Carmen Paola Ceja Trejo
Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/03/2022
Partes del expediente
- Carmen Paola Ceja Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Por ello, se ordena estampar en la carátula del juicio de amparo el sello con la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el oficio y anexo de cuenta, provenientes de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de febrero del año en curso, remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes relativas al proveído dictado en seis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 5232/20-3B, de su índice. Ahora, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable y de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Carmen Paola Ceja Trejo, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California y Actuario de su adscripción, en la que reclamó lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: ABIERTA DILACIÓN PROCESAL, en virtud de que las autoridades responsables han sido omisas en: 1.- DESAHOGAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL PRESENTE JUICIO dentro de los términos que marca la ley (este acto se le imputa a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California) y; 2.- REALIZAR LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES (este acto se le imputa al Actuario adscrito a dicha Junta Especial)." Posteriormente, en veintiuno de enero del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable en el que anexó copia certificada del proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 5232/20-3B, en el que entre otras cosas se advierte que proveyó respecto al escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora (aquí quejosa), señalando el once de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en los términos ahí planteados. Luego, del oficio de cuenta la Junta responsable remitió como copia certificada de las constancias de notificación a las partes del auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, de fechas nueve de diciembre de dos mil veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintidós; ésta última realizada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez de enero de dos mil veintidós). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señaladas como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
a las nueve horas del ocho de marzo de dos mil veitnidos, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de uno de marzo de dos mil veintidos, dictados en los autos del juicio de amparo 23/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar el oficio y anexo de cuenta, provenientes de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de febrero del año en curso, remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes relativas al proveído dictado en seis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 5232/20-3B, de su índice. Ahora, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable y de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Carmen Paola Ceja Trejo, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California y Actuario de su adscripción, en la que reclamó lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: ABIERTA DILACIÓN PROCESAL, en virtud de que las autoridades responsables han sido omisas en: 1.- DESAHOGAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL PRESENTE JUICIO dentro de los términos que marca la ley (este acto se le imputa a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California) y; 2.- REALIZAR LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES (este acto se le imputa al Actuario adscrito a dicha Junta Especial)." Posteriormente, en veintiuno de enero del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable en el que anexó copia certificada del proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 5232/20-3B, en el que entre otras cosas se advierte que proveyó respecto al escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora (aquí quejosa), señalando el once de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en los términos ahí planteados. Luego, del oficio de cuenta la Junta responsable remitió como copia certificada de las constancias de notificación a las partes del auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, de fechas nueve de diciembre de dos mil veintiuno y veintidós de febrero de dos mil veintidós; ésta última realizada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez de enero de dos mil veintidós). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señaladas como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de la que se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, sin embargo a la fecha el oficio 2905, de quince de febrero del año en curso, en el que se requirió a la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, para que remitiera las constancias de notificación correspondientes al proveído dictado en seis de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 5232/20-3B, se encuentra en vías de notificación. Por lo tanto, a efecto de que la autoridad responsable de cumplimiento a lo solicitado en autos, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese
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