Carmen Rivera Gómez

Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Carmen Rivera Gómez
  • Carmen Rivera Gómez y Otros.
  • S. P. E. R. y Otros.
  • S. P. E. R.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia por la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes depúrese este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 633/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, Carmen Rivera Gómez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales S.P.E.R., J.E.R. y M.A.E.R. (menores de edad de quienes se omiten su nombres y apellido completo, en atención al Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que más adelante se precisarán, reclamados al juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, y secretario de acuerdos adscrito; los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular, previo cumplimiento al requerimiento formulado el seis de junio de dos mil veintidós (fojas 6 a 9), mediante proveído de trece de junio del año en curso (fojas 16 a 20), ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 633/2022; desechó la demanda de amparo por lo que respecta a la autoridad que señaló como responsable, secretario de acuerdos de la mesa par del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, por no tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo; por otra parte, admitió la demanda de amparo promovida por la quejosa Carmen Rivera Gómez, por propio derecho y únicamente en representación de sus menores hijos de iniciales S.P.E.R. y J.E.R., debido a que Miguel Ángel Enríquez Rivera, es mayor de edad. Además, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, ordenó emplazar al tercero interesado Octavio Enríquez Ramírez (fojas 63 - 64), y la audiencia constitucional tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: El auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, en la parte correspondiente a las medidas provisionales, en que se determinó que no había lugar a proveer favorablemente la solicitud de recuperación urgente de la menor de iniciales S.P.E.R., por no acreditarse alguna causa que justifique dicha medida. TERCERO. Existencia del acto. El juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas de las documentales que anexó a su informe justificado, obtenidas del juicio de controversias del orden familiar 76/2022, con pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En cuanto al acto reclamado por el menor de iniciales J.E.R., se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, de la citada ley, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; razón por la cual, en ese supuesto, existe valladar insuperable para abordar el estudio de la alegada inconstitucionalidad de los actos reclamados. La afectación a que se refieren los artículos transcritos, se encuentra íntimamente relacionada con la de interés jurídico, en tanto éste ha sido definido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos, en perjuicio de su esfera jurídica, es decir, se refiere a un derecho público subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un detrimento a su titular, esto es, una afectación real, actual y directa en los derechos o intereses del particular. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto titular de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Además, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, de las actuaciones que integran el juicio de controversias del orden familiar 76/2022, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2º, de este último ordenamiento legal, se advierten los siguientes antecedentes: 1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, Carmen Rivera Gómez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales S.P.E.R., J.E.R. y M.A.E.R., demandó en la vía de controversia del orden familiar a Octavio Enríquez Ramírez, entre otras cuestiones, como medida urgente, la recuperación de su menor hija S.P.E.R. 2. En proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable admitió la demanda y entre otros aspectos, en la parte reclamada en este juicio, determinó que no había lugar a proveer favorablemente la solicitud de la actora, relativa a recuperar de manera urgente a su menor hija de iniciales S.P.E.R., por no acreditarse alguna cuestión urgente que justificara al medida, es decir, que corriera riesgo al lado de su progenitor. Lo anterior, hace evidente que el acto reclamado no afecta algún derecho sustantivo del infante J.E.R., ya que la solicitud de recuperación urgente de la menor, se encuentra dirigida a su hermana S.P.E.R., y no a J.E.R; y por ende, no se acredita la afectación al interés jurídico del menor. Por lo tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. QUINTO. Estudio. La parte quejosa, en esencia hace valer los siguientes conceptos de violación: * La responsable viola el artículo 4º de la Carta Magna, ya que el juez responsable debió buscar el mayor beneficio para la niñez, y valorar las especiales circunstancias para determinar qué es lo mejor para su hija menor de edad, quien fue trasladada y sustraída sin su consentimiento. * La responsable viola el artículo 16 de la Constitución Federal, porque no funda ni motiva su decisión, ya que no realizó un análisis amplio ponderando el interés superior de la niñez, únicamente se centró en que es necesario acreditar un riesgo para efecto de poder recuperar a un menor. * La responsable omite tomar en consideración los artículos 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, pues el progenitor de su menor hija se la llevó y la fue a dejar al domicilio de su abuela Josefa Ramírez Barrera, delegando una responsabilidad que la quejosa tenía desde el nacimiento de su menor hija. Los conceptos de violación son infundados, sin que exista deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. A efecto de realizar el análisis correspondiente, es necesario precisar los antecedentes de los actos reclamados, que derivan del juicio de controversias del orden familiar 76/2022, al que se le concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de donde se advierte: 1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, Carmen Rivera Gómez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales S.P.E.R., J.E.R. y M.A.E.R., demandó en la vía de controversia del orden familiar a Octavio Enríquez Ramírez, a quien le solicitó el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva, la guarda y custodia provisional y definitiva de sus menores hijos, el pago de