Carmen Gutiérrez Miranda
Expediente 643/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 60 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 60
- Última actuación
- 20/06/2023
Partes del expediente
- Carmen Gutiérrez Miranda
- CARMEN GUTIÉRREZ MIRANDA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 60.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo a que alude el numeral 86 de la Ley de Amparo, recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. En términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General, toda vez que mediante resoluciones interlocutorias de veintitrés de septiembre y seis de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, se determina que el original del cuaderno incidental es susceptible de conservación, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 26 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "conservable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Por lo que corresponde al duplicado del incidente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, se establece que éste es susceptible de destrucción; motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el párrafo tercero del artículo 19 del Acuerdo General citado Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que se conformaron dos tomos de pruebas con motivo de la copia certificada de las actuaciones que integran el expediente ********************, allegadas por el Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado. En atención a lo expuesto, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, ya no es necesaria su conservación; por ello, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvanse a la autoridad judicial en cita los tomos en comento. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal fin. De igual manera, de la certificación de cuenta se desprende que en el cuaderno incidental que deriva del presente asunto, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por exhibida la póliza de fianza número ********************, expedida por ********************, Sociedad Anónima, valiosa por la cantidad de $********************(********************pesos moneda nacional); por lo tanto, en su momento provéase lo conducente respecto a su cancelación. Notifíquese.
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 643/2021-G, promovido por Carmen Gutiérrez Miranda, contra actos del Juez Décimo Sexto de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, y de otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Carmen Gutiérrez Miranda, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: Juez Décimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México -en su denominación correcta-. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Primero en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Actuario adscrito al Juzgado Décimo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil, Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta. Actos reclamados: "IV.- La norma General, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: A).- De la primera autoridad judicial Le reclamo la emisión dentro del procedimiento judicial de Juicio Especial Hipotecario con número de expediente 250/2009 de la orden de desalojo, desposesión del bien inmueble que está en mi posesión material y en carácter de propietario consistente en la casa habitación localizado en el Lote 54-A fracc. Manzana 204 Colonia DESARROLLO URBANO EL VALLE, también localizado como Avenida Paseo de los Parques Numero 15179 Colonia Desarrollo Urbano el Valle, Tijuana, Baja California bajo partida: 5279069 con fecha de inscripción 09 de Mayo del 2002, Sección: Civil, ante la escritura Publica Número 91235 del Volumen Numero 1704 de fecha 29 de Enero del 2002, pasada ante la fe del Notario Público Número 3 de esta Ciudad de Tijuana Baja California y de las autoridades ejecutoras la realización y ejecución de dichas órdenes" Ampliación de demanda: "IV.- La norma General, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: De la primera autoridad señalada como responsable, reclamo el inconstitucional inicio, tramitación, conclusión y ejecución del Juicio Especial Hipotecario número de expediente 250/2009, en razón de no haberse sido notificado conforme a derecho del cambio de actor, que provoca una violación directa de procedimiento. Igualmente les reclamo a las autoridades señaladas como responsables, el remate o adjudicación a terceros de la casa habitación 15,179 del Paseo de los Parques, Lote 54-A de la manzana 204 del Desarrollo Urbano El valle, dentro de los que comercialmente se conoce como conjunto residencial LA JOYA, en Tijuana, Estado de Baja California, CON UNA SUPERFICIE DE 165.70 METROS CUADRADOS, con clave catastral HT-204-054, folio real 1084386, a nombre de ALFONSO ZEPEDA FONSECA y CARMEN GUTIÉRREZ MIRANDA, en razón de que los edictos ordenandos en autos convocando a postores a la subasta pública en primera Almoneda programada para el día tres de abril del año 2019, publicada en el Periódico El sol de Tijuana de fecha 219 de enero de 2019, siendo que la orden del Juez fue que el edicto fuera publicado en el periódico de mayor circulación de la Ciudad de Tijuana, y ese no lo es el Periódico El sol de Tijuana. Y, por último, a todas las autoridades denominadas como responsables les reclamo los efectos y consecuencias de los actos reclamados, puesto que, al ser Violatorios de los derechos huaos, por consecuencia también los demás actos reclamados y sus consecuencias violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo se reclama, en relación a las dos autoridades señaladas como responsables, los efectos y consecuencias de los actos reclamados, con franca violación a los derechos humanos de la parte quejosa" Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 1, 14 y 16 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito inicial de demanda, se ordenó su registro con el número de expediente 643/2021, se ordenó formar el expediente físico y electrónico, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos que derivan de un juicio especial hipotecario cuya ejecución tiene lugar en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto atribuido a las autoridades responsables en su correcta denominación, es: La falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 250/2009, del índice del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento, incluso la orden de desalojo, desposesión del bien inmueble identificado como casa habitación localizada en el lote 54-A fracc. Manzana 204 Colonia Desarrollo Urbano El Valle, también localizado como Avenida Paseo de los Parques Numero 15179 Colonia Desarrollo Urbano el Valle, Tijuana, Baja California. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables citadas en el recuadro subsecuente -en su denominación correcta-, rindieron sus informes justificados en el siguiente sentido: No. Autoridad responsable Sentido Foja 1 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Primero en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Omisa 2 Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-. Omisa 3 Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Niega 77 4 Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Niega 68 5 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Omisa 6 Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Niega 73 7 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Niega 65 8 Actuario adscrito al Juzgado Décimo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta. Niega 56 9 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil, Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-. Niega 72 Por otra parte, respecto a los actos reclamados en ampliación de demanda, rindieron sus informes justificados de la siguiente forma: No. Autoridad responsable Sentido Foja 10 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Primero en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Niega 213 11 Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-. Niega 210 12 Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Niega 218 13 Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Omisa 14 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Omisa 15 Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Niega 227 16 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-. Niega 194 y 228 17 Actuario adscrito al Juzgado Décimo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta. Omisa 18 Secretario Actuario adscrito al Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil, Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-. Niega 192 Como se aprecia, las autoridades señaladas como responsables, a excepción de las omisas indicadas en los recuadros anteriores, al rendir los informes justificados que les fueron requeridos, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen en el ámbito de sus respectivas competencias, lo anterior, sin que la parte quejosa, allegara prueba idónea tendente a desvirtuar dicha negativa. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, aun cuando las autoridades responsables Secretario Actuario adscrito al Juzgado Primero en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta-, Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta, Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y Actuario adscrito al Juzgado Décimo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Tijuana, Baja California -en su denominación correcta, fueron omisas en rendir su informe justificado, no es procedente presumir la certeza de aquéllos en términos del cuarto párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, en atención a que del informe justificado rendido y de las documentales allegadas por la autoridad judicial ordenadora Juez Décimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México -en su denominación correcta-, no se advierte su intervención en la tramitación o ejecución del juicio especial hipotecario 250/2009, del cual derivan los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena Época, consultable en el Tomo XXV, marzo de 2007, página 1449, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA. EL CARÁCTER QUE LES CORRESPONDE NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA, SINO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS. El carácter de ordenadora o ejecutora que la parte quejosa les atribuya a las autoridades que señale como responsables, no puede prevalecer sobre las constancias de autos, es decir, si por regla general cuando la ordenadora niega el acto reclamado también se sobresee respecto de la ejecutora porque ésta no puede ejecutar una orden inexistente, en el caso de que la ordenadora niegue su intervención pero exista el acto reclamado, y éste sea atribuible a la erróneamente señalada sólo como autoridad ejecutora, es inconcuso que en tal hipótesis, esa autoridad reúne el doble carácter de ordenadora y ejecutora, si queda acreditado en autos que es la única autoridad que intervino en la emisión y ejecución del referido acto." Asimismo, apoya lo anterior, la tesis V.2o.196 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Octava Época, consultable en el Tomo XIII, marzo de 1994, página 317, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Es verdad que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto reclamado cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación; sin embargo, tal disposición no tiene aplicación en el caso de que la autoridad ordenadora niegue el acto que se le atribuye y que la omisa sea sólo ejecutora, siempre que no se reclamen a esta última tales actos por vicios propios, porque es incuestionable que no puede cumplir una orden inexistente. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." No se soslaya, que la parte quejosa haya ofrecido como prueba la documental pública consistente en hoja de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, del contrato de apertura de crédito simple copia certificada de contrato de compra-venta celebrado entre Tecnología Urbana del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Alfonso Zepeda Fonseca y Carmen Gutiérrez Miranda; pues si bien dicho medio de convicción, tiene valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia; no es insuficiente para tener por demostrada la existencia de los actos reclamados. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a dichas autoridades responsables. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, y Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otra parte, aún y cuando el Secretario Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil, con residencia en esta ciudad - en su denominación correcta-, negó los actos que le fueron atribuidos, dichas negativa se desvirtúa con el contenido de las actuaciones que integran el juicio especial hipotecario de origen, en el que se advierte su intervención al momento de diligenciar el exhorto 103/2011, del índice del Juzgado de su adscripción, por el que realizó el emplazamiento de la quejosa Carmen Gutiérrez Miranda, según se advierte la constancia actuarial de siete de julio de dos mil once. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegido del Quinto Circuito, con registro digital 246955, Séptima Época, consultable en el Volumen 217-228, Sexta Parte, página 342, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. NEGATIVAS DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS, CUANDO LA LEY NO LES OBLIGA A CUMPLIR CON EL ACTO EMITIDO POR LA ORDENADORA. Cuando en un juicio de garantías las autoridades señaladas como ordenadoras aceptan los actos que se les reclaman, y las indicadas como ejecutoras niegan los que, a su vez, se les atribuyen, la negativa de estas últimas sólo puede tenerse por desvirtuada con base en la afirmación de las primeras, cuando la ley les imponga la obligación de ejecutar los actos emitidos por las ordenadoras, ya que en tal supuesto sí cabe establecer válidamente la presunción humana de que los actos de ejecución son inminentes, porque lo más probable es que a la fecha en que las ejecutoras rindieron su informe previo, aún no se les comunicaba el acto o los actos de las ordenadoras, pues de no ser así bastaría que se llamara a juicio a la autoridad que emitió la orden, y con el sólo señalamiento de innumerables autoridades como ejecutoras, se obligara a éstas, en su caso a cumplir con una suspensión por el único hecho de haber sido señaladas como tales. De otra manera: si la autoridad responsable niega el acto que se le atribuye, no tiene la obligación de probar su negativa, ya que ello equivaldría a demostrar hechos negativos, por lo que se revierte la carga probatoria a la parte quejosa, que puede valerse de una presunción que se deriva de la ley, ya que ésta no se encuentra sujeta a prueba." Certeza que además se encuentra corroborada con las copias certificadas del juicio especial hipotecario 250/2009, enviada por el Juez señalado como responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de asunto, resulta conveniente narrar los antecedentes relevantes del juicio especial hipotecario 250/2009, del índice del Juzgado Décimo Sexto Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, se desprende lo siguiente: El veinte de febrero de dos mil nueve se tuvo por presentada la demanda por a Banco J.P. Morgan Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple J.P. Morgan Grupo Financiero División Fiduciaria, por conducto de su mandataria Hipotecaria Su Casita Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado ahora Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no regulada demandando en vía especial hipotecaria de Alfonso Zepeda Fonseca y Carmen Gutiérrez Miranda y se ordenó formar el expediente y registrarlo con el número 250/2009. El nueve de febrero de dos mil once, se ordenó el envío del exhorto al Juez competente en el Municipio de Tijuana, Baja California, a efecto de auxiliar en el emplazamiento al juicio de origen de los demandados Alfonso Zepeda Fonseca y Carmen Gutiérrez Miranda. El treinta de agosto de dos mil once, se tuvo por recibido escrito signado por Alfonso Zepeda Fonseca y Carmen Gutiérrez Miranda por el cual entre otras cosas se advierte que dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. En auto de catorce de octubre de dos mil once, se tuvo por recibido el exhorto 103/2011, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil en esta ciudad, por el que realizó el emplazamiento de Carmen Gutiérrez Miranda según se advierte la constancia actuarial de siete de julio de dos mil once. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en la que resolvió procedente la vía elegida por la parte actora en virtud de que acreditó su acción y los demandados no justificaron las excepciones y defensas que hicieron valer y condenó a Alfonso Zepeda Fonseca y Carmen Gutiérrez Miranda a pagar al actor la cantidad de 148,697.67 UDIS (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y siete 67/100 Unidades de Inversión) o su equivalente en moneda nacional por concepto de saldo de mensualidades vencidas y 0.13 ( cero punto trece) Unidades de Inversión o su equivalente en moneda nacional al momento del pago por concepto de intereses moratorios calculados del dos al ocho de enero de dos mil nueve; asimismo se les condenó al pago de gatos y costas de esa instancias. En auto de veintidós de enero de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia precisada en el inciso que antecede. El uno de febrero de dos mil dieciocho, se remitió el exhorto dirigido al Juez competente en Tijuana, Baja California, a efecto de notificar a la parte demandada la fecha de la audiencia de remate en primera almoneda, mismo que fue radicado en el Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California, bajo el número 34/2018. El tres de abril de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se emitió sentencia interlocutoria, en la cual se aprobó el remate del bien inmueble materia de la litis. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución interlocutoria de treinta de abril de dos mil diecinueve. Sexto. Procedencia del juicio de amparo. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 61 de la ley en cita. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 814, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio se actualiza la causal de improcedencia prevista en los el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en términos del numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.) "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguiente (.)" VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". De la fracción XXIII del artículo 61, se desprende la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento, de forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de la Materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, vinculada en el caso con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia P./J.39/2001 del Pleno del Máximo Tribunal que indica: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". Conforme a dicho criterio jurisprudencial, la sola circunstancia de que el afectado comparezca al juicio natural, ya sea por su propio derecho o a través de su representante legal, incluso a pesar de que no hubiera sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. Lo que trae como consecuencia que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, fundamentalmente porque quien promueve el amparo ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al juicio natural. Lo que configura la causal de improcedencia que encuentra fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, y 107, fracción VII, constitucional. Además, el Máximo Tribunal del País ya definió, vía jurisprudencia, que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Así lo definió la jurisprudencia P./J.7/98 del Tribunal en Pleno, que indica: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de amparo por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de las constancias o de los autos del procedimiento respectivo se desprende que ya compareció al mismo y tuvo la oportunidad de ser oído, y hacer valer lo que a su interés convenga. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prescribe: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo". En la especie, de los citados antecedentes en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que a la parte quejosa no le resulta el carácter de tercero extraño al juicio de origen, en virtud de que, la quejosa signó un escrito dirigido al Juez Décimo Sexto de lo Civil en Ciudad de México (antes Distrito Federal), en el cual, textualmente se expresó lo siguiente: "ALFONSO ZEPEDA FONSECA y CARMEN GUTIÉRREZ MIRANDA, promoviendo por nuestro propio derecho, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en los Estrados de este Tribunal y autorizando en términos de los artículos 112 del Código de Procedimientos Civil para el Distrito Federal a los CC. Licenciados LUIS MANUEL BENAVIDES RODRÍGUEZ. Que estando en tiempo y forma venimos a dar contestación a la demanda interpuesta en nuestra contra por la Institución Bancaria de nombre ." Mexicano, Mayor de Por lo anteriormente expuesto, atentamente PEDIMOS: "PRIMERO.- Se nos tenga en tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada en nuestra contra por la parte Actora, solicitando que se nos absuelva de cada una de las prestaciones reclamadas." El citado ocurso, fue acordado favorablemente por la autoridad responsable el treinta de agosto de dos mil once. Por consiguiente, es dable concluir que la aquí quejosa desde el veinticinco de agosto de dos mil once, en que presentó ante el juez responsable un escrito, tuvo conocimiento del juicio Especial Hipotecario 250/2009, promovido en su contra, por lo que no le asiste el carácter de tercero extraña a juicio, por ende, se encontraba obligada a hacer valer ante la juez responsable los medios ordinarios de defensa que prevé la ley que rige el acto reclamado, a efecto de controvertir las actuaciones que le pudieran generar algún perjuicio. Entonces, la sola circunstancia de que la afectada comparezca al juicio natural, ya sea por su propio derecho o a través de su representante legal, incluso a