Carolina Bautista Samperio

Expediente 1187/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1187/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Carolina Bautista Samperio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se sobreseyó en este juicio de amparo. Además, este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. En cumplimento a lo establecido en el Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que en su caso haya exhibido en el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se procederá a su glose y tendrá el mismo destino del presente asunto, es decir su destrucción junto con el expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos para debida constancia. Notifíquese mediante lisa electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de febrero del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas con catorce minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1187/2022-VI, promovido por ********************, por derecho propio contra actos de la "LXI" Legislatura del Estado de México, y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado que obra en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales ofrecidas por las partes. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se tienen por formulados los hechos valer por las partes. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se turnan los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1187/2022-VI; y, R E S U L T A N D O Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el veinte siguiente al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ***********, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra actos de la "LXI" Legislatura del Estado de México, y otras autoridades. En auto del cuatro de octubre de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México se declaró incompetente para conocer de la demanda, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, mismo que correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Mediante acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, aceptó la competencia declinada, registró el juicio con el número 1187/2022-VI, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento en que se presentó la demanda de amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que los actos reclamados tendrán ejecución dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La expedición del decreto número 21, en el cual se reforman los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y su aplicación. TERCERO. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de México y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. La "LXI" Legislatura del Estado de México, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto; por lo que se presumen ciertos los actos legislativos que se le atribuyen. Aunado a que la notoria existencia de ese tipo de actos no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y atento al criterio sustentado en la jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 191452, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo la procedencia del juicio constitucional es un aspecto de orden público, por lo que su examen debe ser efectuado de forma oficiosa, con independencia de que las partes lo aleguen o no. Este precepto dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precisado lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El citado precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Asimismo, los artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Federal; relacionados con el tema, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo(.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente si no se insta por la persona a la que agravia directamente el acto de autoridad y, cuando se impugnan normas heteroaplicativas, si no se acredita un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Así, el juicio de amparo es procedente si se promueve por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado vulnera los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En términos generales, el interés jurídico es el derecho subjetivo protegido por el ordenamiento legal que se ve afectado por el acto autoritario. Ahora bien, para acreditar el interés jurídico cuando se reclama la constitucionalidad de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere demostrar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (normas autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (normas heteroaplicativas). Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Común, con número de registro 198200, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Expuesto lo anterior, en el presente asunto, la parte quejosa controvierte la constitucionalidad del decreto número 21, en el cual se reformaron los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Ahora, para verificar la naturaleza jurídica de la norma, es menester traer a colación el contenido de los mencionados artículos, los cuales disponen: "Artículo 70. El monto de las pensiones del sistema solidario de reparto a que se refiere esta ley, se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derogado. En ningún caso se podrá rebasar el tope máximo señalado en el artículo 87 de esta ley." "Artículo 133. El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la Institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias." Como se puede observar, el numeral 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que las pensiones del sistema solidario de reparto se actualizarán anualmente, conforme al índice nacional de precios al consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, el artículo 133 de la mencionada legislación, establece que el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias. Ahora, la finalidad de la reforma a los numerales transcritos, se sustenta en las consideraciones plasmadas dentro de la exposición de motivos, en la cual, el legislador señaló: ". A su vez, los legisladores dictaminadores, consideramos proporcional y necesario reformar los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios para que la actualización del monto de las pensiones del sistema solidario de reparto, se realice conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que anualmente publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en apoyo a conservar el poder adquisitivo. En ese sentido, entendemos que esta medida no tendrá impacto en las formas de determinación y cálculo que la propia Ley prevé para las pensiones, ni rebasará el tope previsto en el artículo 87 de la misma Ley, por lo que apoyamos el mandato constitucional y el derecho de los pensionados a gozar de un ingreso mínimo actualizable anualmente en las mejores condiciones según su modalidad, estableciendo como factor de actualización dicho Índice y evitando la desigualdad entre las pensiones que actualmente genera el mecanismo de incremento previsto en la Ley. Por otra parte, estimamos viable establecer un indicador para que año con año el monto mínimo de actualización del seguro por fallecimiento que anualmente determina el Consejo Directivo del ISSEMYM y que está previsto en la referida Ley de Seguridad Social del Estado, se ajuste automáticamente, conforme al monto de crecimiento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que constituye una acción efectiva que permite mantener el poder adquisitivo de las prestaciones