Carmen Martínez Jiménez
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/03/2023
Partes del expediente
- Carmen Martínez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa ***, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del seis al diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, con exclusión del once y doce de esos mismos mes y año, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y A LA PARTE QUEJOSA CARMEN MARTÍNEZ JIMÉNEZ, TODA VEZ QUE NO ACUDIERON A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO Y AL AVISO FIJADO EN PUERTA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RESPECTIVAMENTE, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ****, del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, remite copias certificadas del escrito de petición de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, acuerdo que recayó a dicha petición, oficio en el que se ordena la notificación por correo electrónico y acuse del envío del correo electrónico de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, aclara que su denominación correcta es Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen. De los anterior de toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las constancias que en copia certificada remite. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión ***, ***, ***, *** y ***, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, consistente en omisión o falta de contestación al escrito presentado en la oficialía de partes de la Subsede de la Fiscalía General de la República, con sede en Ciudad del Carmen, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Mediante oficio ***, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, rindió su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado. Y, como justificación de su informe remitió copias simples del acuerdo ministerial de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, y del oficio ****, relativos a la carpeta de investigación ***. En atención a lo anterior, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la responsable para que remitiera copia certificada de la petición escrita realizada por el quejoso, del acuerdo que recayó a dicha petición y de la constancia de notificación del acuerdo que recayó al escrito de petición. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio ****, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, remitió copias certificadas del escrito de petición de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, del acuerdo que recayó a dicha petición, oficio en el que se ordena la notificación por correo electrónico y acuse del envío del correo electrónico de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, al existir respuesta al escrito presentado por la quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y al encontrase notificada la respuesta del mismo mediante correo electrónico, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de María del Cielo Mata Ramírez, secretaria proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ****, del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, remite copias certificadas del escrito de petición de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, acuerdo que recayó a dicha petición, oficio en el que se ordena la notificación por correo electrónico y acuse del envío del correo electrónico de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, aclara que su denominación correcta es Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen. De los anterior de toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las constancias que en copia certificada remite. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión ***, ***, ***, *** y ***, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, consistente en omisión o falta de contestación al escrito presentado en la oficialía de partes de la Subsede de la Fiscalía General de la República, con sede en Ciudad del Carmen, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Mediante oficio ***, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, rindió su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado. Y, como justificación de su informe remitió copias simples del acuerdo ministerial de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, y del oficio ****, relativos a la carpeta de investigación ***. En atención a lo anterior, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la responsable para que remitiera copia certificada de la petición escrita realizada por el quejoso, del acuerdo que recayó a dicha petición y de la constancia de notificación del acuerdo que recayó al escrito de petición. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio ****, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación 3, sede Ciudad del Carmen, remitió copias certificadas del escrito de petición de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, del acuerdo que recayó a dicha petición, oficio en el que se ordena la notificación por correo electrónico y acuse del envío del correo electrónico de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, al existir respuesta al escrito presentado por la quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y al encontrase notificada la respuesta del mismo mediante correo electrónico, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de María del Cielo Mata Ramírez, secretaria proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
SCiudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio CCAR-EIL-E3C4-011/2023, del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula de Investigación Cinco Estado de Ciudad de México, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación a su informe justificado exhibe copias simples del acuerdo ministerial de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y del oficio CCAR-EIL-E3C4-092/2023, relativos a la carpeta de investigación FED/CAMP/CCAR/0000306/2022. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, las documentales que adjuntaron a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable, no remitió copia certificada de la petición escrita realizada por el quejoso, del acuerdo que recayó a dicha petición ni constancia de notificación del acuerdo que recayó al escrito de petición, por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula de 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Investigación Cinco Estado de la Ciudad de México, con residencia en Ciudad del Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la petición escrita realizada por el quejoso, del acuerdo que recayó a dicha petición y de la constancia de notificación del acuerdo que recayó al escrito de petición. Se apercibe a la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula de Investigación Cinco Estado de Ciudad de México, con residencia en Ciudad del Carmen, que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar por cincuenta el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
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