Carolina Torres Leyva
Expediente 353/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Carolina Torres Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas quince de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación contra el Delito de Robo, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido como lo solicita y mediante oficio que al efecto se libre, remítanse las copias certificadas que solicita. Por otra parte, intégrense el escrito de Ma. De Lourdes de Alba López, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. No óbice a lo anterior, que al ser recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, al advertirse una causal de improcedencia se decretó el sobreseimiento del presente juicio, motivo por el cual no se les reconoció el carácter de terceros interesados a los ocursantes, que les correspondía en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo, por lo que, como se determinó en el párrafo que antecede, es procedente la expedición de copias certificadas, máxime que las mismas serán exhibidas como prueba superveniente ante el Tribunal Colegiado de este propio circuito en diverso juicio de amparo en revisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. KARINA
- Principal
El once de mayo de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticinco de abril al diez de mayo de dos mil diecisiete, sin contar los días veintinueve y treinta, así como seis y siete de mayo del año en curso, por corresponder a sábados y domingos; y uno y cinco de mayo por haber sido declarados como inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el dieciocho de abril último, dentro del juicio de amparo número 353/2017. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. No fue exhibido billete de depósito en el incidente de suspensión relativo. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con un pedimento registrado bajo el número 6212, dentro del juicio de amparo 353/2017 . CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en razón de que el pasado dieciocho de abril se sobreyeso fuera de audiencia el presente juicio. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que queda a su disposición en las instalaciones de este Juzgado, en virtud de que ya fue resuelto el presente juicio. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra el auto dictado por este Juzgado el dieciocho de abril del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que, el expediente principal es susceptible de destrucción y que el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y en el segundo se concedió la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Karla
- Principal
En dieciocho de abril de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un oficio con número de registro 5134; y dos discos compactos, así como con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la circunstancia que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del diez de mayo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en esta ciudad; con el contenido del mismo, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, en atención al requerimiento que le fue señalado en el auto admisorio, en relación al artículo 64 de la Ley de Amparo; remite copia certificada de la audiencia celebrada el veintisiete de marzo del año en curso, donde se emitió la orden de aprehensión solicitada, -acto reclamado que la parte quejosa combate en esta vía-; así como la audiencia celebrada el quince de abril del año en curso, en la que se vinculó a proceso a la quejosa de mérito, por el delito de robo calificado, en agravio de Ma. De Lourdes de Alva López, las cuales se tienen como pruebas de su parte, en términos del precepto 119 de la ley que rige el juicio constitucional. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la justiciable, consistente en la orden de aprehensión ordenada por el Juez responsable, el pasado veintisiete de marzo del presente año, dentro de la causa penal 240/2017; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha cambiado la situación jurídica del acto reclamado, como se explica enseguida. En la especie, Carolina Torres Leyva, reclama la orden de aprehensión emitida en su contra, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal 240/2017, por considerar que probablemente participó en la comisión del delito de robo calificado, en agravio de Ma. De Lourdes de Alva López, previsto y sancionado en el artículo 320, fracción III, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, y su ejecución, atribuida al Director de Policía Ministerial del Estado. Ahora bien, del disco compacto de audio y video, relativo a la audiencia llevada a cabo el quince de abril de dos mil diecisiete, en los autos de la causa penal 240/2017, se advierte que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, dictó en contra de la aquí quejosa Carlina Torres Leyva, auto de vinculación a proceso, por considerar que probablemente participó en la comisión del delito de robo calificado, en agravio de Ma. De Lourdes de Alva López, previsto y sancionado en el artículo 320, fracción III, del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Documentales que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo; al ser expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Atento a lo anterior, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]. Del precepto transcrito, se colige que la finalidad de la concesión del amparo es restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental lesionado y volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, una vez nulificado el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven. En tales condiciones, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el juicio de amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio constitucional. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable la tesis que establece: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Atento a lo expuesto, es dable sostener que el auto de vinculación a proceso, dictado el quince de abril de dos mil diecisiete, ha incidido directamente en la esfera jurídica de la quejosa a grado tal de dejar sin efectos lo que pretende combatir en este amparo; esto es, la orden de aprehensión girada en su contra, pues al decretársele su vinculación al proceso, esta Juzgadora Federal está imposibilitada para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, toda vez que se podría afectar su nueva situación jurídica. Lo anterior se considera así, en virtud de que ha operado un cambio de su situación jurídica y, por tanto, todas las violaciones constitucionales que pudiesen derivar de ese acto que tilda de inconstitucional, en esta instancia ya no pueden ser motivo de análisis, al haber quedado consumadas jurídicamente de forma irreparable, con motivo del auto de vinculación a proceso, dictado contra la quejosa. Luego, resulta inconcuso que ha cambiado la situación jurídica, al actualizarse los supuestos previamente descritos en relación con dicho motivo de improcedencia, en virtud que el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, esto es, de la causa penal 240/2017, del índice del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas. Ello, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica, a saber: el auto de vinculación a proceso, de quince de abril de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 240/2017, en contra de la ahora justiciable, por considerar que probablemente participó en la comisión del delito de robo calificado, en agravio de Ma. De Lourdes de Alva López, previsto y sancionado en el artículo 320, fracción III, del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Por tanto, no puede examinarse el acto que se reclama en esta vía (orden de aprehensión emitida el veintisiete de marzo del año actual), sin afectar la nueva situación jurídica de la quejosa, que surgió a partir de que fue dictada la resolución mencionada, derivado de que compareció ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas. De ahí que se estime que se actualiza la aludida causa de improcedencia, pues con la resolución de quince de abril de dos mil diecisiete, se consideran irreparablemente consumadas las violaciones ocurridas en el acto aquí reclamado. Orienta sobre el particular, el criterio contenido en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Así como la tesis que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. Y, por analogía, resulta aplicable la tesis de rubro y texto: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto atribuido a la autoridad ejecutora, Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, por no haberlo combatido por vicios propios. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia que dispone: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con diez minutos del diez de mayo de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso F), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Dey__ Sise__ Tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. ii Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 270 del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169410. iii Tesis II.2o.P.20 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002240. iv Tesis XXI.1º.48 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época página 1024. v Jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96, sexta parte, página 286.
- Incidental
En once de abril de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con dos oficios con números de registro 5055 y 5068 y un anexo en copia certificada. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de abril de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los informes previos que remiten las siguientes autoridades responsables: Juez de Control y Enjuiciamiento y;. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (Ambos con sede en esta ciudad de Zacatecas) Con sus contenidos dese vista a las demás partes para los efectos legales que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el licenciado Juan García Trejo, secretaria que autoriza. Doy fe. dey
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