Carolina Janely Jiménez García
Expediente 841/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carolina Janely Jiménez García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 841/2022. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme Carolina Janely Jiménez García reclama los actos siguientes: Del Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca combate: ? El acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, mediante el cual dispuso el inicio del procedimiento administrativo de investigación laboral 07/2022 en contra de la inconforme por posibles faltas del orden laboral. ? La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el referido procedimiento administrativo en la que determinó revocar el nombramiento otorgado a la disidente como Oficial Administrativo 04 de Confianza Eventual adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, porque se configuró la causal de rescisión laboral prevista por los numerales 39, fracción V, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que faltó a sus labores de manera injustificada por nueve días en el lapso comprendido del veintiocho de abril al veintisiete de mayo del año en curso. ? El acuerdo veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el citado procedimiento administrativo en la que determinó que no era factible dejar sin efectos la determinación de dieciséis de junio anterior, en donde revocó el nombramiento otorgado a la justiciable en la citada dependencia. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo1 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los 1 Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, Materia Común, página 448. documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y sus anexos se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Carolina Janely Jiménez García, porque respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señalados en los párrafos precedentes se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, dado que esas actuaciones no provienen de una autoridad para los efectos de este juicio de amparo, sino que fueron dictados por un órgano que actuó como patrón equiparado en la relación de trabajo y de coordinación que unía a la justiciable con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos citados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, del dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La norma citada también establece que para los efectos de la ley de la materia, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de un ente público, que afecten derechos en los términos que ese ordinal dispone y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El análisis sistemático de los preceptos citados pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. En otro punto, es necesario señalar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una autoridad para los efectos del juicio de amparo será el ente de hecho o de derecho que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni requerir del consenso de la voluntad del afectado; en ese contexto, la Superioridad puntualizó que una autoridad será la que ejerza facultades decisorias que le son atribuidas por la ley y, por ende, que constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para fortalecer lo anterior se cita la tesis P. XXVII/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o 3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, Materia Común, página 118. extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por otro lado, resulta oportuno establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y en ese sentido es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho ha realizado respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un plano similar, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí se han creado por la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral y agrario en ciertos supuestos. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deberán acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas pactadas por ellas o las contempladas por la legislación aplicable; en ese contexto, ambas partes se encuentran en un nivel equivalente, lo que refleja la existencia de una bilateralidad en el funcionamiento de tales relaciones. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los gobernantes y los gobernados en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por eso el Pacto Supremo establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, las cuales también se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, en este último rubro se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el dispositivo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Desde esa perspectiva, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. XXXVI/99 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación4 , de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País5 , que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior para que el acto de un órgano estatal sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. 4 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Materia Administrativa, página 307. 5 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, página 1089. En otro aspecto, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y su eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce, es decir, su génesis sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de los derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. En ese sentido es necesario atender a la naturaleza del acto que se impugna para determinar si proviene o no de una autoridad o de un particular con carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional. Con base en el marco jurídico expuesto es factible sostener que los actos combatidos a la responsable no provienen de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que tienen su génesis en una relación de coordinación entablada entre particulares -la quejosa (como empleada con el cargo de Oficial Administrativo 04 de Confianza Eventual adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca) y el ente responsable (como un órgano del patrón equiparado -Poder Judicial de Oaxaca- a quien se prestó el servicio personal subordinado)- en la que actuaron en un plano de igualdad, en virtud del vínculo laboral que entre esos sujetos existe En este punto, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 39, fracción V, inciso b), y 81, fracción I, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: [.] VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y [.]" Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca "Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Oaxaca, así como para todos los empleados al servicio de unas y otros." "Artículo 39. Ningún empleado de los Poderes del Estado podrá ser cesado o despedido sino por justa causa. El nombramiento de los empleados dejará de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado en los siguientes casos: [.] V.- Por revocación de los nombramientos, en los siguientes casos: [.] b).