Carmina Flores Domínguez

Expediente 839/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
839/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Carmina Flores Domínguez
  • Carmina Flores Domínguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio que remite el Secretario de Acuerdos Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y los anexos remitidos con éste, consistentes en el juicio de amparo 839/2021-VII, cuatro legajos de copias certificadas y testimonio de la resolución de cuatro de mayo del presente año, dictada en el amparo en revisión 44/2022. Acúsese recibo. La resolución emitida por el órgano en mención, en sus puntos resolutivos, señala lo siguiente: ".PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carmina..., en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia". Agréguense las actuaciones relevantes del cuaderno de antecedentes integrado con motivo del recurso de revisión, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se negó el amparo; mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente devuélvanse las constancias certificadas relativas al Juicio de Divorcio por mutuo Consentimiento 184/2014 del índice del Juzgado Decimoprimero Familiar de Primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Huixquilucan, mismas que anexo a su informe justificado (en cuatro tomos). Notifíquese, y vía electrónica a la asesora jurídica.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito con evidencia criptográfica del autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Con copia simple del escrito de expresión de agravios y demás constancias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente este expediente, sin ulterior acuerdo, remítase el original del escrito de expresión de agravios, así como el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, anexando una copia de los agravios para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano jurisdiccional y cuatro tomos de pruebas, lo anterior de conformidad con el numeral 89 de la ley de la materia. Finalmente, procédase a vincular el expediente electrónico del presente asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) con la finalidad de que el Tribunal de Alzada tenga acceso a las constancias que lo integran de manera remota. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1238. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 839/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito remitido vía electrónica y recepcionado el veinticinco de agosto de esta anualidad, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado en esa data, Carmina Flores Domínguez, por derecho propio, y en representación de sus menores hijos de iniciales M.P.F. y S.P.F. solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. De igual forma, en dicho proveído se solicitó al Titular de la Defensoría Pública Federal para que designara representante especial a los menores; por lo que en acuerdo de diez de septiembre de esta anualidad, se tuvo como tal a la licenciada Elodia Angélica Cuandón González, en su carácter de asesora jurídico de la Defensoría Pública como representante de las menores quejosas de iniciales M. P. F. y S.P.F. Asimismo, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo como tercero interesado a José Rodrigo Pozón López. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable: La resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, que confirmó el proveído de once de agosto de esta anualidad, dictado en el expediente 184/2014 del índice de la responsable, en el que se remitió a los progenitores y a las menores, a un proceso de restauración familiar que deberá tener como mínimo cuatro sesiones. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Decimoprimero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Huixquilucan (promoción 10696), pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad, relativas a los cuatro anexos certificados de las constancias relativas al expediente 184/2014 y un disco versátil digital, las cuales gozan de pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Consecuentemente, al no advertirse causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido; ello, sustentado con el criterio que sostiene la Jurisprudencia 3a./J. 21/91, registro 207000, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, foja 49, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora bien, previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes que aquí interesan: 1. Mediante escrito de once de marzo de dos mil catorce, Carmina Flores Domínguez y José Rodrigo Pozón López, solicitaron la disolución del vínculo matrimonial que los unía, estableciendo de común acuerdo que las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., cohabitarían con su madre y exhibieron un convenio de once de marzo de dos mil catorce, respecto de la guardia y custodia, así como del régimen de convivencias, visitas y alimentos, de su padre con las infantes; demanda que fue admitida por el Juzgado Décimo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, el veinte de marzo de dos mil catorce. 2. En sentencia de veintiocho de marzo de dos mil catorce, se declaró disuelto el vínculo matrimonial y se aprobó en forma definitiva el convenio presentado por Carmina Flores Domínguez y José Rodrigo Pozón López, condenando a los mismos a estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar como si se tratase de cosa juzgada; consenso del que se destaca que en la cláusula sexta se establecieron los términos en que tendría lugar el régimen de convivencias y visitas de las menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., con su padre José Rodrigo Pozón López. 3. Posteriormente, el diez de marzo de dos mil diecisiete, Carmina Flores Domínguez y José Rodrigo Pozón López, comparecieron ante la presencia judicial, para ratificar un convenio modificatorio el veintiocho de marzo de dos mil catorce, manifestando entre otras cuestiones, los términos en que se llevaría a cabo el régimen de convivencias de las menores con su padre José Rodrigo Pozón López, el cual fue aprobado, condenándose a los mismos a estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar como si se tratase de sentencia ejecutoriada. 