Carolina Hernández Zeferino
Expediente 38/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carolina Hernández Zeferino
- Carolina Hernández Zeferino y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse sobreseído el juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 38/2022-II, promovido por *******, por sí y en representación de su menor hija *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de enero de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, por sí y en representación de su menor hija (de dieciséis años de edad) *******, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, Subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua y Gobernadora del Estado de Chihuahua, todos con sede en la ciudad del mismo nombre. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración y admisión a trámite. Primero, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 38/2022-II y se mandó aclarar la demanda de amparo. Después de diversos intentos infructuosos de aclaración de demanda, efectuados por la parte quejosa; mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, una vez que ésta desahogó debidamente la prevención formulada -y, además, externó su deseo de que no se llamara como autoridad responsable al Subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, a quien en su escrito inicial de demanda había señalado con tal calidad-, se admitió a trámite la demanda; se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, excluyéndose de las mismas a la autoridad arriba referida, en atención a la solicitud de la quejosa, en ese sentido; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Congreso del Estado de Chihuahua: La aprobación del Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La disminución y/o falta de incremento de los recursos que se destinaron en el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con relación a los programas destinados a la atención de grupos vulnerables. La inobservancia del principio de progresividad, previsto en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, que establece que los recursos que se destinen a programas y proyectos en materia de desarrollo social y humano no podrán ser inferiores en términos reales al año fiscal anterior. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua: La promulgación del referido decreto y la presentación del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La autorización y ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. La inobservancia del principio de progresividad, previsto en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, que establece que los recursos que se destinen a programas y proyectos en materia de desarrollo social y humano no podrán ser inferiores en términos reales al año fiscal anterior. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua: La elaboración del proyecto del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. Tercero. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Congreso y a la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la inobservancia del principio de progresividad, previsto en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, que establece que los recursos que se destinen a programas y proyectos en materia de desarrollo social y humano no podrán ser inferiores en términos reales al año fiscal anterior; pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; a través de los cuales lo negaron categóricamente. Sin que la quejosa, por sí, ni por conducto de sus autorizados, haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuarlos. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad, pero no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez Constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, fue omisa en pronunciarse respecto a la promulgación del Decreto combatido; lo que también ocurrió con el Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, que omitió pronunciarse respecto a la aprobación de la citada norma. De manera de, acorde al artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos referidos en el párrafo anterior, que les fueron atribuidos por la parte accionante del amparo. Además, la existencia del Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial del mismo, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que resulta presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Asimismo, resultan ciertos los restantes actos reclamados a las autoridades responsables en este asunto, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se advierte que en este asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal y con el diverso 107, fracción I, Constitucional, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) De los preceptos legales transcritos se desprende que no posee legitimación para acudir al juicio de amparo, quien no acredite resentir algún perjuicio por cierto acto u omisión de la autoridad, en su derecho subjetivo o en su interés legítimo. Al respecto, conforme a la nueva redacción del artículo 107, fracción I, Constitucional, la posibilidad de ejercer la acción de amparo se ha ampliado, pues no sólo se ha posibilitado a quien ve afectados sus intereses jurídicos -como anteriormente se preveía- sino que ahora, además, se ha contemplado que también puede ejercerse dicha acción constitucional por quien estima resentir una afectación en sus intereses legítimos. Lo anterior, permite inferir que la aptitud para promover juicio de amparo -conforme a la reforma constitucional realizada en dos mil once, al artículo de referencia-, se determina respecto de la autoridad de la cual deriva el acto que se tilda de inconstitucional; pues se establece que, en los actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, se debe acreditar irremediablemente el interés jurídico; y por otro lado, en los actos derivados de la actuación de las autoridades distintas a las jurisdiccionales, se debe acreditar el interés legítimo o bien, el jurídico (según sea el caso). En consecuencia, debe entenderse que a partir de los cambios acaecidos al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sólo operará si la parte quejosa no acredita una afectación a sus intereses jurídicos, o bien, legítimos, pues sólo de esa manera puede armonizarse el contenido de dicho numeral con las nuevas disposiciones de la Constitución Federal, con relación a los actos distintos a los meramente jurisdiccionales. Así es, tal causal de improcedencia efectivamente se actualiza en el presente juicio, como será demostrado a continuación. Primero, debe decirse que la quejosa en el presente asunto, aduce que le asiste el interés legítimo necesario para ejercitar la acción de amparo. Tal como quedó precisado en el considerando que antecede, la parte quejosa reclamó lo siguiente a través de este juicio de amparo -excluyendo, claro está, el acto que resultó ser inexistente, de acuerdo a lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia-: I. Del Congreso del Estado de Chihuahua: a) La aprobación del Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. b) La disminución y/o falta de incremento de los recursos que se destinaron en el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con relación a los programas destinados a la atención de grupos vulnerables. II. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua: a) La promulgación del referido decreto y la presentación del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. b) La autorización y ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. III. