Carmen Montes Adriano

Expediente 631/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
631/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Carmen Montes Adriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la resolución constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia del certificada del laudo dictado el veintiuno de septiembre del presente año, dentro del expediente ********************, de su índice; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales y, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por exhibida la documental que adjunta a su oficio, sin perjuicio de poder hacer relación de la misma en su momento procesal oportuno.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad antes mencionada y por recibida en este acto la documental que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, en tal razón dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por Carmen Montes Adriano, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 631/2023-1A; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con diez minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados para los efectos de este juicio a Rigoberto Rodríguez Pineda y Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa. Ahora bien, con apoyo en el precepto 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito a fin de que emplace a juicio a los terceros interesados Rigoberto Rodríguez Pineda y Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa, por conducto de su representante legal, para lo cual deberá correrle traslado con copia de la demanda de amparo e informarle la hora y fecha programada para el desahogo de la audiencia constitucional, el primero con domicilio Calle Ángel Flores, número 1112 Norte, Colonia Jiquilpan y el segundo en Calle Niños Héroes, número 143 Norte, esquina con Callejón Narciso Mendoza, Colonia Centro ambos de esta ciudad. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Canuto Ibarra, número 658-A, Planta alta, Fraccionamiento Jardines del Country de esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Marco Antonio Nafarrate Salomón, y únicamente para imponerse de autos a Celeste Fierro Osorio, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Notifíquese por lista electrónica, y personalmente a los terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable. Lo acordó y firma Juan Enrique Parada Seer, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Mateo Nolberto Peñuelas Velázquez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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