Carmen Yolanda López Félix

Expediente 688/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
688/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Carmen Yolanda López Félix

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali al que transcribe el proveído de cuatro de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1599/2022-7A, de ese índice, del que se advierte, en lo conducente, que dicho órgano, aceptó la competencia planteada, y se avocó al conocimiento del asunto. Asimismo, solicita se remitan los autos originales a efecto de estar en posibilidad de imponerse de los mismos y dictar la determinación judicial conducente. Por tanto, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para los efectos legales conducentes y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En términos del artículo en términos del artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula del presente cuaderno de antecedentes, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Carmen Yolanda López Félix, contra actos del Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 1, 7 y 20 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 688/2022-G. Incompetencia Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de garantías. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente." A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto.[.]" Asimismo, el artículo 37, párrafo primero, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" En ese sentido, para dilucidar si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver de este asunto, conviene precisar que del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) C.C. MAGISTRADOS integrantes de la Tercera Dala del H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja california con sede en Mexicali Baja california. Con domicilio conocido en dicha ciudad. 2) JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LIC. JUAN SALVADOR MORONES PICHARDO, con domicilio conocido en dicha ciudad. IV. NORMA GENERAL, ACTO U Omisión QUE SE RECLAMA: La vulneración de derechos humanos de la suscrita quejosa ya que tengo conocimiento que existe determinación de la alzada en el toca penal N-0157/2022, mediante la cual revocan en vía de apelación la determinación del Juez de Control Lic. Juan Salvador Morones Pichardo en la que se negó la procedencia de la suspensión condicional del proceso en la procedencia de la suspensión condicional del proceso en la causa penal 3567/2020 seguida en contra del C. Ramón Enrique Luque Félix, ordenando en consecuencia de nueva cuenta la celebración de audiencia intermedia, en la cual por resolución de la sala responsable, deberá autorizarse la procedencia de la salida alterna del proceso y negarme la calidad de víctima del delito, vulnerando con ello mi derecho a la verdad y justicia; así como mi derecho a que sea satisfecha la reparación del daño como consecuencia del delito que me ha causado daño patrimonial. Lo anterior en contra e lo establecido por los artículos 1, 20 apartado A fracción I de la Constitución Política; así como 1, 4 y 6 de la Ley General de Victimas." Asimismo, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en el apartado de antecedentes del escrito de demanda, manifestó: "[.] La suscrita tengo calidad reconocida de víctima en la CAUSA PENAL 3567/2020 seguida en contra el C. Ramón Enrique Luque Félix ante los Juzgados de Control y Juicio Oral del partido Judicial de Mexicali, por el hecho con apariencia delictiva de Falsedad previsto en el artículo 144 de la Ley Notarial del Estado de Baja California; y que con esa clasificación jurídica quedo vinculado a proceso el imputado de referencia [.]" Con base en lo manifestado y de conformidad con el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, el suscrito considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. Para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la circunscripción territorial de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, se definen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: Precisado lo anterior, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa de los reclamados, por lo que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa se duele de la determinación de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, dictada en el toca penal N-0157/20, en la que se determinó revocar la diversa determinación dictada por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali en la causa penal 3567/2020, en la cual, la parte quejosa, posiblemente tiene el carácter de víctima. Así, de lo anterior, se advierte que los actos reclamados, tienen lugar de ejecución en Mexicali, Baja California, pues fueron emitidos por una autoridad con residencia en esa Ciudad aunado a que en la determinación reclamada se otorgó la suspensión condicional del proceso al inculpado; por tanto, se estima que es competente para conocer del líbelo constitucional, el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, en razón de que dicho órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde tiene ejecución y tratan de ejecutarse los actos que se duele el solicitante del amparo, máxime que la causa penal de la cual derivan dichos actos, también es del conocimiento de un Juez de Control, con sede en esa ciudad (Mexicali). Por tanto, si la ejecución de los actos reclamados señalados en párrafos que anteceden; se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, no es jurídicamente posible que este órgano jurisdiccional continúe con el conocimiento del presente asunto; razón por la cual, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fracción XV, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de la Materia, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo. En razón de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa integración y certificación del cuaderno de antecedentes respectivo; remítase el presente juicio de derechos fundamentales, al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali en turno, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole se sirva enviar el acuse de recibo respectivo e informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. A fin de dar celeridad a la tramitación del presente controvertido, remítase el presente sumario por vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.

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