Carmen Perez De la Cruz
Expediente 190/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Carmen Perez De la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio *** de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, remite diversas constancias pertenecientes al juicio laboral ***. Lo anterior, en razón de que en veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio *** *** de la Presidenta y el Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, cumplen el requerimiento dictado en auto de veinticuatro de marzo del presente año. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento, y al efecto remiten copia de diversas constancias de notificación que obran en el expediente laboral ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de éste Juzgado, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, y Actuario de su adscripción, a quienes les reclamó la omisión de notificar a los demandados al juicio laboral ***, para efectos de que comparezcan a la audiencia en su etapa de tercero llamado a juicio. Ahora bien, las citadas autoridades responsables, en su informe justificado manifestaron que si son ciertos los actos reclamados por el quejoso. Asimismo, remitieron copia certificada de las constancias conducentes del expediente laboral ***, de donde se advierte que en diligencias de catorce de marzo del actual, se llevaron a cabo las notificaciones a los demandados *** y ***, mientras que, en diligencias de veintitrés de los propios mes y año, se llevaron a cabo las notificaciones a los codemandados ***, ***, mediante las cuales, se les dio a conocer la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia en su etapa de tercero llamado a juicio en el expediente laboral ***. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen. Ahora bien, de las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, se advierte que el catorce de marzo del actual, se llevaron a cabo las notificaciones a los demandados *** y ***, mientras que, en diligencias de veintitrés de los propios mes y año, se llevaron a cabo las notificaciones a los codemandados ***, ***, mediante las cuales, se les dio a conocer la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia en su etapa de tercero llamado a juicio en el expediente laboral ***. Bajo ese contexto, en razón de que ya fueron notificadas las partes que deben comparecer a la audiencia en su etapa de tercero llamado a juicio en el expediente laboral ***, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe
- Principal
MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios *** y *** de la Presidenta y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinden sus informes justificados en el sentido de que es cierto el acto reclamado. Como justificación de sus informes, remiten copia certificada del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ***. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, las documentales que adjuntaron a sus informes justificados; las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le impone la obligación al órgano jurisdiccional de recabar oficiosamente las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita la constancia de notificación realizada a ***, ***, ***, ***, respecto del auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ***. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista a la partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe
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EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, POR MEDIO DE LISTA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; radíquese con el número de expediente 190/2023, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ****, contra actos del de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se pide dicho informe. Informes justificados en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir sus informes justificados dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, a la omisa, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Fecha que se fija atendiendo a las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito y porque cuenta con una plantilla limitada de personal para la tramitación de los asuntos. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. TERCEROS INTERESADOS. Ahora bien, no ha lugar a tener como terceros interesados a: 1. ****; 2. ****; 3. **** y; 4. ****; Lo anterior es así, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle ****. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, **** y ****. Autorización que se admite sin necesidad de que la persona autorizada acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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