Carolina Suset Santillanes González y Otros.
Expediente 94/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carolina Suset Santillanes González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el comunicado que signa la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió el oficio con el que se remitió la demanda de amparo promovida por ******* y otra, así como el expediente principal del juicio de amparo indirecto 94/2018 del índice de este juzgado, e informa que dicho tribunal avoca a su conocimiento, radicándolo bajo el amparo directo 49/2018; de lo que toma conocimiento este juzgado, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Ahora, vista la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, ORDENADA EN PROVEÍDO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a quienes reclama, la sentencia de segunda instancia, pronunciada el dieciséis de enero del año en curso, en autos del toca de apelación *******, así como su ejecución. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el consecutivo 94/2018-II. Dado que la competencia legal, es un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio; se estima necesario determinar que, en la especie, se carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta, en términos de los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, y 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el numeral 47 de la invocada ley, establece: 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Por su parte, el artículo 170 de la ley reglamentaria indicada, establece: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Asimismo, el artículo 107, fracción V, inciso c), constitucional, establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. (.). De los preceptos transcritos se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas contra sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, pues promover el juicio de amparo contra una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo. En la especie, la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una sentencia definitiva con la que concluyó el juicio de origen, porque de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la sentencia de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se confirmó la sentencia definitiva de primera instancia emitida por el Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en un juicio en el que, el tercero interesado, *******, fue absuelto del reclamo de las prestaciones que le demandó la ahora parte quejosa, consistente en la pérdida o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, entre otras prestaciones. En esa tesitura, en el presente caso y dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, constitucionales; así como 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo de que se trata; toda vez que el acto reclamado, por los efectos que produce, puso fin al juicio, surtiéndose con ello, la hipótesis prevista en el referido numeral 47 de la ley de la materia, resultando ser legalmente competente para conocer del presente asunto un Tribunal Colegiado de Circuito, en turno. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que presenta *******, por sí y en representación de la persona menor de edad de iniciales *******, en esas condiciones, se ordena remitirla al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a quien se estima competente para su conocimiento y resolución, solicitándole de la manera más atenta, que de no existir inconveniente legal alguno acuse el recibo respectivo y asimismo, comunique si acepta o no la competencia planteada. Con copia autógrafa de este acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, que se obtengan por este juzgado, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes. Dese cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Finalmente, en términos de los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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