Carolina Martínez Tomás

Expediente 1104/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1104/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Carolina Martínez Tomás

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1104/2022, promovido por***, en contra de los actos de la autoridad que más adelante se precisará. El problema jurídico en este asunto consiste en analizar la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de darle el trámite y desahogar el procedimiento que por derecho procede en la solicitud de revocación de mandato, presentada desde el veintiocho de julio de dos mil veintidós, contra Carlos Rigoberto Chacón Pérez, en su carácter de Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca; lo cual, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se le había dado el trámite correspondiente; y si con ello se trasgrede el derecho tutelado por los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, dentro del juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales bajo el número *** y acumulados, se dictó sentencia ejecutoriada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, donde se condenó al actual presidente de la Villa de Zaachila, Oaxaca, ***; realizándole diversos requerimientos a efecto de que dicha autoridad municipal cumpliera con la citada sentencia. Ante el incumplimiento por parte del Presidente Municipal los aquí quejosos promovieron solicitud de revocación de mandato, contra la citada autoridad municipal, la cual les fue recibida en la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado el veintiocho de julio de dos mil veintidós. Por acuerdo parlamentario de tres de agosto de dos mil veintidós, el Pleno del Congreso, remitió la solicitud de los aquí quejosos, a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura, para su atención. A la fecha de la presentación de la demanda no se había dado el trámite correspondiente a dicha solicitud, por lo que es ante dicha omisión que los quejosos acuden a este juicio. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, *** presentaron demanda de amparo, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, con la cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra del acto que se precisará en el apartado correspondiente. En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se registró con el número 1104/2022, desechándose la demanda de amparo por improcedente. Inconforme con la citada determinación, la parte quejosa mediante ocurso recibido en este Juzgado el once de octubre de dos mil veintidós, interpuso recurso de queja contra la misma. Mediante testimonio de ejecutoria de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, se declaró fundado el recurso de queja interpuesto estimando que la causa de improcedencia invocada requería de un análisis en la sentencia, por lo que ordenó admitir la demanda. En proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional procedió a admitir a trámite la demanda de amparo presentada por***contra el acto atribuido a los Diputados Integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, y como acto reclamado, la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de darle el trámite y desahogar el procedimiento que por derecho procede en la solicitud de revocación de mandato, presentada desde el veintiocho de julio de dos mil veintidós, contra** en su carácter de Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, lo cual, hasta la fecha de la presentación de la demanda (veintiséis de septiembre de dos mil veintidós) no se le había dado el trámite correspondiente; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes del acto reclamado y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad responsable tiene su residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que los quejosos reclaman lo siguiente: Falta de trámite al escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se solicitó la revocación de mandato del actual Presidente Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, ante el incumplimiento de la condena emitida en el juicio JDC/312/2021, del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamado, en relación con la autoridad responsable. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su respectivo informe justificado, la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, negó el acto reclamado, agregando que el tres de octubre de dos mil veintidós, los integrantes de la referida Comisión emitieron el acuerdo de radicación del expediente CPGAA/162/2022, relativo a la solicitud del procedimiento de revocación contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, en el que se acordó proceder al análisis del cumplimiento de los requisitos a que hace referencia el artículo 63 y 63 Bis del referido ordenamiento; precisando que se encuentra en estudio de todos y cada uno de los elementos que se encuentran agregados en el referido expediente, sin que eso implique se haya dejado de atender la solicitud formulada por los quejosos, y una vez concluido el estudio de referencia emitirá la determinación que en derecho proceda. Sin embargo, debe tenerse por cierto en su totalidad el acto reclamado a la autoridad responsable, no obstante que lo haya negado, pues enseguida realizó manifestaciones tendentes a justificar la constitucionalidad de tal motivo de disenso, aunado a que de las constancias que remitió como anexo a su respectivo informe se aprecia que a la fecha de la presentación de la demanda (veintiséis de septiembre de dos mil veintidós) el acto reclamado era existente. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2º. En respaldo de la determinación adoptada se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." VI. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclamó la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable a darle el trámite a la solicitud presentada por los quejosos mediante escrito de veintiocho de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se solicitó la revocación de mandato del actual Presidente Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, ante el incumplimiento de la condena emitida en el juicio ** del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a lo cual, hasta la fecha de la presentación de la demanda (veintiséis de septiembre de dos mil veintidós), no se le había dado el trámite correspondiente. Bajo esa tesitura, de autos se aprecia que la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, el tres de octubre dedos mil veintidós, emitieron el acuerdo de radicación del expediente ***, relativo a la solicitud del procedimiento de revocación contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la Villa de Zaachila, Oaxaca, en el que se acordó proceder al análisis del cumplimiento de los requisitos a que hace referencia el artículo 63 y 63 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; por lo que una vez concluido el estudio de referencia emitirá la determinación que en derecho proceda; es decir, se le dio el trámite correspondiente a la solicitud de revocación de mandato, presentada por los aquí quejosos. Ahora bien, si en esta instancia se reclama la omisión de darle el trámite a la solicitud de revocación de mandato, presentada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, contra**, en su carácter de Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, la cual, hasta la fecha de la presentación de la demanda (veintiséis de septiembre de dos mil veintidós), no se le había dado el trámite respectivo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al haberse dado el trámite el tres de octubre de dos mil veintidós, a la solicitud de revocación de mandato, se destruyeron los efectos de lo reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la negativa ficta aducida no hubiera existido, pues ya no existe silencio por parte de la autoridad, sino que está ya se pronunció sobre la solicitud de la parte quejosa, lo que ya no se estima que invade la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte afectada al promover el juicio de amparo, era que se le diera trámite a la revocación de mandato presentada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, contra de ***, en su carácter de Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, lo cual, se satisfizo, al haberse tramitado dicha revocación el tres de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al derecho fundamental de acceso a la justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para quien resuelve, que al rendir informe justificado la autoridad responsable hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, aduciendo la falta de interés de la parte quejosa en este juicio; no obstante, dicha causa debe desestimarse en virtud que el motivo de disenso versó sobre el hecho de que la autoridad no daba trámite al escrito signado por los aquí promoventes, en donde se solicitó la revocación del mandato del Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca; por tanto, si fueron ellos quienes presentaron ese escrito, es claro que tienen interés en que se les dé una respuesta. Lo anterior, es independiente del interés que puedan o no tener para solicitar la revocación de mandato de la autoridad municipal aludida, pues ello no es materia de este juicio constitucional, sino del análisis que haga la responsable al dictar la resolución en el expediente **. Por otra parte, aun cuando solicita el sobreseimiento en este juicio constitucional alegando la inexistencia del acto reclamado, fundándose para ello en lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dicha inexistencia quedó desvirtuada en el capítulo relativo a la existencia del acto reclamado, por lo que no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto. En virtud del sobreseimiento decretado, no se analizarán los conceptos de violación vertidos por los promoventes del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" VII. DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que el pasado veintidós de mayo, se ordenó reexpedir el oficio 6541, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca, para emplazarlo a juicio; motivo por el cual, la audiencia constitucional señalada para este día se reprograma para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que el oficio 6541, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca (tercero interesado), no ha sido entregado a dicha autoridad; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, y dada la cercanía del citado municipio con esta población, se ordena reexpedir el oficio respectivo y se comisiona al actuario de la adscripción que corresponda, haga entrega del mismo en las oficinas del Ayuntamiento en mención. NOTIFÍQUESE.

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