Carolina Juana Villamil Aguilar

Expediente 358/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
358/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Carolina Juana Villamil Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo I-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Se declara que el auto que desechó la demanda de amparo causó estado, y se archiva este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese la demanda con el número 358/2019. Desechamiento. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo en relación con sus anexos se advierte que la inconforme Carolina Juana Villamil Aguilar, reclama lo siguiente: ".Reclamo de la responsable las actuaciones realizadas por al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; los acuerdos de fechas veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año dos mil diecinueve y notificadas el veintiocho de febrero y el siete, once, doce de marzo respectivamente del presente año, del cuaderno de pruebas, en la parte relativa donde en el acuerdo de fecha veinticinco de febrero del presente año, se le admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a la Ciudadana Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora al Ciudadano Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de la Ciudadana Jael Herrera Mora. Esto es sin que la Perito, cumpla con las exigencias que prevé el artículo 1253 del Código de Comercio. [.] ..Al no señalarme fecha y hora para la práctica de los ejercicios caligráficos, para que los realizara el endosatario en procuración Alejandro Salazar Cruz, presente (sic) es recurso de revocación, en fecha 5 de marzo del presente año, para que se señalara fecha y hora para el cometido de la prueba pericial citada, pero en esa misma fecha 5 de marzo del presente año, fue desechado el recurso de revocación, esto es, porque se realizó un acuerdo de manera oficiosa en fecha 6 de marzo de 2019 "diligenciar para mejor proveer", donde se cita a la suscrita para las trece horas del día once de marzo, de la presente anualidad, para que comparezca debidamente identificada, ante el personal del Juzgado Primero de lo Civil, con la asistencia de mi perito para que estampe las firmas en la forma y número de veces que indique los peritos, situación que me causa agravio, pues la prueba era para el actor, el endosatario en procuración Alejandro Salazar Cruz, para que realizara los ejercicios caligráficos, dejándome en estado de indefensión de poder acreditar mis hechos que hago mención en mi escrito de contestación de demanda, situación que me deja en estado de indefensión, además de que la suscrita como se puede apreciar en audiencia de fecha once de marzo del presente año, jamás me negué a realizar los ejercicios que se me indicó pero la prueba no era para la suscrita era para el endosatario en procuración Alejandro Salazar Cruz." Los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende de la demanda y sus anexos se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Carolina Juana Villamil Aguilar, porque en relación con los actos reclamados al Juez Primero de lo Civil del Distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el cuaderno de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, de la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora, además el desahogo de la prueba pericial que se llevó a cargo Carolina Juana Villamil Aguilar y no de Alejandro Salazar Cruz, como lo solicitó la quejosa; se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esa determinación no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa atribuye al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el cuaderno de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora, así como el desahogo de la prueba pericial que se llevó a cargo Carolina Juana Villamil Aguilar y no de Alejandro Salazar Cruz, como lo solicitó la quejosa. Por otro lado, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página mil ochenta y seis, que reza: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la determinación que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. Bajo tales premisas, se estima que el acto reclamado a la autoridad judicial responsable [consistente en los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el cuaderno de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora, así como el desahogo de la prueba pericial que se llevó a cargo Carolina Juana Villamil Aguilar y no de Alejandro Salazar Cruz, como lo solicitó la quejosa], se trata exclusivamente de un reclamo dentro del procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo que no afecten materialmente derechos sustantivos, la cual es susceptible de repararse si se obtiene una sentencia favorable al dictarse la resolución definitiva, o bien de segunda instancia, o en su caso, a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de esa sentencia que se emita en definitiva. Se dice lo anterior, toda vez que del capítulo de antecedentes narrado en el escrito de demanda, esencialmente se destaca lo siguiente: En el juicio ejecutivo mercantil 76/2018, se ofreció la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía, por parte de Carolina Juana Villamil Aguilar, en donde al momento de admitirla se omite señalar fecha y hora para que Alejandro Salazar Cruz, se presente ante el Juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, para la práctica de ejercicios caligráficos Al no señalarle fecha y hora para la práctica de los ejercicios caligráficos, para que los realizara el endosatario en procuración Alejandro Salazar Cruz, presentó recurso de revocación, en fecha cinco de marzo de este año, para que se señalara fecha y hora para el cometido de la prueba pericial citada, pero en esa misma fecha fue desechado el recurso de revocación, ya