Carolina Castro Pineda
Expediente 1177/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carolina Castro Pineda
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. ANOTACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda de amparo promovida por Carolina Castro Pineda, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1177/2022-III, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 3646/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por el cual se admitió y se tuvo por desahogada la documental pública ofrecida por María Leonor Castro Pineda, consistente en una constancia de alineamiento y número oficial. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Dichos numerales disponen que el amparo procede en la vía indirecta contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de ahí que para dilucidar en qué vía se puede reclamar una violación cometida en el curso del juicio de origen, habrá de distinguirse si tiene o no efectos de imposible reparación sobre las personas o las cosas. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P. /J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, como se anticipó, la parte quejosa reclama el proveído emitido el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 3646/2021, mediante el cual se admitió y se tuvo por desahogada la documental pública consistente en una constancia de alineamiento y número oficial, ofrecida por su contraparte en el expediente de origen (María Leonor Castro Pineda). En ese sentido, se considera que en este caso no se ocasiona a la gobernada una afectación de imposible reparación, ya que la transgresión reclamada no implica la privación de la vida, de la integridad personal, de la libertad o de la propiedad; por el contrario, tal cuestión, dada su naturaleza, trastoca únicamente derechos adjetivos o procesales, pues la actuación combatida implica que únicamente que se haya admitido y tenido por desahogada una prueba documental; de ahí que los actos reclamados no encuadran en las hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo para ser examinado aisladamente en el juicio biinstancial. Esto es, pese a que el acto reclamado pudiera violar diversos derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como a la tutela judicial efectiva, legalidad, debido proceso, en el caso concreto las consecuencias que genera la actuación de la autoridad responsable no trastocan de manera directa ni inmediata ningún derecho sustantivo de la amparista, como pudiera ser la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, la intimidad, entre otros. No se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sostenido en diversas tesis que aquellos actos que afecten a las partes en grado predominante o superior son impugnables en amparo indirecto, pues tales criterios fueron emitidos a la luz de la Ley de Amparo abrogada y, por ende, no resultan aplicables en el presente asunto, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor. En efecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se puede ver, el citado precepto legal señala que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agrega que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Es decir, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En ese contexto, sólo se reconocen como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos, no así los que representan una transgresión "en grado predominante o superior". Incluso, la propia Corte determinó que para calificar a un acto como irreparable es necesario que produzca una afectación material a derechos sustantivos cuyo significado rebasa lo puramente procesal; dicho en otras palabras, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo, concluyendo que: ".no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior.". Al margen de lo anteriormente expuesto, las violaciones de que se duele la parte quejosa pueden quedar insubsistentes, ya que todavía existe la posibilidad de que obtenga una sentencia favorable en el juicio de origen, situación ante la cual las consecuencias de los alegados perjuicios se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. Empero, en el supuesto de que no obtenga sentencia favorable, podrá hacer valer las transgresiones manifestadas como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente o en última instancia puede ser combatida mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva que se emita, de conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal, así como 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se reflejaría la trascendencia de la violación procesal. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que reza: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma resulta ilustrativa la jurisprudencia 3a. 20/90 de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, que expresa: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, a través del cual se podrá entablar comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario. También, se autoriza a las personas que refiere la parte impetrante en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad invocada, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3o de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos que superen las doscientas fojas útiles ni las promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.
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