4. Mediante diversos escritos José Rodrigo Pozón López, hizo del conocimiento de la Jueza Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, que Carmina Flores Domínguez, no ha permitido la convivencia con sus menores hijas de iniciales M.P.F. y S.P.F. 5. En proveído de once de septiembre de dos mil veinte, el Juez Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, requirió a Carmina Flores Domínguez, para que diera cumplimiento al régimen de convivencias que fueron estipuladas en el convenio de trece de marzo de dos mil catorce, y permitiera la convivencia de sus hijas M.P.F. y S.P.F., con su padre José Rodrigo Pozón López, aduciendo que era evidente que no estaba dando cumplimiento al convenio que tenía celebrado con su contraparte, pues el cumplimiento de las determinaciones judiciales no podía quedar al arbitrio de alguna de las partes y sobre todo porque se trataba de una cuestión de orden público e interés social tendentes a lograr la eficacia del derecho de las menores a convivir con su progenitor, y le apercibió que de no hacerlo se le impondría una multa por el equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 1.124, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (acto reclamado en el juicio de amparo 665/2020 de este índice, en el que fue negada la protección de la justicia federal). 6. En acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la juez responsable en torno a la solicitud de Carmina Flores Domínguez de dictar medidas cautelares a fin de salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de las menores (de dieciocho de ese mes y anualidad), proveyó en el sentido de que, al tener relación con el mencionado juicio de amparo, precisó que no se encontraba firme, por lo que se tenía que estar a las resultas de ese sumario; asimismo, dio vista a su contraria para que manifestara lo que a derecho corresponda. 7. En atención al desahogo del progenitor, en acuerdo de veinticuatro de febrero de este año, se reiteró a Carmina Flores Domínguez que, por cuanto hace a la mención de situaciones de violencia en agravio de sus menores hijas (pero que en esencia refería que era por circunstancias de salud de las menores por motivo de la pandemia) debía estar a las resultas del juicio de amparo de mérito; lo que de igual manera ante otro ocurso le fue acordado en el diverso de veinticinco siguiente, remitiendo a su vez, a lo proveído en el citado de veinticuatro anterior. 8. En acuerdo de diez de mayo de este año, se le hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado el once de septiembre de dos mil veinte, en el que también se le volvió a requerir el cumplimiento de aquél. 9. Ante su incumplimiento, en el diverso de dieciocho de junio siguiente, se le aplicó la medida de apremio de multa, mismo en el que se le volvió a requerir con dicho apercibimiento; de igual forma, a petición de la solicitud del progenitor, se ordenó librar oficio a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se proporcione terapeuta, quien deberá rendir informe mensual con relación al avance que tengan los padres y las menores al incorporarse a un proceso psicoterapéutico, ordenando expedir el oficio para cumplir con ello el ocho de julio de este año, acuerdo recurrido pero que fue confirmado en interlocutoria de seis de agosto de esta anualidad (acto reclamado en el diverso juicio de amparo 802/2021), por lo que aquella dependencia designó a la psicóloga Alma rosa Rivas Mira para ello, y señaló una sesión para el once de agosto siguiente. 10. Se dictó el acuerdo de seis de agosto de este año, ante el ocurso del progenitor, en el que comunicó que la madre impidió la obligación de otorgar facilidades para facilitar la convivencia con su menor hija el veintitrés de julio de esta anualidad, circunstancia con la que se ordenó dar vista a la contraria. 11. En acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la progenitora desahogando la vista otorgada el seis anterior, escrito en el que esencialmente refiere que no ha impedido las convivencias, y aduce que no puede obligar a las menores de doce y nueve años respectivamente, a irse con su papá; ahora, en dicho auto, a través de la argumentación vertida, y con fundamento en lo previsto en la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, se remitió a los progenitores y a las dos menores, a un proceso de restauración familiar que deberá tener como mínimo cuatro sesiones; determinación que fue impugnada por la progenitora a través del recurso de revocación, el cual ante lo infundado e inoperante de los agravios, en resolución interlocutoria de veinte de agosto posterior fue confirmada. Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio. Sexto. Estudio de fondo. En diversos argumentos que se traducen en un solo concepto de violación, se estima que es inoperante, en razón de que en una parte reitera su agravio vertido en el recurso de revocación y, por otra, no combate las razones expresadas por la responsable en la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, que confirmó el citado acuerdo de once de agosto de este año, lo que se afirma en términos de las siguientes consideraciones: Al interponer la revocación contra el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, la recurrente expresó como agravio: Lo anterior, pone de manifiesto que los argumentos que la parte quejosa esgrimió como concepto de violación en la demanda de amparo, al confrontarlos con aquel recurso de revocación, se trata de una reproducción prácticamente literal de los agravios que propuso contra el auto de once de agosto de este año. A efecto de demostrar la inoperancia destacada, es menester señalar que el concepto de violación es el argumento conducente a probar y