Carolina Hernández Candaupad y Otros.

Expediente 1137/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1137/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Carolina Hernández Candaupad y Otros.
  • Carolina Hernández Candaupad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Ahora, dado que en este asunto se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, las constancias relativas a la misma son susceptibles de depuración. Por otra parte, respecto a las constancias restantes son susceptibles de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra el auto del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio, ha quedado firme. Infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. ELF

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito de la autorizada de la parte quejosa mediante el cual informa que el menor de iniciales ********************, fue inoculado el quince de diciembre del año que transcurre con la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech; en virtud de que el veintisiete de los cursantes se acordó lo conducente a dicho tópico en atención al ocurso y oficio con registros 15261 y 15265. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase a **********, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como al apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México; informando que el menor de iniciales A. M. H., fue inoculado el quince de diciembre del año que transcurre con la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ante este panorama, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado debe valorar si se actualiza alguna causal de improcedencia que impida el análisis del juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente en cualquier etapa del juicio, lo aleguen o no las partes, dado que, para que este órgano jurisdiccional pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada. Dicho de otro modo, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran procedencia de la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues ésta constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo. De tal manera que dicho estudio debe hacerse en cualquiera etapa del juicio, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los mismos que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años; quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues como lo refiere la autorizada del menor de identidad reservada de iniciales A. M. H., así como la autoridad oficiante al referido menor ya le fueron aplicadas las dos dosis que contempla la vacuna con el biológico Pfizer-BioNTech, el dieciséis de noviembre y quince de diciembre de esta anualidad. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos; la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta, y en esas circunstancias ya no es dable realizar el estudio de lo aquí reclamado. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretarán en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente el menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, es dable dejar sin efectos la hora y fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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