Carolina de la Luz González Luna

Expediente 230/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
230/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • Carolina de la Luz González Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El trece de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del ocho al doce del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameritan la devolución a la parte quejosa. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En sentencia de diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 68 a 86), este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para los efectos de que: Los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8366547, lo que debía incluir la actualización fiscal correspondiente. De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoría de amparo se concretaron en que se desincorporaran de la esfera jurídica de la amparista los preceptos declarados inconstitucionales, así como la devolución de lo erogado con base en éstos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho por el servicio de control vehicular, con la actualización correspondiente. Así las cosas, los pagos por concepto del impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho por el servicio de control vehicular, el quejoso los cubrió el siete de febrero de dos mil diecisiete, como a continuación se esquematiza: V 8366547 (foja 16) PAGO Servicio control vehicular $1,350.00 Adicional UAZ $108.00 Impuesto Adicional para la infraestructura $405.00 Total $ 1863.00 DEDUCCIONES Control vehicular servicio particular 20 $405.00 Estímulo adicional 20% control vehicular $270.00 Total $675.00 total $1,188.00 En suma, se advierte un total de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos moneda nacional), por concepto de las contribuciones materia de la concesión de amparo. En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas exhibió copia certificada de la devolución por pago indebido 778/2017 referente al recibo fiscal V 8366547; documento que ampara la devolución de $1,227.32 (mil doscientos veintisiete pesos 32/100 moneda nacional), realizada el veintinueve de noviembre de la presente anualidad (foja 299), asimismo comunicó que se abstendría de aplicar al promovente del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos. Se advierte, entonces, que el quejoso erogó por concepto del impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, derecho por servicio de control vehicular, la cantidad de $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); y que la autoridad devolvió lo pagado por el amparista con motivo del acto de aplicación reclamado, más un excedente por la cantidad de $39.32 (treinta y nueve pesos 31/100 moneda nacional). Luego, la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que las contribuciones base de la demanda de amparo fueran devueltas, debidamente actualizadas. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago de las contribuciones en comento se realizó, se reitera, el siete de febrero de dos mil diecisiete por $1,188.00 (mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), entre otros; mientras que la devolución de ese monto, como se expuso, aconteció el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (por conducto de Gabriel Gramajo Pérez esposo de la quejosa (foja 299). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de la presente anualidad entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de la presente anualidad fue de 128.717, y para el mes de enero de dos mil diecisiete 124.598. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0331. La división se esquematiza a continuación: INPC OCTUBRE 2017 128.717 1.0331 INPC ENERO 2017 124.598 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por los conceptos en comento, se obtiene que el monto de dichas contribuciones actualizadas es de: NÚMERO DE RECIBO CANTIDAD EROGADA CANTIDAD ACTUALIZADA DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN A FAVOR DE LOS QUEJOSOS V 8366574 $1,188.00 $1,227.39 $39.32 En ese sentido, la autoridad devolvió a la amparista la cantidad de $1,227.39 (mil doscientos veintisiete pesos m 39/100 moneda nacional) (foja 299), es decir, la obligación tributaria principal ($1,188.00 mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) más una actualización de $39.32 (treinta y nueve pesos 39/100 moneda nacional); lo que pone en evidencia que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al habérsele restituido en su integridad lo pagado con motivo de las contribuciones involucradas más la actualización fiscal correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  2. Principal

    El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el oficio registrado bajo el número 16064, con anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y remite las constancias para acreditar lo anterior; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  3. Principal

    El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 15514 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por ese órgano colegiado, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión administrativo número 158/2017; así como los autos del juicio de amparo 230/2017; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a que la superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la resolución de diez de abril del presente año, dictada por este juzgado, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; y por otra se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, en los términos siguientes: "a) Los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por los amparistas con fundamento en las disposiciones anteriores en el ticket con folio V 8366547 de siete de febrero de dos mil diecisiete, en lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente.". En consecuencia; con fundamento en el artículo 192 de la Ley en consulta, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto, de cumplimiento a la ejecutoria de que se trata y remita las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Al efecto, remítasele copia simple en lo conducente de la ejecutoria de que se trata. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo, ya que la sentencia de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente; ya que el fallo protector sólo tiene el alcance de que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, pues en atención al marco constitucional, impera el principio de relatividad de la sentencia cuando su naturaleza sea tributaria, tal como sucede en el presente caso, por versar sobre el pago de contribuciones. Lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por la quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se pone a disposición de la quejosa dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el que se transcribe el auto de diez de mayo del año en curso, emitido en el expediente relativo al amparo en revisión administrativa 158/2017-3 del índice del órgano colegiado al que se encuentra adscrita, de cuyo contenido se advierte que el recurso de revisión interpuesto por el maestro Jorge Miranda Castro en su carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, contra de la sentencia dictada por este Juzgado el diez de abril de dos mil diecisiete; se admitió y quedó registrado bajo el consecutivo antes mencionado; en tal virtud, se ordena agregar al presente cuaderno de antecedentes la comunicación de cuenta, para que surta los efectos legales conducentes, y se toma nota de su contenido. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/2123/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. KARINA

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