Carmen Rocío Gallegos Reynoso
Expediente 355/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carmen Rocío Gallegos Reynoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, según los artículos 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 355/2018-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El cinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por ********. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes les reclamó: (.) Personas que se dicen actuario, han acudido a mi domicilio preguntando por mí y le dicen a mis familiares que van a realizar un DESAHUCIO, EMBARGO o DESALOJO, por orden de un Juzgado, como no he estado, le preguntan a los vecinos que si saben dónde me encuentro, y como no he cometido ningún delito, ni le debo a nadie, únicamente tengo un retraso en pagos con el Infonavit, además de que soy persona de bien y trabajadora, es que promuevo el presente amparo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de junio de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 355/2018-V y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama la orden de desahucio, embargo o desalojo respecto del inmueble marcado con el número 2937, de la calle América del Sur, del fraccionamiento Rincones de Salvarcar, en esta ciudad. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Jueces Primero y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, todos de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; autoridades que tienen su residencia en esta ciudad (fojas 15, 16, 19, 23, 26, 28 y 29), al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye la accionante del amparo, sin que la ésta haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Lo anterior es así, pues si bien las responsables manifestaron que es parcialmente cierto el acto que se les endilga, también lo es que de las documentales que adjuntaron a sus informes justificados, se advierte que el cuatro de julio de dos mil catorce, en el juicio ordinario civil 832/2010, el Juez responsable ordenó poner en posesión legal y material del inmueble ubicado en la *******************, a la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que en vía de ejecución de sentencia autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, ordenando girar oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal a fin de que proporcione elementos a su cargo que auxilien al Ministro Ejecutor en la diligencia ordenada (fojas 171). QUINTO. Improcedencia del juicio. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgador considera que respecto del acto de que se duele la quejosa, a saber la orden del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos de poner en posesión legal y material del inmueble ubicado en la *******************, a la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. En efecto, para que opere la causa de improcedencia a que alude la fracción en estudio, es necesario que respecto del acto reclamado exista cosa juzgada; esto es, cuando en otro juicio de derechos fundamentales se dictó sentencia ejecutoriada contra la cual no procede recurso alguno cuyo sentido no es susceptible de ser modificado y guarde identidad respecto de: a) Los mismos actos; b) Las mismas autoridades responsables; y, c) El mismo quejoso (aunque las violaciones constitucionales sean diversas). Ello, tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 28, tercera parte, tomo 39, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, del informe justificado que rindió el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se advierte que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, radicó el juicio de amparo ***/2016-II, en el cual pronunció sentencia el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, sobreseyendo y negado el amparo solicitado por *************, determinación que quedó firme el veintiuno de abril siguiente al no haber sido recurrida por las partes (fojas 228 a 233). Así, de las constancias relativas al mencionado juicio de amparo se desprende que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, radicó el juicio de amparo 845/2016, con motivo de la demanda presentada por la quejosa *******, quien señaló como acto reclamado ". Personas que se dicen actuarios y otro abogados, acudieron hoy 12 de octubre de 2016, a mi domicilio preguntando por mí y como no estaba, le dijeron a mis vecinos que donde me encuentro, y les dijeron que me van a DESALOJAR y a EMBARGAR y a promoverme un DESAHUCIO, por órdenes del JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, de esta ciudad, según esto, porque tengo adeudos con el INFONAVIT, y es que debido a la situación económica actual, tuve unos retrasos en los pagos, pero llegué a un acuerdo con ellos, y ahora me extraña que personas que se dicen actuarios y enviados por el Juzgado mencionado, me anden buscando y es por lo que promuevo el presente Amparo (.)"; lo anterior, en relación con el inmueble ubicado en ***************. De esta manera, una vez que rindió su informe justificado el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, manifestó que era cierto el acto que se le reclamaba, pues por escrito presentado el diez de mayo de dos mil diez en la oficialía de turnos del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Judicial Bravos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (aquí tercero interesado), demandó en la vía ordinaria civil a **************** (aquí quejosa), instancia de la cual conoció el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, radicándola bajo el expediente 832/2010, admitiéndola a trámite y ordenando emplazar a la demandada. Con fecha tres de agosto de dos mil diez, la parte actora y la parte demandada presentaron ante el Juez Segundo de lo Civil, el convenio de transacción judicial, celebrado entre los mismos el veintinueve de julio de dos mil diez, el cual se aprobó y se elevó a categoría de cosa juzgada, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y momento, como si se tratare de sentencia