Carolina Rocío Gallegos Hernández
Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carolina Rocío Gallegos Hernández
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintinueve de marzo del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por **********, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. En congruencia con lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que obran en este juicio, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su depuración junto con este expediente. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por derecho propio, contra actos del Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 377/2023-II. Ahora bien debe precisarse que los actos reclamados en esta instancia son los siguientes: a) Auto del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual el Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, en la causa de control 418/23, emite un auto de no vinculación a proceso. b) Las violaciones cometidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dentro de la carpeta de investigación número NUC.ECA/CGV/JME/034/072112/23/03, con número económico 741/23. Al respecto a criterio de este juzgador por cuanto hace al acto reclamado descrito en el inciso a) de esta determinación, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". De la interpretación del precepto transcrito se advierte que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que regula el acto reclamado con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo, previo a ejercer la acción constitucional; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente contra las resoluciones judiciales susceptibles de ser recurridas y que no se haya agotado el recurso procedente. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de garantías el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación del derecho fundamental al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales el acto reclamado pudiere haber sido reparado por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico o el tribunal de segunda instancia. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia. Ello hace del amparo el ulterior medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados ante los actos de autoridad que se consideren inconstitucionales. En ese sentido, con la finalidad de verificar si la referida determinación de no vinculación a proceso reclamada es recurrible a través del recurso de apelación, se debe traer a contexto los artículos 459, fracción I y 467, fracción VII, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor literal siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma." "Artículo 467. Resoluciones del Juez de Control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:. VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso." Como se ve, el artículo transcrito en primer término contempla la oportunidad de la víctima, aun cuando no se haya constituido como coadyuvante, para impugnar por sí o a través de la Representación Social, las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por aquella; y, por su parte, la porción normativa invocada en segundo término establece la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control que resuelve sobre la vinculación del imputado a proceso. Por tanto, el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por el que, se dictó auto de no vinculación a proceso, pronunciado por el Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, resulta apelable, conforme a los numerales transcritos, de ahí la procedencia del recurso ordinario previo al ejercicio de la acción constitucional. Acorde con ello, la promovente tiene la carga de agotar previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al primero, a través del cual pueda declararse la invalidez del acto que en esta vía reclama, lo que omitió realizar la aquí promovente. Máxime, que no se encuentra en ninguna de las excepciones previstas en la causa en análisis, de conformidad con el propio artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que son las siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer ese recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, si bien es cierto que esa regla general consiste en que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno; también lo es que ésta no es absoluta, de manera que si el acto que se reclama materialmente encuadra en alguna de las hipótesis de excepción, el juicio constitucional sería procedente aún en caso de no haberse agotado el medio de impugnación ordinario. Así, el acto reclamado que se analiza no importa privación de la vida, ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo que se advierte de su simple lectura. Igualmente, no se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos, ni se trata de una sentencia definitiva. Además, no puede considerarse que la parte promovente tenga el carácter de tercero extraño al procedimiento penal de origen, ya que en aquél quien tiene el carácter de parte víctima como lo expresó en su demanda. Tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso, sino de un auto que decretó la no vinculación a proceso, esto es, la resolución contraria al auto que se prevé como supuesto de excepción en la norma legal. En efecto, si bien en el caso de excepción que se analiza se hace mención sobre el auto de vinculación a proceso, de la concatenación de ese inciso d), con los diversos a) y b), se colige que la previsión respectiva se refiere al inculpado, cuando en su contra es determinada la vinculación a proceso, ya que ello puede derivar en la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad, que es la que justifica la excepción al principio de definitividad. En otras palabras, de la concatenación de los supuestos de excepción al principio de definitividad se sigue que el legislador previó que aquellos actos restrictivos de la libertad no se encuentren sujetos a dicho principio y, aun cuando pueda existir algún medio ordinario de defensa en su contra, igualmente pueden ser sujetos de inmediato a escrutinio constitucional. Sin embargo, la determinación aquí reclamada no contiene ese elemento excepcional, ya que lo controvertido, por parte de la víctima aquí quejosa, es lo relativo a la no vinculación a proceso a favor del imputado en ese procedimiento de origen, que de facto genera la imposibilidad de acceder a la reparación del daño; de ahí que, no se actualiza ese supuesto de excepción al principio de definitividad. Por último, no se requiere una interpretación adicional porque el Alto Tribunal del país como máximo intérprete de la ley al resolver la contradicción de tesis 355/2019, concluyó que la víctima u ofendido están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Asimismo, señaló que si el artículo 459, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima u ofendido para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público, eso legitima a aquéllos para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño, y con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos, dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo. Finalmente, puntualizó que en congruencia con los criterios sostenidos anteriormente por esta Primera Sala es que se concluye que la víctima u ofendido del delito, tienen legitimación para interponer, de manera directa y sin necesidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que de hacer valer dicho recurso, el tribunal de alzada deberá admitirlo, darle trámite y resolverlo. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10ª), del siguiente rubro: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Ante tal panorama, si la aquí quejosa se encontraba en aptitud de hacer valer el recurso de apelación en contra de la determinación de no vinculación a proceso reclamada, ello actualiza la referida causa de improcedencia, vinculada con el principio de definitividad, ya que se reitera, contra el referido acto reclamado es procedente un medio ordinario de defensa (recurso de apelación), que puede tener por efecto su revocación, modificación o nulificación; por lo que, no era optativo para la promovente acudir al juicio de amparo, sino que debía agotar el recurso de apelación que prevé el código adjetivo para entonces sí estar en posibilidad de promover el amparo, de acuerdo al principio de definitividad. En tales condiciones, la quejosa no acreditó que previo a la presentación de la demanda de amparo haya interpuesto el recurso de apelación contra el acto que en esta vía reclama. Al caso se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia I.4o. C.J/25 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Segunda Parte-1 (julio a diciembre de mil novecientos noventa), Octava Época, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN". Asimismo, cobra aplicación la diversa tesis sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 35 del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-1 (enero a junio de mil novecientos noventa), Octava Época, de rubro: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Así, para el supuesto de que pudiera ser considerado el acto reclamado como de imposible reparación, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello es así, pues el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Luego, en el supuesto de que el acto reclamado sea de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Al caso se invoca, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro LV, Junio de 2018, Tomo I, página 8, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto precisado en el inciso a) de esta determinación. En relación al diverso acto precisado en el inciso b) de este acuerdo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debía impugnar las omisiones del Ministerio Público investigador, ante la autoridad judicial. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que diera origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", dispuso que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las actuaciones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese sentido, previo a promover la demanda de amparo contra la negativa que alude la parte quejosa, era indispensable agotar el recurso en comento. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto del acto en estudio. En otro contexto, háganse las notificaciones aún las de carácter personal a la quejosa mediante lista electrónica que genera este juzgado, en virtud de que el señalado para tal efecto se encuentra fuera de la residencia de este jugado federal (Naucalpan). No obstante lo anterior, se comisiona a alguno de los actuarios judiciales adscritos a efecto de que por única ocasión notifique este auto a la quejosa, en el domicilio señalado en la demanda que se acuerda. Acorde con lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para la practique de las notificaciones que se ordenen en este sumario constitucional. Se toma conocimiento de la cuenta de correo electrónico proporcionado, únicamente para el efecto de establecer contacto en caso de que este juzgado lo considere necesario durante la tramitación del presente juicio de amparo. Ténganse por autorizadas a los profesionistas y personas que menciona para los efectos que establece. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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