- Cuando falte a sus labores por más de tres días sin causa justificada, en término de un mes." "Artículo 81. La Junta de Arbitraje será competente: I. Para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados." De las normas insertas se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. ? La Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Oaxaca, así como para todos los empleados al servicio de unas y otros. ? Ningún empleado de los Poderes del Estado podrá ser cesado o despedido sino por justa causa. ? El nombramiento de los empleados dejará de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado por revocación cuando falte a sus labores por más de tres días sin causa justificada, en término de un mes. ? La Junta de Arbitraje al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca es competente para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados. Ahora, la disidente reconoce expresamente que era una empleada del Poder Judicial de Oaxaca, porque señala que el uno de febrero de dos mil veintidós, le fue otorgado un nombramiento como Oficial Administrativo 04 de Confianza Eventual adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca con vencimiento al treinta de abril del año en curso; posteriormente, indica que se le comunicó la prórroga de su nombramiento con efectos a partir del uno de mayo de dos mil veintidós, hasta el treinta y uno de julio de la presente anualidad; la situación destacada se puede constatar de los las copias fotostáticas simples de los dos nombramiento que anexó a su escrito inicial. Ahora, la disidente Carolina Janely Jiménez García reclama del Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca los actos siguientes: a) el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, mediante el cual dispuso el inicio del procedimiento administrativo de investigación laboral 07/2022 en contra de la inconforme por posibles faltas del orden laboral; b) la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el referido procedimiento administrativo en la que determinó revocar el nombramiento otorgado a la disidente como Oficial Administrativo 04 de Confianza Eventual adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, porque se configuró la causal de rescisión laboral prevista por los numerales 39, fracción V, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que faltó a sus labores de manera injustificada por nueve días en el lapso comprendido del veintiocho de abril al veintisiete de mayo del año en curso; y, c) el acuerdo veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el citado procedimiento administrativo en la que determinó que no era factible dejar sin efectos la determinación de dieciséis de junio anterior, en donde revocó el nombramiento otorgado a la justiciable en la citada dependencia. Del escrito inicial y sus anexos se advierte que el Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca instauró en contra de la justiciable el inicio del procedimiento administrativo de investigación laboral 07/2022 por posibles faltas del orden laboral; posteriormente, una vez instrumentado ese asunto por resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, determinó revocar el nombramiento otorgado a la justiciable como Oficial Administrativo 04 de Confianza Eventual adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, porque se configuró la causal de rescisión laboral prevista por los numerales 39, fracción V, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que faltó a sus labores de manera injustificada por nueve días en el lapso comprendido del veintiocho de abril al veintisiete de mayo del año en curso, y que en el acuerdo veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el citado procedimiento administrativo resolvió que no era factible dejar sin efectos la determinación de dieciséis de junio anterior, en donde revocó el nombramiento otorgado a la justiciable en la citada dependencia. Lo anterior pone de relieve que las actuaciones impugnadas a la citada entidad pública en este medio procesal de tutela constitucional carecen de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, por lo que es inviable considerarlas como de autoridad para los efectos del juicio constitucional y tampoco se pueden catalogar como "actos de particulares equivalentes a los de autoridad". Es así, porque los actos combatidos al ente responsable tuvieron su génesis en un vínculo laboral que existía entre la quejosa, como empleada con el cargo de Oficial Administrativo 04 de Confianza Eventual adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca y el ente responsable, como un órgano del patrón equiparado -Poder Judicial de Oaxaca- a quien prestó el servicio personal subordinado, en la que actuaron en un plano de igualdad y de coordinación, no de supra a subordinación, dada la liga de trabajo que entre esos sujetos existía. Luego, si la relación laboral entre la justiciable Carolina Janely Jiménez García y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca es de coordinación y no de supra a subordinación, es indudable que el ente responsable como un órgano del patrón equiparado actúa en un plano de igualdad, con motivo del vínculo laboral que entre esos sujetos existía; por tanto, sus diferendos deben resolverse ante el Tribunal burocrático local en términos de lo dispuesto por el normativo 81, fracción I, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y no en la vía constitucional, como la justiciable lo pretende al ejercer la acción de amparo. Entonces, como el Director de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca en su relación con la quejosa no se ubica en una liga de supra a subordinación, sino en una de coordinación, dado el vínculo laboral que entre el Poder Judicial de Oaxaca y la disidente existía, es factible afirmar que la responsable como dependencia del mencionado patrón equiparado no es una autoridad para los efectos del juicio de protección de los derechos fundamentales y tampoco un particular que realice actos equivalentes a un ente público, porque los actos que emita con motivo del vínculo laboral señalado se entienden que suceden en esa relación de trabajo que unía a la disconforme con su empleador en términos de lo señalado por las Leyes del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y por los ordinales 1, 3 y 4 del Acuerdo General 08/2014 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, que establece las disposiciones normativas en materia de recursos humanos. Luego, en contra de los actos reclamados al ente público responsable no es procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido por el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, porque el origen de la relación de coordinación que unía al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca con la quejosa como Oficial Administrativo 04 de Confianza Eventual adscrita a dicho Consejo es una liga laboral, en la que ambos sujetos actúan en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, al tratarse de una relación de trabajo entre el patrón equiparado y una empleada. Sirve de apoyo la Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.) pronunciada por los Tribunales Colegiados de Circuito6 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como 6 Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, Materias(s): Común y Laboral, Décima Época. contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En esos términos, se evidencia que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento; de ahí que este medio extraordinario de defensa sea improcedente. En consecuencia, al patentizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento, en cuanto a los actos reclamados a la autoridad responsable, se desecha de plano la demanda, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la inconforme el que indica en su ocurso. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase a la disidente por señalado el número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Carmina Hernández Blanco1004/2019
- Carolina Castillo Barroso1793/2016
- Carolina Cortés Sánchez417/2023
- Carolina de los Angeles Gómez Maldonado356/2018
- Carolina de los Angeles Gómez Maldonado1164/2017
- Carolina del Rosario Ramírez Luis1038/2017
- Carolina Jaqueline López Hernández369/2015
- Carolina Juana Villamil Aguilar358/2019
- Carolina Julián Chávez648/2021
- Carolina López Díaz928/2016
- Carolina Martínez Santiago838/2015
- Carolina Martínez Tomás1104/2022