que el seis de marzo de dos mil diecinueve, se realizó un acuerdo de manera oficiosa "diligenciar para mejor proveer", donde se cita a Carolina Juana Villamil Aguilar, para que a las trece horas del once de marzo de esta anualidad, compareciera debidamente identificada, ante el personal del Juzgado Primero de lo Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, con la asistencia de su perito para que estampara las firmas en la forma y número de veces que indicara el perito, situación que aduce le causa agravio, pya que la prueba era para el actor, el endosatario en procuración Alejandro Salazar Cruz, para que realizara los ejercicios caligráficos. Lo anterior evidencia que la actuación reprochada a la autoridad responsable no constituye un acto de imposible reparación en la medida en que no produce una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, etcétera, aun cuando la disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de debido proceso, de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 5, fracción III, 8, 14 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la resolución reclamada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la determinación del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, al dictar los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el cuaderno de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora, así como el desahogo de la prueba pericial que se llevó a cargo Carolina Juana Villamil Aguilar y no de Alejandro Salazar Cruz, como lo solicitó la quejosa; eventualmente entrañaría una transgresión a sus derechos adjetivos que tendría efectos formales o adjetivos, los cuales se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la resolución que ponga fin a esa controversia y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido del fallo final correspondiente y afectó las defensas de la peticionaria del amparo. En otras palabras, el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que eventualmente puede estimarse que afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si la inconforme obtiene una sentencia favorable. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los normativos 14 y 17 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que la solicitante de la protección constitucional es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir inmediatamente al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene presente que la violación procedimental alegada consistente en haber dictado los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el cuaderno de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora, y se desahoga la prueba pericial a cargo Carolina Juana Villamil Aguilar y no de Alejandro Salazar Cruz, como lo solicitó la quejosa; por el momento en que se produce, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales al obligar al inconforme a soportar la consecuencia de no desahogarse dicha audiencia inicial. Pero con esa decisión no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, o bien, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa circunstancia ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia-, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin al asunto, en la medida en que la determinación adoptada en dictar los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el cuaderno de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora, además el desahogo de la prueba pericial que se llevó a cargo Carolina Juana Villamil Aguilar y no de Alejandro Salazar Cruz, como lo solicitó la quejosa; influya en sentido negativo para que el resultado del fallo respectivo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de la justiciable trascendiendo al resultado de la sentencia, en términos de lo prescrito por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" En esa línea, el hecho de que se hayan dictado los acuerdos de veinticinco de febrero, seis de marzo, once de marzo, doce de marzo del presente año, dictados en el cuaderno de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en los cuales se admite como perito en grafoscopía y documentoscopía a Ingrid Márquez Ramos, a la parte actora Alejandro Salazar Cruz, Endosatario en procuración de Jael Herrera Mora, y que se haya desahogado la prueba pericial a cargo Carolina Juana Villamil Aguilar y no de Alejandro Salazar Cruz, como lo solicitó la quejosa; no puede servir de sustento para considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que la actuación combatida no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la probable violación a derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales porque puede ocurrir que la afectada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación alegada y los posibles perjuicios que se le hayan causado con la decisión combatida. De ahí que, lo decidido por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca en los acuerdos combatidos, eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos de la quejosa que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la determinación que ponga fin al juicio natural y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si el fallo impugnado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la peticionaria del amparo tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. Es así, que esa determinación sólo afecta derechos procesales y no derechos sustantivos de la parte quejosa; razón por la cual, el juicio biinstancial no es procedente, actualizándose además de manera clara y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicada esta última en sentido contrario. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente (se notifico por lista al promovente)

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