Carmina Flores Domínguez

Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
665/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Carmina Flores Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito enviado vía electrónica por el tercero interesado por medio del cual solicita a este órgano jurisdiccional se le informe la fecha en que la autoridad responsable Juez Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, fue notificada del auto dictado el nueve de marzo del presente año por el cual causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. En ese sentido, dígase al tercero interesado que la citada autoridad responsable fue notificada de dicho auto por medio del oficio 3278/2021, en fecha veintitrés de marzo del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito enviado vía electrónica por el tercero interesado José Rodrigo ..., por medio del cual solicita a este órgano jurisdiccional se notifique a la autoridad responsable Juez Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, el auto dictado el nueve de marzo del año en curso, por el cual causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. En ese sentido, hágase del conocimiento del tercero interesado, que en la fecha antes señalada, se giró el oficio 3278/2021, dirigido a la autoridad responsable, por lo que este órgano jurisdiccional únicamente se encuentra en espera de recibir por parte de la unidad de notificadores del Edificio del Poder Judicial de Federación sede Naucalpan, la constancia de notificación respectiva.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración y por lo que hace al incidente de suspensión es destruible en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que remitió a este juicio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, así como al representante especial de las menores.

  4. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo 665/2020-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el uno de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, Carmina Flores Domínguez, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.P.F. y S.P.F., promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37, párrafo primero, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, este juzgador advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 184/2014, relativo al Procedimiento Especial de Divorcio por Mutuo Consentimiento promovido por Carmina Flores Domínguez en contra de José Rodrigo Pozón López. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Décimo Primero Familiar de Primera Instancia de Huixquilucan, Estado de México, al rendir su informe justificado acepta el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora de las constancias que remitió como complemento a su informe con justificación consistentes en copias certificadas del expediente 184/2014, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado José Rodrigo Pozón López, señala que el presente juicio de amparo es improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, considerando que la quejosa consintió expresamente el acto reclamado, lo cual pretende relacionar con el hecho de que la agraviada estuvo de acuerdo con los términos del Convenio de once de marzo de dos mil catorce, que celebraron con respecto, entre otros aspectos con el régimen de convivencias con sus menores hijas. Dicha causa de improcedencia es infundada, porque los motivos en los cuales el citado tercero interesado la sustenta no tienen ninguna vinculación con la temporalidad en que debe promoverse el juicio de amparo. Pues la citada causa de improcedencia, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo debe promoverse dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, el presentado fuera de ese término será extemporáneo. Ahora bien, y con respecto a la diversa causa de improcedencia que hace valer el tercero interesado en el sentido de que previo al juicio de amparo, la parte quejosa debió de agotar el principio de definitividad, debe señalarse que la misma, se considera infundada en la medida que las resoluciones que afecten derechos de un menor de edad que sean de imposible reparación se considerarán una excepción al principio de definitividad, para acudir al juicio de amparo indirecto pues estimar lo contrario, sería validar la afectación de los derechos fundamentales de una persona menor de edad de manera irreparable, pues a éstas no debe aplicárseles un criterio rigorista de naturaleza civil para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías sujetado al principio de definitividad, dada la importancia de los sujetos que regula dicha materia, así lo ha reconocido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer principios concretos que privilegian a la materia familiar con una política de simplificación procesal y carácter práctico, solamente limitado por la prudencia y el buen juicio. Así, al haberse analizado y valorado precisamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún otro motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución jurisdiccional. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Los antecedentes del asunto son: Mediante escrito de once de marzo de dos mil catorce, Carmina Flores Domínguez y José Rodrigo Pozón López, solicitaron ante el Juez de lo Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en turno, la disolución del vínculo matrimonial que los unía, estableciendo de común acuerdo que las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., cohabitarían con su madre y exhibieron un convenio de fecha once de marzo de dos mil catorce, respecto de la guardia y custodia, así como el régimen de convivencias, visitas y alimentos, de su padre con las infantes. Por razón de distribución de asuntos, la demanda fue turnada al Juzgado Décimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, cuyo titular en proveído de veinte de marzo de dos mil catorce, admitió la solicitud. En sentencia de veintiocho de marzo de dos mil catorce, se declaró disuelto el vínculo matrimonial y se aprobó en forma definitiva el convenio presentado por Carmina Flores Domínguez y José Rodrigo Pozón López, condenando a los mismos a estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar como si se tratase de cosa juzgada. En la cláusula sexta del convenio de fecha once de marzo de dos mil catorce, se establecieron los términos en que tendría lugar el régimen de convivencias y visitas de las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., con su padre José Rodrigo Pozón López. Posteriormente, el diez de marzo de dos mil diecisiete, Carmina Flores Domínguez y José Rodrigo Pozón López, comparecieron ante la presencia judicial, para ratificar un convenio modificatorio de esa misma fecha, respecto del que fue ratificado el veintiocho de marzo de dos mil catorce, manifestando entre otras cuestiones, los términos en que se llevaría a cabo el régimen de convivencias de las menores con su padre José Rodrigo Pozón López, el cual fue aprobado, condenándose a los mismos a estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar como si se tratase de sentencia ejecutoriada. Mediante escrito de seis de agosto del año en curso, José Rodrigo Pozón López, hizo del conocimiento del Juez Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, que Carmina Flores Domínguez, no había permitido la convivencia con sus menores hijas de iniciales M.P.F. y S.P.F., desde el veinticinco de marzo de la anualidad; y reiteró que su contraria con anterioridad, en el año dos mil dieciséis, impidió en múltiples ocasiones la convivencia con sus menores hijas. En atención a las manifestaciones vertidas en dicho escrito, Carmina Flores Domínguez, señaló que su negativa obedecía a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, a raíz de la pandemia por el Coronavirus, porque la menor de iniciales M.P.F., es asmática, en tanto la menor S.P.F., padece acidosis tubular renal; sin embargo, solicitó que éstas se llevarán a cabo vía internet o face time, para no poner en riesgo su salud e integridad física. En proveído de once de septiembre de dos mil veinte, el Juez Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, requirió a Carmina Flores Domínguez, para que diera cumplimiento al régimen de convivencias que fueron estipuladas en el convenio de trece de marzo de dos mil catorce, y permitiera la convivencia de sus hijas M.P.F. y S.P.F., con su padre José Rodrigo Pozón López, pues era evidente que no estaba dando cumplimiento al convenio que tenía celebrado con su contraparte, pues el cumplimiento de las determinaciones judiciales no podía quedar al arbitrio de alguna de las partes y sobre todo porque se trataba de una cuestión de orden público e interés social tendentes a lograr la eficacia del derecho de las menores a convivir con su progenitor y le apercibió que de no hacerlo se le impondría una multa por el equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 1.124, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se resumen en que el Juez responsable al dictar el acto reclamado, soslayó que si bien existe un convenio elevado a la categoría de cosa juzgada y cuyo cumplimiento es obligatorio para ambas partes con respecto al régimen de convivencia de las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., con su padre José Rodrigo Pozón López, y que tanto las infantes, como su progenitor, tienen el derecho a esa convivencia, atendiendo fundamentalmente al interés superior de las niñas; sin embargo, no consideró que el permitir la convivencia de sus menores hijas con su padre ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país provocada por la pandemia por el Coronavirus, pondría en riesgo su salud, integridad física e incluso su vida. Al respecto debe indicarse primeramente que el artículo 4° Constitucional, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; asimismo, se precisa que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Asimismo, se determina que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Además, dicho numeral precisa que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. En tanto que el artículo 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en vigor, precisa que el interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho. De igual manera, en observancia irrestricta a los derechos humanos que a favor de los menores consagran los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 