ejecutoriada. Posteriormente en proveído de doce de diciembre de dos mil once, el Juez responsable, en atención a lo solicitado por la parte actora, ordenó notificar personalmente a la parte demandada que justificara haber dado cumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio judicial celebrado; y el siete de noviembre de dos mil doce, tuvo a la parte actora exhibiendo el certificado de gravámenes correspondiente al bien inmueble materia de la controversia. Enseguida, en acuerdo de siete de febrero de dos mil trece, el Juez Civil ordenó la venta del bien inmueble en pública subasta y primera almoneda; por lo que el veintiséis de marzo siguiente se aprobó el remate a favor de la moral Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en consecuencia se fincó y se adjudicó libre de todo gravamen el bien inmueble hipotecado objeto del juicio, previniéndose a la parte demandada para que en el término de tres días otorgara escritura a favor de la parte actora. Así, el quince de abril de dos mil trece, el Juez responsable determinó remitir los autos de origen a la Notaría Pública Número Veintisiete, a fin de llevar a cabo la protocolización correspondiente; y el cuatro de julio de dos mil catorce, la autoridad jurisdiccional turnó los autos al oficial notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, a fin de que se constituyan en el inmueble motivo de la controversia y ponga en posesión legal y material de la parte actora. Por ello se evidencia que el acto que se reclama en el presente controvertido, a saber, la orden dictada en el juicio ordinario civil *****/2010 por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos de poner en posesión legal y material del inmueble ubicado en la ******************, a la parte actora en el juicio de origen Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es idéntico a aquél que motivó el inicio de la tramitación del diverso juicio de amparo ***/2016. En efecto, la resolución analizada en ese expediente se vincula con la constitucionalidad ya calificada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua; aspectos que evidencian que los actos que pretende impugnar la quejosa ***********, en el presente juicio de amparo son los mismos y por los que ya se pronunció ese órgano de control constitucional. Sin que sea óbice que en el ocurso inicial que dio origen a este expediente, el autor de la demanda haya señalado como autoridades responsables a los Jueces Primero y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, así como los Titulares de los Juzgados Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, pues dichas autoridades negaron los actos que se les endilgan. Misma consideración se realiza respecto de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, pues si bien no fueron señalados como autoridad responsable en el juicio ***/2016 del sumario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua; en virtud de que no se reclaman vicios propios de su ejecución, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la orden que debe ejecutar. Lo anterior, en uso de las facultades legales de quien resuelve, quien ponderó el contenido integral de las demandas de amparo y las constancias procesales que anexaron; lo anterior, con el objeto de establecer con precisión los actos de los que se inconforma. Se estima aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 41 del Semanario Judicial de la Federación, primera parte, tomo XCIX, Materia Común, Sexta Época, que reza: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Con ese basamento, es dable indicar que al actualizarse los supuestos establecidos para determinar que una resolución fue materia de otro juicio, respecto de la cual no es dable realizar un nuevo estudio al tener la característica de cosa juzgada, institución que se caracteriza por resguardar los principios de certeza y seguridad jurídica contenidos en el artículo 17 constitucional; por ello, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; por lo que, procede sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del ordinal 63, de la legislación en cita. Sustenta lo anterior, el criterio de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 62 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 44 Séptima Parte, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: COSA JUZGADA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR. La cosa juzgada existe cuando en una sentencia ejecutoriada se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, o cuando, precisada la existencia de estos se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya efectuado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado; como ocurre, por ejemplo, cuando ya se ha declarado por sentencia ejecutoria, que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, pues entonces no podría, en una juicio de garantías, desconocerse dicha declaración. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es SOBRESEER en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del diverso artículo 63, de la misma legislación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 355/2018, promovido por ****************, por los razonamientos esgrimidos en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el veinte de junio del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado ******* en los términos ordenados en auto de diecinueve del actual, razón por la cual, no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que de no mediaron por lo menos ocho días entre el emplazamiento y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas del cuatro de julio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, toda vez que de las constancias enviadas por el Juez responsable, se desprende que al ***************, le reviste el carácter de tercero interesado de conformidad con lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo por medio de oficio, haciéndole de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.****
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