pesar de que no hubiera sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. Sin que se soslaye la circunstancia de que la parte quejosa, en la ampliación de demanda, haya referido que le afecta el hecho de que no fue debidamente llamada al procedimiento de ejecución de la sentencia en el juicio de origen; sin embargo, como quedó explicado, cuando una persona ya formó parte del juicio -por haber sido correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- es evidente que tiene conocimiento de que en su momento deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, la demandada en el juicio de origen, aquí quejosa, cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones cuyo medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 4/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2052, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, correspondiente a la Undécima Época, con registro digital 2026118, con el rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil." Así, ha quedado desvirtuada la calidad de tercero extraño, que dice ostentaba la quejosa, desde el momento en que compareció ante el juez de origen y conoce su existencia, sin que obre prueba alguna que demuestre lo contrario. Se insiste, esta solución no redunda exclusivamente en el aspecto formal del carácter con el que la persona pretende acudir al juicio de amparo, más bien, la razón fundamental es que (al no contar con esa cualidad) está en la posición de acudir a los medios ordinarios de defensa en su carácter de parte (demandada) en el procedimiento principal -juicio del que necesariamente deriva el incidente respectivo-. Este medio ordinario de defensa permitirá garantizar que la persona pueda acceder al incidente respectivo, conozca el contenido de la planilla o solicitud de liquidación, tenga la oportunidad de oponerse a dicha acción, y hacer valer las excepciones y defensas que estime procedentes en respeto de su derecho de audiencia. Sustenta lo anterior, la tesis XII.2o.19 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS. TERCERO EXTRAÑO, NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURÍDICA-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, POR LO QUE DEBE AGOTAR LOS. Si bien es cierto que los extraños a juicio no se encuentran obligados a agotar recursos y pueden acudir en demanda de sus garantías en forma inmediata; también lo es que para considerárseles con dicho carácter, es menester que no sean parte en juicio y, excepcionalmente, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se estiman extraños a juicio a quienes, siendo parte en él, reclaman el indebido emplazamiento, lo que resulta lógico, ya que desconocen la existencia del juicio que se sigue en su contra, hipótesis esta última que no se actualiza cuando quienes siendo parte en el juicio conocen de su existencia y, por tanto, tienen obligación de acudir al mismo a fin de conocer lo que se resuelva o deje de resolverse, para estar en aptitud de interponer los medios ordinarios de defensa que correspondan, cuando crean lesionados sus intereses." Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada de oficio por este órgano de control constitucional, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La anterior determinación, como se anticipó impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualiza. Esto último, encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carmen Gutiérrez Miranda, por las razones expuestas en los considerandos tercero, y sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con las pruebas documentales que ofreció en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, consistentes en la circulación del Periódico El Mexicano Gran Diario Regional" los días martes diecinueve de enero de dos mil diecinueve y uno de marzo de dos mil diecinueve; sin que realizara manifestación alguna dentro de dicho lapso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés y se entiende su conformidad con las pruebas documentales señaladas en el párrafo que antecede, sin perjuicio de hacer relación de su existencia en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios procedentes de la Dirección General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación en suplencia por ausencia del Director General de Procedimientos Constitucionales y del Director General adjunto de Procedimientos Constitucionales el Director de Amparos "B"; por el cual, informa la imposibilidad de dar cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en virtud que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Medios Impresos, no encontró la información solicitada. No obstante, a su comunicado adjunta el diverso signado por suplencia del Director Nacional de Medios Impresos de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Secretaria de Gobernación el Director de Medios Nacionales, por el cual hace del conocimiento que de la información de la base de datos del Padrón Nacional de Medios Impresos del período de uno de julio al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el periódico ""El Mexicano Gran Diario Regional" presenta un promedio de circulación de 33,435 (treinta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco) ejemplares diarios. Con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa (oferente de la prueba) por el plazo de tres días, a efecto de que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá su conformidad con el referido medio probatorio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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