1o. al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la cual es obligatoria en cuanto a su observancia por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado, según lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, atendiéndose incluso a las prevenciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, en cuya exposición de motivos se establece la necesidad de allegarse una legislación encaminada a la protección de los derechos de los menores, que a su vez fuesen tutelados no solamente por instituciones especializadas y específicas, sino por los tribunales de justicia y toda la sociedad, para integrarlos plenamente a ella y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos. Es indiscutible y preponderante que para determinar prudente y objetivamente un régimen de convivencia entre los menores con sus progenitores, que por alguna razón se encuentren separados o divorciados, los órganos jurisdiccionales y cualquier autoridad deberán tener en cuenta los referidos principios jurídicos, así como que respecto de la patria potestad, guarda y custodia, y el derecho a un régimen de visitas y convivencias, el artículo 4.205 del Código Civil del Estado de México previene que en caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad, el Juez habrá de resolver lo conducente en derecho en torno a la controversia suscitada teniendo siempre en cuenta lo mejor para los intereses de los hijos menores de edad. En orden con lo anterior, es indispensable precisar que en los casos de desintegración familiar provocados por la separación de los cónyuges, los hijos resultan ser los menos responsables y, sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito psicológico, social y económico. Luego, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados, sin condición alguna, sus progenitores deben ejercer la guarda y custodia en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose a terapeutas especializados en salud mental, con la única finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con sus menores hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles, de modo tal que la convivencia de los infantes con uno y otro de sus padres, no debe generarles ningún desequilibrio emocional sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o utilizados para satisfacer diversos intereses. Entonces, en aras de prevenir algún posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, los padres deben asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos, pues el hecho de que se encuentren divorciados o separados de ningún modo implica que no puedan ser excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce la separación de aquéllos. Por consiguiente, en términos de lo que estatuye el numeral 4.203 del código sustantivo en cita, para ayudar a los niños a que no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro y, por el contrario, que crezcan tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, es menester que los menores sean protegidos, y que sus progenitores actúen honesta y responsablemente en cuanto a sus sentimientos filiales, y así, prescindirán de egoísmos al disputarse la guarda y custodia, y en especial en cuanto al derecho de los aludidos infantes a convivir con sus progenitores, fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor y respeto. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualizó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, el cual, con carácter orientador enlista un catálogo de derechos que implican obligaciones a cargo de los órganos jurisdiccionales, a fin de respetar, adoptar y garantizar, las medidas para su cumplimiento y los derechos reconocidos por los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, que han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano. En dicho instrumento se sistematiza una serie de prácticas necesarias para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, cuando éstos se encuentren ante un proceso de impartición de justicia, el cual debe ser adoptado por los diversos órganos encargados de esa labor. De igual manera, se establecieron los principios de carácter general que, de acuerdo con los instrumentos internacionales, deben ser observados en cualquier momento del proceso de justicia en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes. También se prescribieron acciones que deben realizarse en toda ocasión que los niños, niñas y adolescentes participen en un procedimiento jurisdiccional. Establecido lo anterior, puede concluirse que los órganos jurisdiccionales en todos los asuntos que sean de su conocimiento deberán resolver privilegiando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, una vez analizada la determinación adoptada por la Juez Décimo Primero Familiar de Primera Instancia de Huixquilucan, Estado de México, es dable considerar que ésta cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues resolvió privilegiando el interés superior de las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., con respecto al derecho que jurídicamente tienen de convivir con su padre José Rodrigo Pozón López. Pues en ese sentido el Juez responsable de manera correcta estableció que efectivamente la quejosa Carmina Flores Domínguez, y al