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua: a) La elaboración del proyecto del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. b) La ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. -Al respecto, es dable acotar que la accionante del amparo, señaló que se dolió del Decreto arriba referido, en su carácter de norma autoaplicativa-; y que respecto a la totalidad de los actos reclamados, refiere que goza de interés legítimo. Empero, como se explicará en párrafos subsecuentes, la quejosa ostenta únicamente un simple interés, mismo que deviene insuficiente para estimar que se ubica en una especial situación frente al orden jurídico que regula los actos reclamados. En efecto, por un lado, la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo biinstancial, debido a que los actos reclamados no derivan de un proceso judicial en el que sea parte contendiente o bien, tenga la característica de ser tercera extraña al mismo, por virtud de los cuales se vea afectada su propiedad, posesión, libertad o algún otro derecho sustantivo; ni acreditó tampoco, respecto de los actos de que se dolió, ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa con su sola emisión (al reclamar la norma como autoaplicativa). Es así, para que proceda la acción de amparo por interés jurídico, presupone la existencia de un derecho subjetivo tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos humanos. Sin que la quejosa, haya acreditado contar con dicho interés jurídico, pues no demostró que con los actos arriba precisados, las responsables le hayan provocado una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Por otra parte, tampoco se aprecia que cuente con interés legítimo para acudir a la instancia constitucional en la vía indirecta, dado que los actos reclamados, indicados supra líneas, no le producen una afectación real y actual en su esfera jurídica, en la medida que no se advierte la existencia de una norma constitucional en la cual se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio y que los actos reclamados transgredan, ya sea de manera individual o colectiva; de ahí que la supuesta lesión a sus derechos se traduce en una aseveración que redunda en un interés simple cuyo objetivo o intención es insuficiente, por sí misma, para acudir a esta instancia constitucional. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya invocado, el juicio biinstancial es improcedente cuando el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, dependiendo del planteamiento que se haga en la demanda de amparo. Respecto del interés jurídico, los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; fijándose así uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el interés jurídico, mismo que se entiende como la afectación real que una persona sufre en sus bienes jurídicos reales u objetivos; y sólo en el caso de que se produzca dicha afectación, en forma personal, puede estimarse que ha nacido ese interés en quien concurre ante la potestad federal, reclamando el respeto a sus derechos públicos subjetivos. Esto es, el interés jurídico a que alude el precepto en cita, consiste en el derecho que asiste a un particular (persona física o moral) para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando así, un perjuicio a su titular. En tal tenor, se trata de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, por lo que no todo gobernado está facultado para acudir ante la potestad constitucional en demanda de protección, pues ello -sólo- puede hacerlo quien verdaderamente resienta una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Afectación que, se insiste, concierne demostrar la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones, lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por su parte, respecto al interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que para su actualización no se exige la acreditación de una afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Indicó que se requiere de una transgresión a la esfera jurídica (entendida ésta en sentido amplio), ya sea porque dicha intromisión sea directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene respecto del orden jurídico. Además, precisó que para su configuración se debe contar con una titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, es decir, que la anulación del acto que se reclama le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no hipotético. En mérito de lo anterior, concluyó que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad (debe ser razonable la existencia del perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa), en la que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Por otra parte, cabe destacar que el Alto Tribunal del país indicó que la sola manifestación del interesado en el sentido de que goza con interés legítimo, no basta para tenerlo por acreditado. Tomando en consideración los anteriores elementos, el Alto Tribunal precisó que es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así pues, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica; es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales del quejoso. Sobre el particular es dable concluir que los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo sea improcedente. Sobre las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, estableció lo siguiente: "El interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El primero de ellos ha sido desarrollado de manera abundante por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra representativa, se cita a continuación un pasaje del Amparo en Revisión 315/2010, resuelto por el Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil once, en donde se recupera el concepto de interés jurídico a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (se añade énfasis): "Finalmente, en la Novena época tenemos un criterio que -siguiendo un precedente de la Octava- destaca, por ejemplo, que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: "la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". La Segunda Sala ha destacado, por su parte, que para acreditar el interés jurídico, el promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Haciéndose eco de los precedentes históricos ha subrayado que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia -la tesis lo ejemplifica con una apelación al caso concreto: "los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos a su desarrollo"-. Del recorrido anterior se desprende que el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual podemos hablar de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que las tesis denominan "un beneficio", una ventaja "fáctica" o "material" (como hemos visto hay referencias reiteradas a los beneficios económicos). Ése es el primer gran criterio definicional, estimamos, que recorre la noción clásica de "interés jurídico". El segundo consideramos que puede sintetizarse en la apelación a la necesidad de que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada por parte de las autoridades responsables (.)". Luego de la reforma del artículo 107 constitucional, del 6 de junio de 2011, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. El interés legítimo puede definirse, pues, como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tercer lugar, como se señaló líneas arriba, para que proceda el juicio de amparo es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso. [.] En cuarto lugar, en el caso concreto no se detecta en el sistema jurídico un derecho objetivo que tutele el interés del quejoso a contar con una nueva Ley de Amparo. La existencia de ese derecho es indispensable para la procedencia del amparo aunque no diera lugar a un derecho subjetivo. Y, finalmente, relacionado con lo anterior, los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, -como el artículo 107, fracción I, de la Constitución- tienen como finalidad esencial respetar el carácter institucional del Derecho, mismo que en uno de sus sentidos, alude al carácter regimentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. De la ejecutoria mencionada, el Alto Tribunal estableció que: Con la reforma constitucional en materia judicial se dotó al justiciable de mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, al quedar proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico. Empero, la reforma constitucional no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo que estime, acuda al juicio de