Carolina Santos Cruz
Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carolina Santos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 20, fracción II, este Órgano Jurisdiccional determina que este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción; en consecuencia una vez transcurridos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Incidente de suspensión. Respecto al incidente de suspensión que se formó por separado en el presente juicio de amparo, provéase lo conducente en aquél, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General del Peno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Archivo. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en consecuencia, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. Valoración. En consecuencia, al advertirse que se negó la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se precisa que el expediente en que se actúa, ES DESTRUIBLE, en atención a que en este incidente se negó la suspensión definitiva; por lo que en su oportunidad será transferible una vez que cumpla tres años de haberse ordenado el archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Cesación de efectos. Visto el estado de autos y advirtiéndose del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: Se les reclama la omisión de designación de representantes titulares y suplentes que integren el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones, para que el órgano colegiado pueda sesionar. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número 2, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violado, materia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que en obra en autos el acta de sesión de tres de abril de dos mil veintitrés, en la que comparecieron: ********************, Secretario de administración y representante del Poder Ejecutivo. Magistrada ********************, representante del Poder Judicial. Diputada ********************, representante del Poder Legislativo. ******************** y ********************, representantes de los Trabajadores. ********************, Representante de los pensionados. ********************Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. Quienes integran el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en la cual se llevó a cabo la instalación del consejo directivo; de lo que se aprecia, que han cesado los efectos del acto reclamado. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos se advierte, en proveído de veintisiete de julio del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, y el complemento del informe justificado del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; por lo que conforme a la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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