margen de los motivos que tuviera para ello, no ha dado cumplimiento al régimen de convivencias establecido con José Rodrigo Pozón López, padre de las menores M.P.F. y S.P.F., en los términos acordados en el convenio que celebró con su excónyuge el once de marzo de dos mil catorce. Asimismo, de manera puntual estableció que el cumplimiento de las resoluciones judiciales no podía quedar al arbitrio de las partes, pues el efecto de la firmeza de las determinaciones implicaba que debían ser respetadas por éstas, las cuales tenían la obligación ineludible de cumplirlas. De igual manera ponderó que el derecho de visita aludía a la facultad del progenitor de convivir con sus menores hijas, retirándolas del domicilio en el que habitan con su madre Carmina Flores Domínguez y tenerlas consigo para desarrollar vínculos afectivos y de comunicación, con espontaneidad, intensidad y la privacidad que deseaba, lo cual trataba no solo de asegurar la satisfacción espiritual del padre a través de la comunicación con sus hijas, sino el derecho de éstas a mantener esa comunicación con su progenitor indispensable para su plena formación. Asimismo, tampoco inadvirtió que ante la contingencia sanitaria generada por la pandemia mundial del Covid-19, se hacía necesario tomar medidas de protección eficaces para que durante el tiempo en que se llevara a cabo el régimen de convivencias entre las niñas de iniciales M.P.F. y S.P.F., con su padre José Rodrigo Pozón López, no se pusiera en riesgo su salud, vida e integridad física. Pues al respecto requirió al papá de las infantes antes nombradas para que justificara la manera en que llevaría a cabo las convivencias con las menores, para lo cual debía adoptar las medidas necesarias con el objeto de evitar un posible contagio, previniéndolo para que se abstuviera de llevar a sus hijas a donde existieran grandes afluencias de personas recomendándole permanecer en casa el mayor tiempo posible, por su salud y seguridad; asimismo, adoptar las medidas de protección ya recomendadas por las autoridades del país y a nivel mundial, como el uso del cubre boca, caretas, gel desinfectante a base de alcohol, lavado frecuente de manos, evitar saludar de mano, beso o abrazo, y en el hogar utilizar mamparas de protección, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3, 9 y 13 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo que contrario a lo señalado por la quejosa, la autoridad responsable estuvo en lo correcto al realizar una ponderación de derechos y bajo ciertas condiciones y circunstancias. Estimar lo contrario y establecer que no pueden llevarse a cabo las convivencias entre las menores con su padre con motivo de la pandemia generada por el Coronavirus, hasta en tanto sea superada dicha situación, vulneraría el derecho de las niñas a desarrollarse en un entorno familiar sano que les permita crecer con lazos afectivos hacia ambos progenitores, creando un distanciamiento no solo físico, sino emocional entre el progenitor y las infantes, lo cual de ninguna manera podría repararse. Se dice lo anterior ya que el eventual desapego de las niñas con su padre sin duda genera en ellas un impacto negativo importante en perjuicio de su bienestar físico, psicológico y emocional. En ese orden de ideas de prohibirse de manera inflexible la convivencia de las menores con su progenitor, sin analizar el contexto completo en el que se encuentran, provocaría que se les prive de la posibilidad de contar con un núcleo familiar sano en el que puedan crecer con la percepción de un esquema de valores y respeto de los derechos que les asisten a los demás, creando en base a ello su propia identidad y permitiéndoles desarrollarse con independencia, lo cual se logra si se ven garantizados sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad de familia y fundamentalmente, una sana convivencia con sus padres. En tal virtud, no pueden impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia. Atento lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo por tanto éste de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. Pues en estos casos, el Juez debe actuar en forma activa, velando por el interés superior y de acceso efectivo a la justicia de aquél, pues de otra manera las prerrogativas del menor se vuelven ineficaces si dentro del procedimiento no se reconoce que por su propia condición requiere de una protección legal reforzada. Es aplicable la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/16 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1651, que establece: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior". Por lo que al advertirse que el Juez responsable, emitió el acto reclamado atendiendo de manera primordial al interés superior de las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., privilegiando su derecho de convivencia con su progenitor José Rodrigo Pozón López, es dable concluir que dicho acto es constitucional y no infringe en perjuicio de la parte quejosa sus derechos humanos como lo sostiene. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, así como a la representante especial de las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F.

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