poner en evidencia la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto combatido y, respecto del cual, se ha delineado una teoría atendiendo a las notas distintivas mínimas que debe reunir para considerarlo un planteamiento susceptible de examen, el cual ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la expresión no debe ser formal y sacramentalmente la de un silogismo, sino que es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándo lo siguiente: a) Cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada. b) Los motivos que originaron ese agravio. Empero, también determinó que ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, ya que es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. En ese tenor, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a qué se reclama y, en segundo lugar, el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). Luego, si la parte quejosa no controvierte los razonamientos en qué se sustenta la resolución combatida; o bien, se limita a realizar meras afirmaciones, sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es indispensable que expresen la causa de pedir, dado que ésta, bajo aquellas condiciones, no se actualiza. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, registro 185425, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, tomo XVI, diciembre de 2002, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así como la Jurisprudencia XX.26 K, registro 204440, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Visible en la página 483, tomo II, agosto de 1995, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. HIPOTESIS EN QUE DEBEN DECLARARSE. Los casos por los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer en una demanda de amparo directo, en materia civil, administrativa o laboral, son: 1. Cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; y, 2. Cuando solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros." De lo anterior se aprecia que ante los agravios vertidos por la recurrente, la jueza responsable confirmó el auto impugnado declarándolos infundados e inoperantes por los motivos que expuso, dando contestación al motivo de disenso, por lo que si los conceptos de violación que esgrime en la demanda de amparo, se trata de una reiteración de los mismos que, en su oportunidad, ya fueron analizados, se hace evidente que la parte quejosa no formula argumento tendente a demostrar que fuera incorrecta la apreciación de la jueza de origen. Aunado a que es evidente que dichos argumentos, se encuentran dirigidos a controvertir actos diversos al ahora reclamado -resolución de veinte de agosto de este año-, a saber, lo atinente a las multas impuestas, y lo relativo al régimen de convivencia previamente decretado en el expediente de origen. En ese sentido, la parte quejosa no expresa diverso concepto de violación al ya mencionado que sea suficientemente susceptible de ser estudiado, ya que se limita a formular argumentos tendentes a demostrar lo ya descrito, pero ninguna diversa manifestación refiere respecto a la resolución que constituye el acto reclamado; esto es, debió plantear por qué no compartía las consideraciones que sostuvo la jueza en la resolución que recayó a su recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de agosto de este año, formulando argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución que ahora se analiza, de tal forma que, atendiendo a sus manifestaciones este órgano de control constitucional estuviera en posibilidad de analizar si fue correcto o no, que la responsable confirmara el auto impugnado, motivo por el cual debe quedar firme. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia con número de registro 269435 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Así como la tesis con número de registro 246683, sustentada por Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Sexta Parte, página 159, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. DEBEN ESTAR SIEMPRE REFERIDOS AL ACTO RECLAMADO. Si bien el artículo 116 de la Ley de Amparo señala la expresión de los actos reclamados y de los conceptos de violación como requisitos para la interposición del juicio de garantías, se trata de dos cosas distintas. Por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías, y por concepto de violación los razonamientos jurídicos concretos que demuestren por qué el acto reclamado es inconstitucional. De esta manera, debe haber una lógica correspondencia entre el acto que se señala como reclamado y el concepto de violación relativo, que siempre debe estar referido a aquél, y no es válido así señalar como reclamado un acto que realiza la autoridad responsable, y como concepto de violación expresar razonamientos jurídicos que tienden a demostrar la inconstitucionalidad de un acto diverso al que se señaló como reclamado." Así como en lo conducente la jurisprudencia 709 registro 216777, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, página 477, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO."; y la tesis IV.3o.A. J/4 registro 178786, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, visible en la página 1138, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA." No obstante lo anterior, si bien no se desprende perjuicio en la persona o derechos de las impúberes, resulta pertinente precisar que tomando en cuenta la resolución reclamada, así como los autos del expediente de origen, se concluye que contrario a lo aseverado por la inconforme, no se aprecia que el fallo de mérito sea incongruente y que ello implique que, en su caso, se deje en estado de violencia familiar a la quejosa y a las menores de edad involucradas en la controversia. Efectivamente, cabe destacar que la responsable para emitir su determinación, partió del argumento de que con los agravios vertidos de manera alguna combatía el auto recurrido, en el que esencialmente la responsable estimó conducente como medida de protección de las menores involucradas, que ellas y