amparo. El órgano reformador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple; es decir, reiteró la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. Asimismo, definió las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, de la forma siguiente: a. Interés jurídico. Para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. Por tanto, la noción de perjuicio para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. b. Interés legítimo. Es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse -si llegara a concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, para el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa. La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo no basta con tener algún interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar objetivamente alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica de la parte quejosa, sea directa o indirecta con motivo de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; ya que si la afectación no es cierta, real y actual, entonces el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. De ahí que, contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, aunque sea indirecta, en función de su especial situación frente al orden jurídico. c. Interés simple o jurídicamente irrelevante. Es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal o diferenciado para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. La ejecutoria en comento implicó la creación de la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 38/2016 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, la aquí quejosa no cuenta con interés legítimo, como adujo, para demandar la inconstitucionalidad de los actos reclamados en su demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que es del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En efecto, conviene recordar que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, reclamando actos atribuidos a las autoridades responsables en cita, consistentes en su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, en el Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, así como la disminución y/o falta de incremento de los recursos que se destinaron en el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con relación a los programas destinados a la atención de grupos vulnerables; y la ejecución de tales recursos. Dicha impugnación obedece básicamente a que, desde la perspectiva de la parte quejosa, el hecho de que no se hayan incrementado los recursos económicos destinados a proyectos y programas para el desarrollo social y humano -particularmente el Programa de Atención a Mujeres Víctimas del Delito, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós- lesiona su interés legítimo; pues indica que disminuir el presupuesto implica una regresión en los derechos adquiridos por las mujeres víctimas, así como una falta de interés en el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que requiere de atención especializada para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño; asimismo, que en agosto de dos mil veintiuno, fue emitida una declaratoria de alerta de violencia de género en cinco municipios del Estado de Chihuahua, entre ellos, Ciudad Juárez; que su menor hija es madre adolescente que vive en Ciudad Juárez, en una zona geográfica de vulnerabilidad social. Lo anterior, presupone que en el presente juicio debió probarse razonablemente que las quejosas resentían una afectación en cierta esfera jurídica -apreciada bajo un parámetro de razonabilidad- al encontrarse en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que adujeron; es decir, que con motivo directo e inmediato de no haberse incrementado los recursos económicos destinados a proyectos y programas para el desarrollo social y humano en el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, le hubiera provocado a las quejosas alguna afectación, tal como la exclusión de obtener cierto beneficio económico, escolar, de salud, o de algún tipo, de alguno de tales programas al ser beneficiarias o derechohabientes; al pretender ser parte de los beneficiarios de alguno de los proyectos para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua, y ser excluidas con motivo directo e inmediato de la falta de incremento de recursos económicos para el rubro; o bien, que se les hubiera negado algún servicio relativo a dichos programas, que hubieren instado; no como una mera posibilidad. Sin que, al menos, (1) las quejosas hubieran señalado si pertenecen a algún programa para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua; (2) pretendieron pertenecer a alguno y fueron excluidas con motivo de esa falta de aumento de presupuesto; (3) o si les fue negado algún servicio de la especie que hubieren instado. O bien, si fueron víctimas de algún delito y que ello las coloque en una situación de vulnerabilidad, en suma a alguno de los tres supuestos señalados en este párrafo. Es decir, fueron omisas en señalar y acreditar de forma alguna: (1) de qué forma consideran que guardan una relación específica respecto al objeto de la pretensión que adujeron en este juicio de amparo, a través de algún vínculo con relación a las normas reclamadas, que les otorgara la potestad de ostentar un agravio diferenciado respecto del resto de la población, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; y, (2) la presunción fundada, objetiva y razonable, de que, a través de este juicio de amparo biinstancial, podían obtener un beneficio particular -ya sea actual o futuro pero cierto-. Al respecto, la parte accionante del amparo ofreció los siguientes medios de convicción: Disco compacto en formato DVD, que contiene los Folletos anexos de los Decretos (1) LXVI/APPEE/0953/2020 I P.O. relativo al presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y (2) LXVII/APPEE/0179/2021 I P.O. relativo al presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Copia certificada de la credencial de elector de la quejosa *******, de la que se desprende que tiene su residencia en esta ciudad. Copia certificada del acta de nacimiento de la menor de nombre *******, de la que se advierte que es hija de la diversa quejosa, *******; que nació en esta ciudad, el nueve de noviembre de dos mil cinco; y, que, al día de hoy, cuenta con dieciséis años de edad. Los documentos reseñados, aun valorándolos en su conjunto, no son suficientes para evidenciar la afectación real, actual y directa que aduce tener la parte quejosa, quien alega tener interés legítimo; pues los mismos, se estiman insuficientes para demostrar la afectación al interés legítimo a que se ha hecho referencia por la accionante del amparo. Ello es así, pues no se advierten mayores datos que demuestren de forma contundente, razonable y objetiva, alguna afectación real y actual que con la emisión de los actos aquí reclamados, se les provoque. En efecto, si bien pudiera presumirse que las quejosas son residentes de esta localidad, no probaron de forma fehaciente ni objetiva alguna, que con los actos aquí reclamados se ven afectadas; es decir, que con motivo directo e inmediato del no incrementarse el presupuesto de egresos para los programas para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se les haya privado de algún beneficio de esa índole, o de la posibilidad de obtenerlo. Además, aunque refirieron vivir en una zona marginal en esta localidad, no ofertaron medio de prueba alguno -tal como una inspección ocular o prueba pericial alguna que pusiera en evidencia la carencia en esa zona de los servicios genéricos necesarios para clasificarla como "marginal"- para evidenciar tal aseveración y que, constituyera una pauta, para poner de manifiesto que viven en un estado de vulnerabilidad; o bien, que fueron víctimas de algún delito, mediante la presentación de copia certificada de la denuncia o querella correspondiente, o de constancias de la carpeta de investigación o causa penal, según fuere el caso, que pusiera de manifiesto que gozan de esa calidad; a