Carolina Cortés Jaimes
Expediente 116/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carolina Cortés Jaimes
- Carolina Cortés Jaimes y Otros.
- Diana Paula Cortés Jaimes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS Vista la certificación que antecede de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Asimismo, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio principal, y depúrese el original del incidente, ordenándose la transferencia de estos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Jefa del CAP Centro Morelia, de la Coordinación de Operación del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de octubre del año en curso y al efecto informa el destino de las piezas postales correspondientes a los oficio 1952 y 1955 con números de registro 58007229 y 58007940, lo que acredita con las documentales que anexa. En tal virtud, se tiene a la autoridad en cita dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos. SE DECLARA SIN MATERIA MEDIDA CAUTELAR Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y específicamente la certificación secretarial que antecede, se declara sin materia el incidente de suspensión en que se actúa, por no existir elemento sobre la cual resolver, toda vez que en auto de esta misma fecha dictado en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, causó estado el diverso acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo principal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia incidental señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS, SE REQUIERE NUEVAMENTE. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, a través del cual se requirió al Jefe de Administración de Correos de México, con sede en esta ciudad, a fin de que informara a este juzgado el trato que le dio a las piezas postales 1952 y 1955 dirigidos a las autoridades responsables. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, requiérase de manera inmediata a dicha autoridad a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado de este proveído, de no tener impedimento legal o material alguno informe el trato que se les dio a las piezas postales en comento, debiendo acompañar copia de la factura que ampara el envío de cartas de carácter oficial. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. EFECTIVO APERCIBIMIENTO, SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que manifestara si a la fecha las menores quejosas recibieron la aplicación de la segunda dosis de la vacuna correspondiente contra el Covid-19, ha transcurrido; por tanto, se acuerda lo siguiente. El acto reclamado en el presente juicio lo constituye sustancialmente la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 5 a 12 años de edad, para que se le aplicara la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer, quien suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del promovente, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, con número de registro digital 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, como se indicó al inicio de esta actuación, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 5 a 12 años de edad, para que se le aplique la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer. Ahora, dado que la parte quejosa no realizó manifestación alguna a la prevención formulada por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se hace efectivo el aperibimiento y se obtiene que las menores quejosas C.C.J. y D.P.C.J. ya recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y, por ende, se completó su esquema de vacunación; en ese sentido, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada a las autoridades responsable de aplicar la vacuna referida. Por tanto, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
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