sus padres acudieran a un proceso de restauración familiar; afirmó lo anterior, ante lo inoperante que resultó su escrito de impugnación, pues la responsable determinó que la recurrente se limitó a transcribir los veinte puntos que fueron plasmados en la promoción 7954/2021. En ese orden de ideas, no se estima que la sentencia reclamada resulte incongruente, y menos aún que deje a la parte quejosa en estado de indefensión, puesto que la responsable al confirmar el proveído de once de agosto de esta anualidad, realizó la siguiente argumentación: "centrando que el derecho de visita es un derecho fundamental de las menores hijas de las partes que permite desarrollar vínculos afectivos y de comunicación con su progenitor indispensable para su plena formación, se determinó en suma al proceso terapéutico ordenado con antelación, se implementó en el auto impugnado establecer una vinculación con un proceso de restauración familiar; con la finalidad de identificar el conflicto y llegar a su resolución, que al estar ya ordenado un proceso terapéutico, cumple con la función de fortalecer y proteger los lazos parentales en el grupo familiar formado por las partes y sus hijas"; es decir, sin soslayar sus agravios, de manera indirecta, procedió oficiosamente a realizar el análisis del auto recurrido. Lo anterior, y sin que ello implique un análisis de fondo del auto que combatió en revocación, es menester precisar que no se estima que la determinación ahí adoptada en torno a las medidas ordenadas por la responsable pongan en peligro la integridad de las menores de edad, puesto que como bien lo expuso, el proceso de restauración del procedimiento integral de Justicia Restaurativa Familiar, sobre la cual basó el auto primigenio, tiene como objetivo principal esa restructuración familiar, y no un fin contrario o perjudicial para las menores de edad, ni siquiera resulta adverso a los propios padres. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que la responsable en el fallo reclamado, hubiese calificado de inoperantes las alegaciones propuestas por la inconforme, puesto que, como quedó relacionado en párrafos antecedentes, antes de dicha calificación de los agravios, evidenció que el proceso terapéutico previamente implementado, resultaba necesario el proceso de restructuración familiar para permitir desarrollar vínculos afectivos y de comunicación de las menores con su progenitor para su plena formación. Por lo tanto, aun y cuando la responsable hubiese calificado oficiosamente de inoperantes los agravios formulados por la recurrente (ahora quejosa), lo cierto es que efectuó el análisis oficioso y del auto cuestionado y expuso las razones, por las cuales resultaba ajustado a derecho el proveído de once de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, si del análisis efectuado a la sentencia que constituye el acto reclamado, no se aprecia alguna situación perjudicial para las menores, ni mucho menos, alguna determinación que implique afectar en cierto grado su integridad física o psíquica-emocional, se estima que la resolución cuestionada en esta instancia constitucional debe subsistir, puesto que no debe olvidarse que el régimen de convivencia o derecho de visitas, debe tener como objeto primordial asegurar las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio. En ese sentido, si a través del acto reclamado no se vislumbra alguna afectación negativa en la esfera jurídica de los impúberes, se llega a la conclusión de que el acto reclamado tiene por objeto la salvaguarda del interés superior de los menores y, por ende, resulta legal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a. CCCVII/2013 (10a.), registro 2004775, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1064, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, de rubro y texto siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Por lo anterior, se concluye que los argumentos de la quejosa resultan también infundados e ineficaces para arribar a conclusión diversa a la que rige el sentido del fallo reclamado, menos aún ponen en relieve la manifestada transgresión en su perjuicio, de sus derechos fundamentales, así como del interés superior de las menores de edad involucradas en la controversia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia que se comparte VI.2o. J/105, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VII, Abril de 1991, página 87, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPUESTOS EN FORMA GENERALIZADA. En el juicio de garantías no se puede realizar por parte del órgano de control constitucional, un estudio general de la controversia de origen, sino que éste debe efectuarse a la luz de los argumentos que se esgriman como conceptos de violación, en los cuales se debe señalar, no sólo las disposiciones, doctrinas o criterios jurisprudenciales que se omitieron analizar, sino que también debe formularse una exposición razonada del por qué, alguna disposición legal, doctrina o criterios jurisprudenciales pueden beneficiarle a la amparista, demostrando a través de tales razonamientos el ataque a sus garantías constitucionales." En virtud de lo antes expuesto y al haber resultado inoperantes, así como infundados e ineficaces los argumentos planteados en el concepto de violación, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carmina Flores Domínguez, por derecho propio, y en representación de sus menores de iniciales M.P.F. y S.P.F., contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo y motivos expuestos en esta resolución. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de este año, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue designado como titular de este órgano jurisdiccional el Juez Erik Juárez Olvera, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior se realiza en cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 312, registro 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese.

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