: "Se desincorpore en lo presente y en lo futuro de la esfera jurídica de los quejosos ************************ el contenido material del Acuerdo reclamado, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, declarado inconstitucional". Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio SSPC/UGAJT/DGCPC/16590/2022, de catorce de diciembre del año pasado, informó que giró oficios al Capitán de Navío del Servicio de Justicia Naval, a la Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina y al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA, General Brigadier de Justicia Militar, a través de los que se les instruyó no aplicar el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, en el ámbito jurídico de los quejosos *******************. Para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de los referidos comunicados, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Pronunciamiento. De lo anterior, se desprende que la ejecutoria de amparo quedó cabalmente cumplida, toda vez que la autoridad responsable en cumplimiento al único efecto del fallo constitucional, ordenó no aplicar el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, en el ámbito jurídico de los quejosos *******************. Por tanto, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Máxime que en el caso, los efectos del fallo protector, de conformidad con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se limitan a proteger y amparar únicamente a los quejosos ***************************** respecto del Acuerdo reclamado, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, que fue declarado inconstitucional. En tal condiciones, resulta ocioso pretender el cumplimiento "material" de las autoridades a quienes se les reclamó la emisión del acuerdo referido, toda vez que, en el presente asunto, la norma general impugnada carece de acto material de aplicación respecto del cual tuviese que dejarse insubsistente virtud al pronunciamiento de inconstitucionalidad decretado en la sentencia definitiva, pues como se dijo, su efecto de inconstitucionalidad, únicamente protege a los quejosos referidos. De ahí que, se insiste, la sentencia se encuentra debidamente cumplida. Sirve de sustento a lo expuesto la tesis 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Hágase notar que como se advierte de la certificación de cuenta la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada respecto del cumplimiento. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, quien actúa con Démian Gibrán González Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de lo informado por la responsable a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, sin que así lo haya hecho; por lo tanto, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. El cinco de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ************************* Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión administrativa 123/2021, el diecisiete de marzo del año en curso, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es improcedente el recurso hecho valer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. SEGUNDO. Se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************************************* en contra de los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial, ambos con sede en la Ciudad de México; consistente en la omisión de señalar el número de publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria. Asimismo, se sobresee respecto del acto reclamado del Secretario de la Defensa Nacional, consistente en la emisión o promulgación del decreto reclamado. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carmen Calderón Muñoz, Gloria Stephanie Martínez Suazo, Daniel Gil Mendoza, Enrique Chuela Álvarez y Sergio López Ochoa en contra del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, emitido el ocho de mayo de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once del citado mes y año". Por tanto, en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables Presidente de la República, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretario de Marina, todos con sede en la Ciudad de México, para que en un plazo de tres días dieran cumplimiento con el fallo protector, es decir, para que realizaran lo siguiente: "Se desincorpore en lo presente y en lo futuro de la esfera jurídica de los quejosos ************************ el contenido material del Acuerdo reclamado, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, declarado inconstitucional". Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio SSPC/UGAJT/DGCPC/16590/2022, de catorce de diciembre del año pasado, informó que giró oficios al Capitán de Navío del Servicio de Justicia Naval, a la Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina y al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA, General Brigadier de Justicia Militar, a través de los que se les instruyó no aplicar el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, en el ámbito jurídico de los quejosos *******************. Para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de los referidos comunicados, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Pronunciamiento. De lo anterior, se desprende que la ejecutoria de amparo quedó cabalmente cumplida, toda vez que la autoridad responsable en cumplimiento al único efecto del fallo constitucional, ordenó no aplicar el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, en el ámbito jurídico de los quejosos *******************. Por tanto, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Máxime que en el caso, los efectos del fallo protector, de conformidad con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se limitan a proteger y amparar únicamente a los quejosos ***************************** respecto del Acuerdo reclamado, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, que fue declarado inconstitucional. En tal condiciones, resulta ocioso pretender el cumplimiento "material" de las autoridades a quienes se les reclamó la emisión del acuerdo referido, toda vez que, en el presente asunto, la norma general impugnada carece de acto material de aplicación respecto del cual tuviese que dejarse insubsistente virtud al pronunciamiento de inconstitucionalidad decretado en la sentencia definitiva, pues como se dijo, su efecto de inconstitucionalidad, únicamente protege a los quejosos referidos. De ahí que, se insiste, la sentencia se encuentra debidamente cumplida. Sirve de sustento a lo expuesto la tesis 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Hágase notar que como se advierte de la certificación de cuenta la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada respecto del cumplimiento. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, quien actúa con Démian Gibrán González Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vías de cumplimiento de ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para justificar lo anterior, hace del conocimiento que giró oficios al Capitán de Navío del Servicio de Justicia Naval, licenciada en derecho ********************, Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina y al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA, General Brigadier de Justicia Militar, licenciado ********************, respectivamente, a través de los cuales se les instruyó no aplicar el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte, en el ámbito jurídico de los quejosos ********************; lo que acredita con las constancias que anexa a su ocurso de cuenta. Con lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Bajo el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Delegados. Finalmente, se tiene a la referida autoridad, nombrando como delegados a las personas que indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad.

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