Carmen Lucero Osuna Garcia
Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carmen Lucero Osuna Garcia
- Secretario de Administración Y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Culiacan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado Jesús Eliud Moreno Valenzuela, en su carácter de autorizado de la parte quejosa *******************, mediante el cual solicita copias certificadas; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. De conformidad con los numerales 278 y 279 del código en consulta, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse las copias solicitadas por el promovente y entréguesele previo recibo que se deje en autos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós (notificado de forma electrónica el siete de marzo de la presente anualidad), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra pendiente de notificar de forma electrónica a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se tuvo por cumplimentada la ejecutoria de amparo en el presente juicio; por tanto, por conducto del actuario adscrito a este juzgado realícese dicha notificación de forma electrónica a la parte quejosa, para los efectos legales correspondientes a que haya lugar. Como se encuentra ordenado, se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, cuyo contenido dice: "Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de trece de enero de dos mil veintidós, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó a la parte quejosa de forma electrónica, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Carmen Lucero Osuna García para el efecto de que las autoridades responsables Secretario; Director de Servicios Generales; Director de Recursos Humanos; y Delegado Administrativo Zona Norte, todos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, realizaran lo siguiente: ".contesten de forma inmediata la petición de la parte quejosa, recibida por las responsable los días veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, conforme a derecho proceda, fundada y motivadamente, pues así lo exige el artículo 16 constitucional; y deberán hacerla de su conocimiento de manera personal, como lo establece el artículo 8º de la misma carta magna.". En auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva y se requirió su cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio SAF-PF-4296/2021, recibido el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en este juzgado, la autoridad Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, actuando en nombre y representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos y Director de Servicios Generales, dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, remitió copia del oficio DRH/5828/2021 el cual contenía inserto el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, donde dio contestación a la petición de la parte quejosa, asimismo por oficio número SAF-PF-0102/2022, recibido en este juzgado el once de enero de dos mil veintidós, la autoridad citada precedentemente, informó que la respuesta dada a la parte quejosa, le fue notificada vía correo certificado, a la ciudad de los Mochis, Ahome, Sinaloa, con envió número 80002111101888, con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, así como también el pago correspondiente a tal correspondencia, para lo cual anexó a su oficio copia certificada del envió de la correspondencia en mención. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable diera respuesta a la petición de la parte quejosa, recibida por las responsable los días veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (para que se le expidieran copias fotostáticas de diversos documentos, además que se le informara sobre diverso finiquito como pago de prestaciones laborales) y hacerla de conocimiento a la aquí quejosa, lo cual ya aconteció (porque se le otorgaron esas copias y se le informó lo relacionado con el pago solicitado); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo".
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de trece de enero de dos mil veintidós, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó a la parte quejosa de forma electrónica, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Carmen Lucero Osuna García para el efecto de que las autoridades responsables Secretario; Director de Servicios Generales; Director de Recursos Humanos; y Delegado Administrativo Zona Norte, todos dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, realizaran lo siguiente: ".contesten de forma inmediata la petición de la parte quejosa, recibida por las responsable los días veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, conforme a derecho proceda, fundada y motivadamente, pues así lo exige el artículo 16 constitucional; y deberán hacerla de su conocimiento de manera personal, como lo establece el artículo 8º de la misma carta magna.". En auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva y se requirió su cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio SAF-PF-4296/2021, recibido el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en este juzgado, la autoridad Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, actuando en nombre y representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Director de Recursos Humanos y Director de Servicios Generales, dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, remitió copia del oficio DRH/5828/2021 el cual contenía inserto el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, donde dio contestación a la petición de la parte quejosa, asimismo por oficio número SAF-PF-0102/2022, recibido en este juzgado el once de enero de dos mil veintidós, la autoridad citada precedentemente, informó que la respuesta dada a la parte quejosa, le fue notificada vía correo certificado, a la ciudad de los Mochis, Ahome, Sinaloa, con envió número 80002111101888, con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, así como también el pago correspondiente a tal correspondencia, para lo cual anexó a su oficio copia certificada del envió de la correspondencia en mención. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable diera respuesta a la petición de la parte quejosa, recibida por las responsable los días veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (para que se le expidieran copias fotostáticas de diversos documentos, además que se le informara sobre diverso finiquito como pago de prestaciones laborales) y hacerla de conocimiento a la aquí quejosa, lo cual ya aconteció (porque se le otorgaron esas copias y se le informó lo relacionado con el pago solicitado); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Carmen Elena Verdugo107/2022
- Carmen Ernesto Grijalva Anaya512/2019
- Carmén Gisela Carrizoza Ramo696/2022
- Carmen Guadalupe Balcazar Rodriguez195/2015
- Carmen Guadalupe Gomez Gaxiola927/2014
- Carmen Irene Juarez Gamez871/2023
- Carmen Lucía Villarreal Gallardo y Otros.810/2023
- Carmen Montes Adriano631/2023
- Carmen Montes Adriano389/2021
- Carmen Montes Adriano534/2019
- Carmen Montes Adriano107/2019
- Carmen Robles Aya126/2021