gastos y costas del juicio, así como la recuperación urgente de su menor hija de iniciales S.P.E.R. 2. En proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable admitió la demanda y entre otras cosas, en l parte correspondiente a las medidas provisionales, determinó que no había lugar a proveer favorablemente la solicitud de la actora, relativa a recuperar de manera urgente a su hija de iniciales S.P.E.R., por no acreditarse alguna cuestión urgente que justificara al medida, es decir, que corriera riesgo al lado de su progenitor. La parte del acuerdo reclamado dice: "DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES. Ahora bien, tomando en consideración que la aquí demandante entre su capítulo de prestaciones pide LA RECUPERACIÓN URGENTE, de su hija sus S.P.E. (sic), dígasele que NO HA LUGAR A PROVEER FAVORABLEMENTE SU SOLICITUD; toda vez que atento a lo ordenado por el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, la tramitación y resolución de los asuntos, debe estarse conforme a las normas del procedimiento, sin que puedan éstas alterarse, modificarse o renunciarse ni por convenio de los interesados; y en el particular si bien es cierto que ésta autoridad se encuentra facultada para actuar de manera oficiosa, como lo señalan los artículos 962, 963 y 964 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, en virtud de que no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez competente, no menos cierto es que aun cuando la compareciente justifica ser la madre de la niña S.P.E.R., ello con los atestados del Registro Civil que fueron exhibidos, los cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 53 del Código Civil del Estado, 316 fracción IV y 385 del de sus Procedimientos, debe decirse que existe disposición expresa para no dar trámite a la pretensión que aquí se plantea; ya que no se acredita causa urgente alguna que justifique tal medida, es decir no existen elementos que demuestren que la niña de iniciales S.P.E.R., corre riesgo al lado de su progenitor, quien a decir de la promovente que por su actitud machista fue y la dejó con su madre, y que actualmente vive al lado de su progenitor en la calle Galeana de esta ciudad, lo que corrobora que no se encuentra en peligro eminente." En primer orden, conviene tener presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo octavo, reconoce el principio denominado interés superior del menor, que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas hacia los niños o adolescentes, por lo que el Estado, debe velar y cumplir con dicha prerrogativa constitucional en todas las decisiones que tome, garantizando de manera plena los derechos de los menores de edad. Al respecto el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "[.] Artículo 4°. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]" Dentro del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor tiene fundamento en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevén lo siguiente: "Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social." "Artículo 24 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad." "Artículo 10 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil." Por su parte, dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor encuentra lugar en los artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José]; 15 y 16 de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Protocolo de San Salvador], que prevén lo siguiente: "Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado." "Artículo 15 Derecho a la constitución y protección de la familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. 2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto; b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar; c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. Artículo 16 Derecho de la niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo." De manera especializada, dentro del propio Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor se encuentra previsto en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que refiere lo siguiente: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." En suma, podemos destacar que el principio del interés superior del menor, funge como un parámetro rector que tiene una funcionalidad protectora de la dignidad de los infantes, el cual se encuentra reconocido a nivel constitucional y convencional, y que a su vez puede fungir de manera multidimensional como un derecho sustantivo, un principio interpretativo, o una norma de procedimiento; en donde además, al ser un concepto indeterminado, a fin de dotarlo de contenido, es necesario analizar de manera reforzada las características que particularizan cada caso en concreto, a efecto de velar en todo momento por el bienestar de los niños. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la página 401 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." Así como la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 334, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"." Ahora bien, toda vez que en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado se encuentra relacionado con la medida provisional que la madre de la menor pidió al juez responsable, consistente en la recuperación urgente de la menor de iniciales S.P.E.R., se estima necesario abordar el contenido y alcance que tiene dicha figura frente al principio del interés superior del menor, ya analizado. Al respecto, los artículos 436 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; 962 y 963 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente: "Artículo 436. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Cuando llegue a conocimiento de cualquier autoridad administrativa o del juez que aquellas personas que teniendo la patria potestad, la guarda o custodia del menor, no cumplen con las obligaciones que les corresponden, o ejerzan violencia familiar contra él, lo harán saber al Ministerio Público quien promoverá lo que corresponda, y el juez de inmediato decretará las medidas de protección para aquél." "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. [.] "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. [.]" De las anteriores transcripciones tenemos que el juez familiar tiene la obligación de tomar las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención; que cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o que el menor reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la ley, el juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias y eficaces para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. En el caso en concreto, la autoridad responsable en el auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, en la parte relativa a las medidas provisionales, determinó que no había lugar a ordenar la recuperación urgente de la menor de iniciales S.P.E.R., por no acreditarse alguna causa urgente que justifique tal medida. Determinación que se estima correcta, pues la actora, en el escrito de demanda, al realizar la solicitud de la recuperación, expuso lo siguiente: ".4. Al día de hoy me arrebataron a mi menor hija S.P.E.R., ya que su progenitor OCTAVIO ENRÍQUEZ RAMÍREZ por su propia decisión MACHISTA fue y la dejó con su madre JOSEFA RAMÍREZ BARRERA es por eso que desde este momento le SOLICITO A USTED DE MANERA URGENTE la RECUPERACIÓN DE MI MENOR HIJA y certifique usted las condiciones de higiene y de aliño de mi menor hija, mis otros dos menores hijos de nombre J. y M.A. de apellidos E.R., se encuentran bajo mi cuidado. A mi menor hija la tienen en el domicilio GALEANA #10, COLONIA CENTRO, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, domicilio ajeno a donde actualmente habita su progenitor señalado en el proemio de esta demanda para su emplazamiento." Manifestaciones que únicamente permiten advertir que la menor de edad de iniciales S.P.E.R., se encuentra al cuidado de su padre Octavio Enríquez Ramírez, quien la dejó en la casa de su madre Josefa Ramírez Barrera (abuela de la menor), en el domicilio ubicado en Galena número diez, colonia Centro, Huajaupan de León, Oaxaca, domicilio distinto al del progenitor; sin que de dichas manifestaciones se advierta que la menor se encuentre sufriendo violencia familiar, o que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducida a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligada a cometer actos reprobados por la ley. Por lo tanto, no se actualiza alguno de los supuestos en que el juez familiar tiene que decretar de inmediato, sin dilación, todas las medidas necesarias y eficaces para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento. Por lo que, como lo refirió el juez responsable, no se actualiza alguno de los supuestos contemplados en los artículos 962 y 963 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca. Y si bien es cierto, el juez familiar tiene el deber de velar por la bienestar del menor, atendiendo al interés superior del menor, que lo obliga a velar en todo momento por el bienestar de los niños; sin embargo, como correctamente lo expuso en el acuerdo reclamado, luego de analizar el caso sometido a su consideración, no advirtió que se verifique alguno de los supuestos contenidos en los artículos 962 y 963 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca, y como consecuencia de ello, no resultó procedente ordenar la recuperación de la menor. Ahora bien, contrario a lo que refiere la quejosa en sus conceptos de violación, la responsable al emitir la determinación reclamada en este juicio, cumplió con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo establece, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. La citada garantía de legalidad obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus determinaciones, pues es la única forma que tiene el gobernado para conocer las causas que las originan, para en su caso, combatirlas; es decir, las responsables tienen la obligación de citar con precisión el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, y citar el precepto legal aplicable al caso, para ello se requiere que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Por lo que contrario a lo que sostiene el quejoso, la responsable cumplió con dicho deber, pues expuso los motivos que tuvo para emisión del acto, e invocó los preceptos aplicables al supuesto en estudio, como son: 316, fracción IV, 385, 962, 963 y 964 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, así como 36 y 53 del Código Civil del Estado de Oaxaca. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia I.3o.C. J/47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1964 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Además, la responsable luego de analizar el hecho puesto a su consideración, correctamente concluyó que no existía alguna causa urgente que justificara la medida solicitada, consistente en la recuperación urgente de la menor, pues como ya se expuso en la presente resolución, no se actualiza alguno de los supuestos previstos en los artículos 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; y por ello su determinación no es violatoria de lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Federal. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que exista deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es NEGAR a Carmen Rivera Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales S.P.E.R., el amparo y protección que de la Justicia Federal que solicita contra la parte del auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 76/2022, en la parte en que determinó que no había lugar a proveer favorablemente su petición consistente en la recuperación urgente de su menor hija. Resta únicamente agregar que las tesis y jurisprudencias que se invocan en este apartado, no obstante haberse integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, continúan siendo aplicables, en virtud de que sus contenidos no se oponen a la actual Ley de Amparo, como lo establece su artículo sexto transitorio. SEXTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 633/2022, promovido por Carmen Rivera Gómez, en representación de su menor hijo de iniciales J.E.R., en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carmen Rivera Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales S.P.E.R., el amparo y protección que de la Justicia Federal que solicita contra la parte del auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 76/2022, en la parte en que determinó que no había lugar a proveer favorablemente su petición consistente en la recuperación urgente de su menor hija, en términos del último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte el diecisiete de agosto del año en curso, quedó legalmente emplazado al presente juicio de amparo el tercero interesado OCTAVIO ENRÍQUEZ RAMÍREZ, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido de los autos; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

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