lo que, necesariamente, se tendría que sumar el hecho de que se les hubiere privado de algún beneficio de alguno de los programas para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua, de obtener algún servicio específico de los que brindan tales programas o de la posibilidad de obtenerlo, con motivo directo e inmediato de la falta de incremento de recursos para ello, en el ejercicio fiscal en curso; sin que, se reitera, así lo hayan manifestado, mucho menos acreditado razonablemente. No se pierde de vista que la promovente del amparo *******, haya aducido que su menor hija de nombre *******, también aquí quejosa, es madre adolescente. Empero, además de que no acreditó tal extremo, verbigracia, con copia certificada del acta de nacimiento del hijo o de los hijos de ésta última; no demostró -ni al menos, manifestó- por qué esa sola circunstancia las colocaba en un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, diferenciado del resto de la población, ni por qué, por ello, se generaba la presunción fundada, objetiva y razonable, de que, a través de este juicio de amparo biinstancial, podían obtener un beneficio particular -ya sea actual o futuro pero cierto- con relación a la norma reclamada y los diversos actos que aquí fueron combatidos. Lo anterior, pues las consecuencias genéricas estimadas, que aduce la parte quejosa, son meras afirmaciones, pues de ello no se tiene dato objetivo y real que lo permita sustentar. En consecuencia, aun y cuando los medios probatorios reseñados con antelación merecen valor probatorio en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se considera que no demuestran la afectación real y actual a sus derechos fundamentales o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo cual es necesario para acreditar la existencia del interés legítimo personal y actual requerido para accionar la instancia constitucional. De manera que, no bastan las meras afirmaciones que realiza la parte quejosa, ni las pruebas que ofreció, para tener por demostrada fehacientemente la afectación a su interés legítimo individual, y poder considerar que sí existe una afectación a su esfera jurídica, pues de estimar lo contrario, bastaría con que cualquier persona -o específicamente cualquier persona de género femenino- alegara que vive, trabaja o transita por esta localidad o en general, en el Estado de Chihuahua, para tener por colmado su interés legítimo -respecto a los actos aquí reclamados- a que refiere el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se pierde de vista el hecho de que, efectivamente, fue emitida una declaratoria de alerta de violencia de género en cinco municipios del Estado de Chihuahua, entre ellos, Ciudad Juárez, en agosto de dos mil veintiuno; empero, esa sola circunstancia es insuficiente para acreditar que las quejosas se hayan en una especial situación frente al orden jurídico y que ostentan un interés diferenciado del genérico, con relación a lo aquí reclamado; o que pudieran obtener un beneficio directo de una concesión de amparo; pues, se reitera, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de la parte quejosa; sin que, se insiste, se haya demostrado razonablemente que las peticionarias del amparo han sufrido, con motivo de los actos aquí reclamados, una afectación a su esfera jurídica en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. Así, se insiste, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio al interés legítimo alegado, que éste pueda deparar a la persona en concreto. En esa línea, se insiste, con las documentales antes señaladas, la quejosa no demuestra la afectación que dice, le causan los actos aquí reclamados, ni el interés legítimo relativo que adujo poseer. Además, el hecho de que una de las quejosas haya demostrado ser menor de edad, con dieciséis años a la presente fecha -que, como lo refieren, da pie a la suplencia de la deficiencia de sus conceptos de violación- no implica que también, con motivo de tal prerrogativa, este juzgado sustituya el deber de la parte accionante del amparo de demostrar, en un ámbito de racionabilidad, el interés legítimo de que adujo gozar, pues la figura jurídica de referencia tiene por objeto únicamente perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que la parte quejosa haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda, siempre que, obvio es, hubiere sido fehacientemente probado el interés jurídico o demostrado en un grado de razonabilidad, el interés legítimo alegado. Lo anterior, pues como ya se dijo, el juzgado constitucional no puede sustituir a la parte quejosa y allegarse, por sí, de los medios de prueba necesarios para probar razonablemente que goza de interés jurídico o legítimo, pues, como ya se expuso, ello le concierne exclusivamente a la parte quejosa, quien cuenta con todo el transcurso del trámite del juicio de amparo biinstancial, para efectuarlo; sin que así se haya realizado en la especie. Por tanto, respecto de los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia, queda evidenciada la ausencia del interés legítimo, ya que sólo existe un interés simple sobre el cual descansan las pretensiones descritas en su demanda; pues como se vio, los medios de prueba que exhibió a lo largo del juicio, son insuficientes para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, y más, porque durante la instrucción del procedimiento prescindió de acreditar ese interés relevante con el que se hiciera patente la lesión que aduce, resiente. Es así, porque no existe un derecho objetivo que legitime a la parte quejosa a controvertir los actos aquí reclamados que -estima- ha infringido su esfera de derechos, toda vez que el agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, no se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; lo que implica que se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos; pues su situación frente al orden jurídico, no implica que cualquier persona pueda promover la acción; ya que la concesión del amparo, debe traducirse en un beneficio jurídico en favor de la quejosa, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así, al no existir materialmente una afectación a cierto derecho colectivo o difuso, para con ello determinar el interés que le asiste, implica que el interés legítimo que pretende sostener se diluya en el concepto de interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce el acto de la autoridad en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción subjetiva de la quejosa. Es decir, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos y, sobre todo, que el examen de constitucionalidad versara sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 60, Registro 2007921, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así, en el caso concreto, se estima que la quejosa no tiene el interés legítimo, ni jurídico a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por identidad de razón y en lo conducente, se cita como refuerzo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 1078, Décima Época, Registro 2014433, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, resulta innecesario el estudio de las diversas causales que hace valer las autoridades responsables, pues en nada variaría el sentido del fallo que se emite. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, visible a página doscientos treinta y tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, dado el sobreseimiento decretado, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en atención al contenido de la tesis 58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y siete, volumen 70, de octubre de 1993, cuyo rubro y testo se leen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en representación de su menor hija *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 38/2022-II, promovido por *******, por sí y en representación de su menor hija *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de enero de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, por sí y en representación de su menor hija (de dieciséis años de edad) *******, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, Subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua y Gobernadora del Estado de Chihuahua, todos con sede en la ciudad del mismo nombre. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración y admisión a trámite. Primero, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 38/2022-II y se mandó aclarar la demanda de amparo. Después de diversos intentos infructuosos de aclaración de demanda, efectuados por la parte quejosa; mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, una vez que ésta desahogó debidamente la prevención formulada -y, además, externó su deseo de que no se llamara como autoridad responsable al Subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, a quien en su escrito inicial de demanda había señalado con tal calidad-, se admitió a trámite la demanda; se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, excluyéndose de las mismas a la autoridad arriba referida, en atención a la solicitud de la quejosa, en ese sentido; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Congreso del Estado de Chihuahua: La aprobación del Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La disminución y/o falta de incremento de los recursos que se destinaron en el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con relación a los programas destinados a la atención de grupos vulnerables. La inobservancia del principio de progresividad, previsto en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, que establece que los recursos que se destinen a programas y proyectos en materia de desarrollo social y humano no podrán ser inferiores en términos reales al año fiscal anterior. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua: La promulgación del referido decreto y la presentación del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La autorización y ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. La inobservancia del principio de progresividad, previsto en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, que establece que los recursos que se destinen a programas y proyectos en materia de desarrollo social y humano no podrán ser inferiores en términos reales al año fiscal anterior. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua: La elaboración del proyecto del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. Tercero. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Congreso y a la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la inobservancia del principio de progresividad, previsto en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, que establece que los recursos que se destinen a programas y proyectos en materia de desarrollo social y humano no podrán ser inferiores en términos reales al año fiscal anterior; pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; a través de los cuales lo negaron categóricamente. Sin que la quejosa, por sí, ni por conducto de sus autorizados, haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuarlos. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad, pero no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez Constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, fue omisa en pronunciarse respecto a la promulgación del Decreto combatido; lo que también ocurrió con el Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, que omitió pronunciarse respecto a la aprobación de la citada norma. De manera de, acorde al artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos referidos en el párrafo anterior, que les fueron atribuidos por la parte accionante del amparo. Además, la existencia del Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial del mismo, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que resulta presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Asimismo, resultan ciertos los restantes actos reclamados a las autoridades responsables en este asunto, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se advierte que en este asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal y con el diverso 107, fracción I, Constitucional, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) De los preceptos legales transcritos se desprende que no posee legitimación para acudir al juicio de amparo, quien no acredite resentir algún perjuicio por cierto acto u omisión de la autoridad, en su derecho subjetivo o en su interés legítimo. Al respecto, conforme a la nueva redacción del artículo 107, fracción I, Constitucional, la posibilidad de ejercer la acción de amparo se ha ampliado, pues no sólo se ha posibilitado a quien ve afectados sus intereses jurídicos -como anteriormente se preveía- sino que ahora, además, se ha contemplado que también puede ejercerse dicha acción constitucional por quien estima resentir una afectación en sus intereses legítimos. Lo anterior, permite inferir que la aptitud para promover juicio de amparo -conforme a la reforma constitucional realizada en dos mil once, al artículo de referencia-, se determina respecto de la autoridad de la cual deriva el acto que se tilda de inconstitucional; pues se establece que, en los actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, se debe acreditar irremediablemente el interés jurídico; y por otro lado, en los actos derivados de la actuación de las autoridades distintas a las jurisdiccionales, se debe acreditar el interés legítimo o bien, el jurídico (según sea el caso). En consecuencia, debe entenderse que a partir de los cambios acaecidos al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sólo operará si la parte quejosa no acredita una afectación a sus intereses jurídicos, o bien, legítimos, pues sólo de esa manera puede armonizarse el contenido de dicho numeral con las nuevas disposiciones de la Constitución Federal, con relación a los actos distintos a los meramente jurisdiccionales. Así es, tal causal de improcedencia efectivamente se actualiza en el presente juicio, como será demostrado a continuación. Primero, debe decirse que la quejosa en el presente asunto, aduce que le asiste el interés legítimo necesario para ejercitar la acción de amparo. Tal como quedó precisado en el considerando que antecede, la parte quejosa reclamó lo siguiente a través de este juicio de amparo -excluyendo, claro está, el acto que resultó ser inexistente, de acuerdo a lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia-: I. Del Congreso del Estado de Chihuahua: a) La aprobación del Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. b) La disminución y/o falta de incremento de los recursos que se destinaron en el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con relación a los programas destinados a la atención de grupos vulnerables. II. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua: a) La promulgación del referido decreto y la presentación del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. b) La autorización y ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. III. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua: a) La elaboración del proyecto del presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. b) La ejecución de los recursos públicos autorizados y contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós específicamente los recursos destinados a los programas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, que no se incrementaron. -Al respecto, es dable acotar que la accionante del amparo, señaló que se dolió del Decreto arriba referido, en su carácter de norma autoaplicativa-; y que respecto a la totalidad de los actos reclamados, refiere que goza de interés legítimo. Empero, como se explicará en párrafos subsecuentes, la quejosa ostenta únicamente un simple interés, mismo que deviene insuficiente para estimar que se ubica en una especial situación frente al orden jurídico que regula los actos reclamados. En efecto, por un lado, la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo biinstancial, debido a que los actos reclamados no derivan de un proceso judicial en el que sea parte contendiente o bien, tenga la característica de ser tercera extraña al mismo, por virtud de los cuales se vea afectada su propiedad, posesión, libertad o algún otro derecho sustantivo; ni acreditó tampoco, respecto de los actos de que se dolió, ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa con su sola emisión (al reclamar la norma como autoaplicativa). Es así, para que proceda la acción de amparo por interés jurídico, presupone la existencia de un derecho subjetivo tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos humanos. Sin que la quejosa, haya acreditado contar con dicho interés jurídico, pues no demostró que con los actos arriba precisados, las responsables le hayan provocado una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Por otra parte, tampoco se aprecia que cuente con interés legítimo para acudir a la instancia constitucional en la vía indirecta, dado que los actos reclamados, indicados supra líneas, no le producen una afectación real y actual en su esfera jurídica, en la medida que no se advierte la existencia de una norma constitucional en la cual se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio y que los actos reclamados transgredan, ya sea de manera individual o colectiva; de ahí que la supuesta lesión a sus derechos se traduce en una aseveración que redunda en un interés simple cuyo objetivo o intención es insuficiente, por sí misma, para acudir a esta instancia constitucional. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya invocado, el juicio biinstancial es improcedente cuando el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, dependiendo del planteamiento que se haga en la demanda de amparo. Respecto del interés jurídico, los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; fijándose así uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el interés jurídico, mismo que se entiende como la afectación real que una persona sufre en sus bienes jurídicos reales u objetivos; y sólo en el caso de que se produzca dicha afectación, en forma personal, puede estimarse que ha nacido ese interés en quien concurre ante la potestad federal, reclamando el respeto a sus derechos públicos subjetivos. Esto es, el interés jurídico a que alude el precepto en cita, consiste en el derecho que asiste a un particular (persona física o moral) para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando así, un perjuicio a su titular. En tal tenor, se trata de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, por lo que no todo gobernado está facultado para acudir ante la potestad constitucional en demanda de protección, pues ello -sólo- puede hacerlo quien verdaderamente resienta una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Afectación que, se insiste, concierne demostrar la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones, lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por su parte, respecto al interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que para su actualización no se exige la acreditación de una afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Indicó que se requiere de una transgresión a la esfera jurídica (entendida ésta en sentido amplio), ya sea porque dicha intromisión sea directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene respecto del orden jurídico. Además, precisó que para su configuración se debe contar con una titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, es decir, que la anulación del acto que se reclama le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no hipotético. En mérito de lo anterior, concluyó que para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad (debe ser razonable la existencia del perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa), en la que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Por otra parte, cabe destacar que el Alto Tribunal del país indicó que la sola manifestación del interesado en el sentido de que goza con interés legítimo, no basta para tenerlo por acreditado. Tomando en consideración los anteriores elementos, el Alto Tribunal precisó que es posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así pues, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica; es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales del quejoso. Sobre el particular es dable concluir que los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo sea improcedente. Sobre las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, estableció lo siguiente: "El interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. El primero de ellos ha sido desarrollado de manera abundante por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como muestra representativa, se cita a continuación un pasaje del Amparo en Revisión 315/2010, resuelto por el Tribunal Pleno el veintiocho de marzo de dos mil once, en donde se recupera el concepto de interés jurídico a partir de su evolución desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (se añade énfasis): "Finalmente, en la Novena época tenemos un criterio que -siguiendo un precedente de la Octava- destaca, por ejemplo, que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: "la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". La Segunda Sala ha destacado, por su parte, que para acreditar el interés jurídico, el promovente debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Haciéndose eco de los precedentes históricos ha subrayado que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia -la tesis lo ejemplifica con una apelación al caso concreto: "los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos a su desarrollo"-. Del recorrido anterior se desprende que el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual podemos hablar de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que las tesis denominan "un beneficio", una ventaja "fáctica" o "material" (como hemos visto hay referencias reiteradas a los beneficios económicos). Ése es el primer gran criterio definicional, estimamos, que recorre la noción clásica de "interés jurídico". El segundo consideramos que puede sintetizarse en la apelación a la necesidad de que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada por parte de las autoridades responsables (.)". Luego de la reforma del artículo 107 constitucional, del 6 de junio de 2011, el concepto de interés jurídico fue sustituido por el de interés legítimo, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. El interés legítimo puede definirse, pues, como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tercer lugar, como se señaló líneas arriba, para que proceda el juicio de amparo es necesario que se pruebe la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso. [.] En cuarto lugar, en el caso concreto no se detecta en el sistema jurídico un derecho objetivo que tutele el interés del quejoso a contar con una nueva Ley de Amparo. La existencia de ese derecho es indispensable para la procedencia del amparo aunque no diera lugar a un derecho subjetivo. Y, finalmente, relacionado con lo anterior, los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, -como el artículo 107, fracción I, de la Constitución- tienen como finalidad esencial respetar el carácter institucional del Derecho, mismo que en uno de sus sentidos, alude al carácter regimentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. De la ejecutoria mencionada, el Alto Tribunal estableció que: Con la reforma constitucional en materia judicial se dotó al justiciable de mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, al quedar proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico. Empero, la reforma constitucional no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo que estime, acuda al juicio de amparo. El órgano reformador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple; es decir, reiteró