CATARINO VILLANUEVA VAZQUEZ y Otros.

Expediente 750/2014 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
750/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2016

Partes del expediente

  • CATARINO VILLANUEVA VAZQUEZ y Otros.
  • Catarino Villanueva Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el oficio que remite la Secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, en la que resolvió: PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia impugnada. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, ******* y ******* en contra del acto que reclamaron al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación dictado en la audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en la causa penal *******. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, acúsese recibo de estilo y agréguese el cuadernillo de antecedentes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que se deberá conservar las resoluciones relativas a su concesión. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de septiembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio que remite la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Téngasele acusando recibo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, así como acusando el original y copia del escrito de expresión de agravios y el expediente, necesarios para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 750/2014, mismo que quedó registrado con el toca 683/2015. Lo anterior con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.ahn

  3. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito del autorizado de los quejosos **********, ********** y **********; téngasele interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada el catorce de julio de dos mil quince en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de julio de dos mil quince. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 750/2014-I-2 RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el once de julio de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chihuahua, turnado al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, el catorce siguiente, ***************, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otros, a quienes les reclamaron: 1* La ejecución de orden de privación de nuestra libertad dentro del procedimiento como consecuencia de violación directa de nuestros derechos humanos; 2* Los acuerdos tomados en la audiencia de control de detención y formulación de imputación de fecha 26 de marzo de 2014; así como 3*Los acuerdos tomados en la audiencia de vinculación a proceso de fecha 31 de marzo de 2014, donde los quejosos se encontraban en un estado de incapacidad física y mental o de discapacidad y/o incapacidad psicoemosional para desahogar una adecuada defensa técnica y ofrecer las pruebas correspondientes, por lo que derivado del desahogo de las audiencias reclamadas bajo esas condiciones vulnerando el debido proceso, se nos violó el derecho a una adecuada defensa técnica. Audiencias visible dentro de las causas Exhorto 99/2014 del Distrito Judicial Bravos, derivado a su vez, de la causa penal 39/2014 contendida en el exhorto 08/14 del Distrito Judicial Galeana, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 19, 20, 21, 22, y 29, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Mediante resolución pronunciada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, determinó carecer de competencia legal para conocer del Juicio de Amparo 840/2014, declinando la misma, a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno. Asimismo, el uno de octubre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, fue recibido el oficio 41964, a través del cual la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitió copia autorizada de la resolución mencionada en el párrafo que antecede, mismo que fue turnado a este juzgado, en ese mismo día. De igual forma, mediante proveído de dos de octubre de dos mil catorce, este Juzgado se avocó al conocimiento de la citada demanda de garantías, quedando registrada con el número 750/2014-I; y, a efecto de no vulnerar la unidad que rige la materia del amparo, en continuación con la audiencia constitucional celebrada por la declinante se ordenó emitir la resolución correspondiente. La que se dictó el catorce de noviembre de dos mil catorce, se recurrió por la parte quejosa y se admitió en el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito bajo el número de toca 82/2015. El once de junio de dos mil quince se resolvió el citado recurso en los términos siguientes: PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada en el juicio de amparo 750/2014, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria. Por lo que, el veinticinco de junio de dos mil quince se dio vista a las partes con los discos de audio y video remitidos por las autoridades responsables y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que tiene ejecución en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de garantías, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que se reclama: Lo proveído en el exhorto 99/2014, del índice del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Bravos, derivado de la causa penal 39/2014, del índice del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Galeana, específicamente en las siguientes audiencias: control de la detención de *************** y formulación de imputación, realizada el veintiséis de marzo de dos mil catorce. vinculación a proceso, celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en contra de ***************, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en perjuicio de ***************, previsto en los artículos 123, 127, 136 fracción VIII, en relación con el último párrafo; TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en perjuicio de**********, así como de los agentes estatales ***************, previsto en los numerales mencionados, en términos de los artículos 19 y 75; y, DAÑOS, en perjuicio de GOBIERNO DEL ESTADO, previsto en el artículo 236, fracción III, todos del Código Penal Y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua: La ejecución de la orden de privación de libertad. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistentica del acto reclamado. El Director del Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua (fojas 55-57), manifestó que no son ciertos los actos reclamados por los quejosos. En tales condiciones, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba suficiente para desvirtuar tal negativa, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido, que el Director del aludido centro penitenciario, expuso argumentos y remitió constancias de las que se desprende que los quejosos se encuentran internos en la institución carcelaria a su digno cargo, bajo la medida cautelar prevista por la fracción XII del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, consistente en prisión preventiva; sin embargo, la citada medida cautelar no fue reclamada en esta instancia. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Los Jueces de Garantía de los Distritos Judiciales Bravos y Galeana, con residencia en esta ciudad y en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, respectivamente, al rendir informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Para corroborar lo anterior, las autoridades responsables remitieron fotocopia certificada de las constancias respectivas, entre las que se encuentran las relativas al exhorto 99/2014, del índice del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Bravos, derivado de la causa penal 39/2014, del índice del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Galeana, así como copia certificada del registro de audio y video de las audiencias de control de detención y vinculación a proceso; probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, en relación al acto reclamado consistente en lo proveído en la audiencia de control de detención celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, en el exhorto 99/2014, por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, en auxilio del diverso juzgador de garantías del Distrito Judicial Galeana, exhortante, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones recamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este proceso. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Del mismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones cometidas con motivo del acto reclamado, por no poder decidirse en el procedimiento relativo, sin afectar la nueva situación jurídica; asimismo, se desprende que dicho numeral precisa que cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 Constitucionales, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren consumadas de forma irreparable tales violaciones. En el caso, el auto de veintiséis de marzo de dos mil catorce, inicialmente regulaba la situación jurídica de los aquí quejosos, así como su libertad personal, pues conforme al artículo 173, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, tratándose del delito de homicidio calificado, el Juez de Garantía no podrá dejar de imponer la medida cautelar de prisión preventiva; de manera que, se entiende, la privación de la libertad de los quejosos va aparejada al proceso penal que se les instruye por su probable participación en tal delito. Sin embargo, posteriormente, el treinta y uno de marzo del año en curso, se dictó en contra de los quejosos auto de vinculación a proceso, resolución que ahora regula la situación jurídica de los quejosos, quedando entonces consumadas irreparablemente las violaciones cometidas en su contra al momento de ratificar la detención de ***************, pues si se analizaran se afectaría la nueva situación jurídica que guardan los quejosos regulada, se insiste, por el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Así lo estimó el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicado en la página 2199, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2010, Materia Penal, Novena Época y número de registro 165423, del rubro y texto siguientes: RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. De igual forma, por identidad de razones, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 14/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 441, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2004, Materia Penal, Novena Época y número de registro 181477, que dice: RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal. Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en lo proveído el veintiséis de marzo de dos mil catorce, en el exhorto 99/2014, derivado de la causa penal 39/2014, en el cual el Juez de Garantía responsable ratificó y calificó de legal la detención de los aquí quejosos, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; y, lo procedente es, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia Ley, sobreseer respecto de dicho acto. Por lo tanto, a continuación se analiza la constitucionalidad del diverso acto reclamado y conforme a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia los deje en estado de indefensión, dado que no se les priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página: 689, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor. Al respecto, los quejosos mencionan que en la audiencia de formulación de imputación, declaración preparatoria, y vinculación a proceso, se vulneraron en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Párrafo reformado DOF 09-12-2005 . Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y La lectura de los fragmentos antes transcritos pone de manifiesto que entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional previo al dictado de una resolución; y, el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción VIII, Constitucional. Por su parte, el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Asimismo, el diverso artículo 280, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, precisa: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. De este numeral se advierten los requisitos para vincular a proceso, los cuales resultan ser los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, con registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, puesto que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses con motivo de ese acto de autoridad pueda considerarse como válida, el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones consagradas en la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. En el caso, el veintiséis de marzo de dos mil catorce, en el Hospital General de esta ciudad, el Agente del Ministerio Público, formuló imputación en contra de ***************, por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICIDO CALIFICADO y DAÑOS. Continuamente el juez responsable cuestionó al defensor público, si les había dado a conocer a los imputados sus derechos fundamentales, por lo que una vez que el juez de origen hizo del conocimiento de los hoy quejosos su derecho a declarar, la defensa expresó que los mismos previamente le comunicaron su deseo a reservarse el derecho a pronunciarse respecto a los hechos motivo de la detención, y al ser interrogados por el responsable, en ese sentido, afirmaron lo anterior. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, presentes en la Séptima Sala de Garantía del Distrito Judicial Bravos, únicamente los Agentes del Ministerio Público y Defensor Público Penal, en virtud de que los imputados ***************, se encontraban aún internos en el Hospital General en esta ciudad, debido a su deteriorado estado de salud, el Licenciado **********, Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Se dicta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, en contra de ***************, por el hecho que la Ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto en los Artículos 123, 127, 136 fracción VIII, así como en relación al último párrafo del mismo, cometido en perjuicio de ***************, así como por el delito de TENTATIVA DE HOMICIDO CALIFICADO, previsto en los numerales ya mencionados, cometido en perjuicio de **********, así como de los agentes estatales ***************, en relación al Artículo 19 y 75 del mismo Código Penal, así como por el delito de DAÑOS, en términos del Artículo 236 en su fracción III en perjuicio de GOBIERNO DEL ESTADO, por hechos que tuvieron verificativo aproximadamente a las veintitrés horas del día veintitrés de marzo del año dos mil catorce, iniciándose en la confluencia de las calles Acción Popular e Industrial de la colonia Acción popular y posteriormente en las calles París y Ciruelo de la colonia del PRI en la ciudad de Nuevo Casas Grandes Chihuahua. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Continúan vigentes las medidas cautelares impuestas en anterior audiencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Al respecto, los artículos 168 y 274, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, establecen lo siguiente: Artículo 168. Audiencia de Control de Detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste deberá convocar a una audiencia en la que le informará de sus derechos constitucionales y legales si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad y procederá a calificar la detención, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a la ley o decretando la libertad con las reservas de ley, en caso contrario. .. Una vez controlada la legalidad de la detención, si el imputado no está en condiciones de que se lleve a cabo la formulación de imputación en los términos del artículo 274 del presente Código, el Juez de Garantía dispondrá las medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, hasta en tanto se pueda desarrollar aquélla; decretando la suspensión del procedimiento. [Párrafo adicionado mediante Decreto No. 298-2011 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 37 del 07 de mayo de 2011] Artículo 274. Concepto de formulación de la imputación. La formulación de la imputación es el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados. [Artículo reformado mediante Decreto No. 298-2011 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 37 del 07 de mayo de 2011] Atendiendo a lo dispuesto en los numerales anteriormente transcritos se advierte que el sistema penal acusatorio del Estado, establece que una vez calificada de legal la detención, si el imputado no está en condiciones de que se lleve a cabo la formulación de imputación, el Juez de Garantía dispondrá las medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, hasta en tanto se pueda desarrollar aquélla, decretando la suspensión del procedimiento. En el presente caso, el veintiséis de marzo de dos mil catorce, en el Hospital General de esta ciudad, en la audiencia de control de la detención de ***************, el juez responsable, hizo constar que debido al estado de salud de los hoy quejosos, éstos no estaban en condiciones de entender y comprender la citada audiencia, agregando además, que **********, se encontraba inconsciente y **********, imposibilitado para hablar. No obstante lo anterior, el juez responsable, contrario a suspender el procedimiento hasta en tanto los hoy quejosos se encontraran en condiciones de que llevara a cabo la formulación de imputación, procedió a ofrecer la palabra al Ministerio Público, a fin de que expusiera verbalmente los delitos imputados a los quejosos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención, así como el nombre de los acusadores; y, posteriormente a cuestionar a los imputados si entendían la acusación formulada en su contra y si era su deseo contestar el cargo. Por tanto, resulta evidente que la responsable trasgredió lo dispuesto en el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, toda vez que llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación y declaración preparatoria de ***************, cuando éstos no se encontraba en condiciones de salud que les permitieran entender la imputación formulada en su contra y en su caso, contestar el cargo, emitiendo su deposado, vulnerando con ello las formalidades del procedimiento penal establecidas en la legislación del estado, así como el derecho a una defensa adecuada, contenida en nuestra Carta Magna. Pues se insiste, el responsable, una vez controlada la legalidad de la detención, en virtud de que los imputados no estaban en condiciones de que se llevara a cabo la formulación de imputación, previas medidas de vigilancia, debió decretar la suspensión del procedimiento, hasta en tanto los hoy quejosos estuvieran en condiciones de salud que les permitieran entender la imputación formulada en su contra, y en su caso, emitir sus declaración preparatoria, oponiendo su defensa, en términos de lo dispuesto por el artículo 277, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que reza: Artículo 277. Formulación de la imputación y declaración preparatoria. En la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de su acusador. El Juez, de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Formulada la imputación, se le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración preparatoria. En caso de que el imputado manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el artículo 359. Rendida la declaración del imputado o manifestado su deseo de no declarar, el Juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes plantearen. Antes de cerrar la audiencia, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, salvo que el imputado haya renunciado al plazo previsto en el Artículo 19 de la Constitución Federal y el Juez haya resuelto sobre su vinculación proceso en la misma audiencia. Cuando la víctima u ofendido asista a la audiencia de formulación de imputación, el juez deberá individualizarla y darle a conocer los derechos que establece el artículo 121 de este ordenamiento. [Párrafo adicionado mediante Decreto No. 1016-10 VII P.E. publicado en el P.O.E. no. 9 del 30 de enero de 2010] En las relatadas condiciones, si la audiencia de formulación de la imputación y declaración preparatoria, que constituyen requisitos previos al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, fue celebrada contraviniendo lo dispuesto por la codificación adjetiva de la materia, y por ende vulnerando lo dispuesto por los artículos 14 y 20, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es conceder a los quejosos la protección constitucional que de la Justicia Federal impetró, para el efecto de que el Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, realice lo siguiente: Reponga el procedimiento en la causa penal 39/2014, instruida en contra de CATARINO VILLANUEVA VÁZQUEZ, PANFILO SOTELO OLIVAS y JESÚS HOMERO PEREA RASCÓN. Desahogue nuevamente la audiencia de formulación de la imputación y declaración preparatoria de los quejosos, en los términos previstos por el artículo 277, Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la vinculación o no a proceso de los imputados de mérito. Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los artículos 73, 74, 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 750/2014-I promovido por ***************, por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***************, para los efectos precisados en último párrafo de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Emiliano López Pedraza, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Yasmin Jiménez Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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