Carmen Montes Adriano
Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 45 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carmen Montes Adriano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se observa que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 en relación con el diverso 201, fracción I, ambos, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, el auto que declaró por cumplida la ejecutoria de amparo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales; por lo que una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, suscrito por el autorizado legal de la quejosa ******************, mediante el cual en cumplimiento a la vista que le fue dada por este juzgado el veintiséis de octubre del año en curso, se manifiesta inconforme con el cumplimiento de la sentencia de amparo, realizado por la autoridad responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; agréguese a sus autos. En atención a lo anterior, y al estado de autos, este este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable ordenadora; en primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el doce de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a la quejosa ***************, la protección constitucional contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en ciudad, consistente en: ". de manera inmedita, dicte las medidas pertinentes a fin de desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y dactiloscospia en el juicio laboral J.E.No.2-12-662/2016, para lo cual deberá girar los oficios respectivos, realizar los requerimientos necesarios y, en su caso, hacer efectivos los apercibimientos que hubiere decretado; hecho lo anterior, deberá acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas.". En esa virtud, la autoridad responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de diversos oficios, comunicó a este Juzgado los trámites que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a saber son: Primero solicitó al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, la designación de peritos, para que previa aceptación y protesta del cargo, llevaran a cabo la prueba pericial -materia del cumplimiento-. Una vez que se llevó a cabo la designación y protesta de peritos, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, se desahogó de la audiencia pericial calígrafa, grafoscópica y dactiloscópica, en la cual los peritos solicitaron diversos documentos para para estar en aptitud de rendir el dictamen que les fue requerido. Realizado lo anterior, en diligencia llevada a cabo por la autoridad responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el dos de agosto de dos mil veintidós, en presencia de todas las partes, los peritos José Carlos Villarreal Carrillo y Yanivia Quintero Damián, exhibieron y ratificaron la pericial que les fue encomendada. Por su parte la perito tercero en discordia Rosa Patricia Apodaca, el veintitrés de septiembre del año en curso, aceptó y protestó el cargo conferido; en diligencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, rindió y ratificó el dictamen requerido. Cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir a la agraviada el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deben realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando las autoridades responsables no se ciñen estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedecen de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando las autoridades responsables sobrepasan lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. Ahora, tomando en cuenta que se concedió a la parte quejosa ***************, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de que una vez que la responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de manera inmediata, dictara las medidas pertinentes a fin de desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y dactiloscospía en el juicio laboral J.E.No.2-12-662/2016, para lo cual debería girar los oficios respectivos, realizar los requerimientos necesarios y, en su caso, hacer efectivos los apercibimientos que hubiere decretado; y hecho lo anterior, debía acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable en diligencias de dos de agosto de dos mil veintidós, tuvo a los peritos José Carlos Villarreal Carrillo y Yanivia Quintero Damián, rindiendo y ratificando el dictamen requerido, y en diversa diligencia de veinticinco de octubre del año en curso, tuvo a la perito tercero en discordia Rosa Patricia Apodaca, rindiendo y ratificando el dictamen solicitado; por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defecto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a lo solicitado por el autorizado de la parte quejosa en el escrito de cuenta, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en virtud, que los efectos de la sentencia de amparo fueron para: ". de manera inmedita, dicte las medidas pertinentes a fin de desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y dactiloscospia en el juicio laboral J.E.No.2-12-662/2016, para lo cual deberá girar los oficios respectivos, realizar los requerimientos necesarios y, en su caso, hacer efectivos los apercibimientos que hubiere decretado; hecho lo anterior, deberá acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas.". De lo anterior se advierte, que la petición del autorizado en el sentido de: ".Que en razón de que otorgó un plazo para formular ALEGATOS, en fecha 25 de Octubre del. 2022, los cuales fenecieron el día 31de Octubre del 2022, con el debido respeto solicito, se requiera a la responsable H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, para que certifique lo conducente a la etapa de alegatos y proceda dentro de los plazos legales a dictar EL LAUDO CORRESPONDIENTE, atendiendo a que solo así se impide la paralización del proceso y se cumple a cabalidad el fallo protector.", no está contemplado dentro de los efectos del presente juicio de amparo; de ahí que entender lo contrario, estimaría un exceso en los efectos para los cuales se concedió, además que no se advierte alguna dilación de mutuo propio, por parte de la Junta responsable. Por último, no se soslaya que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio de origen, se estableció lo siguiente: "Por último, no se soslaya que la quejosa reclamó además, la omisión de dictar el laudo en el juicio de origen; sin embargo, como se estableció en la presente resolución, dicho juicio laboral aún se encuentra en la etapa probatoria; de ahí que no resulta viable conceder el amparo solicitado a fin de que se dicte el laudo en los términos legales que la Ley Federal del Trabajo contempla, pues no debe perderse de vista que en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, el análisis del acto reclamado debe atenderse a la naturaleza propia de la etapa procesal en que se encuentre dicho procedimiento, y la etapa en que se encuentra el juicio natural es la probatoria. Al caso, cobra aplicación la jurisprudencia de la Segunda número 2ª. CV/2013 (10ª), de la Décima época, aprobada en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, la cual abandona el criterio contenido en la diversa 2ª/L. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS, SINO TAMBIEN LAS SUBSECUENTES", de rubro y contenido, siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.".