la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. Asimismo, definió las nociones de interés jurídico, legítimo y simple, de la forma siguiente: a. Interés jurídico. Para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. Por tanto, la noción de perjuicio para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. b. Interés legítimo. Es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse -si llegara a concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, para el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa. La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo no basta con tener algún interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar objetivamente alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica de la parte quejosa, sea directa o indirecta con motivo de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico; ya que si la afectación no es cierta, real y actual, entonces el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. De ahí que, contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, aunque sea indirecta, en función de su especial situación frente al orden jurídico. c. Interés simple o jurídicamente irrelevante. Es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal o diferenciado para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. La ejecutoria en comento implicó la creación de la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 38/2016 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, la aquí quejosa no cuenta con interés legítimo, como adujo, para demandar la inconstitucionalidad de los actos reclamados en su demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que es del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En efecto, conviene recordar que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, reclamando actos atribuidos a las autoridades responsables en cita, consistentes en su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, en el Decreto LXVI/APPEE/0179/2021 I P.O., mediante el cual se aprobó el presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, así como la disminución y/o falta de incremento de los recursos que se destinaron en el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con relación a los programas destinados a la atención de grupos vulnerables; y la ejecución de tales recursos. Dicha impugnación obedece básicamente a que, desde la perspectiva de la parte quejosa, el hecho de que no se hayan incrementado los recursos económicos destinados a proyectos y programas para el desarrollo social y humano -particularmente el Programa de Atención a Mujeres Víctimas del Delito, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós- lesiona su interés legítimo; pues indica que disminuir el presupuesto implica una regresión en los derechos adquiridos por las mujeres víctimas, así como una falta de interés en el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que requiere de atención especializada para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño; asimismo, que en agosto de dos mil veintiuno, fue emitida una declaratoria de alerta de violencia de género en cinco municipios del Estado de Chihuahua, entre ellos, Ciudad Juárez; que su menor hija es madre adolescente que vive en Ciudad Juárez, en una zona geográfica de vulnerabilidad social. Lo anterior, presupone que en el presente juicio debió probarse razonablemente que las quejosas resentían una afectación en cierta esfera jurídica -apreciada bajo un parámetro de razonabilidad- al encontrarse en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que adujeron; es decir, que con motivo directo e inmediato de no haberse incrementado los recursos económicos destinados a proyectos y programas para el desarrollo social y humano en el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, le hubiera provocado a las quejosas alguna afectación, tal como la exclusión de obtener cierto beneficio económico, escolar, de salud, o de algún tipo, de alguno de tales programas al ser beneficiarias o derechohabientes; al pretender ser parte de los beneficiarios de alguno de los proyectos para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua, y ser excluidas con motivo directo e inmediato de la falta de incremento de recursos económicos para el rubro; o bien, que se les hubiera negado algún servicio relativo a dichos programas, que hubieren instado; no como una mera posibilidad. Sin que, al menos, (1) las quejosas hubieran señalado si pertenecen a algún programa para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua; (2) pretendieron pertenecer a alguno y fueron excluidas con motivo de esa falta de aumento de presupuesto; (3) o si les fue negado algún servicio de la especie que hubieren instado. O bien, si fueron víctimas de algún delito y que ello las coloque en una situación de vulnerabilidad, en suma a alguno de los tres supuestos señalados en este párrafo. Es decir, fueron omisas en señalar y acreditar de forma alguna: (1) de qué forma consideran que guardan una relación específica respecto al objeto de la pretensión que adujeron en este juicio de amparo, a través de algún vínculo con relación a las normas reclamadas, que les otorgara la potestad de ostentar un agravio diferenciado respecto del resto de la población, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; y, (2) la presunción fundada, objetiva y razonable, de que, a través de este juicio de amparo biinstancial, podían obtener un beneficio particular -ya sea actual o futuro pero cierto-. Al respecto, la parte accionante del amparo ofreció los siguientes medios de convicción: Disco compacto en formato DVD, que contiene los Folletos anexos de los Decretos (1) LXVI/APPEE/0953/2020 I P.O. relativo al presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y (2) LXVII/APPEE/0179/2021 I P.O. relativo al presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Copia certificada de la credencial de elector de la quejosa *******, de la que se desprende que tiene su residencia en esta ciudad. Copia certificada del acta de nacimiento de la menor de nombre *******, de la que se advierte que es hija de la diversa quejosa, *******; que nació en esta ciudad, el nueve de noviembre de dos mil cinco; y, que, al día de hoy, cuenta con dieciséis años de edad. Los documentos reseñados, aun valorándolos en su conjunto, no son suficientes para evidenciar la afectación real, actual y directa que aduce tener la parte quejosa, quien alega tener interés legítimo; pues los mismos, se estiman insuficientes para demostrar la afectación al interés legítimo a que se ha hecho referencia por la accionante del amparo. Ello es así, pues no se advierten mayores datos que demuestren de forma contundente, razonable y objetiva, alguna afectación real y actual que con la emisión de los actos aquí reclamados, se les provoque. En efecto, si bien pudiera presumirse que las quejosas son residentes de esta localidad, no probaron de forma fehaciente ni objetiva alguna, que con los actos aquí reclamados se ven afectadas; es decir, que con motivo directo e inmediato del no incrementarse el presupuesto de egresos para los programas para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se les haya privado de algún beneficio de esa índole, o de la posibilidad de obtenerlo. Además, aunque refirieron vivir en una zona marginal en esta localidad, no ofertaron medio de prueba alguno -tal como una inspección ocular o prueba pericial alguna que pusiera en evidencia la carencia en esa zona de los servicios genéricos necesarios para clasificarla como "marginal"- para evidenciar tal aseveración y que, constituyera una pauta, para poner de manifiesto que viven en un estado de vulnerabilidad; o bien, que fueron víctimas de algún delito, mediante la presentación de copia certificada de la denuncia o querella correspondiente, o de constancias de la carpeta de investigación o causa penal, según fuere el caso, que pusiera de manifiesto que gozan de esa calidad; a lo que, necesariamente, se tendría que sumar el hecho de que se