Carolina Martínez Luis o Carolina Luis y Otros.

Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
593/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Carolina Martínez Luis o Carolina Luis y Otros.
  • Magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca
  • Mónica Angelina Rodríguez Luis

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintiséis de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y anexos, suscrito por la juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por el que devuelve sin diligenciar el despacho 217/2022, que se ordenó girar por este juzgado el cuatro de marzo del año en curso, a fin de notificar diversos oficios a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Por tanto, téngasele devolviendo la referida comunicación oficial y hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno respectivo. Ahora, de la razón asentada el veinte de mayo del año en curso, por la actuaria adscrita al aludido juzgado del orden común, se advierte la imposibilidad para hacer entrega de los oficios 12018/2020, 12019/2020 y 12020/2020, dirigidos a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca, por los siguientes motivos: "RAZÓN DE JUDICIAL DE IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN.- En la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veinte minutos del día veinte de mayo del año dos mil veintidós, la suscrita Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de la Cuenca, hago constar que no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, dictado por la Juez de este Órgano Jurisdiccional, y el de fecha veinte de abril de dos mil veintidós dictado por la autoridad federal, dentro del despacho 0027/2022 del índice de este Juzgado, formado con motivo de su similar número 217/2022, con número de origen (105/2022), deducido del Juicio de Amparo número 1803/2016, Sección II. Amparo, Mesa III-A, del índice del Juzgado de Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a pesar de haber informado con antelación a la Autoridad Federal mediante oficio 0202/2022 de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, la fecha y hora señalada para efecto de llevar a cabo la diligencia encomendada, siendo que únicamente acudió el Oficial de Transporte del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, ciudadano Antero Regalado Heras, en vehículo oficial proporcionado por el Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, a las ocho horas de este día; sin tener la asistencia de la Policía Estatal para el efecto de resguardar la seguridad e integridad física del personal actuante, tal como se encuentra ordenado por la autoridad federal, debido al conflictos entre pueblos indígenas, por lo que ante tal situación no es posible dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal, lo que se hago constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe." En tal circunstancia, y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la ley de la materia y, tomando en consideración el acuerdo 1/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como la división territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, teniéndose presente la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese despacho al juez Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de la Cuenca, Oaxaca, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique los referidos oficios, dirigidos a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Ahora bien, a efecto de resguardar la integridad del personal a quien se encomiende su desahogo, deberá informar la fecha y hora que señale para el desahogo de la diligencia de notificación que nos ocupa, lo que deberá informar con quince días de anticipación, a efecto de hacerlo del conocimiento del comisionado de la Policía Estatal. Hecho que sea, devuelva a la brevedad posible el despacho de que se trata, así como las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, apercibido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, a fin de que la aludida fedataria judicial esté en condiciones de cumplir con la diligencia encomendada, gírese oficio al presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, adjuntando copia certificada de la razón levantada por dicha servidora pública, a fin de que tome las providencias necesarias para que el actuario encargado de llevar a cabo la diligencia, cuente con los elementos necesarios para cumplir con la diligencia de notificación ordenada. En relación con lo anterior, tomando en consideración que en la ejecutoria relativa a la sentencia dictada en el amparo en revisión 777/2019, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió el amparo a la parte quejosa en el presente juicio constitucional para los efectos siguientes: "[.] En este contexto lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Dionicio de la Cruz Méndez contra los actos que reclamó de la Asamblea General de la Agencia de Policía de Santiago del Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, para los efectos siguientes: a) Permita a Dionicio de la Cruz Méndez ingresar a la comunidad a hacer uso de los derechos que le fueron privados, sobre su vivienda y la tierra que le fue asignada en términos del Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso común número 000001012384, que le deberán ser restituidos. b) Las autoridades comunitarias, en el ámbito de su competencia, deben emitir las providencias necesarias encaminadas a garantizar la paz en la comunidad y la integridad física del quejoso. c) El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de las autoridades estatales y municipales competentes deberá supervisar el cumplimiento de esta sentencia, y colaborar conforme a las atribuciones que les hayan sido legalmente conferidas, para que el quejoso y la comunidad lleguen a un régimen de convivencia en el cual se respeten los derechos humanos y la libre determinación de la comunidad. Lo anterior sin perjuicio de que en caso de existir alguna conducta que sancionar, lleven a cabo el procedimiento correspondientes conforme a sus lineamientos, observando en todo momento los principios generales de la Constitución Federal, respetando las garantias individuales y los derechos humanos en el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados del Agente de Policía y Secretario de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por tratarse de autoridades ejecutoras. [.]" Por tanto, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase al gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que, por su propio conducto, o en su caso, a través de las autoridades que al efecto designe, provea de todas las providencias necesarias para que el actuario encargado de llevar a cabo la diligencia encomendada, cuente con los elementos necesarios a fin de cumplir con lo requerido por este órgano jurisdiccional federal, consistente en hacer entrega de los oficios 12018/2020, 12019/2020 y 12020/2020, dirigidos a la Asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía, agente de Policía y secretario de la Agencia de Policía, todos de Santiago Progreso, San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Oficios 12018/2020, 12019/2020 y 12020/2020, en virtud de los cuales contienen la transcripción del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, en donde se realizaron los requerimientos para el debido cumplimiento la ejecutoria relativa a la sentencia dictada en el amparo en revisión 777/2019, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le informa que en su oportunidad se hará de su conocimiento la fecha en que se desahogará la diligencia encomendada. Apercibidos, dicha autoridad responsable gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en su caso, las autoridades que al efecto se designen para tal encomienda, que de no cumplir con lo anterior se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, 47, fracción XXIV