generadas con motivo de una relación laboral, por lo que se apoya que dicha prestación se calcule conforme al mandato constitucional en beneficio de los familiares o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos..," De la transcripción anterior, se advierte que la intención del legislador respecto de actualizar anualmente el monto de las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, se realiza con la finalidad de que los pensionados gocen de un ingreso mínimo actualizable anualmente, en las mejores condiciones según su modalidad, estableciendo como factor de actualización dicho índice y evitando la desigualdad entre las pensiones que actualmente genera el mecanismo de incremento previsto en la ley. Asimismo, respecto a la modificación relacionada con el artículo 133, el legislador señaló que es viable el incremento anual del seguro por fallecimiento con base en el crecimiento de la Unidad de Medida y Actualización, lo que constituye una acción efectiva que permite mantener el poder adquisitivo de las prestaciones generadas con motivo de una relación laboral, por lo que se apoya que dicha prestación se calcule conforme al mandato constitucional en beneficio de los familiares o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos. Por ello, el análisis a la exposición de motivos y de los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, permite concluir que por su sola vigencia no produce una afectación concreta en la persona o patrimonio de los quejosos, por lo que no es una norma autoaplicativa, sino heteroaplicativa, ya que para su materialización en la esfera jurídica del gobernado es necesario que se actualicen diversos actos en cadena, mismos que se describen a continuación: Que anualmente se fije el Índice Nacional de Precios al Consumidor (artículo 70) y el valor de la Unidad de Medida y Actualización (artículo 133). Se actualice el monto de la pensión (artículo 70) y se fije el monto del seguro por fallecimiento por el Consejo Directivo (artículo 133). Se realice el pago de la pensión que le corresponde al quejoso. Que el monto sea menor al recibido en meses anteriores. Que el origen de la reducción, sea originada por el cálculo de las percepciones con base en el índice Nacional de Precios al Consumidor y la Unidad de Medida y Actualización. En las consideraciones apuntadas, la necesaria actualización de los actos descritos evidencia que las normas reclamadas son ajenas a la caracterización de las leyes autoaplicativas, pues de encuadrar en ese supuesto, bastaría su entrada en vigor para afectar los derechos de los quejosos, lo que como se vio, no ocurre en la especie. Ahora bien, en el caso particular, de las constancias que exhibió ********************, se aprecia que tiene el carácter de pensionada, pero ese sólo hecho no implica que las normas reclamadas por sí mismas afecten sus derechos surgidos al adquirir esa calidad, porque en su caso, la aplicación de las modificaciones contenidas en ellas requerirá de los actos en ellas descritas para que se concrete su aplicación. Incluso, las referidas normas, en este momento, tampoco pueden estimarse reclamadas como heteroaplicativas, más aun cuando la quejosa ofreció diversos comprobantes de pagos, la determinación donde se le reconoció el carácter de pensionada y Aviso de Movimiento para la Afiliación y vigencia de Derechos. Sin embargo, de dichos documentos no se aprecia que las normas reclamadas le hayan sido aplicadas. Ello es así, pues de los comprobantes de pagos, se advierten las cantidades que recibió en las quincenas que señalan, en su carácter de pensionada del mencionado, el reconocimiento de pensionada y el movimiento para su afiliación. Así, de dichas documentales no se aprecia que los artículos reclamados se hayan aplicado a los quejosos, pues para tal efecto debió exhibir: i) Un recibo de pago del que se aprecie las percepciones que recibía antes de la entrada en vigor de las normas impugnadas; ii) otro recibo de pago en el que se advirtiera la percepción que recibe con motivo de las nomas reclamadas; o bien iii) una resolución en la que se actualizó el monto de su pensión con motivo de los artículos reclamados. Por ello, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de la norma reclamada, no puede estimarse que ésta les causa perjuicio. De ese modo, será hasta que la pensión que reciba la parte quejosa se vea afectada a través de la aplicación del mecanismo para ser reclamado, que se esté en aptitud de impugnar la aplicación del factor de proporción que arroje el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con ello el artículo 70 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Bajo esa línea de pensamiento, se considera que la misma razón debe prevalecer respecto a la impugnación del artículo 133 de la citada ley, pues ese numeral establece que el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto del Instituto Social, por lo que no es el momento oportuno para impugnar el precepto en cuestión. Lo anterior, toda vez que, no le corresponde a la parte quejosa combatir los montos establecidos en el seguro toda vez que el momento en que se tendrá una cantidad cierta, será cuando se actualice la condición establecida en dicho artículo. En ese sentido, el seguro por fallecimiento tiene una condición suspensiva, la cual consiste en que hasta en tanto no fallezca el titular del seguro, los beneficiarios no podrán tener una cantidad liquida determinada, razón por la cual, es a los terceros a quienes les corresponderá -en su momento-, combatir los montos que se hayan generado por el fallecimiento del titular del seguro. Entonces, para que el numeral citado pueda ser impugnable requieren de los siguientes requisitos: Que el titular del seguro fallezca. Que se determine que los beneficiarios tiene derecho a una pensión por el fallecimiento del asegurado. Una vez notificado el monto al que tengan derecho, se inconformen manifestando que la actualización fue desproporcional o en su defecto se actualizó de forma incorrecta. En ese orden, al no evidenciarse la afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa, con motivo de la sola entrada en vigor de las normas generales que controvierten y tampoco, evidenciarse el primer acto de aplicación de las mismas, lo que constituye un requisito indispensable para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ello es suficiente para considerar, que carecen de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en este juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 9/94 emitida por la Tercera Sala de la anterior Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, numero setenta y seis, página diecisiete de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." También ilustra lo anterior, la tesis IV.2o.A.31 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 65, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y toda vez que transcurrió el término concedido a la quejosa **********, en proveído del diecinueve de enero del año en curso, para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al "Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios", sin que hiciera manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y continúese la tramitación del presente juicio de amparo en los términos inicialmente planteados. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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