les hubiere privado de algún beneficio de alguno de los programas para el desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua, de obtener algún servicio específico de los que brindan tales programas o de la posibilidad de obtenerlo, con motivo directo e inmediato de la falta de incremento de recursos para ello, en el ejercicio fiscal en curso; sin que, se reitera, así lo hayan manifestado, mucho menos acreditado razonablemente. No se pierde de vista que la promovente del amparo *******, haya aducido que su menor hija de nombre *******, también aquí quejosa, es madre adolescente. Empero, además de que no acreditó tal extremo, verbigracia, con copia certificada del acta de nacimiento del hijo o de los hijos de ésta última; no demostró -ni al menos, manifestó- por qué esa sola circunstancia las colocaba en un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, diferenciado del resto de la población, ni por qué, por ello, se generaba la presunción fundada, objetiva y razonable, de que, a través de este juicio de amparo biinstancial, podían obtener un beneficio particular -ya sea actual o futuro pero cierto- con relación a la norma reclamada y los diversos actos que aquí fueron combatidos. Lo anterior, pues las consecuencias genéricas estimadas, que aduce la parte quejosa, son meras afirmaciones, pues de ello no se tiene dato objetivo y real que lo permita sustentar. En consecuencia, aun y cuando los medios probatorios reseñados con antelación merecen valor probatorio en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se considera que no demuestran la afectación real y actual a sus derechos fundamentales o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo cual es necesario para acreditar la existencia del interés legítimo personal y actual requerido para accionar la instancia constitucional. De manera que, no bastan las meras afirmaciones que realiza la parte quejosa, ni las pruebas que ofreció, para tener por demostrada fehacientemente la afectación a su interés legítimo individual, y poder considerar que sí existe una afectación a su esfera jurídica, pues de estimar lo contrario, bastaría con que cualquier persona -o específicamente cualquier persona de género femenino- alegara que vive, trabaja o transita por esta localidad o en general, en el Estado de Chihuahua, para tener por colmado su interés legítimo -respecto a los actos aquí reclamados- a que refiere el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se pierde de vista el hecho de que, efectivamente, fue emitida una declaratoria de alerta de violencia de género en cinco municipios del Estado de Chihuahua, entre ellos, Ciudad Juárez, en agosto de dos mil veintiuno; empero, esa sola circunstancia es insuficiente para acreditar que las quejosas se hayan en una especial situación frente al orden jurídico y que ostentan un interés diferenciado del genérico, con relación a lo aquí reclamado; o que pudieran obtener un beneficio directo de una concesión de amparo; pues, se reitera, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de la parte quejosa; sin que, se insiste, se haya demostrado razonablemente que las peticionarias del amparo han sufrido, con motivo de los actos aquí reclamados, una afectación a su esfera jurídica en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. Así, se insiste, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio al interés legítimo alegado, que éste pueda deparar a la persona en concreto. En esa línea, se insiste, con las documentales antes señaladas, la quejosa no demuestra la afectación que dice, le causan los actos aquí reclamados, ni el interés legítimo relativo que adujo poseer. Además, el hecho de que una de las quejosas haya demostrado ser menor de edad, con dieciséis años a la presente fecha -que, como lo refieren, da pie a la suplencia de la deficiencia de sus conceptos de violación- no implica que también, con motivo de tal prerrogativa, este juzgado sustituya el deber de la parte accionante del amparo de demostrar, en un ámbito de racionabilidad, el interés legítimo de que adujo gozar, pues la figura jurídica de referencia tiene por objeto únicamente perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que la parte quejosa haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda, siempre que, obvio es, hubiere sido fehacientemente probado el interés jurídico o demostrado en un grado de razonabilidad, el interés legítimo alegado. Lo anterior, pues como ya se dijo, el juzgado constitucional no puede sustituir a la parte quejosa y allegarse, por sí, de los medios de prueba necesarios para probar razonablemente que goza de interés jurídico o legítimo, pues, como ya se expuso, ello le concierne exclusivamente a la parte quejosa, quien cuenta con todo el transcurso del trámite del juicio de amparo biinstancial, para efectuarlo; sin que así se haya realizado en la especie. Por tanto, respecto de los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia, queda evidenciada la ausencia del interés legítimo, ya que sólo existe un interés simple sobre el cual descansan las pretensiones descritas en su demanda; pues como se vio, los medios de prueba que exhibió a lo largo del juicio, son insuficientes para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, y más, porque durante la instrucción del procedimiento prescindió de acreditar ese interés relevante con el que se hiciera patente la lesión que aduce, resiente. Es así, porque no existe un derecho objetivo que legitime a la parte quejosa a controvertir los actos aquí reclamados que -estima- ha infringido su esfera de derechos, toda vez que el agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, no se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; lo que implica que se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos; pues su situación frente al orden jurídico, no implica que cualquier persona pueda promover la acción; ya que la concesión del amparo, debe traducirse en un beneficio jurídico en favor de la quejosa, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así, al no existir materialmente una afectación a cierto derecho colectivo o difuso, para con ello determinar el interés que le asiste, implica que el interés legítimo que pretende sostener se diluya en el concepto de interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce el acto de la autoridad en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción subjetiva de la quejosa. Es decir, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al absurdo de permitir que por cada uno se admitiera el amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos y, sobre todo, que el examen de constitucionalidad versara sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 60, Registro 2007921, de rubro y texto siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así, en el caso concreto, se estima que la quejosa no tiene el interés legítimo, ni jurídico a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por identidad de razón y en lo conducente, se cita como refuerzo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia Común, Página 1078, Décima Época, Registro 2014433, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, resulta innecesario el estudio de las diversas causales que hace valer las autoridades responsables, pues en nada variaría el sentido del fallo que se emite. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, visible a página doscientos treinta y tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, dado el sobreseimiento decretado, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en atención al contenido de la tesis 58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y siete, volumen 70, de octubre de 1993, cuyo rubro y testo se leen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en representación de su menor hija *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Consultor de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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