Carolina Rangel Gracida
Expediente 1269/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carolina Rangel Gracida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que únicamente se concedió la suspensión provisional. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3°, párrafo 8°, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya, certifica y hace constar que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. LLEGADA DE AUTOS Agréguese a sus autos y acúsese recibo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de su oficio 6137, mediante el cual remite a este juzgado testimonio autorizado de la ejecutoria de sesión de once de agosto de dos mil veintidós, en el incidente en revisión civil 122/2022 derivado del cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo VI-1269/2021. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal de alzada, resolvió: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por Carolina Rangel Gracida, en cuanto titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de su apoderado Alejandro Magaña González, contra la resolución interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número VI-1269/2021". ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia con engrose de once de mayo de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Carolina Rangel Grácida, en cuanto Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Michoacán, sin que lo hayan hecho. DECLARACIÓN DE CAUSAR EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA COMUNICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO Por otro lado, es un hecho notorio para este juzgado que en los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo en que se actúa, en proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, informando que se avocó al conocimiento del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución de interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en el incidente derivado del juicio de amparo en que se actúa, formándose el recurso de revisión 122/2022. Virtud a lo anterior, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado citado, que en este mismo acuerdo ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, para lo cual se ordena enviarle copia certificada de la sentencia ejecutoriada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-1269/2021, promovido por Manuel Alexandro Cortés Ramírez, en su carácter de apoderado de Carolina Rangel Gracida, en cuanto Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Michoacán, contra actos del Juez Sexto de primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido al día siguiente hábil en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, Manuel Alexandro Cortés Ramírez, en su carácter de apoderado de Carolina Rangel Gracida, en cuanto Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Michoacán, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Sexto de primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de trece de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VI-1269/2021; se requirió a las responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente pro materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial civil residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama: El auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio sumarísimo civil 15/2016, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, promovido por Francisco Ariel Rosales Flores contra la aquí quejosa; en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso de cuatro de mayo de ese año, y se impuso a la quejosa una multa; así como la ejecución de dicha medida de apremio. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada del juicio sumarísimo civil 15/2016. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Por otro lado, si bien del contenido del informe justificado rendido en representación de la Administradora de Rentas de Morelia, Michoacán, se advierte que niega la existencia de los actos reclamados y del propio informe de la juez responsable se evidencia que a la fecha no han sido entregados los oficios a dicha autoridad ejecutora para que haga efectiva la multa impuesta, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y tener por cierto el acto de ejecución reclamado a la Administradora de Rentas de Morelia, Michoacán, ya que la ejecución de la multa es un acto inminente. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular se estima actualizada la causal de improcedencia invocada por la Juez responsable y prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Bajo ese contexto es de precisarse que el amparo es un juicio extraordinario; su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad vertical del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, la propia Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. La regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por algún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. El principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de garantías en términos de la propia Ley de Amparo, en su artículo 61, fracciones XVIII, XIX y XX, en las que establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, de la siguiente manera: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de garantías debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio trae como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la fracción XVIII del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos ordinarios que puedan interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de garantías. Por su parte, la fracción XIX, a la que resulta de la circunstancia de que en el momento de la instauración del juicio se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal contra el acto reclamado que pudiera revocar o nulificar dicho acto. Y la fracción XX a los casos en que tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o sean impugnables mediante algún recurso o medio por el que pudieran ser revocados o modificados. En todos estos supuestos el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. Ahora, de la demanda de garantías se advierte que la promovente del amparo tilda de inconstitucional el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso de cuatro de mayo de ese mismo año, e impuso a la quejosa una multa en el juicio sumarísimo civil número 15/2016, que sobre terminación y rescisión de contrato de arrendamiento promovió Francisco Ariel Rosales Flores, en contra de la Secretaría de Política Social del Estado y/o Gobierno del Estado de Michoacán, hoy Secretaría de Bienestar. Siendo que, como se adelantó, respecto de dicho acto reclamado se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 127, en relación con los diversos 131 y 132, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su contra debió agotarse previamente el recurso de queja ahí previsto, a fin de acatar el principio de definitividad a que se ha hecho referencia en el cuerpo de esta sentencia. Para evidenciar el aserto que antecede resulta oportuno señalar el contenido de los citados artículos. "Artículo 131. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. La multa hasta de veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado, que podrá duplicarse en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. El cateo por orden escrita; y, IV. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia." "Artículo 132. Son aplicables a los medios de apremio las disposiciones de los artículos 126 a 129 de este Código." "Artículo 127. Si la providencia de que hablan los artículos anteriores fuere dictada por un Juez de Primera Instancia, admitirá el recurso de queja." De lo que se desprende que en el caso particular, el acto que constituye materia de reclamo era susceptible de impugnarse a través del recurso de queja, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos transcritos. De ahí que en su contra la quejosa debía interponer en su momento el citado medio de impugnación a que alude el mencionado precepto legal, previamente a promover el juicio de garantías, ello dado que a través de dicho medio de impugnación podía lograr la modificación o revocación del acto recurrido, pues nada impedía que el recurso de queja fuera interpuesto por la parte quejosa, ya que estaba legitimada para interponer dicho medio ordinario de defensa al ser parte en el juicio de origen. En ese sentido, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción a la obligación de interponer dicho recurso a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es la que específicamente regula el caso; pues: No se reclama alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional; No se combate algún mandamiento de captura ni algún acto que afecte la libertad personal; Menos aún la quejosa tiene la ciudad de tercera extraña en el juicio, porque fungió como parte en el procedimiento; el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se le notificó el acto (foja 453 del tomo de pruebas) y así lo aceptó en escrito de tres de diciembre de dos mil veintiuno (foja 456); y, No se requiere interpretación adicional ni el fundamento del recurso es insuficiente. Luego, si el recurso de mérito no se agotó antes de la promoción del juicio de garantías, es incontrovertible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que constituya una salvedad a lo anterior que la multa impuesta genera una afectación de imposible reparación en la fase de ejecución, como lo pretende la quejosa, pues no se prevé así en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y en términos de la tesis siguiente: Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe acotar que al haberse actualizado en el presente juicio de garantías la citada causal de improcedencia, resulta innecesario atender alguna diversa, pues el hecho de que opere o no es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución. Siendo improcedente el juicio de amparo, lo que se impone es sobreseer en el mismo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. No impide determinarlo así, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de garantías y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. El sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a la Administradora de Rentas de Morelia, Michoacán, al no reclamarse por vicios propios. Además tal determinación impide que este juzgado federal aborde el estudio de fondo de los conceptos de violación expuestos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Carolina Rangel Gracida, en cuanto Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Michoacán, en contra del acto reclamado a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de mayo de dos mil veintidós, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-
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