Carolina Robledo del Río
Expediente 37/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Carolina Robledo del Río
- Caminos Y Puentes Federales de Ingresos Y Servicios Conexos (Capufe)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
... Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solcitados en el presente juicio de derechos; por tanto, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia y 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable; en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, las documentales que acompañó en apoyo a su informe justificado. ...
- Principal
Audiencia constitucional. En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cuarenta minutos del once de marzo de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de veintidós de febrero de ésta anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 37/2019. El licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el secretario realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa, procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos, al respecto, da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Numero Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidenta (foja 14); asimismo, da cuenta con los anexos consistentes en copias certificadas del expediente relativo al juicio laboral número 191/2015, promovido por la ahora quejosa, en contra de Caminos y Puentes Federales, constancias que fueron adjuntadas a su informe justificado por la autoridad responsable (foja 15 y cuaderno de pruebas). En otro aspecto se da cuenta con los pedimentos 31/2019 y 295/2019, signados por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, con números de registro 3192 y 3197 (fojas 24 a 26). A continuación, el suscrito Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; con las constancias relacionadas por el secretario, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno; en otro aspecto, agréguense a sus autos para que obren como correspondan los pedimentos 31/2019 y 295/2019, suscritos por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, y al respecto, en relación al primero de ellos, se autoriza al promovente consultar y dar seguimiento al expediente electrónico del asuntos que nos ocupa, bajo el número de usuario que indica, para los efectos legales a que haya lugar; en cuanto al segundo de los ocursos, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de esta última, en su oportunidad expídasele copia simple de las constancias que indica, previa constancia que de su recibo se deje en autos, y respecto de los alegatos que hace valer, dese cuenta al respecto en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las constancias aportadas por la responsable como anexos a su informe con justificación, las que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin más pruebas, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que a fojas 25 a 26, obra el pedimento 295/2019 signado por el agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este juzgado, en el que, entre otras cosas, formula alegatos; al respecto, se tienen por recibidas las manifestaciones de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y sin más alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, el suscrito Juez de Distrito, declara vistos los autos para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 37/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Carolina Robledo del Rio, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, las garantías consagradas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado y formuló el concepto de violación que consideró pertinente. SEGUNDO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, siendo que por auto de diecisiete de enero de esta anualidad, fue radicada y admitida bajo el número de expediente ya precisado, en esa guisa, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar el acto reclamado, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de garantías, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, con registro 192097, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, de un análisis acucioso al libelo de garantías se permite precisar que el acto reclamado a la autoridad responsable, se hacen consistir en el siguiente: La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en dictar el laudo correspondiente en el expediente relativo al juicio laboral número 191/2015, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Numero Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues en la parte que interesa, así lo aceptó dicha autoridad al rendir su informe justificado (foja 14). Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 191/2015, del índice de la junta responsable, de las cuales se aprecia la existencia del acto reclamado en el presente asunto, pues a la fecha en que se dicta la presente resolución, no se advierte que la autoridad responsable haya emitido el laudo en el juicio laboral de origen; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que el suscrito advierta de oficio, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante de garantías. En ese orden de ideas, los motivos de disenso que hace valer Carolina Robledo del Rio, aquí quejosa, se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda de garantías, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en síntesis argumenta en su apartado de concepto de violación, lo siguiente: Que se contraviene en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable ha omitido dar cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, al no dictar laudo dentro del procedimiento laboral de origen, en el plazo fijado por dicho cuerpo normativo. Los motivos de inconformidad que hace valer la quejosa en su concepto de violación son infundados, sin que se advierta materia de la queja por suplir, en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de la materia. Para corroborar lo anterior, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución debidamente fundada y motivada sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, con registro 921075, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, en los términos y plazos que establezca la ley que los rija; así, del texto constitucional se advierte que la administración de justicia completa debe estar presente en todo momento al resolverse en definitiva por parte de la responsable el asunto puesto ante su jurisdicción. Lo anterior, debe entenderse referido al juicio laboral a fin de que se justifique la solución del conflicto. En concordancia con lo anterior, y en relación a los términos y plazos establecidos en la Ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que son del tenor siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". De los términos que los citados preceptos estipulan, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, se hará una certificación por el secretario del órgano laboral correspondiente, en el sentido de que ya no quedan pruebas por desahogar, una vez hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de Ley Federal del Trabajo. De todo lo cual se concluye que previo al dictado del laudo en un juicio laboral, indefectiblemente deberá emitirse auto que declare cerrada la instrucción. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de la junta responsable al no dictar laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que las conductas de carácter omisivas tildadas de inconstitucionales, deben considerarse como actos que en sí mismos no son violatorios de la Constitución Federal, lo que implica que, por su propia naturaleza, necesitan demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este juzgador estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y, que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que la quejosa sea parte. Este aspecto en particular implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el juicio de origen, lo que se acredita en el presente sumario, pues de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el expediente laboral de origen 191/2015 fue promovido por la aquí impetrante de garantías Carolina Robledo del Rio, en contra de Caminos y Puentes Federales. Lo que conduce a establecer que la quejosa tiene el carácter de parte en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado. 2) Que el juicio de origen se encuentre en estado de resolución. En relación al segundo elemento, que implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado del laudo al haberse decretado el cierre de la instrucción y no quedar pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente laboral, el que suscribe considera que no se actualiza. En efecto, de las copias certificadas del expediente laboral 191/2015 remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se obtiene que del sumario no se advierta proveído alguno que haya declarado cerrada la instrucción en el juicio de origen; pues de dichos autos solo se advierte que el último acuerdo, fue el de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, en el cual el secretario realizó una certificación en el sentido de que aún no se había desahogado la prueba de inspección ofrecida por la parte actora (probanza que cabe señalar fue admitida en la audiencia celebrada en veintiuno de abril de dos mil dieciséis, localizable a fojas 139 a 142 del tomo de pruebas) y en virtud de lo anterior, se señaló fecha y hora para llevar a cabo su desahogo, en los términos ahí precisados (foja 170 del tomo de pruebas). Por consiguiente, no se acredita que el juicio laboral de referencia a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, quince de enero de dos mil diecinueve, se encontrara en un estado procesal que ameritara la formulación del proyecto de resolución y el dictado del laudo respectivo, dado que aún no se ha emitido el auto que declare cerrada la instrucción en el juicio laboral, en razón de la probanza pendiente por desahogar, a que se hace referencia en el acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve aludido. Lo anterior implica que de constancias no se tenga por demostrado que al momento de la interposición del juicio de amparo e incluso al día de hoy, el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite la formulación del proyecto de resolución y el dictado del laudo respectivo, y por ende, que se actualice la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, aun cuando de las constancias que remitió la autoridad se advierta que no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, ello se debe a que aún no se ha cerrado la instrucción en dicho proceso laboral, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se ha emitido el acuerdo que así lo ordene. En otro aspecto, no debe perderse de vista que el que suscribe, al dictar sentencia definitiva sólo puede analizar el acto reclamado existente, a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, que en el caso concreto lo es la omisión de dictar laudo en el juicio de origen, y no lo concerniente a la omisión de proveer sobre el desahogo de las pruebas en el juicio de origen; y si bien el presente juicio deriva de la materia laboral, y la parte aquí quejosa es la parte trabajadora, y el numeral 79, fracción V de la Ley de Amparo establece que en materia de trabajo, operará la suplencia de la queja a su favor; sin embargo tal suplencia no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo como lo es la indicación del acto reclamado. Esto es así, pues el suscrito no está en condiciones legales de pronunciarse de oficio respecto de la constitucionalidad de los actos que se estimen probados y sustituir los precisados por los primeros, ello por la básica razón que este juzgado de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su ley reglamentaria. Y considerar lo contrario, modificaría la litis constitucional, lo cual desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Robustece a lo anterior, la tesis P./J. 5/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el doce de agosto de esta anualidad, que a la letra dice: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos." Ante esas circunstancias, se reitera que la omisión de dictar laudo que se tuvo por acreditada en el considerando que antecede no puede considerarse como violatoria de garantías, pues como ya se explicó, dicha inconstitucionalidad, depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar; y atendiendo a esas premisas, no puede aseverarse que al momento de la interposición del presente juicio de amparo, el procedimiento laboral de origen se encontrara en estado de resolución y que además ya hubiera transcurrido el plazo que la ley establece para fallar, por ende, no ha lugar a considerar vulnerados los términos que para ese efecto establece la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia on registro 197499, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y tres, tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso, y al no advertirse que pueda ser susceptible de ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitado por Carolina Robledo del Rio, contra la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 191/2015, del índice de la Junta Especial Numero Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En mérito de lo anteriormente fundado y con apoyo además en los artículos 61, 79, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carolina Robledo del Rio, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones jurídicas plasmadas en la última consideración del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa, autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas (foja 16). Por otra parte, de autos se desprende que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del día de la fecha, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, por tanto, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la referida audiencia, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 2031. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas; mediante la cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de los actuales, remite copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral 191/2015 de su estadística. Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la oficiante ofreciendo como pruebas las que alude en la promoción que se provee, que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Dado su volumen guárdese por separado y fórmese el tomo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
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