de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, requiérase mediante oficio al comisionado de la Policía Estatal en el Estado de Oaxaca, a efecto de que designe a personal de la institución a su digno cargo, a efecto que preserven el orden y la seguridad pública, así como la integridad del personal del juzgado, durante el desahogo de las funciones propias del actuario judicial adscrito al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Primero Especializado en Oralidad Mercantil, del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Se le informa que en su oportunidad se hará de su conocimiento la fecha en que se desahogará la diligencia encomendada. Asimismo requiérase al comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación informe los motivos por los cuales no brindó el auxilio que le fue solicitado en auto de doce de mayo del presente año, toda vez que de la razón asentada por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil, del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se desprende que no fue posible llevar a cabo la diligencia en comento debido a la inasistencia de los elementos de la Policía Estatal, encargados de salvaguardar la integridad del personal actuante, no obstante haber quedado notificado del auto de doce de mayo del año en curso, el trece siguiente (según la constancia de notificación que obra en autos), mediante el cual se le informó la fecha que se señaló para tal efecto. En el entendido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, gírese atento oficio al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en su carácter de superior jerárquico del comisionado de la Policía Estatal, para su conocimiento y efectos legales consiguientes; además para que en el ámbito de sus atribuciones, en lo subsecuente vigile que su subordinado brinde el auxilio que este juzgado federal le solicite. En el entendido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto al gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de que hasta la fecha no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al citado gobernador Constitucional del Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, dé cumplimiento a la misma, para los efectos por la que fue concedida. Se apercibe a la autoridad antes mencionada, a través de la persona física que la representa, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas atrás, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, conforme a lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos con 00/100 M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario actual de la unidad de medida citada ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física, que ocupa el cargo de la autoridad a que se requiere, por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Carolina Martínez Luis o Carolina Luis y Mónica Angelina Rodríguez Luis, contra los actos reclamados a los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 593/2022. Desechamiento. Examinada en su integridad la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley normativa del juicio de garantías, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal invocado, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, dispone que antes de acudir a éste, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Asimismo, el citado precepto prevé excepciones a dicho principio, por lo que no encontrándose en esos supuestos, la parte impetrante debe agotar ineludiblemente el recurso ordinario, siendo muy clara la disposición legal transcrita en el sentido de declarar improcedente el juicio constitucional si fuera de los casos aludidos, no se han agotado los medios de defensa respectivos. En ese tenor, de la interpretación integral de la demanda, se colige que los actos reclamados por las promoventes, a los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (autoridad ordenadora), y al actuario judicial adscrito a dicha Sala (autoridad ejecutora), esencialmente consisten en: De los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La omisión de instruir de manera clara y precisa al ejecutor de dicha sala, realizar la notificación de la resolución de cinco de julio del año dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 0023/2021. Del actuario judicial adscrito a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La notificación de la resolución de cinco de julio del año dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 0023/2021, practicada el seis de julio de dos mil veintiuno. Al respecto, las peticionarias del amparo, bajo protesta de decir verdad, argumentan que la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 0023/2021, de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que resolvió el recurso de apelación que interpusieron en contra de la sentencia dictada en el expediente 70/2017, del índice del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, no les fue notificada en términos de lo dispuesto en los artículos 110 y 113, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, ya que aducen que el ejecutor adscrito a dicha Sala Civil, realizó la notificación por medio de cédula el día seis de julio de dos mil veintiuno, lo cual contraviene lo establecido en los citados preceptos, así como el principio de legalidad, las formalidades esenciales del procedimiento y su derecho de acceso a la justicia. Bajo ese contexto, contra el acto reclamado al actuario adscrito a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la notificación de la resolución de cinco de julio del año dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 0023/2021, practicada el seis de julio del citado año, previo al juicio de amparo, procede el incidente de nulidad de notificación de conformidad con los numerales 73, 75 y 404 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, cuyo texto es: "Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha". "Artículo 75.- La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva." "Artículo 404.- Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que deba versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda." En tales condiciones, resulta que las quejosas estaban obligadas a agotar el citado medio ordinario de defensa contra el acto que combaten, previo a la promoción del juicio de amparo, por lo que al no haberlo hecho así, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, por lo que con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. En apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia P./J. 20/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Tomo XIX, Mayo de 2004, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 430, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo". Dicho desechamiento se hace extensivo al diverso acto reclamado a los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de instruir de manera clara y precisa al ejecutor de dicha sala, realizar la notificación de la resolución de cinco de julio del año dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 0023/2021; ya que la omisión reclamada se encuentra sujeta a lo que en su oportunidad sea resuelto en el incidente de nulidad de notificaciones, pues de resultar fundado tal incidente, los magistrados de la Sala deberán ordenar al actuario practicar la notificación de la referida sentencia, acatando lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en el capítulo correspondiente a las notificaciones. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Mónica Angelina Rodríguez Luis. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican; además, por autorizados únicamente para tales efectos a las personas que mencionan, quienes no gozarán de las demás facultades que establece el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y que la misma se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Exhortación a juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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