Carolina García Amaro
Expediente 1036/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Carolina García Amaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El cuatro de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del dieciocho al treinta y uno de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de quince del citado mes y año, dictada por este juzgado dentro del juicio de amparo 1036/2018. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se tramitó incidente de suspensión, que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse y que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el quince de mayo de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se declaró sin materia dicho incidente; además de que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1036/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto continuo, el secretario da cuenta con una promoción con folio 10315, signada por la autoridad responsable juez Primera del Ramo Penal, con sede en Fresnillo, Zacatecas, por la que rinde su informe justificado. Asimismo, el secretario hace constar que la diversa autoridad responsable comandante de la Policía Ministerial de Fresnillo, Zacatecas, no ha rendido su informe justificado no obstante obra el acuse que permite acreditar que quedó notificada del oficio 12921/2018, por medio del cual se le requirió. Enseguida, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Asimismo se da cuenta con el pedimento. En relación con lo anterior, el juez, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables subprocurador Operativo y director, ambos de la Policía Ministerial del estado, fiscal General de Justicia del estado, todos, con sede en esta ciudad, y juez Primera del Ramo Penal, con sede en Fresnillo, Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las copias certificadas que anexa el juez responsable a su informe justificado. A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Enseguida, en el período de alegatos con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los que corresponden a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento registrado con el folio 10337; con lo que, al no existir más alegatos para ser tomados en cuenta, se cierra este período. Luego, al no haber más pruebas ni alegatos que tener por reproducidos, se declaran cerradas dichas etapas; y al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido artículo 124 de la ley de la materia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1036/2018; y, RESULTANDO 1°. Carolina García Amaro, por su propio derecho, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, presentó en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, demanda de amparo indirecto contra actos y autoridades responsables siguientes: Autoridad responsable ordenadora: Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Autoridades responsables ejecutoras: Procurador General de Justicia del Estado. Director General de la Policía Ministerial del Estado. Alfredo Gallegos Juárez, comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con destacamento en Fresnillo, Zacatecas. Subdirector Operativo de la Policía Ministerial del Estado. Actos reclamados: La orden de aprehensión y su ejecución. 2°. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, se citó a las partes para su celebración. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados, que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consisten en: La orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables juez primera del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, subprocurador Operativo, director y fiscal General de Justicia del estado, todos con sede en esta ciudad al rendir sus informes justificados señalaron que son ciertos los actos que la parte quejosa les atribuye. Al respecto, la juez responsable manifiesta que dentro del proceso penal número 60/2017 instruido a Carolina García Amaro, por el delito de falsificación de documentos cometido en agravio de Juan José Medrano Alvarado, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete se libró orden de aprehensión en su contra, sin embargo, aclara que el veintitrés de abril del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se declaró prescrita la acción penal y como consecuencia extinguida su responsabilidad penal. Asimismo, dictó auto de sobreseimiento en favor de Carolina García Amaro, por el delito de referencia, ordenándose dejar sin efecto la orden de captura; el cual causó ejecutoria el dos de mayo del año en curso; para lo cual remitió copias debidamente certificadas. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Precisado lo anterior se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie se actualiza, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, ya que se advierte que la autoridad responsable juez primera del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete libró la orden de aprehensión reclamada, sin embargo, informa que el veintitrés de abril del año en curso, emitió un acuerdo en el que se declaró prescrita la acción penal y como consecuencia extinguida su responsabilidad penal. Asimismo, dictó auto de sobreseimiento en favor de Carolina García Amaro, por el delito de referencia, ordenándose dejar sin efecto la orden de captura; el cual causó ejecutoria el dos de mayo del año en curso; por lo que dicha determinación reviste las características de una sentencia absolutoria, al no ser apelable; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras subprocurador Operativo, director y fiscal General de Justicia del estado, todos con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.".. Por otra parte, el comandante de la Policía Ministerial de Fresnillo, Zacatecas, no ha rendido su informe justificado no obstante obra el acuse que permite acreditar que quedó notificada del oficio 12921/2018, por medio del cual se le requirió; sin embargo, resulta innecesario esperar a que se rinda el comunicado, toda vez que no puede ejecutar una orden de captura que ha quedado sin efecto. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carolina García Amaro contra el acto reclamado y autoridades reseñadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Cecy*
- Principal
El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con el folio 8910 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por el quejoso Manuel Jáquez Partida y su autorizado Marco Ulices Ceceñas Jacquez, por el que interponen recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el once de abril de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, se les tiene por interponiendo recurso de revisión contra la resolución de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del presente proveído, envíese este expediente a la Superioridad para la substanciación del aludido recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG
- Incidental
"El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 8863 con anexo que se acompaña. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva, así como dos tomos de pruebas; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se imponga del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE...." "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 925/2017, promovido por Jorge Flores Medina, contra actos de la Agente del Ministerio Público Número XII adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, dependiente de la Procuraduría General del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Jorge Flores Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable ordenadora y ejecutora: Agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: Omisión de acordar de conformidad y realizar el trámite de acumulación de la carpeta de investigación penal de la cual es víctima. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 8, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete [fojas 29 a 32], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el tres de abril de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 98. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 33/2018 de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 925/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 216/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: La omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el que solicitó la acumulación de autos de las carpetas 1710/2017 a la diversa 4843/2017; acto que reclama a la Agente del Ministerio Público Número XII adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, dependiente de la Procuraduría General del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. La Agente del Ministerio Público Número XII adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, dependiente de la Procuraduría General del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado [foja 36], negó el acto que se le reclama consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el doce de septiembre de dos mil diecisiete, lo cierto es que esa negativa la hace derivar del hecho de que previamente a la promoción del juicio de amparo ya había emitido el acuerdo correspondiente respecto a la petición hecha por el quejoso; sin embargo, para los efectos del presente juicio de amparo, se tiene como cierto dicho acto, ya que a la fecha en que se presentó la demanda de garantías, aún no se notificaba al impetrante del amparo el acuerdo recaído a dicha promoción y, tomando en consideración que reclama violación al artículo 8º Constitucional, dicho acto será objeto de análisis en apartados posteriores. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas que al efecto remitió la referida Agente del Ministerio Público [en dos tomos], documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO [Improcedencia del juicio]. De oficio, este órgano jurisdiccional advierte que contra el acto reclamado por el quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, se notificó el acuerdo recaído a la petición hecha por el quejoso. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De conformidad con el referido precepto legal, el juicio de garantías resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado reestablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad, por lo que, el juicio de amparo carece de litis sobre la cual deba hacerse pronunciamiento alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro No. 193758 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999 Página: 38 Tesis: 2a./J. 59/99 Jurisprudencia Materia(s): Común CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, para resolver lo conducente, es pertinente citar el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- - - A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". El precepto constitucional en comento, resguarda dos aspectos del derecho fundamental de petición, a saber: a). Que a todo escrito o petición del gobernado, realizada de manera pacífica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo de la autoridad, igualmente por escrito; y b). Que la autoridad deberá hacer dicho acuerdo del conocimiento del peticionario, en breve término. Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el solicitante del amparo presentó un escrito con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, en donde solicitó la acumulación de la carpeta de investigación 1710/2017 a la diversa 4843/2017 [foja 52 del anexo I], y si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo [veintitrés de octubre de dos mil diecisiete], la autoridad responsable ya había dado respuesta a la petición del quejoso al emitir el auto de fecha once de octubre de ese año [foja 74 del anexo I], lo cierto es que en esa fecha aún no se había notificado al peticionario el acuerdo recaído a dicho escrito, razón por la que éste consideró que se violaba lo previsto en el artículo 8 Constitucional. No obstante ello, de las constancias remitidas por la autoridad se advierte que, durante el trámite del presente juicio de garantías, el quince de diciembre de dos mil diecisiete [foja 61 del juicio de amparo], notificó el proveído emitido al escrito presentado por el peticionario de amparo, el cual fue recibido y firmado de conformidad por el propio quejoso. En efecto, de la constancia que obra a foja 61, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, y que adjuntó la autoridad responsable, se aprecia que el quince de diciembre de dos mil diecisiete notificó al quejoso el acuerdo de fecha once de octubre de dicho año, en el que negó la petición de acumular las carpetas ya mencionadas al no existir conexidad de hechos. Por ello, es dable concluir que han cesado los efectos del acto que se reclama y, por tanto, deviene improcedente el presente juicio de garantías. De ahí que deba tenerse por satisfecho el cumplimiento a lo establecido en el artículo 8º Constitucional, respecto a que la autoridad emitiera una respuesta a la solicitud hecha por el aquí quejoso y notificara la misma; aunado a que, con la vista que se le dio con las constancias remitidas por la autoridad [foja 62 del juicio de amparo], el quejoso nada manifestó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 168189 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Página: 605 CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Flores Medina, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase."
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