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE:Los Mochis, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, suscrito por el autorizado legal de la quejosa ******************, mediante el cual en cumplimiento a la vista que le fue dada por este juzgado el veintiséis de octubre del año en curso, se manifiesta inconforme con el cumplimiento de la sentencia de amparo, realizado por la autoridad responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; agréguese a sus autos. En atención a lo anterior, y al estado de autos, este este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable ordenadora; en primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el doce de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a la quejosa ***************, la protección constitucional contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en ciudad, consistente en: ". de manera inmedita, dicte las medidas pertinentes a fin de desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y dactiloscospia en el juicio laboral J.E.No.2-12-662/2016, para lo cual deberá girar los oficios respectivos, realizar los requerimientos necesarios y, en su caso, hacer efectivos los apercibimientos que hubiere decretado; hecho lo anterior, deberá acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas.". En esa virtud, la autoridad responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de diversos oficios, comunicó a este Juzgado los trámites que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a saber son: Primero solicitó al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, la designación de peritos, para que previa aceptación y protesta del cargo, llevaran a cabo la prueba pericial -materia del cumplimiento-. Una vez que se llevó a cabo la designación y protesta de peritos, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, se desahogó de la audiencia pericial calígrafa, grafoscópica y dactiloscópica, en la cual los peritos solicitaron diversos documentos para para estar en aptitud de rendir el dictamen que les fue requerido. Realizado lo anterior, en diligencia llevada a cabo por la autoridad responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el dos de agosto de dos mil veintidós, en presencia de todas las partes, los peritos José Carlos Villarreal Carrillo y Yanivia Quintero Damián, exhibieron y ratificaron la pericial que les fue encomendada. Por su parte la perito tercero en discordia Rosa Patricia Apodaca, el veintitrés de septiembre del año en curso, aceptó y protestó el cargo conferido; en diligencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, rindió y ratificó el dictamen requerido. Cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir a la agraviada el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deben realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando las autoridades responsables no se ciñen estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedecen de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando las autoridades responsables sobrepasan lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. Ahora, tomando en cuenta que se concedió a la parte quejosa ***************, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de que una vez que la responsable H. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de manera inmediata, dictara las medidas pertinentes a fin de desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y dactiloscospía en el juicio laboral J.E.No.2-12-662/2016, para lo cual debería girar los oficios respectivos, realizar los requerimientos necesarios y, en su caso, hacer efectivos los apercibimientos que hubiere decretado; y hecho lo anterior, debía acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable en diligencias de dos de agosto de dos mil veintidós, tuvo a los peritos José Carlos Villarreal Carrillo y Yanivia Quintero Damián, rindiendo y ratificando el dictamen requerido, y en diversa diligencia de veinticinco de octubre del año en curso, tuvo a la perito tercero en discordia Rosa Patricia Apodaca, rindiendo y ratificando el dictamen solicitado; por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defecto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a lo solicitado por el autorizado de la parte quejosa en el escrito de cuenta, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en virtud, que los efectos de la sentencia de amparo fueron para: ". de manera inmedita, dicte las medidas pertinentes a fin de desahogar la prueba pericial en materia de caligrafía y dactiloscospia en el juicio laboral J.E.No.2-12-662/2016, para lo cual deberá girar los oficios respectivos, realizar los requerimientos necesarios y, en su caso, hacer efectivos los apercibimientos que hubiere decretado; hecho lo anterior, deberá acreditar dicha circunstancia con las constancias certificadas relativas.". De lo anterior se advierte, que la petición del autorizado en el sentido de: ".Que en razón de que otorgó un plazo para formular ALEGATOS, en fecha 25 de Octubre del. 2022, los cuales fenecieron el día 31de Octubre del 2022, con el debido respeto solicito, se requiera a la responsable H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, para que certifique lo conducente a la etapa de alegatos y proceda dentro de los plazos legales a dictar EL LAUDO CORRESPONDIENTE, atendiendo a que solo así se impide la paralización del proceso y se cumple a cabalidad el fallo protector.", no está contemplado dentro de los efectos del presente juicio de amparo; de ahí que entender lo contrario, estimaría un exceso en los efectos para los cuales se concedió, además que no se advierte alguna dilación de mutuo propio, por parte de la Junta responsable. Por último, no se soslaya que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio de origen, se estableció lo siguiente: "Por último, no se soslaya que la quejosa reclamó además, la omisión de dictar el laudo en el juicio de origen; sin embargo, como se estableció en la presente resolución, dicho juicio laboral aún se encuentra en la etapa probatoria; de ahí que no resulta viable conceder el amparo solicitado a fin de que se dicte el laudo en los términos legales que la Ley Federal del Trabajo contempla, pues no debe perderse de vista que en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, el análisis del acto reclamado debe atenderse a la naturaleza propia de la etapa procesal en que se encuentre dicho procedimiento, y la etapa en que se encuentra el juicio natural es la probatoria. Al caso, cobra aplicación la jurisprudencia de la Segunda número 2ª. CV/2013 (10ª), de la Décima época, aprobada en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, la cual abandona el criterio contenido en la diversa 2ª/L. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS, SINO TAMBIEN LAS SUBSECUENTES", de rubro y contenido, siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.".
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y remite constancias para acreditarlo; agréguese a los autos únicamente para que obre, toda vez que el pasado veintiséis de octubre, dicho oficio y anexos fueron recibidos vía correo electrónico, acordándose lo conducente esa misma fecha.
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